Chocan trabajadores de la Femospp su vehículo contra una casa

Con ellos venía la hija de Isaías Martínez

Francisco Magaña

Atoyac

Un vehículo donde viajaban trabajadores de la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, procedentes de Acapulco, chocó contra una vivienda en la población de El Papayo, en el municipio de Coyuca de Benítez.

Los hechos sucedieron este jueves a las 7 de la noche, cuando el chofer de la Suburban donde viajaban, Heriberto Morales Digideños, perdió el control del vehículo.

Se informó que los empleados de la Fiscalía venían de atestiguar a favor del ex colaborador del organismo, Isaías Martínez Gervasio, acusado del asesinato del testigo de la guerra sucia Zacarías Barrientos.

En el percance resultaron lesionados la hija del acusado, Estela Martínez, y los dos trabajadores, así como el chofer del vehículo.

Trascendió que en el accidente –lo que aún no se ha podido comprobar ya que la oficina alterna de la Femospp está cerrada– resultaron también dos menores con heridas leves, quienes estaban en el corredor de la vivienda.

Mientras que la trabajadora intendente en la oficina alterna de Atoyac, Yolanda Benítez, fue trasladada al puerto de Acapulco porque vomitaba sangre.

El conductor de la unidad y trabajador de la Femospp huyó luego del accidente.

Entrega Martínez Nateras un cd con pruebas contra el ex presidente Echeverría

 

 Presenta ante la Femospp copias de los reportes de los agentes de la DFS “que demuestran los delitos cometidos por el ex presidente”, dice

 El ex dirigente del Partido Comunista de México (PCM) y preso político por el Movimiento del 68, Arturo Martínez Nateras, entregó ayer a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) un disco compacto en el que constan las versiones de los propios agentes gubernamentales “que demuestran los delitos cometidos por el ex presidente Luis Echeverría Álvarez”, en ese entonces secretario de Gobernación.

Martínez Nateras demandó por ello la consignación del ex presidente al existir “sobradas evidencias de la responsabilidad de Echeverría tanto durante el 68, el 10 de junio y la guerra ilegal del exterminio del gobierno”.

Martínez Nateras acudió este martes 18 de mayo a la Femospp, para ampliar sus acusaciones contra el ex presidente Luis Echeverría, y presentó una carta dirigida al fiscal Ignacio Carrillo Prieto, en donde también alude a la posición del Secretario de la Defensa Nacional, Clemente Vega García, quien propuso una amnistía y el perdón a militares que participaron en la guerra sucia, alegando que cumplieron órdenes: “Puede ser que los soldados de filas simplemente cumpliesen órdenes, quizá ameriten perdón o amnistía pero estas medidas de conciliación nacional pasan, necesariamente, por reconocimiento del estado mexicano de los delitos cometidos, del reconocimiento del papel de los luchadores sociales y políticos que tanto contribuyeron a la conquista de las libertades democráticas; el Ejército mexicano necesita reconocer los abusos y los errores cometidos, la ejecución incondicional de órdenes ilegales, ellos y el Gobierno pedir perdón a México”.

Martínez Nateras entregó ayer a la Fiscalía un disco compacto en el que se encuentran las copias de los reportes “elaborados por la DFS (Dirección Federal de Seguridad), en los cuales constan las versiones de los propios agentes gubernamentales”, en las que se demuestra la responsabilidad del entonces Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez.

El ex dirigente proporcionó una parte de esos reportes en papel y dijo que “son copias de las copias certificadas que he obtenido en el Archivo General de la Nación. Una relación inicial de los documentos sobre mi persona y algunos artículos, testimonios y fotografías”.

Asimismo, en la carta que entregó al fiscal Carrillo Prieto solicitó “la consignación urgente e inmediata de Luis Echeverría Álvarez y coacusados ante el juez correspondiente como presunto responsable de los delitos cometidos y por los cuales lo tenemos acusado”, y criticó: “Los agentes del ministerio público que usted encabeza tienen ya 30 meses en funciones sin que hasta la fecha sus investigaciones hayan rendido los frutos esperados”.

Reconoció el trabajo de la Fiscalía en cuanto a la investigación de “la guerra de exterminio”, los interrogatorios a Echeverría y la lucha legal librada para lograr el encarcelamiento de Miguel Nassar Haro, aunque afirmó: “No entiendo las razones por las cuales no se ha hecho nada en relación al 68 y que existiendo sobradas evidencias de la responsabilidad de Echeverría tanto durante el 68, el 10 de junio y la guerra ilegal del exterminio del gobierno, no se hayan atrevido a consignarlo”.

En su escrito, el también dirigente de la cooperativa cafetalera La Pintada, en la sierra de Atoyac, criticó el llamado del general Clemente Vega García a olvidar los episodios de la guerra sucia, al argumentar que los jefes policiales y militares “cumplían órdenes” y que realizaban “un servicio a la patria”.

“Parecen reclamar reconocimiento como héroes en la guerra contra los ‘malvados’ comunistas e izquierdistas; de luchadores sociales y de activistas; intentan que se les construyan monumentos cuando en realidad actuaron como verdaderos delincuentes gubernamentales”.

Luego, en cuanto a los trabajos de investigación de la guerra sucia, dijo que los agentes y los indagadores de La Fiscalía deben actuar “con mucha mayor eficacia y profesionalismo” y señaló que éstos tienen además “muchos pendientes en la investigación histórica y en el conjunto de las funciones y responsabilidades que tienen asignadas”.

Insistió que Luis Echeverría Álvarez “ordenó los episodios más negros de nuestra historia” y “canceló las garantías constitucionales, ordenó masacres colectivas, exterminio individual, espionaje, abuso de autoridad, desapariciones forzadas, cancelación de las libertades democráticas, maquinó actos de provocación para pretender justificar las acciones represivas, desarticuló al federalismo mexicano, implantó el gobierno policial, y él es ya sin duda el responsable principal de los crímenes del 2 de octubre y del 10 de junio”.

Martínez Nateras dijo que acreditó las pruebas presentadas con documentos de la propia Dirección Federal de Seguridad, “son evidencias, una especie de confesión escrita cometida por la arrogancia y la soberbia de un poder omnímodo que ya no reparaba en las más elementales formas del ejercicio democrático del poder”.

En la carta presentada Martínez Nateras ofreció “una próxima engrega” en la que presentará versiones más detalladas de la DFS sobre el movimiento del 68.

La fiscalía no pretende tapar errores de nadie, dice el director de Vinculación Ciudadana, Mario Ramírez

 

 Aurelio Peláez El director de Vinculación Ciudadana de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Mario Ramírez Salas, afirmó que el respaldo de la fiscalía para que se libere a Isaías Martínez Gervasio, implicado en la muerte de Zacarías Barrientos Nájera, fue a petición de familiares de ex desaparecidos y de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales (ANLS).

Mario Ramírez negó que la Femospp, con su respaldo a la petición de libertad a Isaías Martínez, pretenda “tapar” –como señaló Gallegos Nájera– la investigación de la Procuraduría de General de Justicia del Estado. “La investigación no la maneja la fiscalía. No tenemos injerencia en ella. Por eso la Femospp no es cómplice ni tapa ninguna investigación. El Estado (en Guerrero) es el responsable de las investigaciones. No podemos intervenir a menos que la atrajera la PGR, porque ahora se maneja como un delito común”.

El 5 de mayo, la Femospp, a través de un desplegado respaldado con las firmas de familiares de desaparecidos políticos, demandó al gobierno estatal la libertad de don Isaías Martínez, detenido con otros cuatro como presuntos responsables del crimen en contra de Zacarías Barrientos, quien era testigo de la fiscalía. Se aduce en la carta dirigida al gobierno estatal que ésta sería una muestra de reconciliación, y se le pide apego a la ley en la investigación de ese homicidio.

Dos días después, el dirigente de la ANLS, Arturo Gallegos, acusó que la Fiscalía pretende “tapar” los errores de la PGJE en la investigación del asesinato de Zacarías Barrientos, pues la liberación de Don Isaías Martínez se promovía por lo avanzado de su edad y no era una exoneración.

Insistió en que éste y los otros cuatro detenidos eran inocentes del crimen, y acusó a la Procuraduría estatal de fabricar culpables.

Sostuvo que en la carta aparecen como firmantes algunos desaparecidos y personas a las que no se les pidió autorización para respaldar el documento.

De esa lista de firmantes, Mario Ramírez dijo que la misma fue elaborada en la oficina de la Fiscalía en Atoyac de Alvarez, con la participación de los familiares de desaparecidos políticos.

Reiteró que el exhorto de la Femospp al gobierno estatal para la liberación de don Isaías Martínez es a petición, entre otros, de la ANLS, incluyendo el propio Arturo Gallegos, quien con otros integrantes de su asociación acudió a ver al fiscal Ignacio Carrillo.

“Nosotros estamos acuerdo en defenderlo y así se hizo, hasta donde se podía, porque un movimiento social o un organismo no gubernamental de derechos humanos puede pedir su libertad, pero la Fiscalía es una institución”.

Agregó que “la única manera de abonar un estado de derecho es continuar pidiendo que el juicio se haga conforme a derecho. Ahora que ni siquiera la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha pronunciado acerca de si hubo torturas a los detenidos, no lo ha concluido. Por eso creemos que la gestión de la Fiscalía va hasta donde puede ir”, sostuvo.

FEMOSPP pretende “tapar” errores de la PGJE, asegura ex guerrillero

Promueve la liberación de Isaías Martínez, uno de los detenidos por la muerte de Zacarías Barrientos, por su avanzada edad, cuando él es inocente, asegura Arturo Gallegos. El crimen lo planeó la Procuraduría, acusa

El dirigente de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales (ANLS), Arturo Gallegos Nájera, acusó que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) pretende “tapar” los errores de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la investigación del asesinato de su ex testigo Zacarías Barrientos Nájera, al promover la liberación por lo avanzado de su edad y no la exoneración de Isaías Martínez Gervasio, uno de los cinco procesados por el crimen.

Arturo Gallegos se refirió al desplegado publicado este miércoles en El Sur, promovido por la FEMOSSP, donde se pide la liberación de Isaías Martínez por cuestiones humanitarias, y que es firmado por familiares de desaparecidos, y en la que incluso aparecen como firmantes algunos desaparecidos y personas a las que no se les pidió autorización para respaldar el documento.

“A mí me causa bastante extrañeza el desplegado. Porque al parecer (en la Fiscalía) se siguen cometiendo los mismos errores. El sentido del desplegado pide la libertad de Don Isaías Martínez por su edad, es decir, a él no lo exoneran del delito, como debería ser. Aparte se quiere hacer justicia sobre una injusticia. Los cinco detenidos por el caso Barrientos son inocentes. Probado. En este momento no tenemos las pruebas, sin embargo las estamos juntando”, dijo.

Agregó que la Asociación lucha por su libertad y va a probar su inocencia. De tal manera que en este desplegado lo que hace la fiscalía es hacerse cómplice de las atrocidades y de las barbaridades que cometió el gobierno del estado en contra de estos compañeros campesinos”.

–¿Está buscando una especie de coartada?

–Sí, para hacer aparecer esto como un producto de la gestión de la fiscalía. Sin embargo, es incorrecto desde el punto de vista que se pide la libertad de uno, cuando debería ser la libertad de todos, y peor aún, no lo exoneran del delito, sino que lo hacen responsable y por benevolencia del régimen de René Juárez Cisneros lo van a mandar a su casa, a que sea juzgado desde ahí. E ahí lo injusto. Nosotros como asociación siempre hemos dicho que los inocentes deben de ser liberados.

Agregó que con eso la Procuraduría “va a tapar lo que hicieron desde un principio, es decir, que tramaron el asesinato de Zacarías Barrientos, y lo quiero decir así con todas sus letras, ellos tramaron el asesinato, buscaron la parte flaca, antes, de a quién le iban a fincar responsabilidades y encontraron esa relación extramarital (con uno de los procesados). Entonces se les facilitó el trabajo: asesinan a Zacarías Barrientos, le echan la culpa a Don Benito (que era colaborador de la Fiscalía) porque supuestamente temía de que lo matara el hombre ofendido, es decir Zacarías Barrientos, de tal manera que para mí esto no es nada nuevo, sobre si viene del subprocurador (Antonio Nogueda)”.

Señaló que “en este caso no quiero meterme con el procurador (Jesús Ramírez), que no es una blanca paloma, pero en este caso tengo los antecedentes del subprocurador. En diciembre de 1988, en Cuautla, Morelos, se dio la desaparición de un compañero dirigente del PRT, José Ramón García Gómez. Entre la búsqueda se encontraron cosas muy interesantes, como la de que el mismo Antonio Nogueda Carbajal, que era subprocurador de ese estado, había tramado la desaparición de José Ramón”.

Añadió: “pero lo interesante aquí es que hay mucha coincidencia entre lo que hicieron con el caso de Zacarías y lo que hicieron con José Ramón. Aquí le están cargado la muerte a los cinco detenidos. Allá pretendieron cargársela a dirigentes del PRT, bajo un montón de argucias. Resulta que en la investigación salió a relucir todo eso. Los compañeros fueron exonerados de culpa, y la recomendación fue en contra de Nogueda Carbajal. De tal manera que para mí no es nuevo que él esté envuelto en este tipo de porquerías”.

Demandó a la Fiscalía que exija la libertad de los cinco detenidos, “ porque de alguna manera todos o casi todos han colaborado para esclarecer los crímenes del pasado. Y claro, don Isaías es un caso muy especial, él desde que desaparecieron a su hijo ha mantenido la lucha constante por su presentación y de todos los desaparecidos, ya no solamente su hijo. Para mi Don Isaías es un icono de la lucha por la presentación de los desaparecidos, entonces no se me hace nada casual que sea uno de los detenidos”.

“Ahora para que el gobierno se pueda quitar esa basura que fue la mala investigación, lo van a hacer aparecer como que está viejito, y pues ‘lo vamos a llevar a su casa para que allá sea juzgado, y que en caso de que sea sentenciado que allá compurgue’. No es el hecho de que esté viejito, el hecho es que son inocentes. Que no confundan, que no la pretendan vender como una idea de que son culpables”.

Entre los firmantes de la carta promovida por la FEMOSPP, la familia “Ramos Cabañas”, que integran los hermanos Eduviges, Marcos y Felipe, y también la familia Nava Hipólito, que tiene otros desaparecidos, Macario y Esteban, además de Lucio Cabañas Tavares, desaparecido, y aparece dos veces como firmante Benito Manríque, además de que contó que hay personas a las que no se les informó que se les incluiría en el desplegado, pero dijo que se reservaba el nombre porque estos temían represalia, “pero yo asumo la responsabilidad de hacer las aclaraciones que se demanden en su momento”.

Sería magnífico que la Fiscalía retomara el caso Aguas Blancas: Del Villar

 Aurelio Peláez “Sería magnífico” que la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) retomara el caso de la matanza de Aguas Blancas, sostuvo Samuel del Villar, quien a finales de 1995 y en los primeros meses de 1996, fuera asesor de las viudas de los 17 campesinos asesinados en el vado.

Del Villar era entonces asesor jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, y estuvo al pendiente del trabajo de la Fiscalía para el caso, creada por el Congreso local –controlado por el gobierno estatal–, y dirigida por Alejandro Varela Vidales.

Al final de su investigación, entregada a mediados de febrero de 1996, Varela exoneró como responsables de la matanza al gobernador Rubén Figueroa Alcocer, a su ex secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán; a su ex procurador Antonio Alcocer; a su ex subsecretario de Gobierno, Rosendo Armijo de los Santos, y a su ex director de la Policía Judicial, Gustavo Oleo Godoy.

Asimismo, remitió a la cárcel a 18 policías y cuatro funcionarios estatales.

La decisión de excluir de las penas a los funcionarios de primer nivel, fue protestada por del Villar, quien reclamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el gobierno federal atrajera el caso, pero ésta remitió la demanda a la PGR. “La Suprema Corte actuó entonces como una Comisión de Derechos Humanos”, recordó Villar, entrevistado ayer en este puerto, donde ofreció una conferencia a militantes perredistas, en ocasión de los 15 años de fundado del partido.

“Sería magnífico que la Femospp revisara las actuaciones que se hicieron en ese entonces en torno a la investigación de la matanza”, refirió del Villar.

Entre las exigencias principales de las viudas y los familiares de los muertos en Aguas Blancas, por una emboscada de la Policía Estatal, está la reapertura del caso y el enjuiciamiento de Rubén Figueroa y sus ex funcionarios.

Figueroa dejaría el gobierno en marzo de 1996, pero no como resultado de la investigación de la Fiscalía de Varela, sino por la difusión del video íntegro, en el noticiero Detrás de la Noticia, de Ricardo Rocha, en Televisa, y la indignación que esto provocó en el país. Así, ante las presiones del mismo gobierno federal, fue obligado a pedir licencia al cargo, pero no fue enjuiciado por la matanza.

Consultado sobre el trabajo de la Femospp, y su titular Ignacio Carrillo, Samuel del Villar dijo: “Lo veo bien, están haciendo su trabajo”.

El regreso a Tecpan de los presos por la muerte de Zacarías depende del juez

 * El director de las cárceles se deslinda del traslado

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El traslado de los procesados por el asesinato del testigo de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (c), Zacarías Barrientos Peralta, del penal de Tecpan de Galena al de Acapulco fue una decisión del juez Adolfo Van Meeter Roque y no de la Dirección General de los Centros de Readaptación Social, dijo ayer el titular, Joaquín Estrada Salmerón.

Entrevistado en sus oficinas, el funcionario aseguró que todos los presos de los penales mientras están en calidad de procesados están a disposición del juez y que sus cambios de un penal a otro son responsabilidad del juez, “todo lo determina el juez de la causa”, dijo.

En este caso se informó que quien estaba a cargo de la causa penal es el juez del ramo penal Adolfo Van Meted Roque, quien recientemente fue cambiado de juzgado.

“Nosotros somos muy respetuosos de las leyes y reglamentos”, dijo, e incluso aseguró que en caso de que alguno de los internos de los penales no pudiera permanecer en su centro de reclusión por alguna situación de carácter de enfermedad o familiar, su situación tiene que ponerse a disposición del juez que lleva la causa quien determina lo conducente.

Estrada Salmerón también aseguró que hasta la tarde de ayer no había llegado a la Dirección General de los Centros de Readaptación Social del Estado ninguna recomendación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para regresar la penal de Tecpan de Galeana a los cinco detenidos por el asesinato de Zacarías Barrientos.

Incluso señaló que aunque fuera así, la recomendación no podría cumplirla porque el traslado no es una decisión que deba tomar la Dirección, sino el juez que tiene a cargo la causa, “en todo caso tendríamos que darle vista al juez y él determinaría si procede o no”, explicó el funcionario.

Estrada Salmerón dijo que incluso en esa dirección desconocen los argumentos que utilizó el juez para trasladar a los presos del penal de Tecpan al de Acapulco, “a nosotros sólo nos instruyen y no podemos mover a un solo procesado si no es por la indicación del juez”.

Incluso sin dar nombres, recordó un caso en el que debido a que el interno estaba causando problemas en un penal lo trasladaron al penal de Acapulco “pero inmediatamente el juez nos dio 24 horas para regresarlo”, dijo.

El funcionario señaló que, incluso, el juez “hasta a los policías nos designan para que realicen los traslados”.

Señaló que no es el caso cuando los presos ya están sentenciados, cuando es el Consejo Técnico quien acuerda su traslado como ocurrió con los seis policías y el ex director de Gobernación del estado, Esteban Mendoza Ramos, involucrados en la masacre de los 17 campesinos del vado de Aguas Blancas.

En este caso de paso aseguró que los presos “ya se encuentran muy bien en los penales en donde fueron reubicados, he platicado con algunos de ellos y se encuentran a gusto”, aseguró.