Peritos en Criminalística de la Fiscalía General del Estado (FGE) exhumaron 43 cuerpos hallados en fosas clandestinas en Taxco en el 2010 y que fueron depositados en una fosa común en el panteón nuevo en Chilpancingo, a los cuerpos les harán las pruebas de ADN para su identificación.
El 31 de mayo del 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE, ahora Fiscalía) localizó las fosas clandestinas en el tiro de mina La Concha, en la hacienda San Francisco de Cuadra en Taxco de Alarcón, durante seis días de trabajo los peritos sacaron 55 cuerpos, tres estaban momificados, dos en reducción esquelética, además de tres cadáveres sin cabeza y tres cabezas.
El miércoles los peritos hicieron la exhumación de los cuerpos de la fosa común y los trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo).
Una fuente de la FGE informó que es para hacer las pruebas genéticas de ADN para que sean reconocidos por familiares que tengan a desaparecidos.
Recordó que de acuerdo con expedientes de la institución, de los 55 cuerpos depositados en la fosa común, 12 fueron reconocidos y sólo 43 cadáveres están pendientes de ser identificados, “porque en el 2010 cuando se sepultaron los cuerpos a la fosa común en la capital, no se les hicieron pruebas de genéticas”.
A las 2:40 de la tarde de ayer, los peritos y trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo) concluyeron los trabajos de exhumación de los cadáveres.
En diciembre, 58 cuerpos que no están identificados de las regiones Centro, Acapulco y Norte que permanecían en el Semefo fueron inhumados en el Cementerio Forense Estatal que está en la capital, para desahogar los semefos que están saturados. (Luis Blancas / Chilpancingo).
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Delicados pero estables, los dos jefes policiacos de la PIM atacados el martes
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Versión de que declaró el padrastro de la niña degollada
El fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Enrique Gil Mercado, informó que siguen las investigaciones sobre el asesinato de la niña Kimberly Zuleima Salinas Marcial, quien fue hallada degollada en un lote baldío en el fraccionamiento Palomares.
El fiscal indicó que se han presentado dos personas a declarar sobre el hecho, pero se negó a abundar en más datos “para no entorpecer las averiguaciones”.
El domingo, vecinos de Palomares encontraron a la menor, a las 11:30 de la mañana, en una barranca donde tiran la basura y cerca del kínder de la colonia.
Al lugar acudió el agente del Ministerio Público del Sector Mozimba, René Cruz Evangelista, quien indicó que se desconocía el tipo de arma que se utilizó para el asesinato.
El caso lo atrajo el fiscal regional, quien explicó que es “muy delicado y de discreción”. Según versiones extraoficiales, los dos declarantes podrían estar involucrados en el crimen y de acuerdo con las mismas fuentes uno es el padrastro de Kimberly Zuleima, Darío Sosa Marcial, y del otro se desconoce su nombre.
Los siete indígenas amuzgos ejecutados en Zacualpan tenían tiro de gracia: PGJE
Los siete indígenas amuzgos ejecutados la tarde del sábado en la comunidad de Zacualpan, municipio de Ometepec, presentaban el tiro de gracia y las mujeres fueron perseguidas hasta a unos 100 metros de distancia, informó ayer el subprocurador de Justicia del estado, Jesús Alemán del Carmen, y aseguró que el jefe de la gavilla agresora se encuentra identificado y que sólo falta que las corporaciones policiacas lo ubiquen.
Con ello el funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que el móvil del múltiple homicidio tuvo su origen en la venganza de la banda de asaltantes y presuntos cultivadores de droga en la región.
También confirmó que uno de los homicidas, Juan Apolonio Concepción, quien también se hace llamar José Martínez López, salió libre hace aproximadamente mes y medio del penal de Acapulco en donde estaba procesado por delitos contra la salud, y además cuenta con otras tres averiguaciones previas por asalto y robo.
Alemán del Carmen explicó que también se confirma que el móvil fue la venganza porque uno de los indígenas que fueron victimados el sábado pasado, Albino Baltazar López, hace más de un mes asesinó a uno de los jefes de la banda de asaltantes, de nombre Rafael Santiago López, según las declaraciones del comisario municipal de Zacualpan, Antonio Añorve Martínez, que rindió en la Agencia del Ministerio Público, así como las declaraciones que están haciendo los testigos ante la representación social.
El funcionario informó que incluso los testigos han declarado que desde la mañana del sábado los siete individuos que entraron la tarde del sábado para asesinar a la familia, fueron vistos tomando en una tienda cercana al lugar donde se celebraría la boda, “al parecer querían confirmar quiénes entrababan para después cometer el crimen”, dijo.
Indicó que cuando dispararon en contra de sus víctimas hombres, las mujeres pretendieron escapar pero que fueron alcanzadas por los homicidas; una de ellas la cocinera María Pablo Santiago fue alcanzada por los agresores hasta a 100 metros para ser acribillada, dijo el funcionario.
Por su parte, el director de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), Érit Montúfar Mendoza, informó que para evitar que la familia agredida se haga justicia por propia mano u otro tipo de incidentes violentos se estableció un grupo de esa corporación en Zacualpan, que actúa en coordinación con la policía preventiva municipal de Ometepec.
Agregó que otros grupos de la PIM de la región de Costa Chica buscan a la banda de agresores.
Melesio Montiel atacó el pirataje y afectó intereses, coinciden líderes transportistas
Dirigentes transportistas de Acapulco se deslindaron del asesinato de Salvador Melesio Montiel, confirmaron que el delegado de Transporte les reveló que estaba amenazado pero que nunca les dijo por quién, y exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el esclarecimiento del crimen.
Entrevistados por separado, representantes del gremio elogiaron el trabajo que Melesio Montiel llevó a cabo durante el año que se hizo cargo de la delegación, ya que atacó el pirataje y la clonación de documentos, y coincidieron en que el funcionario “dejó huella” con el reordenamiento de esta actividad.
El líder de la Federación de Taxistas del Estado de Guerrero, Ignacio Sevilla Díaz, declaró tajante que “los transportistas legales no somos asesinos y no teníamos motivos para hacer algo contra este hombre que trabajó bien”.
Dijo desconocer si Melesio Montiel, con su actuación, perjudicó intereses y señaló que los concesionarios aceptaron la disposición de que se rotularan números económicos más grandes en los taxis. Destacó que el extinto delegado no tuvo ningún problema con el gremio, pero admitió que sí perjudicó intereses de transportistas pirata.
Relató que durante la gestión de Melesio Montiel se detuvieron vehículos pirata como los del líder Juan Mendoza Tapia, y otros casos aislados que no se identifican con liderazgos, pero que también fueron consignados.
Recalcó que los transportistas son concesionarios unipersonales y que con lo único que cuentan es la confianza de quienes los eligen para representarlos.
Por su parte, el representante de la Federación de Taxistas y Transporte Liviano del Estado de Guerrero, Francisco Javier Vargas Salinas, comentó que en varias ocasiones platicaron con el delegado sobre algunas amenazas que había recibido.
Detalló que les hizo comentarios de que lo estaban presionando, pero nunca dijo de dónde provenían las amenazas, y comentó que “si fue amigo del gobernador Zeferino Torreblaca, que se esclarezca (el crimen)”, para que quien asuma el cargo no tenga la misma presión.
Coincidió en que Melesio Montiel “dejó huella” con los números grandes de taxis azules, amarillos y rojos, “es algo que queda para siempre, porque se están percatando que es una forma más fácil de identificar las unidades piratas y números clonados.
Vargas Salinas señaló que no sólo existen mafias dedicadas a la clonación de documentos de taxis, sino también de vehículos seudo amparados y pirataje, y puso como ejemplo el amparo 761 que recientemente fue rechazado a nombre de José Manuel Figueroa, a quien dijo desconocer.
El representante de la Red de Transportistas en el Estado de Guerrero, Cirilo López Sánchez, dijo que Melesio Montiel “trabajó bien”, y que cuando proponía proyectos como los números grandes en los taxis, lo acordaba en conjunto con los concesionarios.
Agregó que a pesar de que los resultados no fueron “al cien por ciento”, con el trabajo del delegado se notó una disminución del pirataje, “estaba tratando de limpiar su casa, porque era su casa la delegación y la aplicación de la ley”.
Por último, apuntó que la sociedad y los transportistas están en espera de los resultados de la investigación.
Detenido en Chichihualco confiesa que mató a 16 personas en 16 años, según la PGJE
Policías ministeriales detuvieron a un presunto multihomicida en el municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), que asesinó a 16 hombres y mujeres, entre ellos a su hermano y dos sobrinas –menores de edad– y que arrojó a un pozo cercano a la comunidad de Atlixtac en la zona de la sierra, según indica un parte informativo de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
El presunto asesino se llama Arnulfo Santos Navarrete de 54 años, y en su declaración ministerial acepta que asesinó a sus familiares en febrero del año pasado por la disputa de un terreno y a sus 13 víctimas restantes “por venganza y encargo”.
La detención de Santos se realizó el pasado lunes en la comunidad de Atlixtac, municipio de Leonardo Bravo, con base a la averiguación previa FEIDG/011/2005 por la desaparición forzada de Francisco Santos Navarrete y las hijas de éste, Juana y Eva Santos.
El documento oficial señala que este miércoles el detenido fue puesto a disposición del juez, luego de haber “confesado” que con la ayuda de su hijo, Gabriel Santos y su yerno, Margarito Policarpo, asesinaron a balazos a sus familiares, quienes fueron arrojados a unos pozos ubicados sobre el cerro.
Los cómplices actualmente se encuentran en Estados Unidos, indicó el inculpado y señaló que también asesinó a 13 hombres en los municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, “a unos por venganza y otros por encargo”; aseveró en su declaración ministerial donde refirió que recibió 5 mil pesos por matar a Rufino Alonso Juárez el año pasado.
Santos señaló que el año pasado asesinó a balazos a los hermanos Lino, Jesús y Domingo Miranda de Jesús porque aseguró que violaron a sus hijas y le robaron de su domicilio 10 mil pesos.
Luego continuó con la lista de sus víctimas, señalando que en 1989 mató a Félix Díaz Martínez; en 1996 a Camilo Sánchez Juárez; en 2001 a Antonio Romero Hernández; en 2002 a Juan Trinidad Hernández, Fortunato Navarrete García, Ignacio Ávila Catalán, Alfonso Bisoso Martínez y Bernardo García Romero, estos dos últimos los asesinó en una fábrica de mezcal del mismo municipio por 20 mil pesos.
Se considera reforzar la seguridad de Félix, informa Armando Chavarría
El alcalde Félix Salgado Macedonio no ha presentado una denuncia formal de la amenaza de muerte que hizo una voz anónima vía telefónica, y que se transmitió en un noticiario de radio de Acapulco, ni ha solicitado que se refuerce su seguridad personal, aseguraron los secretarios general de Gobierno, y de Seguridad Pública y el procurador, Armando Chavarría Barrera, el general Heriberto Salinas Altés y Eduardo Murueta Urrutia.
Sin embargo, Chavarría Barrera dijo que la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) “ya abrió una investigación para saber de dónde salió la llamada” telefónica, y opinó que “me parece importante que haya un reforzamiento” de la seguridad del alcalde del puerto.
Entrevistados por separado ayer en Chilpancingo, los funcionarios coincidieron en que no tienen información de que el ex secretario de Protección y Vialidad del Ayuntamiento de Acapulco Genaro García Jaimes hubiera sido levantado por presuntos narcotraficantes, después de que arribó en un vuelo procedente de Cuba –de acuerdo con un rumor que trascendió este martes en el puerto.
Armando Chavarría dijo que espera que la amenaza de muerte que recibió de manera anónima el alcalde de Acapulco sea “una broma de mal gusto”; sin embargo, aseguró que el gobierno del estado le ofrecerá “fortalecer su seguridad personal” como medida precautoria.
Sobre la presunta desaparición de García Jaimes, el secretario general de Gobierno señaló que “no tenía conocimiento de que haya sucedido este hecho” e indicó que incluso no saben en dónde está o si se encuentra oculto. “Yo lo que sé es que al siguiente día presentó su renuncia, el 28 de enero, después del día lamentable del enfrentamiento de La Garita y desde esa fecha desconozco dónde se encuentre”.
A pregunta expresa, dijo que “hasta donde sabe”, la PGJE no está investigando ni el paradero de García Jaimes, ni sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Mientras, el procurador Eduardo Murueta dijo que independientemente de esa llamada anónima, las corporaciones policíacas permanecen alertas ante la posibilidad de que se registre un incidente violento, pero señaló que el tema debe ser asimilado con mesura para evitar infundir miedo entre la ciudadanía, ya que posiblemente ese sea el propósito de la llamada.
En declaraciones vía telefónica, Murueta Urrutia dijo que “lo más importante es que la ciudadanía no sienta miedo por este tipo de llamadas que solo pudieran tratar de crear confusión”, y reiteró que las corporaciones policíacas del estado se encuentran alertas ante la posibilidad de que se registre cualquier incidente.
Por su parte, Salinas Altés dijo que Félix Salgado “es el que nos tiene que solicitar seguridad personal, él tiene su servicio de seguridad propio y si lo estimara pertinente solicitaría un reforzamiento”. A pregunta expresa sobre la situación en el puerto, informó que “estamos pendientes nada más y tenemos nuestros operativos normales; hay que ver este asunto con cuidado”, respondió.
Sobre el ex secretario de Protección y Vialidad, dijo: “Es una información que escuchamos (sobre el levantón), pero no hemos podido comprobar nada. Yo no sé su paradero, no tengo conocimiento si llegó a Acapulco, lo que tengo sé es que está fuera de aquí”.
Consultado la mañana de ayer sobre la amenaza anónima que recibió Félix Salgado el martes, Chavarría Barrera señaló que “lamentablemente quienes estamos ubicados como servidores públicos en espacios del área de seguridad estamos expuestos a una circunstancia difícil que nadie quisiera vivir, pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad”.
Después ofreció a Félix Salgado, a nombre del gobierno del estado, “nuestra solidaridad, nuestro apoyo, respaldo, y bueno, pues siempre bajo la lógica, tenemos que tomar providencias y precauciones ante una circunstancia como la que se anunció ayer.
“Ojalá sea una broma de mal gusto, digo, no podemos minimizar las circunstancias sobre todo por lo que hemos estado viviendo, pero yo digo, deseo que sea una broma de mal gusto. Yo espero que no pase a mayores y que todo quede en una falsa alarma”, aunque adelantó que la PGJE ya abrió “una investigación para saber de dónde salió la llamada” telefónica.
Más adelante, reiteró que “vamos a establecer comunicación con el presidente municipal, nos vamos a reunir, vamos a ponderar la circunstancia en que se dio esta llamada y tomar algunas providencias”. Aunque dijo que no sabe cuántos agentes escoltan a Félix Salgado, “me parece importante que haya un reforzamiento” de su seguridad.
En respuesta a otra reportera, Chavarría Barrera señaló que la del martes “es la primera amenaza que recibe un funcionario de manera pública y a través de un medio de comunicación”.
CNC: recauda pruebas la PGJE de la detención de comuneros de El Capulín
El asesor legal de los campesinos de Tlacoapa y dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) no oficial, Evencio Romero Sotelo, informó ayer que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) comenzó este sábado a realizar peritajes en La Sabana en busca de elementos que permitan “reforzar” la averiguación previa que integró en contra de las autoridades de Ocoapa, por el delito de secuestro de cinco campesinos de ese pueblo, el jueves 20 de abril.
Adelantó que mañana martes vecinos de los afectados se presentarán ante la Dirección de Averiguaciones Previas, para “declarar y dar su testimonio acerca de cómo sucedieron los hechos y así se aclare que no estaban sembrando enervantes como dicen los de Moyotepec (que pertenece a Ocoapa)”.
Romero denunció asimismo que éstos continúan invadiendo las tierras en conflicto “hoy por la mañana (el presidente de los Bienes Comunales de Tlacoapa) Ismael Galeana Sixto, me dijo por teléfono que el sábado hicieron un recorrido por la zona y hallaron algunos terrenos ya con surcos, sobre todo del lado que colinda con Zapotitlán Tablas, por esa parte se están metiendo”.
Vía telefónica este domingo, el líder cenecista indicó que “por esa situación y por las detenciones arbitrarias, la gente está esperando que se aplique la ley, si no es así afirman que van a tomar justicia por su propia mano”. Dijo que esperaba que la PGJE agilice las investigaciones porque la tensión en la zona de disputa sigue “latente, siguen las agresiones de manera constante”.
Romero recordó que la averiguación previa que abrió la PGJE es a propósito del dictamen que emitió la Procuraduría General de la República (PGR) –después que entregó a los cinco campesinos detenidos por sus vecinos de Moyotepec cuando presuntamente se encontraban sembrando amapola en las 456 hectáreas en conflicto–, en el que destaca que los comuneros habían permanecido en “calidad de secuestrados” toda vez que no había pruebas de las acusaciones que hicieron en su contra.
Opinó que fue acertado que ese conflicto se haya discutido en la sesión del grupo Coordinación Guerrero el viernes pasado, porque “si bien es cierto, es un problema que le compete a la Secretaría de la Reforma Agraria, por la gravedad del asunto no deja de preocupar porque se habla de delitos del fuero común y del fuero federal”.
“Ojalá y haya una respuesta pronto de las autoridades en contra de Natalio Solano (presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ocoapa) por ser el autor intelectual del secuestro de los cinco compañeros”, dijo.
Denuncian un perito de la PGJE que le robaron su equipo en un hotel de Zihuatanejo
El perito de topografía forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Daniel Díaz Téllez denunció en la agencia central del Ministerio Público de Zihuatanejo, que la madrugada de este viernes, mientras dormía en la habitación de un hotel en esta ciudad, fue víctima del robo del equipo que traía consigo para hacer una diligencia, así como de dinero en efectivo y documentos personales.
El servidor público declaró que llegó a Zihuatanejo el jueves 11, a las 11 de la noche, porque el viernes tenía que trasladarse a la cabecera municipal de La Unión para hacer una diligencia a petición del agente del MP del fuero común de aquella ciudad, sobre una denuncia de despojo de un predio.
Agregó que se hospedó en la habitación 19 del hotel Los Arcos, que se ubica sobre la avenida Del Palmar, cerca del departamento de Bomberos y Protección Civil, y que a eso de las 4:30 de la madrugada se levantó porque escuchó que abrían su habitación y alcanzó a ver una sombra de una figura masculina que salió por el pasillo y pese a que lo siguió no lo alcanzó.
Declaró que acudió con el recepcionista para informarle de lo ocurrido y éste le dijo que no había salido nadie del hotel, incluso, la puerta principal estaba cerrada, por lo que al investigar, descubrió que de una habitación contigua que da a la calle, el ladrón quitó un mosquitero metálico y por ahí se metió a robar.
El equipo que le robaron fue un geoposicionador satelital (GPS) y una brújula de precisión propiedad de la Procuraduría de Justicia, así como su cartera con dos mil pesos en efectivo y sus tarjetas bancarias y de identificación.
Dijo que el monto de lo robado asciende a 11 mil pesos y pidió que comparezca el propietario de la hospedería ya que pudiera estar coludido con el delincuente, “porque jamás dio la cara para responder por el robo”.
Confirma la PGJE la balacera del martes en Los Laureles, Tecpan
Francisco Magaña/Atoyac
El fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), en la Costa Grande, Pedro Loyo Malabar confirmó ayer el enfrentamiento en el municipio de Tecpan de Galeana, a las 9 de la mañana de este martes.
“Sí fue cierto” dijo, a la vez que indicó que fue en Rancho Alegre, rumbo a la zona serrana, el enfrentamiento, por la comunidad de Los Laures.
Dijo que las explicaciones de los pobladores que constataron el hecho es que la balacera se dio “entre dos unidades en movimiento, en el paraje ubicado sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo” en la Costa Grande.
Insistió que no se logró identificar a ninguna de las personas “fue de manera muy rápida y se desconoce el paradero de ambos bandos”.
Aclaró que la supuesta presencia de un grupo armado no identificado la madrugada del lunes en playa Llano Real, municipio de San Jerónimo por una desviación de Hacienda de Cabaña que conecta con El Zapote en Coyuca de Benítez, en esa población pesquera, “no se confirmó nada”; aún cuando los pescadores observaron a hombres vestidos con uniformes tipo militar y casco comunicando con radio.
Loyo Malabar dijo que preocupa que una persona conozca las claves personalizadas del centro de comunicación en este caso de la base de Atoyac que es donde se recibió el auxilio y de ahí e movilizaciones las corporaciones. ()