Pide justicia Albertano, a un año de la emboscada en que murieron sus hijos

 

A poco más de un año de que sufrió una emboscada con armas de grueso calibre en la comunidad de Banco Nuevo, y en la que fueron asesinados dos de sus hijos, el campesino ecologista de la sierra de Petatlán, Albertano Peñaloza Domínguez pidió ayer justicia para su familia y solicitó al procurador, Eduardo Murueta Urrutia, que se investigue hasta dar con los responsables, “porque no queremos hacer justicia por nuestras propias manos”.
Al enterarse de que el próximo sábado estará en Banco Nuevo el obispo Samuel Ruiz, y que celebrará una misa, invitado por la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Albertano Peñaloza demandó que el religioso pida por la justicia para su familia, “no queremos hacerlo por nuestras propias manos, por eso tenemos una ley y estamos a respaldo de ella”.
El 19 de mayo de 2005, cerca de las 10 de la noche, Albertano Peñaloza regresaba a su casa en la comunidad de Banco Nuevo, en la sierra de Petatlán, a bordo de su camioneta junto con cuatro de sus hijos; habían ido a la comunidad de El Mameyal a comprar la despensa y ya abrían el falsete del terreno que da a su casa, cuando empezaron a ser tiroteados.
Armando y Abatuel Peñaloza Mojica, de 21 y 11 años de edad, quedaron muertos en el interior de la camioneta; mientras que sus hermanos, Adalid, de 15 años e Isaac, de 18, resultaron heridos al igual que su papá, Albertano Peñaloza.
Luego de la balacera la esposa del campesino ecologista y madre de los jóvenes muertos y heridos, Reyna Mojica Pérez, se llevó a su hijo Isaac a una clínica particular en Zihuatanejo, pues resultó con un balazo en el brazo izquierdo que se le introdujo en el costado y afectó sus pulmones, así como otro balazo más en el pie del mismo lado.
La mujer no estuvo en el sepelio de sus hijos y sólo volvió a ver sus cadáveres cuando tres meses después, regresó a Banco Nuevo con la fiscal Ciria Alarcón Díaz, de la dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), de Chilpancingo, junto con el entonces agente del MP de Tecpan de Galeana, Esteban Maldonado Palacios, para hacer la exhumación de los cuerpos y hacerles la necropsia.
Desde el día de la agresión a la fecha, han pasado 376 días y la familia Peñaloza Mojica continúa esperando justicia, aunque a decir del campesino Albertano, ellos decidieron no presentarse a declarar más porque quien estuvo al frente de la exhumación de sus hijos fue Esteban Maldonado Palacios, “el mismo que le hizo todos los trabajos sucios a Bernardino (Bautista Valle, conocido por los campesinos como el cacique maderero de la región) y fue el que nos integró la averiguación por la que echaron a la cárcel a Felipe (Arriaga Sánchez)”.
La denuncia a la que se refiere Peñaloza Domínguez es la acusación contra 12 campesinos ecologistas, entre ellos él y Felipe Arriaga, de haber participado en una emboscada donde murió Abel Bautista Guillén, hijo de Bernardino Bautista Valle.
Por ese delito Arriaga estuvo preso de noviembre de 2004 a septiembre de 2005; es decir, 10 meses y 11 días en el penal de Zihuatanejo.
Albertano Peñaloza dijo: “tenemos desconfianza, vimos que ese Esteban Maldonado estuvo muy interesado en querer saber todo de nosotros, por eso Reyna (su esposa) ya no se presentó a declarar; sí queremos que se nos haga justicia, pero le pido al procurador que quite a esa persona que le hizo mucho daño a los campesinos”.
A pregunta expresa, comentó que el caso de la emboscada en su contra y el asesinato de sus hijos está olvidado, y lamentó que los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan no le estén dando seguimiento, “no sé hasta cuándo va a empezar de nuevo; yo creo que hasta que Reyna declare, quizá los (abogados) de Tlachinollan tienen temor de que la vayamos a regar porque Reyna tiene que declarar y yo les dije que si se podía pronto, pero ellos me dijeron que no, que todo tiene un proceso y por eso pienso que se va a alargar”.
Y abundó: “creo que esto va para largo y nosotros no podemos hacer nada; apenas hablé con Mario (Patrón Sánchez, abogado de Tlachinollan) para ver si nos juntábamos en Tlapa para eso del aniversario de su organización, pero no sé si voy a poder ir, estamos muy desgastados (económicamente)”.
Dijo que en el lugar donde se encuentra ahora con su familia, es completamente distinto a Banco Nuevo y el modo de ganarse la vida es más difícil, “porque allá en Banco Nuevo teníamos todo”.
Más adelante sostuvo que sí regresarían a Banco Nuevo, que incluso, quisieron hacerlo para recodar allá el primer aniversario de la muerte de sus hijos, pero que no lo hicieron por sus condiciones económicas y por temor, “acá nos llegan las noticias de que allá anda gente armada y tenemos temor de que nos vayan a hacer otra cosa”.
“A mí sí me dolería que me mataran a otro de mis hijos, para ellos (los caciques y explotadores del bosque) es normal, pero para mí no porque nosotros no le hemos hecho daño a nadie, lo único que hemos hecho fue decir basta a la tala y a los incendios del bosque”, indicó.
Añadió: “nuestro caso se lo pusimos a las autoridades y en ningún momento estamos pensando en planes de venganza, confiamos en la justicia y en las leyes, si no, quién sabe qué vaya a pasar”.
Luego, al exponerle que el próximo sábado estará en Banco Nuevo el arzobispo Samuel Ruiz, y que ofrecerá una misa, Albertano pidió que el religioso pida por la justicia para su familia, “no queremos hacerlo por nuestras propias manos, por eso tenemos una ley y estamos a respaldo de ella”.
E insistió en el llamado al procurador Eduardo Murueta, “nosotros sí estamos dispuestos a seguir con el caso, pero que se cambie al MP, ya no queremos que esté Esteban Maldonado porque ese fue el que le hacía todos los trabajos sucios a Bernardino Bautista, eso es lo que le pido y nosotros seguiremos con el caso”.

Cuatro levantados ayer; tres en Acapulco y uno en el municipio de Zihuatanejo




Varios individuos que se identificaron como policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) se llevaron a tres vecinos de la unidad habitacional Real Hacienda de Acapulco, ubicada cerca de la comisaría de la Policía Federal Preventiva, división Caminos, entre la carretera federal y la Autopista del Sol.
En Chilpancingo, el procurador general de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, informó que por la seguridad de las víctimas no puede confirmar la versión.
En Acapulco, familiares de los levantados explicaron a los reporteros que a las 5 de la mañana de ayer varios individuos, quienes hablaban con acento norteño, llegaron de forma violenta a sus viviendas.
La esposa de uno de los levantados, Perla Espinoza Valdovinos, dijo que hombres con ropas que tenían escritas en la parte de atrás las siglas AFI, llegaron a bordo de cinco camionetas modelo X-Trail y Liberty.
Señaló que sin mostrar ninguna orden de cateo o aprehensión entraron por la fuerza a su domicilio y se llevaron a su esposo Ranferi Oswaldo Aguirre Terrazas, de 21 años de edad, quien es ingeniero biomédico y vende por su cuenta medicamentos a farmacias y sustancias para laboratorios.
Indicó que también se llevaron a su cuñado, Edgar Aguirre Terrazas, de 21 años de edad, quien vive cerca de su casa.
Según Perla Espinoza, los mismos individuos se llevaron a su vecino, el profesor Noé Peralta Balanzar Gasja.
Denunció que los presuntos afis rompieron vidrios y parte de la herrería para ingresar a de su vivienda y en el momento había un niño.
La demanda quedó registrada con el número de averiguación previa Tab/R/01/402/2006 de la Agencia del Ministerio Público del sector Renacimiento.
Los familiares acudieron a la Policía Investigadora Ministerial (PIM) del sector Renacimiento para que los ayuden a localizar a las víctimas.
En Chilpancingo, el procurador General de Justicia en el estado, Eduardo Murueta Urrutia informó ayer que por la seguridad de las víctimas no puede confirmar la versión de que fueron detenidos presuntos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
En Acapulco como en Chilpancingo, se mencionó que uno de los “levantados” era el ex secretario particular de quien fuera procurador en el gobierno de René Juárez Cisneros, Jesús Ramírez Guerrero, Noé Peralta, versión que Murueta tampoco quiso confirmar o desmentir, aunque el ex secretario se apellida Hernández y no Balanzar.
Solo reconoció que los hermanos, Ranferi y Edgar Aguirre Terrazas presuntamente fueron plagiados por los supuestos agentes federales porque la esposa de una de las víctimas denunció la detención ante el ministerio público.
“Por lo tanto no podemos dar información, pues seria interferir en la decisión de los familiares y exponer la vida de esta persona”, indicó. No obstante, aseguró que están investigando este incidente.

Pedirá Murueta a Zeferino que se contrate a más MPs y ministeriales




El procurador General de Justicia del estado, Eduardo Murueta Urrutia informó que buscará esta semana una reunión con el gobernador Zeferino Torreblanca para manifestarle la necesidad de abrir más plazas para policías y agentes del Ministerio Público, pues ahora buena parte de éstos se encuentran en actividades de prevención, más que de investigación y persecución de los delitos.
Dijo que para cumplir con las expectativas de la ciudadanía ante la creciente inseguridad por los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada el gobierno debe contratar a más agentes del Ministerio Público y policías para que se enfoquen exclusivamente a la investigación de los delitos graves que se han cometido.
Consultado en su oficina, Murueta señaló que la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones policiacas “es una realidad”; sin embargo, dijo que la PIM es en general una corporación saneada aunque reconoció que podría haber agentes vinculados al narcotráfico.
“Tenemos un problema pero no lo consideramos grave porque ante el cambio varios agentes ministeriales simplemente dejaron de presentarse o renunciaron y en general éstos están cambiando su mentalidad porque hemos aumentado los salarios para agentes del Ministerio Público y policías”, dijo el procurador.
Destacó que en la PGJE hacen falta más policías investigadores porque el trabajo, que está rezagado, supera la capacidad de la dependencia para enfocarse de manera particular, sobre todo ahora que nuestros agentes están participando en los dispositivos para prevenir el delito, expresó.

La PGR ya no investiga ninguna ejecución en Guerrero, dice Murueta a diputados




Durante la mesa de trabajo con diputados, el procurador general de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) ya no investiga ninguna ejecución en Guerrero porque se retiraron a la ciudad de México para estar atentos en la elección del 2 de julio.
Dijo que en el caso del crimen del empresario acapulqueño Alexis Iglesias tenía “información” pero los responsables evadieron la justicia, aunque no abundó más; mientras que del homicidio del ex secretario general de Gobierno figueroísta, Rubén Robles Catalán –que se lo adjudicó un grupo guerrillero– afirmó que tiene “información importante”, pero no dijo más.
La reunión de trabajo con el procurador se llevó a cabo a las 10 de la noche al final de una larga jornada, en la que sólo estuvieron 17 de 46 diputados. Encabezó la sesión el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado perredista, Ramiro Solorio Almazán.
A diferencia del secretario general de Gobierno, Armando Chavarría y del de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Heriberto Salinas Altés, el procurador leyó un resumen de lo que ha sido su desempeño al frente de la Procuraduría, lo cual volvió tediosa la reunión.
En la primera ronda sólo intervinieron seis diputados, y el procurador informó de manera breve sobre las acciones que desarrolló en 2005, pero fue tan breve lo que dijo, que los perredistas Rossana Mora Patiño y Ramiro Solorio Almazán le pidieron un informe pormenorizado.
En la ronda de preguntas y respuestas, el diputado Wulfrano Salgado Romero habló sobre la desaparición del periodista, Leodegario Aguilera Lucas director de la revista Mundo Político, que luego de dos años no se conocen los avances de la investigación y el procurador dijo que habló con “gente” del Instituto de Estudios Periciales de la ciudad de México y no lograron determinar el ADN de los huesos quemados encontrados en Acapulco; además mencionó que hay consignados y que serán liberadas más órdenes de aprehensión contra otros sospechosos.
Sobre los salarios de los Ministerios Públicos, dijo que en diciembre se les otorgó un aumento y en abril se les dio el aumento a auxiliares del MP y a peritos. Dijo que en julio o agosto se hará lo propio con los policías ministeriales e informó que ya no ganan cuatro mil pesos mensuales sino seis mil.
Murueta contestó a la panista Jessica García Rojas sobre el homicidio del empresario acapulqueño presidente de la Coparmex, Alexis Iglesias y dijo que están investigando desde que asumió el cargo, porque le fue heredado por la administración anterior y que tenía “información”de presuntos responsables pero “se evadieron”.
Del homicidio de Rubén Robles Catalán, el procurador dijo que tiene “información importante” y no dijo más.
Los policías no son suficientes para atender las investigaciones
Reconoció que la Procuraduría no tiene los policías suficientes para atender el rezago en las investigaciones de homicidios. Dijo que el números de casos graves, en 2001 es de 4 mil 348; en 2003 es de 4 mil 108; en 2004 es de 3 mil 207 y en 2005 es de 2 mil 256 en las siete regiones.
El priísta Raúl Tavera denuncio que un agente del MP que le pidió dinero para favorecerle en un caso que no explicó, “y aquí está presente pero no lo voy a denunciar, porque todos debemos avanzar juntos en cambiar esa actitud de los Ministerios Públicos”.
Lo anterior sacudió a unos dormilones diputados, funcionarios, Ministerios Públicos presentes y demás funcionarios de la PGJE y de los pocos reporteros de la fuente.
Pero en su respuesta, el procurador sólo dijo que lentamente erradicará viejos vicios y malos ejemplos desde sus titulares en la PGJE para que dejen de pedir dinero por sus servicios.
Solorio pidió un informe de los casos resueltos y preguntó cuándo se designará a un fiscal especial para investigar el homicidio del ex delegado de Transportes en Acapulco, Salvador Melesio Montiel.
El poder económico de sicarios dificulta su detención, afirma
Pasada la media noche en la segunda ronda de preguntas, el coordinador de los diputados del PRI, Abraham Ponce Guadarrama criticó la actuación de la Procuraduría en los casos de violencia y Murueta justificó que habló con “gente” de la PGR pero no dijo quién y que fue a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) para pedir su intervención y que esa dependencia envió agentes pero sólo estuvieron dos semanas y se regresaron a la ciudad de México sin hacer investigaciones, aunque no precisó de qué casos.
Afirmó que el crimen organizado ha intervenido en sus investigaciones y que su solvencia económica eso dificulta la detención de sicarios, porque éstos pasan desapercibidos cuando huyen a refugiarse, en muchos casos, a centros vacacionales como balnearios, sin aportar mayor datos.
También dijo que en el caso de los granadazos en Zihuatanejo, encontraron que los responsables huyeron a Colima por Michoacán desde donde también vienen a realizar ejecuciones a Guerrero.
Reconoció que en Guerrero “se dejó crecer a los dos grupos delictivos existentes y llegan hasta a amenazar a policías”, además de corromper a la gente para que se involucre con ellos.

La Codehum no señala a René por la desaparición del periodista, sólo por denegar justicia



La recomendación número 19/2006 que envió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el 6 de abril al procurador general de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, por el caso de la desaparición forzada del editor de la revista Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas, está dirigida en contra del ex gobernador René Juárez Cisneros y sus colaboradores, Jesús Ramírez Guerrero, Luis León Aponte y Pedro Loyo Malabar.
En el documento oficial la Codehum considera que los ex funcionarios incurrieron en los delitos de “denegación de justicia, ejercicio indebido de la función pública, irregularidades y dilación en la integración de la averiguación previa”.
En el contenido de la recomendación de la Codehum –a la cual El Sur tuvo acceso–aceptada por la PGJE el 11 de abril, no se fundamenta la presunta responsabilidad de Juárez Cisneros, Ramírez Guerrero, León Aponte y Loyo Malabar en la desaparición forzada de Aguilera Lucas y en cambio se pide investigar a un “agente de Inteligencia Militar” vinculado presuntamente con la desaparición del periodista y que fue identificado por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) por medio de una fotografía.
En el documento oficial sólo existen acusaciones de la hermana del periodista desaparecido hace dos años, Ernestina Aguilera Lucas, quien presentó la queja ante la Codehum en contra de René Juárez Cisneros, Luis León Aponte, Jesús Ramírez Guerrero y el ex agente del Ministerio Público y actual coordinador de zona de la Policía Ministerial en Tecpan, Pedro Loyo Malabar.
Ernestina Aguilera declara que su hermano realizó una investigación y publicó algunos datos sobre presuntos actos de desvío de recursos del erario público para la construcción de diversos negocios que presuntamente pertenecen al ex gobernador René Juárez Cisneros en Los Cabos, Baja California Sur, Morelos, Querétaro y Acapulco.
Un día antes de su desaparición, Leodegario Aguilera estuvo en la ciudad de Cuernavaca tomando fotos del restaurante del hotel El Madrigal, propiedad de Juárez Cisneros, y posteriormente en esta capital tuvo una discusión con el ex secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, indica la hermana del editor de la revista Mundo Político.
En el contenido de la recomendación se indica que Ernestina Aguilera no aportó las pruebas que fundamentaran sus señalamientos, mientras que los ex funcionarios excepto Juárez Cisneros, rindieron un informe a la Codehum donde se deslindan de estas imputaciones.
En este sentido, la Codehum recomendó a Murueta Urrutia que continúen las investigaciones respecto “a la hipótesis” sobre el caso de la desaparición forzada del periodista, Leodegario Aguilera Lucas; así como instruir al agente del MP adscrito al juzgado octavo de primera instancia penal del distrito judicial de Tabares que promueva las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de otras personas distintas a los ex funcionarios que han sido señaladas como sospechosos.
Estos son un supuesto agente de Inteligencia Militar que fue señalado por la esposa de Aguilera Lucas, Rosa Velásquez Iñiguez como uno de los participantes en el secuestro del periodista y también fue identificado por agentes de la PIM a través de una fotografía, aunque se desconoce su nombre y su ubicación.
Otro de los sospechosos, según la esposa de Aguilera Lucas es el abogado del periodista, Juan Roberto Zamora Cabrera, quien es acusado de pretender vender el terreno donde se encuentra el hotel del periodista a los dueños del bar El Rodeo.
“Tibia” recomendación de Codehum, opina la hermana del periodista
Ernestina Aguilera Lucas calificó de “tibia” la recomendación de la Codehum.
En entrevista en la redacción de El Sur, el viernes, después de conocer el documento de la Codehum, advirtió que seguirá su lucha por medio de organizaciones internacionales porque, dijo, son las únicas que ejercen presión.
Al gobernador Zeferino Torreblanca le pidió “acabar con la escoria” que hay en una institución como la PGJE; afirmó que apenas el mandatario lleva un año de su administración pero sigue la “podredumbre, lo peor” en esa dependencia y exigió que la limpie.
Llamó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, para que realmente se finque responsabilidades al ex mandatario y miembros de su gabinete porque, cuestionó, cómo es posible que la Codehum resuelva un expediente con las declaraciones escritas que enviaron por separado los señalados.
Por el contrario, criticó que la PGJE sí le fincó responsabilidades a ella cuando su concuña María Rosina Velázquez Iñiguez la denunció porque no permitió que se quedara con la propiedad de su hermano ubicada en calzada Pie de la Cuesta.
A dos años de la desaparición del periodista, Ernestina recordó que agentes del Ministerio Público del fuero común, comandantes de la entonces Policía Judicial bajo el auspicio del entonces procurador Jesús Ramírez Guerrero, el gobernador René Juárez, y el secretario de Gobierno, Luis León, fraguaron un escenario en el que presuntamente a su hermano lo secuestraron y lo quemaron vivo en un predio de la playa Mimosa, y que está cerca del punto conocido como La Curva del Capitán.
Recordó que posteriormente Ramírez Guerrero informó que habían encontrado huesos pero debido a las presiones que hicieron, esos restos fueron enviados con peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) donde confirmaron que se trató de restos de un animal.
Añadió que por ese caso, la PGJE tiene bajo proceso a Alfonso Noel Vargas Baños, El Jhony de 28 años de edad, Alberto Cárdenas Flores de 28, y Juan Carlos Salinas Moreno, El Toro de 18, afirmó que todos ellos son chivos expiatorios quienes enfrentan el juicio en el juzgado octavo penal.
Ernestina llamó a la Codehum y a la CNDH para que realmente emitan una recomendación digna de un cambio; que le indiquen que realmente cambiaron las cosas después del PRI.

Desde abril se aceptó la petición sobre el periodista desaparecido: Murueta




El procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia informó ayer que la recomendación número 19 de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), que pide investigar al ex gobernador René Juárez Cisneros por el caso de la desaparición forzada del director del semanario Mundo Político Leodegario Aguilera Lucas, fue aceptada desde el 11 de abril y que se realizan ya las diligencias correspondientes.
Sin dar mayores detalles, el fiscal guerrerense dijo que en dos semanas dará información sobre este caso y aseveró que la investigación que solicitó la Codehum “es genérica” y no señala directamente al ex gobernador y sus colaboradores.
Este lunes la Codehum emitió un boletín de prensa donde informó que envió una recomendación al procurador General de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia para que investigue la probable responsabilidad del ex gobernador René Juárez en la desaparición forzada Aguilera.
El documento menciona también al ex procurador Jesús Ramírez Guerrero; el ex secretario general de Gobierno, Luis León Aponte y el actual agente del ministerio público, Pedro Loyo Malabar.
Al respecto, Murueta confirmó que recibió esta recomendación desde el 11 de abril de este año y se acató la petición de la Codehum, “yo personalmente envié un documento donde solicité a los agentes del ministerio público que realicen las diligencias necesarias para aligerar la averiguación previa”.
Luego señaló que es probable que dentro de dos semanas ofrezca información sobre la desaparición forzada del periodista Leodegario Aguilera.
Cuando se le preguntó si la recomendación de la Codehum solicitaba investigar directamente a Juárez y sus ex colaboradores, incluido el actual coordinador de zona en Tecpan, Pedro Loyo Malabar, Murueta señaló que la investigación que se pide “es genérica”.
“Lo único que la Codehum solicita de manera concreta es que se les informe sobre el desglose de la averiguación previa”, indicó Murueta Urrutia.

El presunto amparo no significa que La Barbie esté en Acapulco: procurador




El procurador General de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia indicó ayer que no puede informar si existe una averiguación o denuncia en contra de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, identificado por la PGR como el jefe de los sicarios del cártel de Sinaloa que dirige Joaquín El Chapo Guzmán.
El procurador indicó que el hecho de que presuntamente haya solicitado un amparo contra cualquier orden de presentación o aprehensión ante el juez federal cuarto de Distrito del puerto de Acapulco, “no significa que se encuentre en Guerrero”.
“De manera oficial no tengo conocimiento sobre esta situación, yo sólo vi la referencia periodística, pero te puedo decir que todo ciudadano tiene el derecho de promover un recurso legal y depende de la autoridad judicial otorgarlo o no”, expresó el fiscal guerrerense.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera dijo ayer que no tiene conocimiento alguno sobre el caso y adelantó que preguntará al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, acerca de “cómo está ese caso y en función de eso podré dar mi opinión”.
En su edición del jueves 17 El Sur confirmó versiones publicadas originalmente en periódicos de la ciudad de México según las cuales Valdez solicitó un amparo “rastreador”, como se le llama en los medios judiciales, porque sirve para saber si hay juicios en contra de alguna persona.
Entrevistado al respecto en su oficina en Chilpancingo, Murueta señaló que no puede informar si en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) existe una averiguación previa o denuncia en contra de La Barbie, considerado como el responsable del secuestro y asesinato de cuatro presuntos integrantes de Los Zetas que fueron video grabados presuntamente en el puerto de Acapulco.
Acerca del amparo Murueta abundó que como se trata de un área relacionada con garantías individuales, “en cualquier lugar se puede solicitar un amparo” y aseguró que no tiene información que indique que La Barbie se encuentra en el puerto de Acapulco, pues “puede estar en el extranjero y haber ordenado a sus abogados presentar la supuesta solicitud de amparo”.
Consultado a ese respecto por teléfono, Chavarría contestó por su parte que apenas sabe del caso por lo que se publicó aquí ayer.
A pregunta expresa, Chavarría insistió en que no contaba con elementos para afirmar que esa acción indicaba una institucionalización de los representantes de los cárteles; ni tampoco quiso opinar sobre si ese amparo adelantaba más violencia y ejecuciones en la entidad o si demostraba que había compra e intimidación de los narcos a los jueces.
El funcionario indicó que hablaría más tarde con el presidente del TSJ, para conocer en qué circunstancias se dio ese amparo, si así fue; destacó que por eso “ahorita no cuento con elementos, estaría haciendo una declaración en el vacío”.

Pide la Codehum que se investigue a René por el periodista desaparecido




La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) envió este lunes una recomendación al procurador general de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, para que investigue la probable responsabilidad del ex gobernador René Juárez Cisneros en la desaparición forzada del director de la revista Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas.
La recomendación menciona también al ex procurador, Jesús Ramírez Guerrero; al ex secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, y al actual agente del Ministerio Público, Pedro Loyo Malabar, porque incurrieron presuntamente en los delitos de “denegación de la justicia, ejercicio indebido de la función pública y cometer diversas irregularidades en la averiguación previa TAB/JAR/115/2004”, que se integró por el caso del periodista desaparecido hace dos años, el 22 de mayo de 2004.
Para que no queden impunes delitos graves como los que refiere esta resolución en contra de los ex servidores públicos, la Codehum mediante un escrito oficial en poder de El Sur, recomienda a Murueta Urrutia que instruya a su personal para que en el desglose de la averiguación previa se investigue la hipótesis que incrimina a Juárez Cisneros, Ramírez Guerrero, León Aponte y el agente del Ministerio Público Loyo Malabar en la desaparición forzada de Aguilera Lucas.
Asimismo, la Codehum recomendó instruir al Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Penal de Distrito Judicial de Tabares que realice las diligencias necesarias para acreditar la probable responsabilidad de los ex funcionarios inculpados y se solicite nuevamente la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.
La PGJE deberá informar a la Codehum en un término de ocho días naturales sobre la aceptación o no de esta recomendación, detalla el escrito oficial y también pide que las autoridades ministeriales informen sobre el cumplimiento de los puntos que plantea la recomendación.
La queja la presentó Ernestina Aguilera Lucas, hermana del periodista desaparecido, “presuntamente secuestrado o asesinado el 22 de mayo de 2004”.
Ernestina Aguilera denunció que antes de la desaparición de su hermano Leodegario, éste realizaba una investigación sobre desvío de recursos públicos de la pasada administración y que sus conclusiones se enfocaban al ex gobernador René Juárez Cisneros, quien se hizo de negocios en el puerto de Acapulco, Morelos, Los Cabos y Querétaro.
El documento de la Codehum informa que un día antes de la desaparición de Leodegario, éste visitó el restaurante El Madrigal, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, propiedad del entonces gobernador René Juárez, y tomó fotos.
Posteriormente en esta capital discutió con el entonces secretario general de Gobierno, Luis León Aponte. Después el periodista fue secuestrado por hombres desconocidos, que se lo llevaron de su hotel ubicado en el puerto de Acapulco sin que haya aparecido.

Se considera reforzar la seguridad de Félix, informa Armando Chavarría




El alcalde Félix Salgado Macedonio no ha presentado una denuncia formal de la amenaza de muerte que hizo una voz anónima vía telefónica, y que se transmitió en un noticiario de radio de Acapulco, ni ha solicitado que se refuerce su seguridad personal, aseguraron los secretarios general de Gobierno, y de Seguridad Pública y el procurador, Armando Chavarría Barrera, el general Heriberto Salinas Altés y Eduardo Murueta Urrutia.
Sin embargo, Chavarría Barrera dijo que la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) “ya abrió una investigación para saber de dónde salió la llamada” telefónica, y opinó que “me parece importante que haya un reforzamiento” de la seguridad del alcalde del puerto.
Entrevistados por separado ayer en Chilpancingo, los funcionarios coincidieron en que no tienen información de que el ex secretario de Protección y Vialidad del Ayuntamiento de Acapulco Genaro García Jaimes hubiera sido levantado por presuntos narcotraficantes, después de que arribó en un vuelo procedente de Cuba –de acuerdo con un rumor que trascendió este martes en el puerto.
Armando Chavarría dijo que espera que la amenaza de muerte que recibió de manera anónima el alcalde de Acapulco sea “una broma de mal gusto”; sin embargo, aseguró que el gobierno del estado le ofrecerá “fortalecer su seguridad personal” como medida precautoria.
Sobre la presunta desaparición de García Jaimes, el secretario general de Gobierno señaló que “no tenía conocimiento de que haya sucedido este hecho” e indicó que incluso no saben en dónde está o si se encuentra oculto. “Yo lo que sé es que al siguiente día presentó su renuncia, el 28 de enero, después del día lamentable del enfrentamiento de La Garita y desde esa fecha desconozco dónde se encuentre”.
A pregunta expresa, dijo que “hasta donde sabe”, la PGJE no está investigando ni el paradero de García Jaimes, ni sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Mientras, el procurador Eduardo Murueta dijo que independientemente de esa llamada anónima, las corporaciones policíacas permanecen alertas ante la posibilidad de que se registre un incidente violento, pero señaló que el tema debe ser asimilado con mesura para evitar infundir miedo entre la ciudadanía, ya que posiblemente ese sea el propósito de la llamada.
En declaraciones vía telefónica, Murueta Urrutia dijo que “lo más importante es que la ciudadanía no sienta miedo por este tipo de llamadas que solo pudieran tratar de crear confusión”, y reiteró que las corporaciones policíacas del estado se encuentran alertas ante la posibilidad de que se registre cualquier incidente.
Por su parte, Salinas Altés dijo que Félix Salgado “es el que nos tiene que solicitar seguridad personal, él tiene su servicio de seguridad propio y si lo estimara pertinente solicitaría un reforzamiento”. A pregunta expresa sobre la situación en el puerto, informó que “estamos pendientes nada más y tenemos nuestros operativos normales; hay que ver este asunto con cuidado”, respondió.
Sobre el ex secretario de Protección y Vialidad, dijo: “Es una información que escuchamos (sobre el levantón), pero no hemos podido comprobar nada. Yo no sé su paradero, no tengo conocimiento si llegó a Acapulco, lo que tengo sé es que está fuera de aquí”.
Consultado la mañana de ayer sobre la amenaza anónima que recibió Félix Salgado el martes, Chavarría Barrera señaló que “lamentablemente quienes estamos ubicados como servidores públicos en espacios del área de seguridad estamos expuestos a una circunstancia difícil que nadie quisiera vivir, pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad”.
Después ofreció a Félix Salgado, a nombre del gobierno del estado, “nuestra solidaridad, nuestro apoyo, respaldo, y bueno, pues siempre bajo la lógica, tenemos que tomar providencias y precauciones ante una circunstancia como la que se anunció ayer.
“Ojalá sea una broma de mal gusto, digo, no podemos minimizar las circunstancias sobre todo por lo que hemos estado viviendo, pero yo digo, deseo que sea una broma de mal gusto. Yo espero que no pase a mayores y que todo quede en una falsa alarma”, aunque adelantó que la PGJE ya abrió “una investigación para saber de dónde salió la llamada” telefónica.
Más adelante, reiteró que “vamos a establecer comunicación con el presidente municipal, nos vamos a reunir, vamos a ponderar la circunstancia en que se dio esta llamada y tomar algunas providencias”. Aunque dijo que no sabe cuántos agentes escoltan a Félix Salgado, “me parece importante que haya un reforzamiento” de su seguridad.
En respuesta a otra reportera, Chavarría Barrera señaló que la del martes “es la primera amenaza que recibe un funcionario de manera pública y a través de un medio de comunicación”.

Solicita la PGJE a su similar de Coahuila que pida declarar al compañero de los ejecutados



Jorge Nava

El procurador de Justicia en el estado, Eduardo Murueta Urrutia informó ayer que por el caso de los cinco ejecutados envió este miércoles un oficio de colaboración a su similar en Coahuila, para que declare a Eduardo Rocha López, fayuquero que sobrevivió a ser ejecutado con sus amigos.
En declaraciones a reporteros, el fiscal indicó que a pesar de que el agente del Ministerio Público del fuero común, Racial González García, lo hizo por vía telefónica y esa declaración está asentada en la averiguación previa, dijo que se requiere de una declaración concreta para que de allí continúen con las líneas de investigación.
Abordado en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4) ubicado en calle cerrada de Michoacán de Acapulco donde se efectuó la primera evaluación de operaciones mixtas de seguridad pública, el funcionario estatal dijo que no cuenta con información completa como para decir que los cinco ejecutados en Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán, fueran personas comunes.
Aseguró que de allí su similar tomara las declaraciones tanto del sobrevivientes y de familiares de los ejecutados para que indiquen que hacían en este estado, porque afirmó que no por vender bocinas, “origina una reacción de está naturaleza”.
Consideró que también pudo haber una confusión, “pero lo vamos a aclarar”, señaló.
En otro tema negó que con los policías decapitados el pasado viernes 20 del mes pasado, portaran una lista con nombres de agentes preventivos, ministeriales y del Ministerio Público, que serán levantados por participar en la presunta ejecución de cuatro narcotraficantes el 27 de enero en la colonia Garita.
Si considera actos de provocación las cinco ejecuciones de los fayuqeuros ejecutados y encontrados el domingo pasado en la mañana, dijo que son actos de delincuentes externos que vinieron a acumularse a los que ya tenía el estado.
Declaró que por ahora se prepara su gente, busca más recursos porque necesitan armas, chalecos antibalas y medios de transporte.