Murueta: el ejecutado de Chilpancingo podría ser uno de los seis detenidos en Zihuatanejo



Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

El procurador general de Justicia del estado, Eduardo Murueta Urrutia, informó ayer que debido a que sólo aparecieron en Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán, cinco de los seis comerciantes que la PGR de Zihuatanejo tuvo en su poder el viernes 28 y que más tarde fueron liberados, se presume que el joven que fue ejecutado frente a la agencia del Ministerio Público del fuero común en esta capital sea el sexto acompañante.
Dijo que los ejecutados que fueron tirados la madrugada del domingo en la comunidad de la Costa Grade son originarios de Coahuila.
Dos días antes habían sido detenidos por la Policía Preventiva de Petatlán porque no sustentaron con facturas un lote de bocinas que tenían en su poder y fueron liberados por el Ministerio Público federal de Zihuatanejo debido a que no hubo querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el delito de evasión de impuestos, aseguró.
El fiscal guerrerense aseguró que de acuerdo al testimonio del padre de una de las víctimas, se trata de un grupo de seis hombres que arribaron de la ciudad de Torreón, Coahuila a la región de la Costa Grande con el propósito de “vender bocinas”.
Murueta fue entrevistado luego de la toma de protesta del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edmundo Román Pinzón, en sustitución de Raúl Calvo Sánchez; allí reiteró que la narcoviolencia no es un problema del estado, sino que se manifiesta en diferentes partes del país.
Acerca de las seis ejecuciones dadas este domingo en la Costa Grande y esta capital, Murueta dijo que estos crímenes podrían estar relacionados con el enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo que se disputan la plaza; sin embargo, acotó que esta hipótesis debe ser sustentada con los resultados de la investigación que en este momento realizan.
Insistió que este tipo de delincuencia es importada a Guerrero de los estados del norte y que en su mayoría los involucrados en estos crímenes provienen de otros lugares.

Atrae la PGR el caso de la persecución de la PIM a presuntos narcos en Chilpancingo: Murueta


Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

La Procuraduría General de la República (PGR), atrajo las investigaciones de la persecución del miércoles en esta capital, la cual terminó en un enfrentamiento a balazos en el kilómetro 196 del tramo Zumpango-Casa Verde sobre la carretera federal México-Acapulco entre cuatro hombres armados con rifles AK-47 que viajaban en una camioneta blanca de lujo y agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), informó el procurador General de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia.
En este caso no hubo heridos, ni detenidos, sólo daños materiales debido a que la camioneta Chevrolet tipo Equinox presenta más de 20 impactos de bala que presuntamente hicieron de adentro hacia fuera los hombres que lograron burlar a las autoridades al ser rescatados por un convoy de tres camionetas, según la versión del director de la PIM, Erit Montufar Mendoza.
Consultado vía telefónica, Murueta señaló brevemente que las investigaciones del caso de la persecución lo atrajo la PGR, es por eso que no puedo dar información al respecto, indicó.
Por otra parte, dijo que hasta el momento ningún alcalde ha presentado denuncia penal en contra de elementos policiacos que presuntamente están involucrados con actividades ilícitas en relación a las queja del alcalde de Arcelia, Nicanor Adame Serrano, quien aseguró que autoridades de la PGR en este municipio están coludidos con el narcotráfico y la negativa del presidente municipal de Zirandaro para que opere en ese municipio la policía del estado.
En este sentido, Murueta dijo que en el caso del alcalde de Arcelia que denuncia vínculos de funcionarios federales con el narco, la PGR es la instancia a la que le compete investigar este hecho.
Mientras que en el segundo caso, señaló que de manera oficial no lo conoce y reiteró su llamado a los elementos policiacos, así como a los funcionarios públicos para que se conduzcan con apego a la legalidad para evitar que la sociedad desconfíe de las autoridades, indicó.

La PGJE no descarta la ejecución en los hechos del 27 enero en La Garita: Murueta

Magdalena Cisneros

El procurador General de Justicia del Estado, Eduardo Murueta Urrutia afirmó ayer que no está descartada la línea de investigación de posibles ejecuciones en los hechos de La Garita el 27 de enero, cuando policías preventivos de Acapulco pararon a presuntos narcotraficantes y hubo una balacera donde cuatro de éstos murieron.
Reconoció que las investigaciones de los diferentes asesinatos que se han dado tanto en Acapulco como en Zihuatanejo tienen un “alto grado de dificultad” porque la dependencia no estaba preparada para este tipo de hechos, y quienes lo cometen ya tienen experiencia al haber participado en otros estados.
En tanto, el fiscal guerrerense aseguró que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) anda buscando a Antonio Ortega Jiménez, hermano del diputado local perredista Bernardo Ortega, y quien fue atacado a balazos el lunes pasado en Chilpancingo donde resultó muerto su hijo de tres años, por la orden de aprehensión que tiene. “Estamos sobre él”, dijo.
Entrevistado al concluir la inauguración del Seminario La Justicia Electoral y Participación Ciudadana, modernidad y equidad, explicó que la averiguación de la balacera en La Garita se abrió por el homicidio de los presuntos narcotraficantes y los heridos, ya en ésta se verá sí hay responsabilidad de los Policías Preventivos o sí se actuó en legítima defensa.
A pregunta expresa sobre si se está investigando posibles ejecuciones en los hechos de La Garita, Murueta respondió “no lo descartamos, ¿por qué vamos a descartarlo? Nosotros vamos simplemente a investigarla, claro que esos detalles hay que verlos con mucho detenimiento”.
Indicó que no están ubicados todos los que participaron en la balacera de hace tres meses, además de que faltan por declarar varios policías como el ex director de la Preventiva, Genaro Jaimes García “Él despareció de inmediato; le mandamos citatorio y ya no estaba”, indicó.
Dijo que en la investigación que hacen buscan a las personas que “sin haber intervenido nos puedan dar datos respecto a cómo se llevó a cabo este enfrentamiento” informó.
Dijo que la implicación de policías preventivos con el narcotráfico es un “aspecto distinto” y precisó que la procuraduría estatal es la encargada de los homicidios pero por el narcotráfico es la PGR.
El funcionario aceptó que este tipo de homicidios ocurridos en los últimos meses en el estado, como la balacera en La Garita o los dos policías decapitados son “de alta dificultad” porque tienen características muy especiales, donde los responsables son grupos preparados debidamente que han operado en estos delitos en otros estados y saben cómo escapar.
Reconoció que la Procuraduría no estaba preparada para este tipo de asesinatos “no contábamos con este tipo de acontecimientos tan determinantes de una delincuencia más organizada” pero enfatizó que desde el comienzo de este gobierno empezó la preparación de ministerios públicos y Policías Investigadores Ministeriales.
Reiteró que las últimas ejecuciones en el estado son de “nivel nacional, o sea que nosotros no elaboramos esa delincuencia, esa viene de otras partes” del país.
En otro tema, Murueta mencionó que tras conocer el ataque que sufrió Antonio Ortega con sus hijos el lunes pasado los agentes acudieron al lugar de la balacera, luego fueron a hospitales pero ya no estaba.
Aseguró que a Antonio Ortega, presunto involucrado en el asesinato de un policía preventivo en Chilpancingo en noviembre del año pasado “se le ha tratado de detener, es gente que se mueve con ciertas características en donde se le busca y no se le ha podido localizar, la verdad”.
Cuando se le preguntó si está comprobada la relación Antonio Ortega con el crimen organizado, tras el ataque a balazos contra él, sólo respondió que tienen claro un asunto y que es tiene cuentas pendientes, pero que no podía decir cual.

A Cabeza de Vaca le falta información sobre los policías ejecutados: Murueta

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

El procurador general de Justicia del estado, Eduardo Murueta Urrutia, señaló ayer que la declaración del procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, en el sentido de que los policías que están ejecutando en el puerto de Acapulco “tienen relación con el narcotráfico y un grado de implicación con este tipo de delitos”, refleja que no tiene toda la información sobre este tema.

Entrevistado vía telefónica ayer el fiscal guerrerense consideró que la afirmación de Cabeza de Vaca, quien reconoció que se tiene un problema localizado en Guerrero donde un grupo de delincuentes que corrompe policías y después los matan, en referencia a la decapitación del comandante del escuadrón de motociclistas Mario Núñez Magaña, la dio en un contexto general.

“Tengo entendido que el procurador General de la República respondió a la pregunta de un reportero en el sentido de que si era posible que los policías de Acapulco podían estar involucrados en el narco”, expresó Murueta y aseguró que es posible que Cabeza de Vaca no tenga toda la información para hablar sobre este asunto.

Cabeza de Vaca declaró a reporteros que los policías que recientemente han sido asesinados en Guerrero “no cumplieron compromisos que tenían con narcotraficantes o son venganzas de organizaciones rivales con las cuales colaboran”.

Al preguntarle por qué el Consejo Estatal de Seguridad Pública autorizó brindar protección a 30 elementos de la policía preventiva de Acapulco que participaron en la balacera del 27 de enero, cuando Cabeza de Vaca afirmó que los policías de Acapulco tienen relación con el narcotráfico y un grado de implicación en este tipo de delitos, Murueta se deslindó de esta decisión porque no estuvo en esa reunión.

Reiteró que la protección a los policías de Acapulco fue decisión del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Heriberto Salinas Altés