Están “muy satisfechos y contentos” de que AMLO los tome en cuenta, dice la autodefensa de la sierra

El coordinador de la Policía Ciudadana de Autodefensa de la Sierra de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango), Crescencio Pacheco González declaró que se sienten “muy satisfechos y contentos” de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador haya anunciado que los tomará en cuenta en la consulta para elaborar su estrategia de seguridad, en la que se incluye la Ley de Amnistía y la legalización de la siembra de la amapola.
López Obrador respondió el sábado a los productores de amapola de la sierra de Guerrero que los incluirá en la consulta para elaborar su estrategia de seguridad, que incluye la ley de amnistía y la legalización del cultivo de la amapola, como lo han venido pidiendo a través de la Unión de Comisarios de la Sierra y la coordinación de la Policía Ciudadana los amapoleros de la sierra.
“Nos parece perfectísimo porque implica una mesa de diálogo para que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a trabajar los campesinos con el gobierno, pero nosotros esperaríamos que nos den una cita para una reunión o una entrevista y con base en eso ponernos a trabajar y organizar una consulta en la sierra”, dijo Pacheco González.
Precisó que la audiencia o entrevista previa con el presidente electo sería para tener una mesa de diálogo y con base en eso trabajar las propuestas, “y tener conocimiento de lo que nos van a proponer”, pero dijo que de entrada lo que les interesa es que les amplíen la información de cómo trabajarían los productores con la legalización de la siembra de la amapola.
“Lo que nosotros queremos es que haya foros para tener información más extensa y saber hasta qué grado nos llevaría el tema de la legalización de la siembra de la amapola, qué haría el campesino y saber quién va a recolectar la amapola y cómo sería el proceso de compra-venta, así como qué beneficios traería a todos los campesinos”, dijo.
Agregó que la propuesta de los productores es que se haga un foro en la sierra, “porque trasladarse de un lugar a otro genera gastos y la verdad la economía en la sierra está muy difícil, no contamos con los recursos necesarios para trasladarnos como ellos, por eso nuestra propuesta es que instalen las mesas o que se realicen los foros de información en varios lugares de la sierra para que la gente, los líderes, los comisarios, los comisariados ejidales y dirigentes se acerquen, porque no es posible juntar al pueblo en general”.
Pacheco González, entusiasmado por la respuesta de López Obrador a los productores de la sierra, declaró que ve muchas expectativas con su inclusión en la consulta que se propone, mencionó que siempre habían pedido que se les tomara en cuenta pero nunca habían sido escuchados, “es lo que siempre habíamos pedido, estar dentro de ese proyecto o programa para que se reduzca el índice de la delincuencia que se vive en las comunidades y en las calles de la ciudades”, expresó el coordinador de la Policía Ciudadana que trabaja en coordinación con la Unión de Comisarios de la Sierra.
Reconoció que por primera vez los toman en cuenta a raíz de su petición de legalización del cultivo de la amapola, que vienen planteando desde 2016, “la verdad nos sentimos satisfechos y contentos por la forma como el nuevo presidente de la República está tomando las cosas, en serio, y va a mirar hacia la sierra en donde toda la gente es trabajadora y su único delito es sembrar amapola para sobrevivir”.
Pacheco González reconoció, por otra parte, que a raíz de la intervención del obispo Salvador Rangel Mendoza para lograr una tregua en la zona se restableció el servicio de transporte en la ruta Chilpancingo-Tlacotepec, por donde también ya pueden pasar los camiones y camionetas distribuidoras de productos.
El jueves y domingo pasados el obispo habló de reuniones que ha tenido con gente de los grupos delictivos para lograr una tregua a la violencia y haya libre tránsito en la ruta Xochipala-Filo de Caballos. El domingo declaró que ya se habían dado los primeros resultados y que ya se había restablecido el servicio de transporte público que estaba suspendido en la ruta Chilpancingo-Tlacotepec.
Pacheco González conformó que se ha normalizado el servicio de trasporte y el tránsito de las unidades distribuidoras de productos.
Informó que el domingo lo buscó una comisión de transportistas de Tlacotepec para ponerse de acuerdo con respecto a la seguridad para todos los que transiten por esa ruta, ya sea en el transporte público, en vehículos particulares o los trabajadores de las empresa comerciales que transportan productos básicos o materiales de construcción.
Informó que acordaron programar una reunión a mitad de esta semana para que se pongan de acuerdo los sectores de los tres municipios: Eduardo Neri (Zumpango), Leonardo Bravo (Chichihualco) y Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Informó que antes ya se había restablecido también el servicio médico en el Hospital Básico Comunitario, suspendido a partir de la violencia que ocurrió los días 9 y 11 de junio en Corralitos y en Filo de Caballos.
Denunció que tanto el Hospital Básico como los centros y casas de salud de las comunidades siguen sufriendo la escasez de medicamentos y adelantó que esa será otra lucha que dará próximamente la Unión de Comisarios de la Sierra
El coordinador de la Policía Ciudadana informó que también se ha restablecido al 100 por ciento el servicio de energía eléctrica en todas las comunidades de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri.

 

Presenta la diputada de Morena un proyecto de ley de amnistía para los presos políticos

 

La diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, entregó en la Oficialía de Partes del Con-greso una iniciativa de ley de amnistía que podría beneficiar a 51 presos políticos.
En conferencia de prensa en la Sala José Jorge Bajos Valverde del Congreso, acompañada de su asesor Rubén Cayetano García y de la secretaria técnica de la comisión de Artesanías, María Luisa Antonio de la O, Cisneros declaró que hay un precedente de ley “que no ha sido atendido” y que su propuesta es acuerdo unánime del Consejo Estatal Extraordinario de Morena del 19 de marzo.
Señaló que en Guerrero “es vox populi que existen perseguidos y presos políticos” y ejemplificó con el caso de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, “de quien se desvanecieron todas las pruebas ofrecidas en su contra por la Fiscalía del Estado”.
Recordó que este caso generó la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fua acatada por el Congreso que compartió el criterio de que la inculpada actuó al amparo de la Ley 701, “tal como actuaron otros policías comunitarios detenidos que siguen privados de su libertad”.
Se le preguntó si su partido conoce la cifra de presos políticos del estado, y Cisneros contestó que “son 51 los que podrían acogerse” a la ley de amnistía.
Se le pidió que nombrara a algunos de los posibles beneficiarios y mencionó al promotor de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Gonzalo Molina González.
Sin embargo, dijo que desconoce cuántos son los presos que pertenecen a la CRAC, y al respecto Cayetano García declaró que “toda ley es general, abstracta, impersonal y transitoria”, por lo que no puede ir dirigida a alguien en particular.
Añadió que competerá a la co-misión que analice la propuesta hacer un estudio de los casos en los que se aplicará la ley.
Se le preguntó a Cisneros Martínez si cabildeará la aprobación de su iniciativa con los coordinadores de los partidos u otros diputados, y contestó que se acercará a los que “estén renuentes” a la aprobación de su propuesta.
A la iniciativa que entregó Cisneros Martínez se le dará primera lectura en la sesión de hoy.
El proyecto de ley contiene seis artículos y dos transitorios; el cuarto establece que “el único beneficio que se obtendrá de esta ley es la libertad inmediata por amnistía”.
Puntualiza que “el beneficio de la libertad implica que se anularán todos los antecedentes de carácter penal en los archivos criminalísticos del estado y no podrán invocarse en contra del beneficiado para impedir que se ejerzan derechos políticos, laborales o de otra naturaleza”.