El Estado mexicano nunca reconoció la inocencia de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, no sancionó a los militares torturadores y nunca otorgó la debida reparación del daño, explica el Prodh
Después de haber recurrido a todas las instancias nacionales sin obtener resultados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió, el 12 de marzo, el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, presos por año y medio por los delitos de siembra de mariguana y portación de arma de fuego, quienes fueron liberados en noviembre de 2001, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
El argumento por el cual se les otorgó la libertad fue porque la sanción impuesta era incompatible con su estado de salud y constitución física, pero el Estado mexicano nunca reconoció la inocencia de los campesinos ecologistas, no sancionó a los militares torturadores y nunca otorgó la debida reparación del daño, explican en un boletín de prensa.
El Prodh expone que la admisión del caso abre la posibilidad de encontrar –por primera vez– una solución integral del mismo, solución que podrá ser acordada con el Estado Mexicano si este asume su responsabilidad y garantiza el resarcimiento y reparación de los derechos humanos violados en el caso.
Explican que para llegar a tal acuerdo ante la Comisión, se tendrá que llevar a cabo un proceso de solución amistosa, en el cual harán patente aquellas demandas que el Estado Mexicano debe atender y resolver.
Estas son: reconocer la inocencia de los campesinos ecologistas, absolviéndolos de los delitos que les fueron imputados; reparar integralmente el daño ocasionado a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en primer lugar por las torturas que recibieron, y en segundo por la privación ilegal de su libertad durante año y medio; investigar y sancionar a los elementos castrenses involucrados en la detención de los campesinos ecologistas, así como la investigación y sanción de quienes los torturaron, y tomar medidas tendientes a garantizar el pleno ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, como lo es el medio ambiente.
En el boletín se enfatiza que sólo si el Estado Mexicano se compromete a dar cumplimiento a estos puntos podrán llegar a un acuerdo de solución, y decir que el caso de los campesinos ecologistas ha sido resuelto en su totalidad.
Aclaran que de suceder lo contrario, continuaría la búsqueda de justicia y la Comisión tendría que emitir un informe de fondo sobre el asunto –con las correspondientes recomendaciones– ante las cuales el Estado Mexicano no podrá hacer más que cumplirlas o no, de suerte que si no las cumple el caso podrá ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Explican que en la solicitud que se hizo en octubre de 2001 se alegó la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la grave violación a diferentes derechos humanos, garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por México, siendo éstos los relativos a la integridad y la libertad personal, el debido proceso legal y la protección judicial.