El Centro Prodh no exigía castigo a promotores de la “verdad histórica”, señala López Obrador

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al adentrarse en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, encontró “cosas raras” y las atribuyó a la actuación en el caso del prestigioso Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
“Con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, me metí a ver todo, me estoy metiendo a ver todo. Declaraciones de detenidos, los torturados y todo. Y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, o sea, porque está enmarañado todo el asunto”, dijo ayer el presidente en su conferencia de prensa matutina.
“Se habló del pacto de silencio, pero hay más que eso, con el propósito de que no se conocieran los hechos, eso es lo que yo supongo, que no se lograra nunca conocer la verdad con el propósito de dañar al Estado mexicano, de socavar a instituciones, es mi hipótesis”, añadió.
Aseguró que el Centro Prodh, se ha ido “echando a perder”, y agregó que no entendió los motivos por los que no intervino de forma activa para exigir que se abriera un proceso judicial contra quienes participaron en la creación de la llamada “verdad histórica, concretamente del ex procurador Jesús Murillo Karam.
“¿Cómo es que los del Prodh, que son defensores de los derechos humanos y además están asesorando a los padres (de los 43), no exigían o no pedían, sobre todo sus abogados, que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica?”, preguntó.
Afirmó que “lo que más me llamó la atención es que cuando tomamos la decisión, porque hay elementos de que son responsables y se toma la decisión, de que se soliciten las órdenes de aprehensión y se detiene a estos personajes del más alto nivel, incluso a militares, los defensores de derechos humanos, los abogados, en vez de reconocerlo, me reclaman que se habían hecho mal las cosas”.
Recordó el caso de detenidos que alegaron que fueron torturados para sacarles una declaración a modo sobre los hechos y posteriormente fueron protegidos por defensores de derechos humanos cuando había evidencia de su participación, y después fueran dejados en libertad.
“Por un lado defienden a las víctimas, pero por el otro lado, participan para dar la libertad a los que argumentan con elementos o no de que fueron torturados y eso lleva a que los dejen libres. ¿Por qué me entero de esto? Porque tengo las pruebas de que los que supuestamente habían denunciado que habían sido víctimas de tortura después declaran, como testigos protegidos libres, de que sí habían participado” en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

Acusa a Álvarez Icaza y a la CIDH de la liberación de involucrados

Aseguró que los abogados que hicieron las gestiones para la liberación de supuestos involucrados están relacionados con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien volvió a calificar de “farsante”, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde la zona de reporteros, se le preguntó directamente si el abogado Vidulfo Rosales se encontraba entre los asesores en cuestión.
“No, no, no me quiero meter a ese tipo de cosas, lo que quiero es que los padres sepan, porque los padres no saben esto que les estoy diciendo. O sea, los padres no saben que la sentencia que dejó libres a quienes participaron, porque eso sí lo puedo probar, en la desaparición de los jóvenes, al menos algunos de los que participaron tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de los derechos humanos, que también supuestamente los están asesorando a ellos”, respondió.
De igual forma se le preguntó sobre los avances en las investigaciones contra el ex fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y respondió que no quieren meterse en esas investigaciones “porque se van a convertir en víctimas y que ya los estamos persiguiendo. No, no, no, para nada, lo que queremos es conocer la verdad, o sea, a ver, porque lo que está de por medio es encontrar a los jóvenes y es un compromiso que hice con los padres. Y además, a todos nos conviene, es un asunto de interés nacional”.
El presidente aseguró que mantiene comunicación con los padres y adelantó que este viernes sostendrán una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.

Exigen liberar a ex comisarios de Petaquillas detenidos por presunta retención de militares

Familiares de Paula Calderón y Lenin Locia, detenidos acusados de secuestrar a 40 militares y policías estatales, en conferencia de prensa. De izquiera a derecha, de la tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Fernando Vázquez Maldonado y Wblester Montaño; el padre y la hija de Paula Calderón, Belester Herrera y Ariadna Bernal y los padres de Lenin Locia, María Victoria Reyes y Ángel Locia Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los ex comisarios de Petaquillas, Paula Calderón Herrera y Lenin Locia Reyes, fueron detenidos el viernes pasado por el delito de privación de la libertad y secuestro agravado, derivado de la retención de militares y policías estatales en esa población el 7 de junio del 2022.
Este lunes, familiares de los detenidos exigieron en una conferencia de prensa su libertad. Aseguraron que son inocentes, que no participaron en los hechos y sólo se sumaron al final de la protesta de los pobladores y a la mesa de diálogo para firmar la minuta de acuerdos para la liberación de los retenidos porque era su deber como autoridades electas de la localidad.
Estuvieron en la conferencia de prensa el tío y padre adoptivo de Paula Calderón Herrera, Belester Herrera Rojas, y la hija de la detenida, Ariadna Pilar Bernal Calderón, así como el padre del también detenido Lenin Locia Reyes, Ángel Locia Hidalgo y su madre María Victoria Reyes de la Cruz.
Los familiares fueron acompañados por los abogados de la tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), Fernando Vázquez Maldonado y Wblester Montaño Buitrón, quienes les darán acompañamiento en el proceso judicial, según explicaron al final de la conferencia.
El 7 de junio del año pasado, soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Estatales entraron a Petaquillas y detuvieron a una persona, pero pobladores les impidieron la salida para presionar la liberación de su vecino.
Argumentaron que los militares realizaron algunos disparos por el rumbo del segundo panteón y la telesecundaria del pueblo, “no importándoles que hubiera gente adulta, adolescentes y niños”, explicaron ayer en un escrito los familiares de los detenidos.
Agregaron que al oír los disparos la “guardia civil” se desplazó hacia allá “y alguien” tocó las campanas de la iglesia y se pidió a los vecinos que se concentraron que se trasladaran al panteón nuevo donde exigieron la libertad de su vecino.
“Pero ante la terquedad de los militares la gente reaccionó cerrándoles el paso”.
En su escrito aseguraron que tanto Paula Calderón como Lenin Locia “no participaron en la obstrucción del paso”, que es de lo que los están acusando, porque estaban en sus respectivos centros

de trabajo, “y se puede comprobar con documentos, libro de firmas y reloj checador”.
Paula Calderón –contó entre sollozos su padre adoptivo, Belester Herrera– es madre soltera y jefa de familia. Trabaja en el Congreso local desde hace 24 años “y de su buena conducta y desempeño laboral pueden dar fe los diputados de la actual y de las anteriores legislatura”.
“Ha sido una luchadora social y presidenta de una asociación civil formada con el único propósito de hacerle llegar a la población productos a bajo costo como pollitas ponedoras, herramientas, tinacos y cemento”, aseguró y agregó que es afromexicana, nacida en Juchitán, Guerrero.
En tanto que el padre de Lenin, Ángel Locia Hidalgo, contó que es biólogo de profesión “amante de la cultura de Petaquillas”, y es coautor del libro Miradas al pasado.
“Es un amante de la naturaleza, de la danza folklórica y participa en eventos culturales, religiosos, deportivos y de entretenimiento”.
En el escrito entregado a los medios de comunicación explicaron que ambos se incorporaron como “testigos” de los hechos después de las 4 de la tarde “por la responsabilidad que tenían como comisarios electos” pero que su único propósito fue “calmar los ánimos” de la gente, llegar a un acuerdo con las autoridades y firmar la minuta de acuerdos”.
Se explica en el documento que el día de los hechos aún no habían tomado protesta, y que ocho días después del conflicto la planilla completa, cuatro comisarios, el titular, dos vocales y el suplente presentaron su renuncia en una asamblea porque consideraron que no había condiciones para seguir al frente.
A más de un año, Lenin Locia Reyes y Paula Calderón Herrera, fueron detenidos el viernes pasado, según sus familiares, por policías federales. Lenin fue detenido a las nueve de la mañana en su centro de trabajo, en tanto que Paula en el bulevar Petaquillas-Chilpancingo en uno de los retenes de la Guardia Nacional, militares y policías estatales cuando se dirigía a su centro de trabajo.
“Es ilógico, irracional, una estupidez, que solamente en una cabeza de poco cerebro y razonamiento estrecho puede caber que una mujer de mínima estatura, y un integrante del grupo LGBTI, hayan secuestrado a cierto número de militares armados hasta los dientes”, cuestionaron en su escrito.
Informaron que después de que fueron detenidos el viernes los trasladaron a las instalaciones de Ciudad Judicial de Chilpancingo, pero por la noche los trasladaron al penal de la Unión, supuestamente por el riesgo que implica la delincuencia organizada.
Contaron que desde allá los estarán trasladando a Chilpancingo cuando se realicen las audiencias del juicio oral.
Los familiares de los dos detenidos pidieron la intervención de la gobernadora Evelin Salgado Pineda para que sean liberados, pues insistieron que es injusta su detención y que son inocentes.

El asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa en octubre fue premeditado y ordenado por una estructura: Vidulfo Rosales

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que en la actual etapa de investigación complementaria en el proceso que se sigue a cuatro detenidos por el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa ocurrido el 4 de octubre pasado, se han podido reunir pruebas para demostrar que los imputados pertenecen al crimen organizado y que actuaron de manera premeditada para asesinar a los estudiantes.

El abogado informó que estas pruebas las presentará en la audiencia de la etapa intermedia que será a finales de marzo y que espera que sean valoradas para que se tomen en cuenta durante el juicio oral que se prevé sea en el mes de abril.
Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, fueron ejecutados la tarde del 4 de octubre cuando viajaban en una Urvan del servicio de transporte público de la ruta Chilpancingo-Tixtla.
En ese episodio también fueron asesinados el trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal y después cuando los homicidas se daban a la fuga también asesinaron en la colonia Reforma de Chilpancingo al chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo.
El 13 de octubre, el juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha, resolvió en una audiencia la vinculación a proceso, con prisión preventiva, a cuatro de los acusados por el múltiple asesinato
Los imputados son Israel de 32 años, Carlos de 26, Ismael de 20 y Antonio de 18 años, mientras que un menor de edad fue turnado al juez para adolescentes en donde dos días antes también fue vinculado a proceso.
Consultado ayer, el asesor de los familiares de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Vidulfo Rosales Sierra, informó que actualmente corre el plazo de cuatro meses a partir del 13 de octubre, cuando se realizó la audiencia para vinculación a proceso, en el que se realiza la investigación complementaria.
En esta etapa la Fiscalía General del Estado (FGE) y el asesor de los familiares de las victimas reúnen pruebas para fortalecer la responsabilidad de los imputados, quienes enfrentan el proceso con prisión preventiva, en tanto se realiza el juicio oral en el que se determinará su situación legal.
El abogado Rosales Sierra informó este jueves que en esta etapa en la que se realiza una investigación complementaria, la asesoría de los familiares de las víctimas han seguido reuniendo pruebas para demostrar que hubo “premeditación” en el asesinato cuando menos de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Reconoció que ha habido muy poca colaboración de los testigos, porque “hay mucho temor”, pero insistió que “existen algunos elementos de prueba que estarían indicando eso”.
Dijo: “Lo más importante para nosotros es, primero, establecer que hubo intención deliberada de agredir a los estudiantes y que hay una estructura por arriba de estas personas que ocasionaron el homicidio. Queremos demostrar que no sólo se trata de ellos, que no actuaron de manera espontánea. Hubo una planeación, un modus operandi y que hay una estructura delictiva por arriba de ellos.
–¿Quieres demostrar que ellos pertenecen a la delincuencia organizada?.
–Es correcto, para nosotros ellos pertenecen a la delincuencia organizada y eso estamos tratando de averiguar para poder acreditarlo en el juicio oral.
La FGE ha sostenido que el móvil del asesinato de los dos estudiantes, el trabajador del IEEJAG y del chofer de la Combi del servicio de transporte público, fue el asalto.
Incluso los mismos imputados han sido vinculados a proceso por otros asesinatos ocurridos en las semanas anteriores al homicidio de los estudiantes de Ayotzinapa, en asaltos cometidos a tiendas y en lugares públicos de Chilpancingo.
Rosales Sierra reconoció que en el expediente que se abrió por el caso de los estudiantes efectivamente han encontrado elementos comprobatorios de que los mismos acusados incurrieron en los otros delitos. “Ya los reconocieron las víctimas, ya los señalaron como los mismos que participaron en aquellos actos”, dijo el abogado.
Sin embargo, insistió que también cuentan con pruebas de que en el caso del asesinato de los dos estudiantes no actuaron por sí solos y que hubo una estructuran por arriba de ellos que los motivó a actuar y que actuaron con premeditación para asesinar a los normalistas.
Informó que todas estas pruebas se desahogarán en la audiencia de juicio oral previsto para el mes de abril y que espera que sean admitidas por el juez en el juicio de la etapa intermedia, que sería a finales de marzo.
“Nosotros como asesores jurídicos estaremos presentando el conjunto de pruebas y el juez determinará cuáles de todas estas pruebas se van a desahogar en el juicio oral”, explicó.