El senador Emilio Álvarez Icaza respondió a los señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre su participación en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Mediante una publicación en X (antes Twitter), el senador afirmó que el caso Ayotzinapa es un estigma que llevará el presidente el resto de su vida, y agregó que mencionarlo es muestra de su desesperación.
“ #NarcoPresidente y #AyotzinapaFueElEstado son dos estigmas con lo que López Obrador cargará el resto de su vida y, en lo que proceda, ante la justicia internacional. Que me mencione y mencione a organizaciones y defensores de #DDHH ya no es novedad. Es la manifestación de su desesperación”, escribió Álvarez.
El ex secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agregó que el presidente López Obrador “es el gran encubridor” de militares y personas involucradas en la desaparición de los normalistas y pidió una explicación de esa cobertura a los responsables.
“Ilegal y personalmente, López Obrador conduce la investigación de #Ayotzinapa, entonces explique ¿por qué encubre a militares y criminales involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes?”.
Aseguró que en caso de que Claudia Sheinbaum no obtenga el triunfo en las elecciones presidenciales del presente año, López Obrador deberá responder a la justicia por acciones de su administración.
“El #NarcoPresidenteAMLO sabe (lo sabe muy bien) que si su corcholata no gana, tendrá enfrente a la justicia para que responda por los daños de su gobierno fallido”, puntualizó.
En la conferencia de este viernes, López Obrador se refirió a Álvarez Icaza como un “pseudo defensor de derechos humanos, un farsante” y le acusó de querer utilizar el caso Ayotzinapa con fines políticos.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que opositores a su gobierno intervienen en derechos humanos y es una razón por la cual no se ha resuelto el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente afirmó que se viven “tiempos de zopilotes” y que existe “mucho oportunismo” respecto a la investigación.
“Son tiempos de zopilotes, de buitres y de mucho oportunismo y los conservadores no nos ven con buenos ojos, están muy metidos en todos los temas, infiltrados en todos los temas, hasta en derechos humanos. Por eso nos ha costado tanto desenmarañar, llegar a la verdad y sobre todo encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque desde el inicio buscaron complicarlo”, señaló.
López Obrador mencionó que el caso fue utilizado para fines políticos, y de nuevo se lanzó contra el senador independiente Emilio Álvarez Icaza y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y a su entonces director, Mario Patrón.
“Lo usaron con fines políticos o politiqueros, este señor Álvarez Icaza, seudo defensor de derechos humanos, un farsante, los del Prodh. Estamos ahora encontrando documentos en donde ellos, no estoy hablando de todos, el presidente del Prodh en ese entonces (Mario Patrón) estableció comunicación con el gobierno, participó en acuerdos con el gobierno de Peña”, insistió el presidente sin tomar en cuenta que el Centro Pro ya aclaró su participación en esas pláticas, y que la Compañía de Jesús de nuevo salió en su defensa.
En el mismo tenor, el presidente volvió a decir que esa organización apoyó para la liberación de responsables de la desaparición de los normalistas y afirmó que tiene pruebas que los involucrados participaron en la desaparición, afirmando que celebraron la resolución judicial.
“Ellos avalaron que se liberara a responsables de la desaparición de los jóvenes que supuestamente habían sido torturados y se liberó a muchos. Y tenemos pruebas de que de esos liberados, esas personas participaron en la desaparición de los jóvenes. Cuando sale esa resolución del Poder Judicial para liberarlos, lo celebran los que supuestamente al mismo tiempo están defendiendo a los padres de los desaparecidos, de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”, dijo de nuevo López Obrador.
Agregó que su gobierno se encuentra trabajando para la búsqueda de las personas desaparecidas, y realizan labores en todo el país y volvió a criticar a la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana.
“El caso de los desaparecidos, ¿no? de esta compañera Karla, que le dimos la confianza y que sale a declarar en contra de nosotros y da cifras que no corresponden a la realidad” amplió.
El pasado miércoles, el presidente López Obrador afirmó que la investigación del caso Ayotzinapa había sido manipulada y reiteró que el objetivo principal del gobierno federal es encontrar a los 43 normalistas desaparecidos.
“Vamos a seguir actuando nosotros con rectitud y sin permitir impunidad y desde luego lograr el propósito principal de encontrar a los jóvenes. Desde que empezó la investigación la torcieron a propósito. Son de las cosas que ahora que estoy metido yo personalmente viendo cómo se dieron los hechos, me encuentro” indicó en dicha conferencia.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las organizaciones sociales dominaban y contaban con una gran influencia en la investigación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador habló sobre el censo de personas desaparecidas en el país, comparando la situación con la de los normalistas de Ayotzinapa.
De igual forma mencionó de manera directa al senador Emilio Álvarez Icaza como jefe de las organizaciones sociales, asegurando que tiene influencia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, es un poco lo de Ayotzinapa. Las organizaciones sociales eran los que dominaban, tenían una gran influencia. Este senador Álvarez Icaza, el jefe de organizaciones sociales, una gran influencia en el Prodh, una gran influencia en las organizaciones de derechos humanos, de la OEA, de la ONU”.
El presidente aseguró que lo que debe hacer el gobierno federal es asumir la responsabilidad que tiene a pesar de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, a lo que agregó que “nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”.
Ante las declaraciones de López Obrador, el senador Álvarez Icaza respondió con un video en X, donde afirma que el presidente López Obrador ha traicionado a las víctimas, atacado a las organizaciones, “desaparecer a los desaparecidos” y un pacto de corrupción e impunidad.
“Para tener legitimidad para hablar del tema, dígale a las familias, incluidas las de Ayotzinapa, dónde están sus seres queridos desaparecidos. Mientras usted no avance en justicia, en verdad, en reparación y no repetición, usted será sólo un encubridor” comentó en el video.
En el texto que acompaña al video señaló que se ha vuelto incapaz de “cumplir con su palabra”, preguntando sobre el paradero de las personas desaparecidas y el de los 43 estudiantes normalistas, reiterando que el gobierno es una “simulación y traición” para madres y padres de los estudiantes.
El pasado 14 de diciembre López Obrador aseguró que tiene asuntos pendientes con el Centro Prodh, añadiendo que la organización se ha ido “echando a perder” además de que calificó a Emilio Álvarez Icaza como un “farsante” respecto a su participación en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Ese mismo día afirmó que los abogados que hicieron las gestiones para la liberación de 60 supuestos involucrados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, están relacionados con Álvarez Icaza y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al adentrarse en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, encontró “cosas raras” y las atribuyó a la actuación en el caso del prestigioso Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
“Con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, me metí a ver todo, me estoy metiendo a ver todo. Declaraciones de detenidos, los torturados y todo. Y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, o sea, porque está enmarañado todo el asunto”, dijo ayer el presidente en su conferencia de prensa matutina.
“Se habló del pacto de silencio, pero hay más que eso, con el propósito de que no se conocieran los hechos, eso es lo que yo supongo, que no se lograra nunca conocer la verdad con el propósito de dañar al Estado mexicano, de socavar a instituciones, es mi hipótesis”, añadió.
Aseguró que el Centro Prodh, se ha ido “echando a perder”, y agregó que no entendió los motivos por los que no intervino de forma activa para exigir que se abriera un proceso judicial contra quienes participaron en la creación de la llamada “verdad histórica, concretamente del ex procurador Jesús Murillo Karam.
“¿Cómo es que los del Prodh, que son defensores de los derechos humanos y además están asesorando a los padres (de los 43), no exigían o no pedían, sobre todo sus abogados, que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica?”, preguntó.
Afirmó que “lo que más me llamó la atención es que cuando tomamos la decisión, porque hay elementos de que son responsables y se toma la decisión, de que se soliciten las órdenes de aprehensión y se detiene a estos personajes del más alto nivel, incluso a militares, los defensores de derechos humanos, los abogados, en vez de reconocerlo, me reclaman que se habían hecho mal las cosas”.
Recordó el caso de detenidos que alegaron que fueron torturados para sacarles una declaración a modo sobre los hechos y posteriormente fueron protegidos por defensores de derechos humanos cuando había evidencia de su participación, y después fueran dejados en libertad.
“Por un lado defienden a las víctimas, pero por el otro lado, participan para dar la libertad a los que argumentan con elementos o no de que fueron torturados y eso lleva a que los dejen libres. ¿Por qué me entero de esto? Porque tengo las pruebas de que los que supuestamente habían denunciado que habían sido víctimas de tortura después declaran, como testigos protegidos libres, de que sí habían participado” en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Acusa a Álvarez Icaza y a la CIDH de la liberación de involucrados
Aseguró que los abogados que hicieron las gestiones para la liberación de supuestos involucrados están relacionados con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien volvió a calificar de “farsante”, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde la zona de reporteros, se le preguntó directamente si el abogado Vidulfo Rosales se encontraba entre los asesores en cuestión.
“No, no, no me quiero meter a ese tipo de cosas, lo que quiero es que los padres sepan, porque los padres no saben esto que les estoy diciendo. O sea, los padres no saben que la sentencia que dejó libres a quienes participaron, porque eso sí lo puedo probar, en la desaparición de los jóvenes, al menos algunos de los que participaron tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de los derechos humanos, que también supuestamente los están asesorando a ellos”, respondió.
De igual forma se le preguntó sobre los avances en las investigaciones contra el ex fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y respondió que no quieren meterse en esas investigaciones “porque se van a convertir en víctimas y que ya los estamos persiguiendo. No, no, no, para nada, lo que queremos es conocer la verdad, o sea, a ver, porque lo que está de por medio es encontrar a los jóvenes y es un compromiso que hice con los padres. Y además, a todos nos conviene, es un asunto de interés nacional”.
El presidente aseguró que mantiene comunicación con los padres y adelantó que este viernes sostendrán una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.
El senador Emilio Alvarez Icaza y el ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, durante el foro: Pacto de Unidad y Reconciliación Ciudadana, realizado en el Centro de Negocios Costera 125 Foto: Carlos Carbajal
Daniel Velázquez
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, sostuvo que el país se encamina hacia el autoritarismo, pues Morena dinamita la democracia y para el 2024 habrá una elección de Estado mediante el uso electoral de los “Servidores de la Nación”.
Desacreditó el ánimo popular que hay en el país a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador como lo muestran las encuestas mensuales que levantan diversas empresas, y lo comparó con el que tuvo Adolfo Hitler en Alemania, que “fue muy popular”, y con el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump. “Esa fórmula es muy peligrosa con nuestras libertades y derechos, Hitler fue muy popular, Trump ganó, ¡aguas! con esas fórmulas”.
Álvarez Icaza estuvo en Acapulco en una reunión con asociaciones civiles defensoras de derechos humanos convocada por el aspirante a la candidatura al Senado por el PRD y ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre. En su mensaje dijo que en el país hay una regresión muy preocupante en materia de derechos humanos.
Después en declaraciones a reporteros amplió su idea. Dijo que el impacto que genera el retroceso en derechos humanos en el país es que las redes de “narcocriminalidad tienen control territorial”, lo que afecta derechos elementales y cotidianos.
“Hoy lo que estamos viendo es que el Ejército tiene más dinero y más poder que nunca, no solo se le da obra pública sino que ahora estamos viendo una élite empresarial en el Ejército: los altos mandos tienen grandes edificios, grandes viajes y hay una enorme opacidad.
“La herencia de Andrés Manuel López Obrador va a ser un narcoestado, autoritario y militarizado. México está en una deriva cada vez más autoritaria, lo vemos en los ataques a los periodistas, lo vemos en los que no piensan como el presidente, en el ataque a los órganos autónomos, en el ataque a la Suprema Corte de Justicia”.
También dijo que López Obrador tiene una agenda de conflictos a nivel internacional que afecta las inversiones en el país.
–En contraste a este escenario que usted está planteando la popularidad del presidente y de Morena son imparables para el 2024 –, se le dijo.
–Hay un fenómeno que habrá que ver si la popularidad del presidente significa votos para Morena. Yo creo que no. Yo celebro que hayamos hecho a un lado el escenario de que López Obrador quisiera quedarse, creo que eso pasó porque en la revocación le fue muy mal, tuvo la mitad de los votos que tuvo en el 2018 y me parece que al final de cuentas la gente va a decidir lo que la gente quiera decidir y el fenómeno de las elecciones tendrá que ver no sólo con las opciones que tenga la gente, sino que la gente pueda votar en libertad, que esperaría yo que en el 2024 no vayamos hacia una elección de Estado. Lo que yo estoy viendo es que se están poniendo todos los elementos para la compra y coacción del voto esencialmente a los mas pobres, lo que vemos es el aparato electoral que se llama Siervos de la Nación (sic), diciéndole a los pobres que si no votan por ellos les quitan los programas electorales. Lo que antes criticaban del PRI ahora lo están haciendo pero más violento, que espero para el 24 que no haya una elección de Estado”.
Al senador se le insistió en que para la mayoría de los ciudadanos el escenario del que habla no está presente, pues de acuerdo con las encuestas el presidente goza de mucha popularidad y dicen que van a refrendar el voto a favor de Morena en el 2024.
“Las encuestas no son las elecciones. ¡Aguas! (el presidente de El Salvador Nayib) Bukele es popular al 80 por ciento ¡Aguas! Porque entonces la fórmula de renunciar a derechos por popularidad es extraordinariamente peligrosa. Esa fórmula es muy peligrosa con nuestras libertades y derechos Hitler fue muy popular, Trump ganó, ¡ aguas con esas fórmulas!”, respondió.
“Lo que yo estoy planteando es: hay un muy peligroso escenario autoritario en marcha y lo que no podemos aceptar es la reducción de libertades y derechos, la defensa de la democracia es eso y la transición a la democracia hoy está en riesgo porque los que usaron todos los métodos democráticos para llegar al poder, en el poder lo están dinamitando”.
–¿Si Morena lleva al país a una deriva autoritaria cuál sería la opción para los ciudadanos?
–La opción de los ciudadanos es exigir el respeto a sus derechos gobierne quien gobierne.
Su visión del país
Álvarez Icaza fue invitado a una reunión con grupos del PRD y de Movimiento Ciudadano, a la que acudieron asociaciones como Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos y el Grupo GaVIH.
La reunión se llevó a cabo en el salón Montecarlo de Costera 125. Acudieron unas 60 personas de quienes diez expusieron la problemática que enfrentan en cuanto a derechos humanos en la entidad.
El su mensaje, después de escuchar a los asistentes, el senador habló de la polarización, la cual es consecuencia de la pobreza que hay en el país, pero “el problema es cuando se quiere lucrar de la polarización, el problema es cuando se quiere hacer una dinámica de enfrentar a unos y otros”.
El también ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudd de México criticó que los militares estén a cargo de la seguridad en el país. Dijo que al senador Félix Salgado Macedonio le recuerda que como un senador de Guerrero apoya la militarización “como si fuera cosa buena”.
Luego señaló que en el país hay un retroceso en derechos humanos que afectan a las poblaciones LGBTTIQ+, desaparecidos, discapacitados, indígenas, deporte, porque se han desaparecido los fideicomisos que se usaban para ayudar a desaparecidos y discapacitados.
“En distintos ámbitos de derechos humanos estamos viviendo un tema muy importante de retroceso”.
“Veo con mucha preocupación una regresión muy importante en la agenda de derechos humanos del país, es muy preocupante y creo que si es muy importante que quienes están con el pie en el territorio podamos hacer un eco de lo que pasa aquí en Guerrero, con lo que pasa a nivel federal”.
Criticó que la “política pública” de comisionada del deporte, Ana Gabriela Guevara, sea que los deportistas se dediquen a vender calzones para financiar sus viajes a torneos en el extranjero, “uno no entiende porque este gobierno saca lo peor de quienes están en el servicio público”. Luego criticó a la ex atleta: “ese equipo de natación le trajo más oro que toda la carrera que hizo Ana Guevara como deportista”.
Ofreció a los activistas que acudieron a la reunión a retomar algunas de sus inquietudes para llevarlas al Senado.
Después en declaraciones a reporteros y a pregunta expresa sobre el retroceso en derechos humanos, el senador dijo que es “decepcionante lo que se vive en el país”, hay violaciones a los migrantes y va en aumento el numero de personas desaparecidas, de periodistas asesinados, de homicidios y feminicidios: “uno hubiera esperado de este gobierno que tanto dijo en materia de derechos humanos que las cosas cambiaran radicalmente. Y no sólo no han cambiado, estamos en un retroceso muy significativo, la crisis de derechos humanos en México es mucho mayor”.
Agregó que esta situación “impacta de manera negativa, hay espacios en las redes de narcocriminalidad tienen control territorial, se impacta en la libertad de expresión, en nuestros derechos cotidianos”.
De la continuidad de los militares en tareas de seguridad pública, recordó que Guerrero es víctima de la fuerza militar pues en la entidad ocurrieron desapariciones perpetradas por militares, “y hoy lo que estamos viendo es que el Ejército tiene más dinero y más poder que nunca, lo que vemos es no solo se le da obra pública sino incluso ya estamos viendo una elite empresarial en el Ejército, ya los altos mandos tienen grandes edificios, grandes viajes y hay una enorme opacidad, cada vez se les da más recursos y más recursos, es más poder y eso pone en riesgo, ya sabemos en México y América Latina lo que significa cuando las fuerzas armadas tienen el poder que tienen”.
“Es de alarma el proceso de militarización porque eso debilita la democracia, es la redefinición de un pacto cívico militar por la puerta de atrás, preocupa enormemente que nuestras libertades y derechos estén en ese riesgo”.
Añadió que ante este proceso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos “es omisa, sumisa y silente. Es vergonzoso ver la herencia de la señora (Rosario Ibarra de) Piedra puesta como tapete al servicio de este gobierno”, y que el silencio de la Comisión es “negligencia criminal”.
Álvarez Icaza luego señaló que la salud está en proceso de privatización porque no hay medicamentos y los ciudadanos deben comprarlos.
Las asociaciones
En la reunión la presidenta de la asociación Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Emma Mora Liberato, señaló que las familias que sufren por la desaparición de un familiar están invisibilizadas, que las cifras oficiales no son precisas porque muchas familias aún tienen miedo de denunciar.
Afirmó que en Guerrero los grupos de familiares han encontrados mil 500 cuerpos y estos siguen sin ser identificados por el gobierno, lo que significa que a pesar de hacer el trabajo de las autoridades cuando localizan un cuerpo lo vuelven a perder porque no es identificado.
En reunión hubo tres representantes de grupos LGBTTIQ+ que hablaron sobre sus derechos políticos, pues piden representación en los cabildos y en el Congreso y que siguen sin resultados las investigaciones en torno a 161 crímenes de odio ocurridos en el estado, uno de ellos el de Quetzalcóatl Leija, quien fue asesinado en 2005 y hasta la fecha la Fiscalía no ha detenido a los culpables.
Otro de los asistentes, el promotor del show de sky en Aacpulco, Miguel Ángel García Arellano, criticó que las autoridades del estado, del Congreso, no hagan nada para impedir que Javier Saldaña Almazán vuelva a ser electo rector de la UAG cuando la ley establece que se puede reelegir sólo una vez.
Del Grupo GaVIH Rosa María Paloalto insistió en que la Secretaría de Salud debe atender el problema de salud publica que representa la tuberculosis en el municipio que tiene el primer lugar en el numero de caso registrados en la entidad.
De la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco (UIRA), Marcos Guevara Saavedra señaló que el diputado que ocupa la curul de indígena no los representa, en referencia al morenista Alfredo Sánchez Esquivel.
De manera “categórica” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la campaña que se lleva a cabo en México para desprestigiar a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y contra los integrantes del Grupo Interdisciplina-rio de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala.
En un comunicado el organismo consideró inadmisible la denuncia contra Álvarez Icaza que interpuso el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, fechada el 15 de marzo, por fraude al gobierno federal y los contribuyentes por un millón 250 mil pesos, que el Estado mexicano aportó para gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de un acuerdo de asistencia técnica internacional que México solicitó a la CIDH.
El secretario técnico firmó el acuerdo internacional en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), precisa.
La denuncia fue interpuesta por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal AC, pero el tema fue llevado a debate por la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace hace seis meses, cuando terminó el primer periodo de mandato del GIEI. Entonces la empresaria dijo que Álvarez Icaza cayó en un conflicto de intereses en un caso del que debió excusarse por su nacionalidad.
En el escrito fechado en Washington, DC, la CIDH (órgano autónomo de la OEA) expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre esta base, “porque no constituye ningún delito, (la denuncia) resulta temeraria e infundada”.
Explica que Icaza Longoria firmó el convenio de cooperación con México en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH, a través de la figura de “delegación de firma”.
Conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. Por lo tanto, la CIDH no administró los recursos ni lo hizo el secretario Ejecutivo.
Para aclarar el caso el organismo cita el argumento que usó en la querella para desacreditar la labor de los expertos y del funcionario de la CIDH: que Álvarez Icaza “incorporó a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes”.
Sin embargo los quejosos señalaron que Álvarez Icaza “engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos”.
Antes de esta denuncia hubo una campaña dirigida a cada integrante del GIEI para poner en duda su calidad moral y su trabajo en el ámbito de la justicia y los derechos humanos en diferentes partes del mundo, y en especial en América Latina. Los expertos son Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Carlos Beristáin y Francisco Cox.
La CIDH precisó que las partes que firmaron el acuerdo de asistencia técnica internacional (los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Estado mexicano representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República), estuvieron de acuerdo en la selección de los expertos y expertas.
Recordó que se integró el grupo de trabajo a partir de la solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para hacer una verificación técnica de las acciones de las autoridades y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente.
Durante un periodo de seis meses analizarían las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y harían un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. Tras el primer informe de trabajo, el 6 de septiembre de 2015, se renovó su mandato por un periodo adicional de seis meses, que vence el 30 de abril.
Del primer informe y conclusiones del GIEI, la CIDH destacó las irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación de los hechos, de las autoridades estatales.
En particular los cuestionamientos a la tesis oficial “la versión histórica” de los hechos de Iguala que dio a conocer el anterior procurador de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula (desacreditada científicamente por expertos independientes), y la apertura de nuevas líneas de investigación para llegar a la verdad de los hechos.
La Comisión reiteró su respaldo al trabajo del GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones que presenta, asimismo, al secretario Ejecutivo de la CIDH, “que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
