Asesinan a un ex policía comunitario de la CRAC y a su hijo en Jamiltepec, San Luis Acatlán

La tarde del domingo un ex policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de 63 años y su hijo de 45 fueron asesinados a escopetazos en la comunidad de Jamiltepec el Mango, San Luis Acatlán, y uno más resultó herido.
Las autoridades comunitarias informaron que pasado el mediodía tres hombres se hacían trabajos de campo en las cercanía de la comunidad cuando fueron atacados, en el lugar murió el señor Andrés de 63 años y su hijo Neftalí de 45, en tanto un tercer hombre resultó herido de un impacto de bala en el brazo.
Ambos cuerpos quedaron tirados en el suelo. Las víctimas presentaba impactos de bala en los brazos y el pecho. El lugar fue resguardado por policías comunitarios y agentes de la Fiscalía, que no pudieron realizar las diligencias debido a que los familiares se llevaron los cuerpos.

Liberan al policía comunitario Samuel Ramírez; seguirá luchando para que se le declare inocente, dice

El policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez salió en libertad después de 4 años 6 meses preso en el penal de esta capital.
Obtuvo su libertad porque cumplió la condena que le impusieron de 4 años 100 días de prisión, pero no fue considerado inocente de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
No pudo ser recibido por las organizaciones sociales ni por su familia, pues les informaron de la notificación de libertad dos horas después de que ésta se emitió, y no alcanzaron a llegar.
El 6 de octubre del 2013 el comunitario fue detenido junto con tres policías más, acusados de portación de arma de fuego; de los cuatro, Samuel fue acusado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por eso sus compañeros alcanzaron libertad bajo fianza y él no.
A las 4:35 de la tarde de ayer, por la puerta de acceso al penal, Ramírez Gálvez salió en libertad. Vestido con pantalón de mezclilla, playera azul marino con verde, con tres cajas de ajedrez en mano que hizo dentro del penal, que tenían la leyenda de “Samuel Ramírez Gálvez Preso Político CRAC-PC”, y una bolsa de plástico con sus pertenencias.
Fuera de las instalaciones se quitó la playera y quedó con una color gris que decía “Libertad, no son los rebeldes los que causan los problemas del mundo son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes. La rebeldía es la vida la sumisión es la muerte”.
En consulta fuera del penal Samuel Ramírez expuso: “salí como culpable (…) vamos a pelear duro porque no me sacaron con libertad absolutoria, y vamos a seguir luchando”.
Dijo que le sorprendió la notificación de su libertad, pues estaba programada para la siguiente semana, luego de la audiencia de vista que tuvo la semana pasada.
Resaltó que antes de su salida, el preso político de la CRAC de la base del Fortín en Tixtla, Gonzalo Molina González, que también está en el penal de la capital, le dijo que no le gustó cómo salió.
Recordó que cuando lo aprehendieron tenía 18 años, y cuatro años seis meses estuvo en prisión por portar un arma “viejita, ni funcionaba”.
Samuel Ramírez manifestó que seguirá luchando en la CRAC porque Molina González está encerrado y tiene que salir.
Durante su prisión el policía comunitario hizo deportes como futbol, basquetbol y jugaba ajedrez, además aprendió el oficio de hacer balones y bolsas que su familia vendía en su comunidad.
La salida del preso estaba programada para que asistieran organizaciones sociales, como los normalistas de Ayotzinapa, la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc, la CRAC del Fortín en Tixtla, de Zitlaltepec, organizaciones de la Ciudad de México y Oaxaca, y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero, quienes acompañaron su proceso, pero no fue posible pues su liberación fue repentina y se les complicó llegar a tiempo.
Al lugar sólo alcanzaron a llegar dos habitantes de la comunidad Emperador para recibirlo.
“Ya sabíamos que estaba en término de estos días, pero nos avisaron hace dos horas que lo iban a soltar pero hace un rato nos volvieron a decir que hasta en la noche, entonces hay descoordinación con las organizaciones sociales. Pues qué bueno, nos da mucho gusto verlo libre”, señaló el vecino de la comunidad Indígena Roberto Juárez.
Dijo que la forma en que las autoridades decidieron su libertad es parte del actuar del Estado, que no querían que las organizaciones estuvieran presentes en su liberación.
Añadió que está pendiente la liberación de Gonzalo Molina, que es similar al proceso de Ramírez Gálvez y que muchos delitos que le imputaron se han desvanecido; ya es cosa de días para que definan su sentencia y le den la libertad.
En una llamada telefónica la representante del Comité por la Libertad de los Presos, Enriqueta Chávez López lamentó que no pudieron llegar sus integrantes a recibir al preso, pues se encontraban en Oaxaca.
“Estamos haciendo el balance, y creo que todo fue como un tipo contubernio muy perverso, porque yo hablé con el director (del penal) y el director ya debería de comunicar un día antes, entonces él nos comentó que con 24 horas nos iba también a avisar y que el procedimiento tarda hasta 8 horas (para liberarlo)…a Samuel lo sacaron en una hora 40 minutos”, remarcó Enriqueta Chávez.
Dijo que esta situación sucede porque se vive en un país de impunidad, que con ello se demuestra que no hay respeto a la Ley 701 de Guerrero, y que por ende es una afrenta grande a los pueblos originarios que se rigen por sus usos y costumbres.
La representante recalcó que se buscará comprobar que no hay un delito qué perseguir, pues el juez determinó que es culpable por haber portado un rifle que le fue entregado por la comunidad junto con una licencia acreditada, y que la CRAC es una institución legal y legítima.
Abundó que les mintieron diciendo que el caso iba “muy bien”, que los documentos que se habían aportado garantizaban un proceso justo, pero que no le sorprende porque saben cómo trabaja el régimen, además de que finalmente sí les comentaron que no querían que hubiera organizaciones.
En abril del año pasado, el policía comunitario fue sentenciado a 4 años y 100 días y su condena terminaría en octubre, o también se podía conmutar, sin embargo, la familia y el preso decidieron apelar y buscar la libertad absolutoria, la cual no fue posible.
Apenas el 14 de diciembre también fue puesto en libertad el promotor de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Herrera, después de 4 años y 13 días en prisión, uno de ellos en un penal de máxima seguridad, pero todavía falta la liberación del promotor de la base del Fortín Gonzalo Molina.

 

 

Ejecutan a un comandante de la policía comunitaria de Tlacoachistlahuaca

Un comandante en activo de la Policía Comunitaria de Tlacoachistlahuca fue asesinado a balazos la tarde de este domingo en el tramo carretera Ometepec-Tlacoachistlahuaca.

Según reportes de la Policía Municipal a las 17:30 ayer, en el tramo que va a la comunidad de Dos Cruces, la víctima viajaba en un taxi del servicio público, de donde fue bajado y después asesinado a balazos.
El hombre fue reconocido como Salvador y era comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

 

Esperará un año su penúltima audiencia Samuel Ramírez; la programan para el 9 de diciembre

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que el 9 de diciembre de este año será la penúltima audiencia del policía comunitario preso, Samuel Ramírez Gálvez, luego de que fue sentenciado a 4 años 100 días de prisión, pero apeló la sentencia porque espera una sentencia absolutoria.
El 14 de noviembre el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra dijo que cuando el organismo mantenía la defensa del preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, se le dictó una sentencia en abril y terminaba en octubre dado el tiempo que ya tenía preso, era de 4 años y 100 días de multa y se podía conmutar la sentencia.
Entonces declaró, “nosotros optamos en que mejor, en caso de que hubiera una sentencia condenatoria pudiera Samuel acogerse a la misma, porque daba lo mismo estar peleando los recursos de apelación… en automático Samuel ya hubiera obtenido su libertad, nosotros lo que le dijimos a sus familiares de Samuel, nosotros no queremos estar peleando un recurso”, pero su nueva defensa interpuso un recurso de apelación, y se está obteniendo la reposición del procedimiento, pero no se está dando oportunidad a la defensa de dar pruebas.
En un comunicado el Comité por la Libertad de los Preso informó de la penúltima audiencia del policía comunitario, que será hasta que finalice el año.
Abunda que Ramírez Gálvez fue detenido y consignado injustamente por el Estado el 6 de octubre del 2013, a sus 18 años, de origen na’ savi no habla bien el español, y su nombramiento de policía comunitario fue un reconocimiento al compromiso con su comunidad.
Añade que Samuel  está en espera de que un juez le dicte su sentencia absolutoria, que nunca hubo un crimen que perseguir pero, “ha pagado una condena de más de cuatro años de su vida por un delito que nunca existió”, “esa es la manera de otorgar justicia en Guerrero”.
“Samuel fue elegido en asamblea por su comunidad con tan sólo 18 años de edad para formar parte del sistema de justicia y seguridad normados por usos y costumbres indígenas. El participar en la Policía Comunitaria de la CRAC-PC ha sido tradición en su familia. Su mamá Beatriz Gálvez Macario también perteneció a esa institución, fue la primera mujer elegida para consejera y coordinadora de la Policía Comunitaria de Zitlaltepec, la cual representó dignamente al conformar los primeros comités de mujeres y convertirse en una luchadora incansable de los derechos humanos en su comunidad”, agrega.
El 6 de octubre de 2013 el policía comunitario fue detenido junto a tres policías más y fueron acusados de portación de arma de fuego, mientras que Ramírez Gálvez fue acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, sus compañeros alcanzaron fianza y él no.

Asesinan a un policía comunitario del FUSDEG en un retén de Quechultenango; acusan a Los Ardillos

 

Un policía comunitario del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), fue asesinado el sábado en un retén del grupo Los Ardillos en el municipio de Quechultenango, zona de influencia de esa banda de narcotraficantes, cuando se dirigía con su familia a celebrar el Día de Muertos a su pueblo natal, denunció el FUSDEG.
Mediante un escrito informó que el sábado 31 de octubre, alrededor de las 10 de la mañana, Rafael Cilio Morales, policía comunitario de Mohoneras, una de las localidades de El Valle de Ocotito, iba a la localidad de Las Parotas, municipio de Quechultenango junto con su esposa y su mamá.
En el trayecto, donde es común encontrar retenes de hombres armados, fue detenido y separado de su familia en el tercer punto de revisión, cerca de Jojutla.
Detalló que los agresores les quitaron sus pertenencias, y cuando se fueron del lugar, los familiares buscaron a Rafael, a quien encontraron sin vida en el monte, con rastros de tortura.
Responsabiliza del homicidio al grupo Los Ardillos, y demandaron a las instancias judiciales que tomen las medidas necesarias para combatir a este grupo criminal “responsable de un sin número de asesinatos, levantones, secuestros, robos y tráfico de drogas”.
Se informó que el comisario de Jujutla llamó a la Policía del Estado, quien envió a personal del Servicio Médico Forense (Semefo), y después de varias horas de espera levantaron el cuerpo.
El FUSDEG se confrontó públicamente en manifestaciones con civiles inconformes con la Policía Comunitaria, vinculados a Los Ardillos en febrero de este año, cuando el sistema de seguridad se instaló en la comunidad de Petaquillas, paso obligado de Quechultenango a Chilpancingo. Entonces hubo denuncias de amenazas por parte de ese grupo delictivo.
El Frente detalló que a la fecha han perdido en diferentes hechos a 15 policías comunitarios en esta que llaman “guerra contra la delincuencia”.