Dos escuelas de la colonia Libertad, desde el jueves de la semana pasada no tienen clases porque solicitan a las autoridades que haya vigilancia y recorridos del Ejército, pues son “hostigados y asediados con llamadas telefónicas”, informó el jefe regional de Educación, José Pedro Álvarez de Dios.
En declaraciones a reporteros en un restaurante de Acapulco, dijo que los maestros de esas escuelas han entregado documentos donde han “denunciado y plantean la necesidad de que se hagan revisiones de seguridad por parte de las autoridades correspondientes”.
Se le preguntó si como autoridad va a permitir que adelanten las vacaciones por problemas de inseguridad, y respondió “no es que apoyemos o no el adelanto del periodo vacacional, sino la responsabilidad de ir personalmente a la institución, que así lo plantea el motivo de la seguridad, estar presente evaluarlo, valorarlo y estar con ellos”.
Detalló que la denuncia que hacen los maestros de esas escuelas es que están siendo “hostigados, asediados con llamadas telefónicas, amenazas en lo personal, en propias calles, y con mensajes de cartulinas o de letreros. Lo que plantean no es dejar de asistir a clases, sino que haya recorridos de vigilancia, que haya militares”, porque no hay.
“Ya se solicitó la vigilancia (de militares) el medio ambiente de allá es un tanto pesado, difícil. Ellos asisten a las escuelas, se han visto asediados en su seguridad en el trayecto a la propia escuela y los alumnos se han visto asediados. Para evitar esas situaciones es que redactan un documento donde piden la intervención y en eso estamos”, dijo.
Explicó que en el caso de los alumnos, los amenazan en la entrada y salida de las escuelas, “los hostigan, les roban los tenis, les golpean, les gritan; y a los maestros, a las escuelas por medio de llamadas telefónicas, pintarrajeando los carros”.
Álvarez de Dios dijo que son 300 alumnos que desde el jueves no tienen clases, porque “tienen un problema, por la propia zona, y la petición es intervención de seguridad. Estamos visitando esos centros escolares para infundirles la confianza, para que se reintegren a las actividades escolares”.
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Esta semana esperan una resolución de libertad para Arturo Campos pero no saldrá de prisión
El jueves o viernes de esta semana la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) deberá dictar una resolución de libertad al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, preso en la cárcel de Ayutla.
El abogado del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz, dijo que el Juzgado de Distrito Sexto el martes pasado envió la notificación a la Cuarta Sala Penal, pero como se atravesaron los días de asueto de Semana Santa, hoy o mañana será entregada.
Explicó que el Juzgado Sexto ordenó a la Sala Penal dictar una nueva resolución del amparo 746-2016 promovido por Campos Herrera, luego de que ninguna de las partes interpuso un recurso de revisión, y después de que no se acreditó el delito de secuestro de la causa penal 031/2013, promovido por los agraviados Pedro Gil Apreza Salmerón y Katia Espinoza Bolaños.
Agregó que en 24 horas se tendrá que dictar una nueva resolución de libertad a Campos Herrera, porque no se acredita el delito de secuestro.
Afirmó que con la resolución del amparo se demostró que la Cuarta Sala Penal actuó de manera dolosa y respondiendo a intereses políticos en la sentencia condenatoria contra Campos Herrera, el 17 de julio pasado, cuando confirmó el auto de formal prisión.
Téliz García afirmó que queda evidenciada la criminalización que hace mediante las instituciones que imparten justicia para mantener a los líderes comunitarios en la cárcel.
El 2 de abril, el abogado informó que a pesar de que quedara libre en este expediente, Campos no saldrá de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa”.
De este caso en el Juzgado Penal de Tlapa por el delito de secuestro, promovido por Abraham Ortega Zamora y otros 43 agraviados, del mismo caso que se le siguió a Nestora Salgado y del que fue absuelta en marzo de 2016, el abogado indicó que se solicitó una nueva fecha para que se interrogue a 10 agraviadas.
Añadió que en la nueva fecha también se presentaría una prueba de antropología social para acreditar que Campos Herrera es indígena y que en la comunidad donde nació se rige por usos y costumbres y que está integrada a la CRAC, además de que fue electo como consejero regional en una asamblea para poder desempeñar un cargo comunitario. ((Jacob Morales Antonio).
Podría salir de prisión el acusado del asesinato de la líder de desplazados, advierte ONG
A cuatro años del homicidio de la líder de las familias desplazadas de La Laguna, Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, se teme que salga de prisión el único detenido por ese delito, denunció el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado explica que los testigos presenciales y de cargo se encuentran desplazados y vulnerables, pero han recibido garantías para refrendar las acusaciones en el proceso.
Menciona que el 28 de noviembre se cumplieron cuatro años del asesinato de Juventina Villa, así como del desplazamiento de las familias amenazadas por la delincuencia organizada en Coyuca de Catalán.
Afirma que las autoridades estatales ni las federales han garantizado un lugar seguro ni condiciones dignas para vivir para los desplazados de la violencia.
Denuncia que no existen garantías para las víctimas porque la delincuencia organizada actúa con impunidad y en complicidad con las autoridades y los gobernantes.
Menciona que el primer desplazamiento de las familiares de La Laguna ocurrió después del homicidio del esposo de Juventina, Rubén Santana Alonso en febrero del año 2011. Toda la comunidad se trasladó al pueblo de Las Ollas para protegerse de los sicarios que los acosaban.
Pese a los acuerdos con el gobierno para atender las necesidades de los afectados ante la violencia, asegura que no recibieron atención y las familias volvieron a La Laguna para trabajar sus tierras y reunir a sus animales, hasta el 28 de noviembre de 2012 cuando se acordó un nuevo traslado a un lugar seguro con el resguardo de policías estatales.
Sin embargo ese día fue asesinada Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa, una de sus hijas iba con ella y se salvó. Diez días antes del atentado, el 18 de noviembre de 2012 solicitaron al entonces secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, la intervención urgente del estado, y se propuso como medida de seguridad el traslado de las familias a un lugar seguro.
Sin embargo Salgado Gómez minimizó los hechos y respondió que no sería posible ir por ellos de inmediato porque no tenían sitio para su reubicación. Ofreció la instalación de campamentos en algunas escuelas.
Para el 26 de noviembre, se acordó el traslado de las familias amenazadas y de Juventina para el 20 de noviembre a Puerto de las Ollas.
Pese a los acuerdos no llegaron los policías que acompañarían la caravana de desplazados, y Villa Mojica se separó del grupo para buscar un sitio con señal telefónica para dar cuenta a los defensores de derechos humanos. En ese momento fue asesinada.
Hubo testigos que señalaron a los responsables de las amenazas y de la agresión, pero sólo fue detenido Tereso Díaz Núñez bajo la causa penal 21/2013 en el Juzgado de Primera Instancia de Coyuca de Catalán.
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón señaló que los testigos están más vulnerables en este momento, ya que se encuentran desplazados en diferentes lugares del país y se les dificulta presentarse a las diligencias, sin garantías ni recursos.
Sobre todo porque saben que los familiares de Tereso Díaz Núñez, el preso, “aprovechando esta situación ofrecerán una fuerte cantidad de dinero al juez para que busque algún argumento legal y a consecuencia de ello deje en libertad al procesado, esto ha causado temores fundados en las familias ya que de quedar en libertad, la vida de todos y cada uno de ellos corre mucho peligro”.
En cuanto a las familias desplazadas, dice que el Estado aún no les garantiza el derecho a la salud, a la alimentación ni a la educación.
Uno de los argumentos es que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) no ha querido enviar maestros a la comunidad de la Tondonicua municipio de Petatlán, donde fueron ubicados, porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no ha querido activar la clave educativa para la localidad.
Anuncia que una delegación de desplazados de La Laguna viajará a mediados de diciembre a Panamá a la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desplazamiento forzado, y lleva la encomienda de plantear el problema de las familias desplazadas por la violencia.
Podría salir libre; el abuso infantil no es delito grave, según el Código penal
Según lo establecido por el Código de Procedimientos Penales para el estado en su artículo 70, ni la corrupción ni el abuso sexual contra menores de edad son delitos graves, por lo que quienes incurran en esas faltas podrán recuperar su libertad pagando fianza.
En tanto, el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, explicó que la pederastia no está prevista en el Código Penal del Estado de Guerrero.
Bajo estos criterios es que el canadiense Walter Suk, de 68 años, quien fue detenido el domingo por besar y manosear a dos niñas en la Costera, podría recuperar su libertad.
El Código de Procedimientos Penales establece como delitos graves el homicidio, el feminicidio, homicidio y lesiones culposos, secuestro, asalto contra un poblado, violación, robo, abigeato, extorsión, ataque a los medios de transporte, la rebelión, el terrorismo y el sabotaje.
También el despojo, delitos contra la formación de las personas menores de edad y la protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho y a la pornografía con utilización de imágenes y/o voz de menores de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho; uso indebido de información sobre actividades de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y del sistema penitenciario; contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos; y evasión de presos.
Tras la detención del canadiense, el lunes en su cuenta de Facebook el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Robespierre Robles Hurtado, hizo una publicación en la que planteó reclasificar ciertos delitos a través de la Comisión de Justicia del Congreso.
“El abuso de menores debería ser delito súper grave (ellos no se pueden defender y cuando el padre no lo hace debe ser la representación social), valdría la pena revisar nuestro Código penal y agregar la pedofilia y el asesinato por homofobia (como agravante), la extorsión (o derecho de piso), y un sin fin de acciones delictivas que se deberían reclasificar, esto como parte de una estrategia integral de seguridad.
Promoveremos una reunión con la comisión de Justicia de la cámara de Diputados para estos efectos”, se lee en su publicación.
Consultado vía telefónica, Xavier Olea dijo que una reforma al Código Penal o al Código de Procedimientos Penales del estado no serviría de nada.
Explicó que a partir del 18 de junio de 2016, con la entrada del nuevo sistema penal acusatorio, prevalecerá el Código Nacional de Procedimientos Penales y éste tampoco clasifica como delitos graves ni la corrupción ni el abuso contra menores.
Además recordó que en el ámbito local no hay nada relacionado a la pedofilia (atracción sexual de un adulto hacia los niños sin que exista un abuso) ni a la pederastia (práctica sexual con niños).
“El delito (del canadiense) sí es grave, quiero que se entienda, es muy grave y está involucrada una menor, pero el código de procedimientos penales no lo establece así”, indicó.
Por ello, dijo que la Fiscalía ha solicitado al juez correspondiente que no deje en libertad a Walter Suk porque “se puede sustraer de la justicia” intentando regresar a su país, además solicitaron que le sea retenido su pasaporte para que en caso de recuperar su libertad no pueda abandonar México, por lo menos hasta que concluya todo el proceso.
Decretan tres jueces la libertad de Nestora porque actuó como Policía Comunitaria; sale hoy de prisión
Tres jueces –de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla– decretaron anoche la libertad absolutoria para la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, que pasó dos años y siete meses en prision.
Se espera que este viernes a las 9:30 la dirigente comunitaria salga de la prisión femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, donde se encuentra recluida luego de haber sido trasladada del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Los jueces de Tlapa y de Ayutla consideraron que no se acreditó el cuerpo de delito en la acusación de secuestro, ni el de privación de la libertad y robo específico que se atribuyeron a Nestora Salgado García, porque actuó como autoridad de la Policía Comunitaria, al amparo de la Ley 701.
Tampoco se acreditó la probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio ante el Juzgado de Huamuxtitlán, porque se presentaron pruebas de que cuando ocurrieron los hechos ella se encontraba a kilómetros de distancia del lugar.
Ayer a las 9 de noche, el juzgado 67 del reclusorio de Santa Martha Acatitla, le notificó los auto de libertad en las tres causas penales que la mantenían en prisión.
Este viernes, entre 9 y 10 de la mañana, la luchadora social saldrá de la torre médica del penal de Tepepan al sur de la Ciudad de México, donde la esperan representantes de organizaciones nacionales y de Guerrero, para trasladarse al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde habrá una conferencia de prensa conjunta.
Seguida de una comida con los policías comunitarios de Guerrero y representantes de distintas Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Confirmó su asistencia, el dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero, que también fue preso político, Bertoldo Martínez Cruz, y se mencionaba entre los asistentes al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, también preso con motivo de la lucha en defensa de sus tierras, y a las esposas de los presos de la CRAC de Ayutla y Chilpancingo.
Salgado García aclaró que ella solicitó que acudieran todos los que pudieran acompañarla, sin distinción.
En el lugar, la menor de sus hijas, Grisela Rodríguez Salgado, adelantó que con sus hermanas van a llevarse a su mamá a Estados Unidos, para atender su salud, deteriorada por las condiciones de reclusión. Consideró que ha empeorado mucho por el encierro.
En tanto, la luchadora social habló de las iniciativas que desea emprender en esta nueva etapa de su vida, y dejar atrás dos años y medio en prisión, de los cuales, un año ocho meses fue en el penal federal de Tepic, Nayarit.
Mientras esperaban la resolución final de los jueces que se esperaba a favor, habló de las cartas que recibió de todo el país donde le contaron de las injusticias que padecen los más pobres en las prisiones de México, y su anhelo de trabajar por los presos políticos.
Pero Grisel se negaba a echar las campañas al vuelo, hasta que su mamá tuviera las constancias de libertad en las manos, aún tenía desconfianza, “sabemos que es inocente, pero nos han jugado tan chueco tantas veces, hasta que la vea (libre), han sido casi tres años y de cierta manera como que te preparas mentalmente para lo peor”.
Una, tras la rejilla de los acusados, la otra viéndola desde afuera del edificio, a través de un cristal, estallaron en risa cuando se confirmó la noticia.
El abogado Leonel Rivero Rodríguez, explicó que los jueces de Guerrero determinaron que en la acusación de secuestro no se acreditó el cuerpo del delito, porque Nestora Salgado estaba en funciones en la Policía Comunitaria de Olinalá cuando sometió a un proceso de reeducación a la presunta víctima.
Tampoco se acreditó responsabilidad en el delito de privación de la libertad de policías municipales, y robo específico, porque es una autoridad comunitaria y se devolvió el equipo retenido a la autoridad civil.
Nestora Salgado destacó en este largo proceso, el reconocimiento pleno a la Policía Comunitaria de Olinalá como autoridad, porque inicialmente, el gobierno de Guerrero y los juzgados cuestionaron su integración a la CRAC, ya que entonces eran de los grupos de más reciente creación.
Marcha la Comunitaria de Olinalá; cumple 3 años y pide la libertad de Nestora Salgado
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá marchó al cumplir tres años de que el pueblo se armó contra la delincuencia organizada que secuestraba y mataba a vecinos, y exigió la libertad de la coordinadora Nestora Salgado García.
Asimismo, exigieron justicia para el activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), Antonio Vivar, asesinado por policías federales el 7 de junio, durante la jornada electoral; exigieron libertad para todos los presos políticos y la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos desaparecidos hace más de trece meses.
La CRAC-PC de Olinalá, Huamuxtitlán, Cualac, Alpoyeca, Atlixtac, Tixtla y Ahuacuotzingo, en su recorrido por las principales calles de Olinalá recordaron que el 27 de octubre, como ciudadanos inconformes por los secuestros, robos, abigeato y homicidios, decidieron garantizar su propia seguridad, ya que “estábamos enterrando a uno y se escuchó que habían secuestrado a otro, y venían por más, por eso se tocaron las campanas”.
El tesorero del Consejo Social Olinalteco, Carlos Patrón recordó que se conformaron en esta figura para brindarse seguridad, porque el municipio no lo hizo; luego llegaron marinos y militares que tampoco lo hicieron, y por eso se incorporaron a la CRAC-PC.
Mientras pasaban por las calles, los vecinos los observaban, en algunos momentos les gritaron “traidores, cuéntennos bien”, las consigna de libertad para Nestora y el llamado a que se unieran a ellos.
Los participantes en el mitin en la explanada municipal coincidieron en la exigencia de libertad para Nestora y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La hermana de Nestora, Cleotilde Salgado leyó la carta que envió a los medios la coordinadora hace unos días para invitar a que se sumaran a la actividad de este 27 por la libertad de los presos; su sobrino Giovani leyó la carta del Cecop, firmada por Marco Antonio Suástegui, quien le da su respaldo, y mencionó que su tía llamó a que no se olviden de lo que pasó.
Del MPG región Montaña, Arnulfo Cerón llamó a los asistentes a que no se doblen ni se rajen, y dijo que es cierto lo que dijo Nestora, “el enemigo es el gobierno”.
También estuvo el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) Reyes Ramos Guerrero, quien dijo que es preocupante que a 13 meses no se sepa nada de los 43 estudiantes y pidió la libertad de Nestora Salgado.
Una acompañante del plantón permanente por los 43 en la ciudad de México, Cristina Bautista pidió libertad para Nestora, llamó a la unidad y solidaridad, porque “los que perdimos un familiar sabemos qué se siente”, y recordó que su hermano murió a causa de la tortura, después de ser detenido por policías.
Integrantes del Partido Obrero Socialista dijeron que la lucha de las policías comunitarias es heroica, ya que las comunidades no confían en las autoridades y por eso toman la seguridad en sus manos.
El representante de la Policía Comunitaria de Pochutla, Miguel Crespo, del municipio de Ahuacuotzingo dijo que se integró a la Policía Comunitaria el 18 de marzo de 2015, y que el 4 de julio tuvo un enfrentamiento con delincuentes que detuvieron y enviaron a Espino Blanco. Dijo que los policías comunitarios han sido amenazados por el grupo delincuencial Los Rojos de cortarles la cabeza.
El representante de Huamuxtitlán lamentó el encarcelamiento de Nestora, a quien le fabricaron delitos por defender a su pueblo. Recordó que se armaron por el secuestro de 17 vecinos en Huamuxtitlán y la colusión de las autoridades municipales con la delincuencia, y que desde entonces tienen amenazas de muerte.
Una policía comunitaria de Cuateconcingo, municipio de Cualac, pidió la libertad de todos los presos políticos, a tres años de que los vecinos, encabezados por Nestora Salgado, iniciaron su defensa contra los robos y secuestros.
La mayoría de los participantes fueron policías comunitarios de distintos municipios, la familia de Nestora Salgado y vecinos, además de representantes del MPG de la Montaña. De la CETEG, sólo Ramos Reyes y otras cinco maestros; del Frente Democrático Unitario de Lucha (Fredul) y del Comité Nacional por los Presos Políticos.
Aceptan la reducción de la matrícula a cambio de la libertad de sus compañeros
Rechazan declaraciones del gobernador René Juárez Cisneros
Se desiste la SEG de cuando menos otras siete órdenes de aprehensión que había en contra de igual número de estudiantes de la normal Rafael Ramírez
Los dos estudiantes de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez que fueron detenidos el martes pasado durante el desalojo por policías judiciales del estado de las oficinas de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Zona Centro, fueron liberados poco después de la 1 de la tarde de ayer, luego de que sus compañeros aceptaron negociar la disminución de la matrícula escolar a cambio de su libertad.
Uno de los dirigentes estudiantiles, Joaquín Mier Leyva, rechazó asimismo que, como lo declaró el gobernador René Juárez ayer en Acapulco, los estudiantes de esa escuela hayan roto el acuerdo que suscribieron las nueve normales en el sentido de reorientar la matrícula escolar, puesto que dijo que los estudiantes de esta normal nunca aceptaron los términos de dicho acuerdo y que decidieron movilizarse.
“Nosotros no firmamos ningún acuerdo y el error de los compañeros de las otras normales es que pensaron que nos íbamos a quedar calmados, cuando no fue así, porque no aceptamos los términos de dicho acuerdo que implica reducir la matrícula para las escuelas primarias e incrementarla en el caso de los niveles superiores”.
Por ello insistió que los estudiantes de esa escuela no rompieron ningún acuerdo, puesto que ni lo firmaron.
Mientras tanto, los dos estudiantes detenidos durante el desalojo del martes pasado, Erick Acevedo Lorenzo y Josué López Valadez, salieron libres poco después de la 1 de la tarde de ayer y también la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se desistió de cuando menos otras siete órdenes de aprehensión que había en contra de igual número de estudiantes, ello luego de que los estudiantes de la Rafael Ramírez aceptaron que la matrícula escolar se disminuyera de 60 a 40.
“En estos momentos lo que nos interesaba es la libertad de nuestros compañeros y por eso desistimos de nuestra demanda en el sentido de que la matrícula escolar se mantuviera en 60 espacios para el próximo ciclo escolar”, dijo el estudiante Mier Leyva.
Exigen al gobierno estatal servicios y libertad a presos políticos
Efectúa la OCSS plantón en el asta bandera de Acapulco
Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), encabezados por Benigno Guzmán Martínez, efectuaron un plantón por más de una hora en el asta bandera para exigir apoyos para proyectos productivos y la libertad de los presos políticos de esa organización.
La idea de los inconformes de la OCSS era participar en la marcha de la Promotora Nacional contra el Neoliberalismo, conformada por diferentes organizaciones sociales que tienen el objetivo de defender los derechos de los más pobres y por el rescate de la soberanía nacional, pero ésta se llevó a cabo en Chilpancingo.
Por ello los campesinos permanecieron por más de una hora en el asta bandera, para insistir en sus demandas.
El dirigente de la OCSS, Benigno Guzmán Martínez, dijo que las demandas de la organización eran las mismas de siempre, pues el gobierno no ha cumplido con los acuerdos pactados.
Explicó que los campesinos necesitan mejores caminos en sus pueblos, agua potable, energía eléctrica, centros de salud equipados, láminas de cartón y proyectos productivos.
Indicó que también demandan la liberación de los presos políticos de esa organización, Salomé Aguirre Bahena, Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco. Otras de las peticiones es una ley de Amnistía que sirva a todos los presos políticos del país para que recuperen su libertad.
Plantón de familiares en la PGJE por la libertad de los 26 detenidos
Están incomunicados, dice uno de sus abogados
Jorge Nava Familiares de los 26 detenidos en el desalojo de precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas, propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil, se plantaron afuera de la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para demandar su liberación.
Se congregaron 100 manifestantes, que fueron apoyados por la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), habitantes de Tres Palos, el presidente de Comité Ciudadano de la colonia precarista Lomas del Valle, Juan Enciso Martínez, y en la que gritaron consignas en contra del gobernador del estado, René Juárez Cisneros y el fiscal regional de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo.
Los manifestantes portaban pancartas de color verde fosforescente, en las cuales escribieron consignas como “No daremos ni un paso en reversa, hasta no lograr la libertad de todos los detenidos por el desalojo violento”.
Otras criticaban la “actitud y cerrazón de los encargados de impartir justicia”. Incluso hubo algunas que invitaban a los transeúntes a que reflexionen su voto, porque el candidato del PRI Héctor Astudillo está vinculado a Rubén Figueroa.
Con los manifestantes se encontraban los abogados, Alvaro Díaz Castro y Manuel Baltazar Avila Sierra.
La Fiscalía Regional fue resguardada por policías ministeriales que vinieron de todas las comandancias adscritas a esta región, a quienes los manifestantes los acusaban de “represores”, de robarse sus pertenencias en el desalojo de la madrugada del martes, cuando todos dormían. Les reclamaban por los golpes que sufrieron.
En ese momento, Sara Adame Bello llamó a los reporteros para que vieran a su hijo de dos años, Emanuel Zabriga Adame, que tenía una mancha de sangre coagulada y una herida en el ojo izquierdo por los golpes de los policías. La mujer indicó que aún ayer no había acudido con algún médico.
Otra mujer, Fortunata Guadalupe Estrada, mostró moretones en su brazo izquierdo, y en la espalda.
Vianey Solís Ramírez, esposa del detenido Tiomoteo Barrientos Vinalay, se quejó porque después que lo revisaron paramédicos de la Cruz Roja, en lugar de curarlo, le dieron una receta de medicamentos para que se recupere de los golpes.
En la protesta, Alvaro Díaz afirmó que la PGJE mantenía incomunicados a los 26 detenidosy y que habló con el delegado Efrén Suástegui, quien lo mandó que tratara eso con el titular del Ministerio Público (MP) de la Quinta Agencia, especializada en delitos por despojo. Aseguró que le pidió al funcionario que consignara a la cárcel a los detenidos para que pudieran hablar con los familiares. Díaz pidió la destitución de Suástegui porque se cometió un abuso de autoridad, robo y daños en agravio de sus defendidos. Reconoció que cometieron una irregularidad los colonos al posesionarse de un predio, pero indicó que el hecho no es para que la autoridad se conduciera con violencia.
Agregó que sus clientes esperaban que el gobernador René Juárez fuera “tolerante” y resolviera el problema. Cuestionó por qué no se ha procedido de esa manera contra los precaristas del PRI, que se posesionaron de un predio ubicado en el Crucero de Cayaco, –el cual encabeza Miguel Terrazas Sánchez–.
Por otra parte, el presidente del Comité municipal de la UTD, Rogelio Pérez Marcial, al hablar sobre el desalojo, opinó que se solidarizaba porque entre los detenidos se encuentra el asesor de esa organización, Juan Carlos Muñoz Leal. Acusó que se cometió un delito en agravio de los colonos, por eso indicó que se encontraban allí, para que el gobernador no se burle de los agraviados.
El representante de la colonia irregular, Lomas del Valle, Juan Enciso, manifestó que no estaba de acuerdo con la forma en que se efectuó el desalojo, porque se violaron los derechos humanos y garantías que la ley establece para las personas. Sugirió que antes se debió entablar diálogos con los colonos, pues criticó que se procedió peor que contra los delincuentes.
Por la tarde, Alvaro Díaz informó que los abogados de los detenidos integraron tres comisiones, una que buscará una mesa de trabajo entre la fracción parlamentaria del PRD y el director del Invisur, MarcoAntonio Castrejón Lobato; otra que se encargará de vigilar cuando los detenidos sean trasladados a la cárcel de Las Cruces, con el fin de asistirlos cuando rindan su declaración preparatoria con el juez penal que sean consignados. Y la tercera buscará hablar con el procurador Jesús Ramírez Guerrero.
Absuelven al dirigente de la Sección 20 de la demanda de un seguidor de su antecesor
Jorge Nava
El actual secretario general de la Sección 20 del Sindicato de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes, Cantinas y Similares, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Javier Gutiérrez Santoyo, quedó en libertad en una demanda que interpuso en su contra el seguidor de Lucino Loyo Cuevas, Santiago Pérez Santos.
Ayer, el personal del juzgado ocultó la resolución. Fue una fuente quien informó que el sábado 17, el juez penal Julio Obregón Flores dejó en libertad al dirigente sindical por “falta de elementos acusatorios”.
El líder sindical fue detenido durante cinco horas el lunes 12, luego de que policías judiciales del estado adscritos al sector Central cumplieron la orden de aprehensión que giró el juez por la causa penal 55-1/2004 que vino de la denuncia Tab/I/0060/2004-6, la cual inició por los presuntos delitos de amenazas y lesiones.
Javier Gutiérrez acudió ayer al juzgado para conocer directamente del juez la resolución, pues se encontraba en libertad porque pagó una fianza de 3 mil pesos, después de que rindió su declaración ese día.
El agraviado Santiago Pérez Santos denunció a Javier Gutiérrez junto con otra persona que falta por detener, y según su versión, el pasado viernes 23 de enero, se dirigió en compañía de Lucino Loyo, Antonio Moreno, Felipe Gutiérrez, Antonio Cuevas, Luis Mario Marino, Samuel Ramírez y Eduardo Loyo, socios del sindicato, al restaurante El Portón, ubicado en la avenida Costera, a un costado de la tienda Wal Mart.
Señaló que ya en el interior, y sin previo aviso ni motivo, Javier Gutiérrez y Víctor Manuel Torres Ignacio, quien portaba una manopla en la mano derecha, le dio una bofetada en el rostro a Lucino Loyo.
Javier Gutiérrez negó la acusación y para demostrar su versión, su abogado ofreció los testimonios de Alberto Rodríguez Ávila y del secretario de Formación Turística de la Sección 20, Rufino Ibañez González, quienes declararon que su amigo Javier nunca agredió al quejoso ni a Lucino Loyo.