Desde hace un mes testigos del asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, aportaron datos a la Fiscalía General del Estado (FGE), hay “varias” líneas de investigación, pero no se tienen avances, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz.
Consultado ayer después de su participación en el aniversario del Cecop en la que hizo mención de este problema, el abogado de Tlachinollan señaló que “primero la Fiscalía decía que no tenía pues como la entrevista por parte de la esposa y demás testigos, ya se hicieron las entrevistas, ya se aportó esa información a la Fiscalía”.
No obstante, “a pesar de haber aportado todos esos datos, no tenemos todavía avances, no sabemos de los responsables, no sabemos quiénes son, cómo fueron, cuál fue el móvil, no se tiene”.
En el embarcadero de El Fraile, Tlachinollan pidió que la FGE haga su trabajo, “ya tiene la información, ya tiene lo que necesitaba por parte de la familia, ahora le corresponde a la Fiscalía poder agotar los medios de investigación establecidos”.
Téliz informó que hace aproximadamente un mes se llevó a cabo la entrevista de la familia y precisó que en la carpeta de investigación “no existen cámaras o videos sobre el móvil del asesinato, cómo fue realmente la escena del crimen, lógicamente ya se aportó la información de cómo sucedió, pero esos datos son los que hacen falta”.
De la falta de investigaciones de la FGE se intuye que “no quieren accionar sobre las personas responsables, no sabemos ahí cómo sea esta situación, sabemos que es un tema delicado, pero nosotros como Centro de Derechos Humanos, la familia, exigimos que se haga la investigación”.
Se le mencionó el comunicado de Tlachinollan y más de 100 organizaciones emitido un día después del atentado el 18 de abril en el que se afirma que las autoridades tienen un mapeo de los grupos delictivos “y no hacen nada para desmantelarlos. No es casual que el grupo delictivo que desapareció a Vicente Iván Suástegui Muñoz sea el mismo que lo agredió”.
El abogado señaló que las investigaciones no sólo deben tomar en cuenta “esa línea de investigación, sino también su actuar como defensor de derechos humanos, hay varias líneas de investigación, lógicamente la familia ha aportado en todas estas líneas información y ya será la propia Fiscalía quien nos dé la información correspondiente”.
A dos meses del crimen en junio pasado, Tlachinollan, familiares de Suástegui Muñoz y el Cecop pidieron que la investigación del asesinato fuera atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) “ante la manifiesta dilación de las autoridades de Guerrero”.
El abogado litigante y ex delegado estatal de la Procuraduría Agraria, Evaristo Torres Santamaría, denunció que un empresario italiano obtuvo la posesión plena de 16 hectáreas en el corredor industrial Acapulco-Pinotepa Nacional y que el secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del distrito 41 de Acapulco, Francisco Javier Pérez, no ha admitido esta y otras dos demandas desde hace tres años.
El ex funcionario dio una conferencia de prensa en el centro de Chilpancingo el mediodía de ayer.
Menospreció a medios de comunicación y redes sociales
“El que acudamos a las redes sociales es muy lamentable como abogados, pero ya estamos cansados”.
Señaló que el secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del distrito 41 de Acapulco, Francisco Javier Pérez Rosas, les ha pedido documentos en tres casos en los que, dijo, los debe presentar la contraparte para defenderse.
Esto ha provocado que no sean admitidas sus demandas desde el 2022.
Puso como ejemplo la obtención de los certificados parcelarios de un empresario italiano de nombre Mario Valent.
“Son 16 hectáreas pegadas al mar en el ejido San José Guatemala, municipio de San Marcos, en el corredor industrial Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca”.
Se obtuvieron certificados parcelarios, agregó, en favor de un italiano que le fueron asignados por la asamblea de ejidatarios.
Dijo que con las manos en la cintura al extranjero le dieron las tierras.
“Lo hicieron vecino ejidatario y le dieron pleno dominio de las tierras, sin embargo no aparece en ninguna acta de asamblea”.
El ex funcionario federal argumentó que el artículo 13 de la Ley Agraria establece que para tener la calidad de ejidatario la asamblea de ejidatarios debe reconocer que una persona está avecindado en el ejido y estar inscrito en el Registro Nacional Agrario.
“Posteriormente se acredita la calidad de ejidatario y se entregan los certificados, pero el italiano los consiguió sin pisar una comisaría y sin estar en ninguna asamblea”.
El abogado litigante indicó que el secretario de acuerdos del Tribunal Agrario de Acapulco les ha pedido cosas extras para dar entrada a la demanda de la cancelación de los certificados planos del ejido.
“Pide documentos que serán materia de la contraparte. El ejido tendrá que defenderse, presentar su plano y expondrá porque aparece así (como ejidatario) el italiano”.
No dijo quienes son sus clientes, pero que sí están dispuestos a ratificar.
En otro caso dijo que están en litigio 4 hectáreas en Pie de la Cuesta en Acapulco entre tres hermanos de apellido Torrejo Luna (sus clientes) y la viuda del propietario.
“El papá de los tres falleció, la esposa (que no es madre de los tres hijos del fallecido) promovió ante el Tribunal Agrario la sucesión porque no dejó testamento y le otorga los certificados”.
“La ley establece que después del fallecimiento del padre, la madre tiene el derecho de heredar de manera preferente, pero los tres hijos no son de ella. Antes de morir el propietario donó la parcela a sus hijos y eso está acreditado ante el ejido”, dijo el abogado.
En este asunto, el secretario de acuerdos del Tribunal Unitario ha argumentado que las firmas de los hijos no se parecen y les ha pedido acudir a ratificar.
“El momento para ratificar es en la audiencia de ley que no se ha desahogado, está sugiriendo que falsificamos las firmas”, expresó.
El caso lleva un año y medio sin ser admitido
Mencionó un tercer caso, el de Cesario Salgado (su representado) dueño de 500 hectáreas inscritas en el Registro Público de la Propiedad y que está siendo constantemente “perturbado” por el Ejido de Juntas de Río Chiquito, del municipio de Atoyac que reclama la propiedad.
En este litigio, dijo Evaristo Torres, el Tribunal Agrario de Acapulco no admite o da entrada a una demanda para retener la posesión.
Aseguró que ya se presentó una queja contra el servidor público, el secretario de acuerdos del tribunal, ante el Tribunal Superior Agrario, que preside Claudia Dinora Velázquez González, y ante el órgano interno de control del mismo.
Familiares y amigos del abogado Jorge Luis de la Rosa Meza protestaron en la avenida Costera para exigir a la Fiscalía General de Guerrero celeridad en la búsqueda del hombre que desapareció el domingo pasado cuando acudió a ver a un cliente.
Unos 20 familiares y amigos del hombre de 39 años, por media hora protestaron a las 10 de la mañana y se colocaron en dos de los tres carriles del sentido hacia el Centro en la avenida Costera, en la glorieta de La Diana, para exigir su presentación con vida.
En las pancartas que llevaban los amigos se leía: “Jorge Luis de la Rosa Meza el gremio de la abogacía te esperamos, regresa”, “Alcaldesa pedimos tu intervención para la búsqueda de Jorge Luis”, además de una lona gigante que decía “ Autoridades incompetentes, omisas e insensibles, familiares y amigos exigimos la búsqueda inmediata y el regreso con vida de Jorge Luis de la Rosa Meza”.
En declaraciones la madre del abogado, Lucía Meza, dijo que su hijo fue visto por última vez en entre la avenida Costera y la Vía Rápida el pasado domingo 28 de julio, luego de que le informó a su esposa que iba a ver a un cliente, pero ya no regresó.
Otra familiar pidió la inmediata intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que la Fiscalía agilice la búsqueda del abogado. Durante la protesta los familiares fueron acompañados por integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. (Jacob Morales Antonio).
Un hombre asesinado y tres heridos, uno de ellos un abogado, fueron ayer los diferentes hechos de violencia en Acapulco.
Un adulto mayor fue asesinado a balazos y una mujer quedó herida durante la irrupción de hombres armados a su vivienda para robar en la colonia CTM, que colinda con Barranca de la Laja.
El hecho violento fue reportado a las 6 de la mañana en la calle Morteros, indica el informe ministerial.
El reporte policiaco establece que hombres armados irrumpieron en la casa de los adultos mayores para robar y al ser descubiertos les dispararon, dejando a un hombre muerto y a una mujer herida, que después fue trasladada a un hospital para su atención.
Los pistoleros se llevaron tres automóviles cuyas características se desconocen hasta el momento.
El hombre se llamó Juan Carlos, de unos 60 años, de acuerdo con la declaración ministerial de los familiares.
En lo que va del año van 133 asesinatos en Acapulco, relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.
Ayer en la tarde, un abogado fue herido a balazos adentro de una camioneta, en el fraccionamiento Costa Azul.
La agresión fue reportada minutos antes de las 3 de la tarde en la calle Horacio Nelson, informaron policías ministeriales.
El reporte policiaco indica que hombres armados atacaron a balazos a su víctima adentro de su camioneta roja Mazda.
Según testigos, el herido salió corriendo de la camioneta tras los disparos y llegó a la entrada un restaurante de mariscos.
Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la víctima y después trasladado a un hospital cercano.
Durante las diligencias la calle fue cerrada en su dos sentidos. El hecho violento generó un fuerte despliegue policiaco de la Guardia Nacional.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco, encontraron varios casquillos percutidos de pistola calibre .09 milímetros.
Más tarde, se supo que el herido es un abogado identificado como Enrique Vargas, y trabajó en el despacho de Jesús Galeana, de acuerdo con la información recabada.
Según el reporte médico, el abogado tenía disparos en el estómago y brazo izquierdo.
Por otro lado, un hombre fue herido a balazos en la colonia Ciudad Renacimiento.
La agresión fue reportada en los primeros minutos de este martes entre las calles Eje Central y Ejido Nuxco, según el expediente de la Policía Estatal.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al herido de dos balazos, y después trasladado a un hospital cercano.
Agentes de la Guardia Nacional encontraron varios casquillos percutidos de diferentes calibres y después puestos a disposición del Ministerio Público.
Integrantes del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero en conferencia ayer en Acapulco en la que pidió a la gobernadora Evelyn Salgado no elegir a un militar para la Fiscalía Foto:?Argenis Salmerón
Argenis Salmerón
El Colegio de Abogados del Estado de Guerrero pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no elegir en la terna de candidatos a la Fiscalía General del Estado (FGE), a un militar.
En conferencia de prensa en el restaurante El Camarón del Jacky, el presidente del Colegio, Víctor Alejandro Contreras Flores, llamó al Congreso del Estado a elegir a un fiscal que cumpla con el perfil de ser civil, abogado y guerrerense.
Advirtió que si se elige a un militar como fiscal, impugnarán el nombramiento, aunque reconoció la labor del Ejército en su ámbito.
Contreras Flores dijo que se iniciarán las acciones jurídicas y conforme a derecho corresponda para impugnar el nombramiento de un fiscal militar.
“Se hará una comisión, aquí tenemos a los mejores abogados, no vamos a permitirlo, en caso de ser designado (un militar), vamos a impugnar”.
La abogada Brenda Nava Martínez, pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda estudiar a los 32 aspirante a la Fiscalía General del Estado.
Solicitó a la gobernadora estudiar y analizar los perfiles profesionales, que sea guerrense, tenga experencia y sea civil, es decir un abogado.
“Necesitamos que conozca la problemática del estado y que conozca las necesidades del estado”.
Añadió: “Ya no necesitamos improvisaciones, ya no necesitamos dedazos o compadrazgos, y que sea una persona que pueda dirigir una institución”.
Dijo que la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón no contaba con la experiencia y conocimiento que establece la carta magna del estado.
“Por eso estamos preocupados que en el proceso pasado para elegir fiscal, de repente apareció en la lista, entonces no vaya hacer que aparezca en la lista la terna un militar”, sostuvo.
María de la Luz Reyes Ríos recordó que en el proceso anterior a Fiscalía apareció la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Y criticó que el Congreso haya “rebotado” la lista de los 32 aspirantes inscritos “sin hacer una depuración, es una pena que los diputados tengan una mínima consideración con la sociedad”.
En la conferencia también participaron los abogados José Luis Gallegos Peralta y Victoriano Sánchez Carbajal.
La ex titular de la SFP, Irma Ere?ndira Sandoval; la acade?mica Rose Ackerman; los diputados federales Leonel Godoy y Pablo Amílcar Sandoval; Netzaí Sandoval y Moise?s Reyes Sandoval en el acto conmemorativo Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
Durante el foro La lucha por la construcción de gobiernos honestos, organizado por el aniversario luctuoso de Pablo Sandoval Ramírez, se destacó el papel del ex diputado federal en la izquierda del país.
Los hijos del político guerrerense Pablo Sandoval Ramírez (1944-2000) conmemoraron el 23 aniversario luctuoso de su padre, con un foro realizado este sábado en la Universidad Americana de Acapulco.
El diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, la ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, participaron en la mesa junto con el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy Rangel, quienes destacaron el papel de Sandoval Ramírez en la izquierda del país.
Netzaí Sandoval leyó una semblanza de su padre, de quien dijo que nació en Tixtla, egresó como abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue integrante del comité ejecutivo de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG), “que conquista la autonomía de la actual Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y derroca al régimen del general Caballero Aburto en 1960”.
Agregó: “Sufrió encarcelamiento político” en Chilpancingo, durante la lucha contra Caballero Aburto y durante la campaña del Frente Electoral del Pueblo en 1964, agregó. También estuvo preso en Michoacán, “como dirigente político cuando el Ejército intervino en la Universidad Nicolaíta, para reprimir la batalla democrática contra el gobernador Arriaga Rivera en 1967”. Luego fue preso político en Bogotá, Colombia, por motivo del Encuentro Latinoamericano de Juventudes en 1969.
También fue profesor de la UNAM y de la UAG, de esta última fue secretario general de la Unión Sindical de Catedráticos de 1974 a 1979. Fue fundador y líder nacional del Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y el Partido Mexicano Socialista (PSM), “precursor y crucial impulsor del Frente Democrático Nacional (FDN) en 1988”.
En la 57 legislatura fue diputado federal por Acapulco, “y en ese periodo, en el que la oposición arrebata el control de la Cámara de Diputados al partido hegemónico de Estado, Pablo Sandoval Ramírez es el primer guerrerense en la historia en ocupar la presidencia de la Mesa Directiva”, destacó su hijo.
El diputado por el distrito federal cuatro en Acapulco, Pablo Amílcar Sandoval, repasó la lucha de la izquierda, desde los años de 1960 hasta el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y destacó las leyes federales para combatir la corrupción, como la austeridad republicana, la tipificación del delito de corrupción y la eliminación del fuero presidencial.
“La construcción de un gobierno honesto y sin privilegios, que beneficie de manera igualitaria a todos los mexicanos, es una responsabilidad que tenemos nosotros, ustedes, para construir en los siguientes años”, indicó.
La ex titular de la SFP en el gobierno de López Obrador, Eréndira Sandoval, fungió como traductora de su suegra, la académica de la universidad estadounidense de Yale, Susan Rose Ackerman, quien dijo en su intervención que Sandoval Ramírez tuvo un “gran compromiso con la justicia social y el poder popular, para las mejoras de los gobiernos”.
“Mis propias investigaciones e intereses profesionales, desde hace mucho tiempo, como profesora universitaria se han enfocado en la manera en cómo la corrupción y el rentismo pueden socavar la democracia representativa y la democracia en general, y todas estas investigaciones tienen definitivamente un eco en el interés de Pablo (Sandoval) y su propio afán por auspiciar la integridad pública, los gobiernos populares y socialmente orientados a resolver problemas en beneficio de los ciudadanos”, expuso.
El vicecoordinador de los diputados federales de Morena, Leonel Godoy Rangel, resaltó que “los comunistas como Pablo no fueron improvisados, eran preparados, eran la mayoría universitarios, participaban en círculos de estudio. Se preparaban muy bien, por eso cuando debatían y eso lo decimos constantemente en la tribuna, no son como la derecha ahora, que sube a la tribuna al insultar al presidente, a llenar de ofensas a la izquierda. No tienen argumentos, sólo insultos”.
Indicó que la ley federal de ingresos recién aprobada y la próxima ley de egresos “busca que la justicia social por la que luchó Pablo Sandoval Ramírez esté y como dicen ahí en la tribuna: si Pablo viviera, en Morena estuviera”, lo que generó aplausos de los más de 100 asistentes.
El evento se realizó en el auditorio Guillermo Soberón Acevedo, que lució casi lleno. Fungió como moderador el ex diputado local Moisés Reyes Sandoval y asistieron sus compañeros de bancada en la 62 legislatura, Zeferino Gómez Valdovinos y Marco Antonio Cabada Arias.
También estuvieron presentes la diputada local del distrito 1 en Chilpancingo, Jessica Alejo Rayo; el subsecretario de Ganadería y Pesca, Salvador Guadalupe Mojica Morga; el ex presidente municipal de Acapulco, Alberto López Rosas, y los ex regidores Javier Morlet y Hugo Hernández.
Asistieron, entre otros, el académico de la UNAM, John Ackerman; el político de la Tierra Caliente, Misael Medrano Baza; el dirigente de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), Apolinar Segueda Morales, y el político Adolfo Plancarte.
El abogado José Luis Solís Pacheco dijo que representa a más de 6 mil policías estatales y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes exigen al gobierno de Evelyn Salgado Pineda un aumento salarial, y prestaciones como créditos para vivienda y servicio de salud de calidad.
En conferencia de prensa en el restaurante Vips de La Diana, el abogado del despacho jurídico J. Solís firma consultora: Attorney at Law, informó que ellos representan a los trabajadores y que ante la nula atención, buscarán un amparo para que “se ejerza el derecho que están solicitando”.
Indicó que las demandas de los policías son el incremento salarial homologado a nivel nacional, de acuerdo con lo publicado el 14 de junio de 2023 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de un salario dignó para los policías.
Subrayó que los policías han manifestado que no han recibido incremento salarial desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, pero “sí más exceso de trabajo u jornadas laborales”.
Otra de las demandas es el acceso a créditos de vivienda, porque la gobernadora al inicio de su mandato prometió que ella daría ese beneficio y atención a la salud digna.
También piden el derecho a vacaciones, porque “en la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado no se establece ese derecho de la Policía Estatal, por lo que están solicitando que se haga una reforma para que se incluya ese rubro, por omisión legislatica en dicha ley”.
Además pide que se respete la jornada laboral, que es de 8 horas más 4, lo cual no se hace “prácticamente los tienen cinco días laborando, lo demás de descanso, lo cual no es correcto porque va en contea de los tratados nacionales e internaciones de las jornadas que deben cubrir”.
En el documento enviado a las autoridades del estado también está el derecho a manifestarse, porque en la Ley 179, que fue creada durante el actual gobierno, se les “prohibió el derecho a manifestarse, cuando es un derecho constitucional, así como sindicalizarse, asociarse para un sindicato y es lo que están solicitando”.
También quieren el respeto a la jubilación y pensiones, porque hay elementos que ya cumplieron con los requisitos, pero la ley de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero no establece los tiempos ni cuándo, ni el procedimiento a seguir, porque no se han creado los reglamentos derivados de la creación de esa ley.
Dijo el abogado que el documento es para que las autoridades den contestación a sus demandas, pero el jefe de la unidad de asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Mora Rendón, dio contestación a la petición “con un documento donde nada más da evasivas, sin responder ninguna, sino al contrario. En ese oficio les dice cómo puede darlos de baja, entre ellos, el manifestarse por no tener disciplina”.
“En este escrito, prácticamente los está amenazando por exigir sus derechos”, dijo del abogado.
Señaló que los policías estatales, distribuidos en las ocho regiones, están de acuerdo en irse a un paro de labores a efecto de que “mientras no se les cumplan sus demandas, seguirán en su manifestación, respetando la garantía de los ciudadanos”. Además, recurrirán al juicio de amparo, para que a través de ello se ejerza el derecho que están solicitando.
Padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y sus representantes ingresan a las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México Foto: Juan Luis Altamirano Uruñuela
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados de sus representantes legales, se reunieron este viernes con integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Tras la reunión de poco más de dos horas de duración, el abogado Isidoro Vicario señaló que el compromiso hecho por los funcionarios del CJF es que se vigilará el actuar de los jueces que tienen bajo su encargo asuntos relacionados con el caso Ayotzinapa.
“Nos manifestaron que van a estar por lo menos vigilantes del actuar de los jueces que integran el Poder Judicial de la Federación. Manifestaron que no está en sus manos, porque ellos no van a resolver los asuntos de fondo, pero por lo menos hubo un compromiso de que van a estar vigilantes del actuar de los jueces donde están estos amparos y otros procesos penales del caso Ayotzinapa”, comentó.
Por su parte el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, externó que les hubiese gustado un mayor compromiso del Consejo y tras confirmarse una próxima reunión, esperan que se haga lo más pronto posible.
“Bueno, pues ¿cómo nos vamos? Pues no nos vamos satisfechos, lo que hubiéramos querido es que hubiera un compromiso más puntual del Consejo de la Judicatura. Pero bueno, sabemos de sus limitaciones, sabemos de los alcances que tiene el Consejo de la Judicatura y esperemos que se agende la reunión lo más pronto posible y podamos dar seguimiento”, dijo.
Rosales Sierra mencionó que en la reunión se tocaron cuatro temas principales. El cambio de medidas cautelares en el proceso del coronel Rafael Hernández Nieto, la solicitud formal por parte de la defensa de 14 militares de interrogar al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, al ex fiscal especial Omar Gómez Trejo y a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), además de un mecanismo en el que se concentren los expedientes referentes al caso.
Agregó y consideró como el más importante de los puntos, el amparo interpuesto por los padres para que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), haga entrega de información que consideran relevante para la resolución del caso.
“Sobre el amparo que interpusimos en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional que tiene que ver con la negativa de entregar la información relevante que tiene que ver con el paradero de los 43”, mencionó Vidulfo Rosales Sierra.
El abogado de los padres y madres señaló que en la siguiente reunión con el Consejo van a analizar cada uno de los temas prioritarios expuestos, particularmente la concentración de los expedientes del caso en una sola sede, aunque no precisó una fecha próxima en la cual se pueda llevar a cabo este nuevo encuentro.
Añadió que le solicitaron al Consejo tener diálogo con las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación, reiterando la importancia de la vigilancia que puedan efectuar de manera directa sobre las acciones y resoluciones que determinen los jueces involucrados en el caso.
“Le hemos dicho que se reúnan con el Poder Judicial, que dialoguen con el Poder Judicial, que hablen, que estén vigilantes de las acciones y demás resoluciones que los jueces puedan emitir. Nosotros ya hemos llevado el caso Ayotzinapa, principalmente lo que tiene que ver con militares, están en la arena judicial, están en la ruta judicial y corresponde al Poder Judicial dar respuesta a las madres y padres de los 43”, aclaró.
El abogado indicó que el tema de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no es únicamente mediático sino que por parte de los padres y sus representantes, lo han llevado al terreno judicial.
“Respecto al paradero de los 43, no es un tema nada más político, no es un tema de debate con el presidente de la República, ya es un tema que está judicializado y corresponde al Poder Judicial dar respuesta, está a prueba el Poder Judicial hoy en día”, puntualizó.
Mitin antes de la reunión
La reunión dio inicio aproximadamente a la una de la tarde y señalaron que estuvo presente el consejero Bernardo Bátiz. Antes del encuentro, los padres acompañados de estudiantes normalistas realizaron un mitin afuera de las instalaciones.
El mitin comenzó minutos después de las 12 del día y la consigna principal fue una mesa de diálogo con personal del Consejo de la Judicatura, para exponer los puntos trascendentales en el caso Ayotzinapa.
“Pedimos a los consejeros que nos den una audiencia que permita que pase una comisión de madres y padres a efecto de poder dialogar con ellos. Y que nos den una explicación, ¿por qué esa parcialidad del Poder Judicial? ¿por qué cuando se trata de procesar a los militares, son cuidadosos con el debido proceso?”, dijo.
Incluso destacó que en caso de que no se llevara a cabo la mesa de diálogo con los integrantes de la Consejería, se verían obligados a sostener un nuevo plantón en sus instalaciones, tal como el que mantienen frente a la Puerta 1 del Campo Militar Número 1.
“Si no se da esa mesa de diálogo, vamos a instalar un segundo plantón aquí. Al fin y al cabo que tenemos mucha gente, esa es la solicitud, ese es el objetivo por el que nos encontramos el día de hoy”, afirmó.
Rosales Sierra señaló al Poder Judicial de tener una total parcialidad en las decisiones relacionadas con el caso, particularmente en aquellas que involucra directamente a integrantes de los cuerpos militares del país.
“El Poder Judicial está representando un obstáculo para que podamos acceder a la justicia, particularmente los juicios y procesos que hoy se llevan en contra de los militares”, externó.
Los manifestantes se trasladaron en tres autobuses desde el Campo Militar Número 1, donde mantienen un plantón. Después de que ingresó la comitiva para la reunión con los funcionarios, parte de los manifestantes subieron a uno de los autobuses y se retiraron.
Los vehículos se mantuvieron bloqueando durante todo momento un carril de la circulación en la avenida de los Insurgentes, justo frente a la estación del Metrobús Doctor Gálvez, al sur de la Ciudad de México.
Al concluir la reunión y la entonación del himno Venceremos, cerca de 100 manifestantes subieron a los autobuses e iniciaron sus traslado en una protesta pacífica. Se espera que se mantengan en el plantón del Campo Militar Número 1 y el lunes acudan a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
El catedrático de la Facultad de Derecho en Chilpancingo, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Román Ibarra Flores, falleció el viernes a causa de cáncer.
El también dirigente de la corriente política Insurgencia Universitaria, contraria al grupo que encabeza rector electo Javier Saldaña Almazán, falleció en un hospital en Acapulco, de acuerdo con fuentes cercanas al universitario.
Alumnos, compañeros y seguidores lamentaron su fallecimiento en las redes sociales, en donde recordaron el legado del reconocido catedrático y abogado.
Román Ibarra tenía un bufete jurídico y escribió algunos libros, entre ellos Filosofía del Derecho y Valores Jurídicos y Eficacia en el Derecho Laboral Mexicano.
En 2005, el doctor fue considerado como candidato para ocupar la Rectoría de la UAG. También fue fundador de Morena en Guerrero.
Saldaña Almazán publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Expreso mi solidaridad a sus familiares, en especial a su esposa Julita Díaz, quien me conmovió por su apego, amor y ganas de sanar a su esposo”.
Por su parte, integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la UAG, corriente a la que también pertenecía Ibarra Flores, junto con Rubén Cayetano García, lamentaron el fallecimiento de su compañero.
“Ibarra es el ejemplo de un verdadero hombre de izquierda, de profundas convicciones democráticas y humanistas, que jamás titubeó. Toda una vida dedicada a la academia y a la enseñanza del conocimiento jurídico consecuente”, se leía en una publicación que realizó Cayetano García.
Dijo que las personas tienen que seguir el ejemplo de Ibarra Flores, para honrar su memoria y legado como jurista honesto, comprometido con los más altos principios de la justicia. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Inés Fernández, al salir de los juzgados federales en Acapulco, en dónde posteriormente ofreció una Conferencia de prensa Foto: Carlos Carbajal
Este lunes se llevó a cabo, en el juzgado segundo de distrito, la última audiencia del juicio por abuso sexual contra la mujer indígena me’phaa, Inés Fernández Ortega, cometido por efectivos del Ejército y sólo se espera sentencia del juez federal.
En conferencia de prensa, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, dijo que de los 11 soldados agresores de Inés, sólo se encuentra en la cárcel Hugo Humberto García de León.
Explicó que este lunes fue una audiencia final o “de vista”, y se presentaron los escritos y acusación de ambas partes, mientras que la fiscal general presentó sus conclusiones.
Añadió que solamente se espera la sentencia del juez federal y que sea en el término establecido, que son 15 días, “le pedimos al juez una penalidad alta por los delitos cometidos”, que asciende a 60 años.
“Nosotros confiamos en el juez federal, doña Inés siempre confía en la justicia, esperemos una sentencia con perspectiva de género y que se valoren los datos y pruebas”, acotó.
Indicó que el acusado se declaró una vez más inocente y que “Inés es una persona indígena, que no habla castellano y que está mintiendo”.
Aseguró que el militar acusado no presentó ninguna prueba de “descargo” a su favor y las pruebas que se presentaron de Inés son contundentes.
Señaló que al militar se le acusa por los delitos de tortura sexual, robo, allanamiento de morada y abuso de autoridad.
Fernández Ortega pidió que ésta “sea la última vez que venga a una audiencia, porque en varias ocasiones he estado asistiendo a una audiencia”.
Expresó que cada vez que lo ve “siente coraje y que lo único que pido es que finalmente sea condenado”.
“Cada vez que se vuelve a mencionar, me da coraje y lo único que pido es justicia”, concluyó. (Argenis Salmerón).
