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Denuncia abogado a secretario del TUA en Acapulco por no dar entrada a sus demandas

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

El abogado litigante y ex delegado estatal de la Procuraduría Agraria, Evaristo Torres Santamaría, denunció que un empresario italiano obtuvo la posesión plena de 16 hectáreas en el corredor industrial Acapulco-Pinotepa Nacional y que el secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del distrito 41 de Acapulco, Francisco Javier Pérez, no ha admitido esta y otras dos demandas desde hace tres años.
El ex funcionario dio una conferencia de prensa en el centro de Chilpancingo el mediodía de ayer.

Menospreció a medios de comunicación y redes sociales

“El que acudamos a las redes sociales es muy lamentable como abogados, pero ya estamos cansados”.
Señaló que el secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del distrito 41 de Acapulco, Francisco Javier Pérez Rosas, les ha pedido documentos en tres casos en los que, dijo, los debe presentar la contraparte para defenderse.
Esto ha provocado que no sean admitidas sus demandas desde el 2022.
Puso como ejemplo la obtención de los certificados parcelarios de un empresario italiano de nombre Mario Valent.
“Son 16 hectáreas pegadas al mar en el ejido San José Guatemala, municipio de San Marcos, en el corredor industrial Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca”.
Se obtuvieron certificados parcelarios, agregó, en favor de un italiano que le fueron asignados por la asamblea de ejidatarios.
Dijo que con las manos en la cintura al extranjero le dieron las tierras.
“Lo hicieron vecino ejidatario y le dieron pleno dominio de las tierras, sin embargo no aparece en ninguna acta de asamblea”.
El ex funcionario federal argumentó que el artículo 13 de la Ley Agraria establece que para tener la calidad de ejidatario la asamblea de ejidatarios debe reconocer que una persona está avecindado en el ejido y estar inscrito en el Registro Nacional Agrario.
“Posteriormente se acredita la calidad de ejidatario y se entregan los certificados, pero el italiano los consiguió sin pisar una comisaría y sin estar en ninguna asamblea”.
El abogado litigante indicó que el secretario de acuerdos del Tribunal Agrario de Acapulco les ha pedido cosas extras para dar entrada a la demanda de la cancelación de los certificados planos del ejido.
“Pide documentos que serán materia de la contraparte. El ejido tendrá que defenderse, presentar su plano y expondrá porque aparece así (como ejidatario) el italiano”.
No dijo quienes son sus clientes, pero que sí están dispuestos a ratificar.
En otro caso dijo que están en litigio 4 hectáreas en Pie de la Cuesta en Acapulco entre tres hermanos de apellido Torrejo Luna (sus clientes) y la viuda del propietario.
“El papá de los tres falleció, la esposa (que no es madre de los tres hijos del fallecido) promovió ante el Tribunal Agrario la sucesión porque no dejó testamento y le otorga los certificados”.
“La ley establece que después del fallecimiento del padre, la madre tiene el derecho de heredar de manera preferente, pero los tres hijos no son de ella. Antes de morir el propietario donó la parcela a sus hijos y eso está acreditado ante el ejido”, dijo el abogado.
En este asunto, el secretario de acuerdos del Tribunal Unitario ha argumentado que las firmas de los hijos no se parecen y les ha pedido acudir a ratificar.
“El momento para ratificar es en la audiencia de ley que no se ha desahogado, está sugiriendo que falsificamos las firmas”, expresó.

El caso lleva un año y medio sin ser admitido

Mencionó un tercer caso, el de Cesario Salgado (su representado) dueño de 500 hectáreas inscritas en el Registro Público de la Propiedad y que está siendo constantemente “perturbado” por el Ejido de Juntas de Río Chiquito, del municipio de Atoyac que reclama la propiedad.
En este litigio, dijo Evaristo Torres, el Tribunal Agrario de Acapulco no admite o da entrada a una demanda para retener la posesión.
Aseguró que ya se presentó una queja contra el servidor público, el secretario de acuerdos del tribunal, ante el Tribunal Superior Agrario, que preside Claudia Dinora Velázquez González, y ante el órgano interno de control del mismo.

 

Golpes, en una junta ejidal en Apango; la PA amenaza para imponer el Procede, denuncian



Teresa de la Cruz Chilpancingo

Autoridades agrarias de San Juan Totolcintla, municipio de Apango denunciaron ayer que técnicos de la Procuraduría Agraria (PA) intentaron bajo “amenazas” que campesinos de ese lugar aceptaran su ingreso al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede); sin embargo, dijeron que lo único que ocasionaron fue que hubiera golpes entre los asistentes además de enfrentamientos verbales.
Pidieron al nuevo delegado de la PA, Evaristo Torres Santamaría, que ordene la cancelación de los trabajos en esa localidad ubicada en la zona del Alto Balsas, pues advirtieron que la próxima vez que esa dependencia intente hacer mediciones, van retener a sus trabajadores.
El suplente del presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Joaquín Miranda Villegas, precisó en entrevista en esta capital que representantes de la PA pretendieron hacer una asamblea el pasado 27 de abril en la localidad, respaldados por un líder social, Fortino Caseres Cabrera; pero indicó que por falta de quórum esta se pospuso para el 6 de mayo.
Miranda señaló que como estaba programada la reunión se efectuó al medio día del pasado sábado; ahí sólo 12 de 117 campesinos dijeron que entrarían al Procede, “el resto contestó que no”. Ante esa postura, dijo que la PA “nos amenazó de que si no recibíamos el programa, que íbamos a perder la única oportunidad para poder ingresar”.
Señaló que aún así la respuesta de la mayoría de los campesinos fue la misma e incluso “exigieron que se pararan los trabajos, pero en ese momento familiares de Fortino Caseres, empezaron a agredir a la gente; su esposa golpeó a una señora, luego otros se le iban a ir encima a los que estaba en la mesa, aunque algunos lo impidieron”; “en esos momentos todo fue muy tenso, había gritos entre quienes apoyan la propuesta y quienes no quieren el Procede”.
Dijo que luego que se calmaron la cosas y mientras se salían los representantes de la PA, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, “pidió que se elaborara un acta, pero nos dijeron que no, que la hiciéramos nosotros y que se las trajéramos hoy (ayer lunes). Por eso hoy estamos aquí”.
Aseguró que la decisión de la asamblea fue también que “ya no vamos a permitir que sigan los trabajos de medición, sí vamos a retener a los técnicos, porque ya la gente está muy molesta”.
Por su parte, el dirigente del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guillermo Álvarez Nicanor manifestó que es “preocupante” la actitud que han asumido los técnicos de la PA por lograr que los nahuas ingresen al Procede.
Dijo que un escenario que tienen ante esa necedad es que posiblemente tras individualizarse la tierra, en un segundo momento el gobierno federal comience a hacer expropiaciones, para rescatar la construcción de la presa San Juan Totolcintla que planeaba realizar el ex presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari; el proyecto fue cancelado en ese entonces por las protestas de los comuneros.