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Denuncian ejidatarios en Chichihualco nombramiento ilegal del comisariado

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Ejidatarios de Chichihualco, denunciaron que de manera ilegal, el grupo que ha venido “usufructuando y saqueando” los bienes del ejido, nombró a los integrantes de un nuevo comisariado ejidal, sin la autorización de dependencias como la Procuraduría Agraria (PA), que es la que debe convocar la asamblea y sancionar el nombramiento de las autoridades en los núcleos agrarios.
El ejidatario Tomás Chávez Ortíz, en representación del grupo disidente informó que, además, la elección se realizó mientras está pendiente una resolución del Tribunal Colegiado de Acapulco, como consecuencia de un recurso de impugnación que fue presentado precisamente por el nombramiento irregular de los representantes del ejido que el 24 de enero pasado convocaron la asamblea.
Los representantes impugnados son Faustino Visoso Duque, Alfonso Duque Marino y Florencio Morales Torres, como presidente, secretario y tesorero respectivamente del comisariado ejidal.
Chávez Ortiz denunció ayer que estos “supuestos” representantes convocaron de manera ilegal a una asamblea el 24 de enero y nombraron a los nuevos integrantes del Comisariado Ejidal, sin la participación de las dependencias responsables de convocar y sancionar las asambleas, y aun cuando los mismos convocantes están impugnados porque fueron igualmente nombrados de manera irregular en el 2021.
“Ahora ellos mismos convocaron como integrantes del Comisariado Ejidal, cuando la ley agraria señala que quien debe convocar es el Consejo de Vigilancia”, denunció Tomás Chávez.
“Quien convocó fue el comisariado falso, y ellos mismos pusieron a la gente que quisieron, aun estando pendiente una sentencia que tiene que salir del Tribunal Colegiado de Acapulco”, insistió.
Aseguró que en la asamblea que convocaron los “representantes falsos” hubo poca asistencia, “pero ellos dicen que aquí nadie los va a mandar, ni el gobierno, que van a hacer lo que ellos quieran porque son los dueños del ejido”.
Chávez Adame informó que quien respalda a este grupo de ejidatarios es el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo, “es el que les da alas y les dice que mientras esté él, todas las dependencias se la van a pelar”.
Contó que en la asamblea en la que se nombraron a los nuevos representantes del núcleo agrario, Romero Sotelo les dijo que no se preocupen, que nadie les ha a hacer nada; “ustedes pónganse cabrones”.
Incluso aseguró que quienes elaboraron y emitieron la primera y segunda convocatoria para la elección fueron abogados de la organización de Romero Sotelo, “ni siquiera fue la gente de Faustino”, (el comisariado saliente).
Recordó que este mismo grupo de ejidatarios se eligió en el 2021, igual, de manera irregular, por lo que un grupo de ejidatarios impugnó la elección y ganó el juicio, pero que los “usurpadores” promovieron un amparo, pero no procedió, sin embargo no se ha dado a conocer la resolución porque el Colegiado de Acapulco sigue cerrado por los daños ocasionados por el huracán Otis.
Indicó que saben que se va a dar a conocer la resolución antes del 15 de febrero “y esta resolución tiene que llegar al Tribunal Unitario número 12 (TUA 12) de Chilpancingo que lo dará a conocer a los ejidatarios.
Dijo que por ahora la preocupación de los ejidatarios es que el grupo que está usurpando las funciones de representantes sigue vendiendo terrenos de uso común “y cobrando el diezmo”, y lo grave es que, denunció, siguen explotando clandestinamente las tierras.
“Esa es la preocupación, no nos preocupa su nombramiento porque sabemos que es ilegal y lo vamos a volver a impugnar y las autoridades van a resolver en contra, pero nos preocupa el saqueo que siguen haciendo del ejido desde hace 10 años”, denunció.
El dirigente ejidal, pidió la intervención de la gobernadora, para que se frenen las acciones ilegales tanto del grupo de ejidatarios como del dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.

Deshabitados, 30 de los 43 fraccionamientos construidos tras Ingrid y Manuel: Sedatu

En imagen tomada el 12 de septiembre, las viviendas del Nuevo Balsamar, municipio de Eduardo Neri, que fueron entregadas a damnificados de Ingrid y Manuel, y después de 10 años siguen esperando agua, luz y la pavimentación de sus calles Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 10 años de los daños provocados por las tormentas de Ingrid y Manuel, sólo 13 de los 43 fraccionamientos que construyó el gobierno anterior están “medio habitados” y 30 están totalmente deshabitados, informó la coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero, Aurora Muñoz Martínez.
En entrevista el lunes, la funcionaria federal informó que personal del área que coordina ha hecho visitas y una revisión técnica de la situación en que se encuentran los 43 fraccionamientos que fueron construidos para reubicar a las familias damnificadas por las lluvias del 13, 14 y 15 de septiembre del 2013.
Informó que de la revisión que se hizo, en la mayoría se detectaron irregularidades desde la adquisición de los predios hasta fallas estructurales de las viviendas, derivado de ello las familias que deberían ocuparlas algunas se regresaron a los sitios donde vivían antes de los daños que sufrieron u otros buscaron otros lugares para vivir.
La funcionaria informó que derivado de las irregularidades encontradas, la dependencia sólo está trabajando en fraccionamientos como el del Nuevo Mirador en Chilpancingo; San Agustín Barrio Tres, de Acapulco; Omitlán y Nuevo Guerrero, de Juan R. Escudero; El Tamarindo, de Florencio Villarreal, Puente Blanco y Nuevo Balsamar, de Eduardo Neri (Zumpango); el de Tixtla y Azinyahualco, de Chilpancingo.
Sin embargo, explicó que sólo en Nuevo Mirador de Chilpancingo se ha demolido y se reconstruyen 212 viviendas, en el resto sólo realizan gestiones para la regularización de los predios u obras de mitigación, reconoció Muñoz Martínez.
Informó que la mayoría de los fraccionamientos deshabitados están en la región de Tierra Caliente y en Chilpancingo.
Explicó que sólo dónde hay gente viviendo en algunos fraccionamientos han entregado constancias a los beneficiarios como en el de Tixtla, Omitlán y uno de Tlapehuala, “donde hemos comenzado el proceso de escrituración”.
Informó que en otros nueve han realizado estudios para la introducción de la energía eléctrica.
Uno de los fraccionamientos que está “medio habitado” es el de Nuevo Balsamar, ubicado a unos 15 minutos de Chilpancingo, rumbo a Chichihualco, donde a través del programa Por una Mejor Vivienda les dieron un recurso a las casi 50 familias que ocupan las casas, de un total de 200 (el resto están desocupadas) para que arreglen sus viviendas que presentan daños estructurales, informó Aurora Muñoz.
Dijo que en este fraccionamiento no se reconoce la compra del terreno que se hizo por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
“Hemos buscado a las autoridades para avanzar en el asunto de la regularización, ese es el problema principal que hay en los 43 fraccionamientos, la regularización de los predios”, declaró la funcionaria.
Explicó que hay fraccionamientos que por tener propiedad ejidal y por no haberse hecho el dominio pleno, apenas están realizando los trámites con la Procuraduría Agraria (PA) para avanzar en la regularización.
La funcionaria dijo que de los 43 fraccionamientos actualmente sólo en uno ubicado en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, no hay ningún problema “gracias a Dios, porque en todos los demás hay algo”.
Uno de los que no está habitado totalmente es el de Azinyahualco, municipio de Chilpancingo, donde de acuerdo Muñoz Martínez se construyó en un lugar fuera del terreno comprado por la Sedatu y el predio es ejidal.
“Aquí hay muchas anomalías, por ejemplo, se compró un terreno, pero las viviendas no se construyeron ahí, hubo cambio del lugar, e igual que estas anomalías hay en los 43 fraccionamientos”.
Informó que han tenido reuniones con el comisariado y la idea es que se avance en la identificación bien del predio con los documentos que ellos tienen bajo su resguardo para la regularización, pero aseguró que ya están avanzando tanto con la Procuraduría Agraria como con la gente del Registro Agrario Nacional (RAN).
La coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero reconoció que esta administración no va a terminar de corregir las fallas y que si acaso, sólo van a terminar con la reconstrucción de las 212 viviendas en el Nuevo Mirador.
Indicó que en todos los casos, “la parte jurídica es lo que va a ser más lento; le estamos dando prioridad a esa parte, pero hemos tenido que reconstruir todo lo que tiene que ver con los expedientes, desde los planos, proyectos ejecutivos, la compra del predio, los servicios. Se ha necesitado ir armando cada uno de los expedientes”.
Opinó que para resolver el problema se requiere que las autoridades que tienen que ver con el asunto “trabajen con más compromiso”.
Explicó que Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero no fue creado para la reconstrucción de los daños de Ingrid y Manuel, “venimos por los sismos del 2017, después se vino lo del sismo del 2021 y nos quedamos con el programa de vivienda social que estamos atendiendo”.
Dijo que el caso de la reconstrucción de Ingrid y Manuel “ha sido un caso especial” que se incluyó al programa de trabajo que traían. “Pero nosotros veníamos por otro programa y hemos tenido que asumir esta parte que tiene que ver con Ingrid y Manuel.
Con respecto a las críticas de lo que está haciendo el Programa que encabeza, pidió que haya convencimiento de que “la respuesta que estamos dando es técnicamente acorde para que las familias puedan tener seguridad en sus viviendas. Espero que al final, cuando concluyamos la reconstrucción, la gente pueda tener una vivienda segura”.
Añadió que el llamado a las familias es que confíen en el trabajo que se está haciendo ahora. “Nosotros tenemos esa responsabilidad”.
Aseguró que los actuales funcionarios “tenemos otra forma de conducirnos con las personas, hay gente que nos ha contrapunteado para que, a lo mejor, respondamos de la misma manera. No es así, Nosotros tenemos como tarea específica y clara la construcción de las viviendas de manera adecuada y segura para cada una de las familias”.

 

No tiene clara la petición del Craadet; se negaron a dialogar, dice el delegado del RAN

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Roberto Olivares Pita declaró ayer que los integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet) que se manifestaron el miércoles afuera de la dependencia federal se negaron a dialogar para revisar su expediente.
El miércoles, integrantes del Craadet protestaron afuera del RAN de Chilpancingo porque denunciaron que la dependencia federal se niega a registrarles los estatutos comunales y ejidales en los que se manifiestan en contra de la extracción minera.
Entrevistado por teléfono ayer, el delegado informó que la solicitud del Craadet “no lo tiene bien claro” porque los representantes del movimiento “no quisieron ser atendidos”.
De acuerdo al funcionario federal, cuando se dan este tipo de protesta “lo primero que hacemos es ofrecerles nuestra atención, y en el caso de ellos desconozco la razón, pero en un principio dijeron que sí al diálogo, y al final dijeron que no”.
Aseguró que desconoce el motivo por el cual no quisieron entrar a las oficinas a plantear sus demandas, “y es por ello que no tenemos mucha claridad en su petición”, dijo cuándo se le preguntó por qué la dependencia no había atendido su solicitud de registrar los estatutos comunales y ejidales de los núcleos agrarios que presentaron, cuando según el Craadet entregaron la petición desde el 5 de noviembre del 2021.
“Escuchamos que solamente hacían mención a sus reglamentos internos y estatutos comunales que posiblemente se hayan denegado, pero nada más”, dijo el funcionario federal respecto a la protesta del miércoles.
Agregó que “posiblemente (la negativa) viene de un estudio previo, y cuando no se cumple con la normativa, con los requisitos y demás, procede la negativa no tan sólo en la zona de la Montaña, sino en todas las zonas del estado”.
Aseguró, sin embargo, que de parte de la dependencia “hay la disposición para atenderlos y orientarlos de cómo y a donde pueden presentar sus peticiones de ese tipo”.
Aseguró que con otros grupos han tenido buenos resultados, “pero siempre debe existir ese diálogo y que alguien que los represente se siente a la mesa de diálogo”.
En el caso del Craadet, el delegado del RAN dijo que la representación en Guerrero de esa dependencia seguirá abierta para poderlos atender, “finalmente el gobierno está para eso, para atender, aquí lo hacemos todos los días”.
Anunció: “Seguramente los vamos a localizar y a pedirles que vengan y quizá sea un tema también de la Procuraduría Agraria, y nos vamos a reunir para atenderlos, esa es nuestra obligación”.
El funcionario federal reconoció que en el momento de la entrevista no tenía información ni los antecedentes de la petición de las autoridades agrarias del Craadet, “pero sería suficiente con que nos informaran del asunto, que nos proporcionen copias del expediente que presentaron para darles la atención”.
Argumentó que en el caso de Guerrero el RAN de Chilpancingo es la única oficina que tiene en el estado “y entran muchísimas solicitudes, y es muy complicado que nos acordemos si un comisariado trae cierta solicitud, porque además muchos documentos entran por ventanilla”.
Explicó que ha dicho a los comisariados que el compromiso de la dependencia es atenderlos, pero que les faciliten una copia de sus peticiones para revisarlos.
“Aquí todos los días recibimos comisariados y a veces llegan molestos porque consideran que no hay atención adecuada pero ya cuando los atendemos salen muy contentos, satisfechos”.
El delegado insistió que las autoridades del Craadet no quisieron que los atendieran, “pero vamos a tratar de ubicarlos y reiterarles nuestro compromiso de atenderles”.

 

No sabe de núcleos agrarios bajo control del crimen, dice Daniel Cahua

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El subsecretario de Asuntos Agrarios, Daniel Cahua López, aseguró este lunes que esa dependencia no tiene conocimiento de que algún núcleo agrario esté controlado por el crimen organizado, que impida entrar a esos territorios a funcionarios gubernamentales.
El viernes, el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luis Hernández Palacios Mirón, informó en Xochistlahuaca que 100 de mil 250 núcleos agrarios de Guerrero están controlados por el crimen organizado, que en éstos, la institución que dirige no puede entrar.
A pregunta por teléfono, Cahua López declaró: “Nosotros no hemos tenido mayor problema, hemos podido transitar en los diversos núcleos agrarios y no tenemos ningún tipo de recomendación o restricción. Hemos realizado nuestro trabajo”.
Según el funcionario, han estado en las regiones Montaña, Costa Grande y Centro “y no hemos tenido ningún problema, en el que haya intervenido particularmente el crimen organizado”.
Aseguró que la atención que se ha dado a los ejidatarios y comuneros ha sido tanto en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno como en el territorio, que quienes participan son los ejidatarios o comuneros sin restricciones de ningún tipo.
“De modo que desconozco si él (el funcionario federal) tenga alguna otra información, pero lo cierto es que hay constancia de que hemos transitado y estado desde Atlixtac hasta Metlatónoc, Alcozauca y Alacatlatzala de donde hemos dado la vuelta hasta San Luis Acatlán y Marquelia, y por toda esa zona no hemos tenido ningún problema”.
En su declaración del viernes, el titular de la PA, Palacios Mirón, dijo que los grupos criminales tienen el control territorial de núcleos ubicados en Costa Grande y la Montaña, en donde eligen a sus comisariados y que otra de sus actividades es extorsionar a los beneficiarios de los programas federales.
El subsecretario declaró que también en Costa Grande han acudido a reuniones, que apenas estuvieron en Tecpan y el sábado pasado en Coyuca de Benítez, donde estuvieron entregando títulos agrarios, concretamente en la localidad Ocotillo.
Agregó que es esa reunión estuvo precisamente el director general del Registro Agrario Nacional (RAN), Plutarco García Jiménez. “Hemos tenido reuniones con los diversos órganos de representación y las únicas controversias son por límites de tierras, pero no de otro tipo de problemas”.
Informó que, incluso, han transitado por todo el territorio guerrerense con diversos representantes del gobierno federal que atienden los problemas agrarios, “no hemos tenido conocimiento de que algunos de ellos ha tenido problemas”.
Aseguró que, en su caso, se traslada sin seguridad “porque asistimos a las reuniones para atender problemas de los campesinos, de los sectores agrarios, no de otro tipo”.
“La verdad es que en materia agraria, por lo menos yo, en los lugares donde he asistido no me he encontrado a alguien que me haya impedido el acceso a algún núcleo agrario, y no hemos visto otra cosa más que conflictos agrarios”, insistió.
Acotó que, sin embargo, “tal vez el procurador, al hacer esa declaración, tenga datos distintos”, lo cual dijo que es extraño porque por lo regular los temas agrarios son atendidos de manera coordinada, por autoridades tanto federales como estatales.
“De manera conjunta, se atienden en la Mesa Agraria, en donde participamos todas las autoridades del ramo”, explicó.

Cancelan la elección de comisariado en Tetelcingo; se alteró el padrón, denuncian

Alejandro Guerrero

Iguala

Pobladores de la comunidad indígena nahua de San Juan Tetelcingo, municipio de Tepecoacuilco, denunciaron corrupción e irregularidades en el proceso de elección para la renovación de la Comisaría de Bienes Comunales el cual se realizaría este viernes pero fue suspendido debido a que presuntamente se pretendía que votaran quienes no son comuneros y personas que usurparon a otros que ya fallecieron.
De acuerdo con la activista y ex aspirante de Morena a la diputación federal, Juventina Asencio Iglesias, un grupo minoritario afín al comisariado saliente Juan Urbano Mendoza Villalba y “caciques” del pueblo, pretendieron realizar la asamblea de elección en la calle afuera de la Casa del Pueblo, y no en la Comisaría Ejidal como se ha hecho.
En declaraciones por teléfono, denunció que el grupo afín del comisariado saliente, quien tiene el apoyo del alcalde panista Félix López Olivares y el “cacique” José Concepción García, sin un orden del día y sin permitirles a ellos presentar la propuesta de su candidato, empezaron con el pase de lista en la mesa instalada en la calle, y al mismo tiempo llevaban otra lista donde iban votando conforme eran nombradas las personas, lo que provocó confrontaciones verbales entre los dos grupos.
Indicó que en la lista llevaban los nombres de personas ya muertas, algunas que fallecieron durante la pandemia por Covid-19 y personas que usurpaban su lugar, pues al ser una comunidad pequeña conocen a todos los pobladores; asimismo, llevaron personas “acarreadas” de otros pueblos que no son comuneros y pretendían que también votaran.
Denunció que no llegó ninguna representación del Registro Agrario Nacional (RAN) ni de la Procuraduría Agraria (PA), como tampoco del gobierno municipal de Tepecoacuilco, sólo policías municipales y comunitarios que presenciaron el hecho y se retiraron.
El proceso se realizaría a partir de las 11 de la mañana con un padrón de alrededor de 500 comuneros, pero debido a las irregularidades señaladas se canceló. Cerca de las 2 de la tarde el grupo afín a Morena se trasladó a la Comisaría Ejidal donde intentarían realizar la asamblea general y las elecciones.
Por la noche, Ascencio Iglesias informó que no hubo elecciones y fueron canceladas, y en la Comisaría Ejidal levantaron un acta y firmaron una minuta de acuerdos en la que convocaron a una asamblea general para las 12 del mediodía del domingo en la que se pretende tomar acuerdos para realizar la elección.
En el oficio firmado en la reunión de la comisaría ejidal y que fue firmado por pobladores que se opusieron a que elección se realizara en la calle, se denuncia que el actual presidente del Comisariado de Bienes Ejidales, Juan Urbano Mendoza decidió de manera “abrupta” que la asamblea de elección sí se realizara en la calle con listas de personas que él llevaba.
Asimismo denunciaron que el comisariado saliente no ha dado un informe de la renta de terrenos de siembra de maguey mezcalero ni del balneario natural Apantipan, que al año generan ingresos de alrededor de un millón de pesos.
En las declaraciones hechas, denunció que desde hace ocho años, enviados de la Procuraduría Agraria en complicidad con los “caciques” del pueblo han impuesto al Comisariado de Bienes Ejidales mediante procesos de elección irregulares, incluso mencionó que así designaron al actual Juan Urbano Mendoza.
Por separado, la pobladora Cristina Iglesias Cortés, denunció que un grupo minoritario pretendía realizar las votaciones a escondidas para pretender imponer una vez más a su candidato. Dijo que se opusieron al proceso de votación que habían iniciado el grupo afín al comisariado saliente porque estaban violentando las leyes agrarias y los derechos de los comuneros, además de tener a los adultos mayores parados en la calle bajo el sol.
Hizo un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al presidente Andrés Manuel López Obrador que intercedan en este proceso para no llegar a más conflictos entre los pobladores.

Mantienen la PA y el TUA a comisariado acusado de irregularidades en Tepecoacuilco, denuncian

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En reunión en la comisaría municipal de San Juan Tetelcingo, municipio de Tepecoacuilco, comuneros denunciaron las irregularidades cometidas por el grupo político que se ha sostenido en los cargos de núcleo agrario desde 1996, en complicidad con el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Tribunal Unitario Agrario (TUA), informó la luchadora social, Juventina Ascencio Iglesias.
En entrevista telefónica sobre la asamblea de este domingo, indicó que quienes se ostentan como autoridades agrarias vendieron la parcela de la escuela y se apropian de terrenos con el sello de los bienes comunales, además de que agreden física y verbalmente a quienes deben representar y los han representado contra su voluntad en tribunales.
La líder nahua recordó que el martes, el pueblo impidió que ese grupo tomara como oficina la Casa del Pueblo, cuando llegó acompañado con un actuario del TUA, según sus credenciales.
Al siguiente día pidieron en la unidad administrativa en Iguala, una explicación sobre la diligencia del visitador, solicitaron la depuración del padrón comunal y que se convoque a elecciones del núcleo agrario. Dijo que ahí les informaron que la asamblea electiva será tentativamente el primero o 2 de diciembre, pero quedaron de confirmar.
Recordó que Urbano Mendoza Villalba, reconocido por las autoridades agrarias como presidente del Comisariado de Bienes comunales de San Juan Tetelcingo, pero desconocido por el pueblo, citó a asamblea el 22 de noviembre, pero al parecer también a él le cambian las fechas.
Añadió que en la próxima asamblea se espera que vaya personal del RAN y de la Procuraduría Agraria (PA).
Sin embargo, aclaró que hace tres años, los funcionarios federales se retiraron de la sesión, argumentando que el pueblo pretendía quemarlos, lo cual negó rotundamente Juventina. Señaló que fue una estrategia para favorecer al grupo que tienen en el poder más de 20 años, cuando algunos ni siquiera viven en el pueblo.
Indicó que, en la reunión, los asistentes acordaron llamar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a poner atención en este conflicto, “que nos tomen en cuenta como pueblos originarios, en los hechos no vemos resultados”.

 

No solucionan conflicto agrario de Zitlaltepec y Buena Vista; aumenta el riesgo de violencia

Sin acuerdos terminó ayer una reunión de representantes de los núcleos agrarios de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, y Buena Vista, de San Luis Acatlán, convocada por autoridades federales y estatales para resolver un conflicto agrario entre las dos comunidades que surgió hace más de 80 años.
Tras el fracaso de las negociaciones, el riesgo de violencia entre los comuneros de los dos núcleos agrarios aumentó, toda vez que los representantes de Buena Vista rechazaron la propuesta de una indemnización a cambio de las 488 hectáreas en conflicto, y amenazaron que las van a recuperar a costa de lo que sea.
La reunión en las instalaciones de la Procuraduría Agraria (PA) estuvo encabezada por el subsecretario de Asuntos Agrarios, Jesús Francisco Corral Palomera; el sub secretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel, y el subdelegado jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Marcial Rarilla.
Por parte de la comunidad de Buena Vista encabezó la comisión el comisariado de Bienes Comunales, Juan Carranza Martínez, en tanto que de parte de Zitlaltepec fue el comisariado de Bienes Comunales Miguel Santiago Lorenzo.
El abogado de Zitlaltepec, Luis Jerónimo Zavala informó que el conflicto surgió hace más de 80 años entre los núcleos agrarios de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán y Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, quienes se disputan 488 hectáreas de tierra que han provocado varios enfrentamientos entre los comuneros.
El abogado Jerónimo Zavala informó que, en julio de 2015 el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 12 de Chilpancingo emitió una resolución a favor de Zitlaltepec, en la que asentó que de las 488 hectáreas, sólo 57 corresponden a Buena Vista y el resto a Zitlaltepec.
Sin embargo, el abogado declaró que la resolución del TUA 12 no se ha ejecutado ante la oposición de los comuneros de Buena Vista.
Dijo que, en la reunión de ayer las autoridades federales y estatales propusieron que los comuneros de Buena Vista reciban una contraprestación económica a cambio de las 488 hectáreas, pero que los representantes de ese núcleo agrario se negaron a aceptar, con el argumento que no sería avalado por los comuneros de su localidad.
Jerónimo Zavala informó que el presidente de los Bienes Comunales de Buena Vista, Juan Carranza Martínez solicitó un plazo de dos meses para someter a consenso entre los comuneros de su localidad la propuesta, pero adelantó que estaba seguro de que no la aceptarán porque quieren las tierras que están en posesión de Zitlaltepec.
El abogado explicó que, hace unos 80 años los comuneros de Buena Vista le reclamaban a los de Zitlaltepec una superficie de 488 hectáreas, “porque se decían ser dueños, como también se consideran propietarios los de Zitlaltepec”.
Añadió que, como nadie cedía se presentó la demanda ante el Tribunal Unitario Agrario de Chilpancingo, que mediante sentencia, en julio del 2015 determinó que Buena Vista y sus anexos únicamente son dueños de 57 hectáreas y no las 488 que reclaman.
El abogado explicó que los comuneros de Buena Vista ya no interpusieron ningún recurso legal, y que los de Zitlaltepec supusieron que habían quedado conformes con la sentencia.
Añadió que, como ya no hubo ningún recurso, Zitlaltepec comenzó a exigir que se ejecute la sentencia, porque las 488 hectáreas, incluidas las 57 que el TUA 12 resolvió que eran de Buena Vista, están en posición de Zitlaltepec.
Dijo que, sin embargo, Buena Vista no ha querido recibir las 57 hectáreas que el TUA 12 resolvió que son suyas, argumentando que les corresponden las 488 hectáreas.
Añadió que, con el fin de destrabar el conflicto, los comuneros de Buena Vista se acogieron al programa de Conflictos Sociales del Medio Rural (Cosomer) para que fueran indemnizados por las 488 hectáreas.
Informó que, en la reunión de ayer las autoridades federales y estatales, así como los representantes de los comuneros de Zitlaltepec, iban con la idea de que los representantes de Buena Vista aceptaría ya la indemnización a cambio de las tierras, pero que el comisariado de Bienes Comunales rechazó el ofrecimiento, argumentando que no sería aceptada la propuesta por sus representados.
El abogado añadió que el conflicto sigue entrampado como al principio, porque no creen que los comuneros de Buena Vista acepten la indemnización como adelantó su representante.
Recordó que el conflicto agrario es uno de los considerados como “foco rojo”, y que ha sido motivo de varios enfrentamientos entre los comuneros en disputa.
Informó que el riesgo de violencia sigue latente, porque los comuneros de Buena Vista han amenazado que van a recuperar las tierras a costa de lo que sea, pues insisten en que les pertenecen.

 

 

Piden comuneros de Zelocotitlán, Chilapa, reconocimiento legal a la Procuraduría Agraria

 

Comuneros de Zacapexco, Rincón de Chautla y Paraíso de Tepila, comunidades de Chilapa pertenecientes al núcleo agrario de Zelocotitlán, pidieron a la Procuraduría Agraria (PA) parar los excesos de cobro de multas y que se les reconozca legalmente, pues no entran al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) porque las autoridades comunales sólo los reconocen como avecinados.
Al término de la reunión privada, los comuneros dijeron que los atendió el subdelegado, Jesús González, para destrabar el conflicto, y que también estuvieron presentes autoridades comunales con las que tienen el problema.
Contaron que les han cobrado multas excesivas, de 5 mil a 10 mil pesos, por cortar árboles y otras acciones, pese a que no hay ningún estatuto que especifique costos ni asambleas que lo determinen; además señalaron que han sido víctimas de despojos.
El primero de los cinco acuerdos a los que llegaron es que se les entregará copia de los estatutos para verificar cuáles son las multas adecuadas; sin embargo, el estatuto aún no está terminado, y además cada comunidad nombrará a sus representantes, dijeron.
Otro acuerdo fue que quienes integran los bienes comunales y consejo de vigilancia devolverán un solar que le quitaron a un comunero, una vez que se presente a la comisaria de bienes comunales para definir la fecha para de la asamblea y se le devuelva. Contaron que se le despojó porque fue convocado por las autoridades comunales y no acudió.
El tercer acuerdo, en cuanto a su reconocimiento como comuneros, es que se les invitará a las asambleas convocadas por el comisariado de bienes comunales, donde tendrán derecho de voz.
El cuarto es que enviarán las solicitudes para que se convoque a asamblea y se les dé el reconocimiento como sujetos de los bienes comunales.
El quinto acuerdo fue en referencia a la tierras de uso común, pues han tenido conflictos en los terrenos que tienen árboles gruesos o monte, pues dijeron que el comisariado con su gente han medido, han parcelado, pero la ley dice que esos terrenos tienen que ser de uso colectivo, por lo que se tienen que respetar y reforestar, además de que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Semarnat) o la Comisión Nacional Forestal (Conafor) deben otorgar proyectos.

 

Llevó las escrituras ante la Procuraduría Agraria la vecina de El Ticuí, Atoyac, acusada de invasión

La vecina Justina Martínez Guillén de 95 años, que fue acusada por vecinos y ejidatarios de El Ticuí, Atoyac, de invadir el área de uso común en la calle Progreso del Sur, que también era entrada y salida a las viviendas de algunos vecinos, informó que presentó ante el Procuraduría Agraria las escrituras que la avalan como propietaria del terreno que presuntamente invadió.
Martínez Guillén dijo que su vecino José Manuel Cisneros González fue quien intentó invadir el área porque lo utilizaba para estacionar su automóvil.
En abril de 2016, Cisneros González convocó a medios de comunicación para denunciar que la vecina Eleazar Soberanis Martínez bloqueó el paso de 40 metros cuadrados, de uso común desde 1920 y del cual señaló es dueño de una parte. Además pidió que la asamblea ejidal atendiera el caso.
Eleazar Soberanis Martínez es hija de Justina Martínez Guillén, y se deslindó de la invasión porque dijo sólo representa a su madre. Acusó a Cisneros González de presentar unas escrituras falsas y dijo: “Mi madre Justina Martínez tiene 75 años viviendo en la calle Progreso del Sur, en la comunidad El Ticuí, el profesor José Manuel Cisneros intentó despojarla de la casa y de la calle”.
Soberanis acusó a Cisneros de estar acostumbrado a apropiarse de lo ajeno como lo hizo en la Ciudad de México y precisó que el caso ya está turnado ante la Procuraduría Agraria y las autoridades ejidales.
Afirmó que tiene los documentos que prueban que su mamá es la propietaria del terreno, y no quieren ser molestadas ni dialogar con el vecino agraviado, al que señaló de mentir a los medios y de no poder probar ante las autoridades ser dueño de algo que no le pertenece.
Manifestó que Cisneros “intentó robarle el predio que le dejó mi padre como herencia a mi madre y se negó a dialogar con mi madre en el Ministerio Público”.

La Procuraduría Agraria no interviene en Ahuetlixpa porque no se lo pidieron, dice el delegado

 

El delegado de la Procuraduría Agraria (PA) en Guerrero, Ezequiel Zúñiga Galeana afirmó que esa dependencia no ha intervenido en el conflicto entre San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco y Ahuetlixpa, municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), porque no fue solicitado por los pobladores “ante los intereses de abogados particulares que han llevado el caso”.
Desde el 22 de mayo, más de 400 indígenas nahuas de Ahuetlixpa están incomunicados luego de que sus vecinos de San Francisco Ozomatlán cerraron la carretera con una cerca de postes y alambre de púas, debido a un conflicto por 89 hectáreas de tierra.
Según los comuneros del núcleo agrario de San Juan Totolcintla, al que pertenece Ahuetlixpa, el conflicto es por 89 hectáreas de tierra, pero los de San Francisco Ozomatlán aseguran que es por más de 600 hectáreas.
Vía telefónica el delegado de la Procuraduría Agraria informó que el conflicto está a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de Asuntos Políticos del gobierno estatal y del Tribunal Unitario Agrario (TUA).
Detalló que la dependencia federal intervino con algunas asesorías en el TUA, sin embargo, las comunidades en conflicto tienen abogados particulares.
“Cuando los ejidos no tienen quién los represente en el Tribunal, el mismo Tribunal ordena asesorar a un sujeto agrario o a un ejido, pero cuando se presentan con abogados particulares nosotros ya no somos parte en el litigio, que es lo que sucede en esta ocasión”, expuso.
Agregó que si los pobladores hubieran requerido el apoyo de esa Procuraduría para resolver el conflicto, “tal vez ya se hubiera arreglado, pero en este caso la dependencia no interviene, pues lo no pedido es lo no concedido… y si no te buscan es porque no te necesitan”.
El delegado enfatizó que de momento no tienen una vía conciliatoria para resolver ese conflicto porque no forman parte del mismo, y dijo que los abogados particulares alejan a los pobladores de la Procuraduría Agraria, “por una simple razón: ellos cobran y nosotros no”.
Zúñiga mencionó que el TUA sabe que la Procuraduría no interviene en el problema, y que “en el momento de que nos presentemos a una audiencia nos rechazarían; entonces para qué voy”, dijo.
Por otro lado, se dio a conocer que la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez reconoció que sigue sin resolverse el conflicto agrario por el que habitantes de San Francisco Ozomatlán mantienen bloqueado al pueblo de Ahuetlixpa.
La alcaldesa refirió que la situación es grave, pues los habitantes nahuas de Ahuetlixpa siguen incomunicados, y actualmente la única salida que tienen es por el río Balsas, el cual se encuentra muy crecido.