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El Estado debe recuperar los núcleos agrarios tomados por el crimen, dice Arturo García

Ramón Gracida Gómez

El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, dijo que el Estado debe usar todo su poder para recuperar los núcleos agrarios controlados por el crimen organizado, lo que dio a conocer en entrevista con El Sur el procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón.
Vía telefónica, expuso que es importante que las comunidades se empoderen poco a poco con los programas sociales y sus integrantes participen en las decisiones, pero también que las autoridades garanticen el libre tránsito con la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército.
Dijo que “es interesante que un funcionario de alto nivel haga declaraciones de lo que ha sido un secreto a voces. Quizás se quedó corto en los datos”, pero coincidió en que hay núcleos agrarios donde las asambleas no funcionan, los comisariados son impuestos o simplemente no existe tal figura, todo esto por el “abandono de los territorios por parte de los tres órdenes de gobierno. Entonces, los habitantes no tienen otro referente, no tienen otros interlocutores”.
Indicó que es en la Montaña, en los municipios Joaquín Herrera, Ahuacuotzingo y Chilapa; la parte alta de Costa Grande, como en Petatlán y gran parte de Tierra Caliente, donde no se puede transitar y las personas no pueden salir de sus comunidades, ni para recoger su fertilizante.
Señaló que los gobiernos estatal y municipales no quieren entrarle al tema de recuperación del territorio, que apenas el gobierno federal le está poniendo atención, porque antes, al presidente Andrés Manuel López Obrador, “no le llegaba la información como tenía que ser”.
Para el asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, el gobierno federal tendría que usar “todo el poder del Estado, que no es sólo Guardia Nacional y Ejército, sino recargar los diversos programas de gobierno, pero empoderando a las comunidades”.
Además, dijo que la Guardia Nacional, que “no la vemos activa”, y el Ejército deben garantizar el libre tránsito en esos territorios, “no estoy hablando de represión, de guerra, de enfrentamiento, estoy hablando de empoderamiento de las comunidades”, puntualizó.
Entonces, expuso: “Si nosotros vamos logrando que poco a poco las comunidades se empoderen, que la asamblea se convierta en el mecanismo de gobernanza permanente, que las comunidades tomen decisiones, que las comunidades programen sus obras para el corto, mediano y largo plazo, yo considero que es la manera de cómo ir logrando una cultura de paz, pacificando las regiones hoy controladas por la delincuencia organizada”.
Sin embargo, señaló que los cuatro grandes programas, que son Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes y Precios de Garantía, presentan problemas, por lo que se deben de replantear. Por ejemplo, el fertilizante consiste en miles de “toneladas de productos químicos tóxicos”, por lo que hay que disminuir su uso.
De Sembrando Vida dijo que en Guerrero son menos de 50 mil los beneficiarios, cuando hay un promedio de 350 mil familias del campo, o sea, el 10 por ciento de la población rural; además, no hubo una planificación de la comercialización, entonces necesitan asesoría para colocar sus productos en los mercados.
La Producción para el Bienestar es un programa que da en promedio 6 mil pesos al año a cada productor que siembra maíz, café, miel, arroz y frijol, cantidad que “no se desprecia, pero no puede ser sólo eso el apoyo para reactivar el campo”, que mejor sería un esquema de crédito blando para garantizar la producción.
Del programa Precios de Garantía dijo que “ya vimos que no garantiza el incremento de los precios como se pensó, porque ese pacto no llega ni al 3 por ciento del maíz del estado y, además, no se paga a tiempo y se abren los centros de acopio tarde”.
García Jiménez aseveró que en el campo no existe rentabilidad, “la gente siembra maíz porque no tiene liquidez para comprar, pero sí tiene un pedazo de tierra y tiene manos”, por eso cuestionó la reducción de la pobreza dada a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la semana pasada.
Un nuevo agrarismo, expuso, debe reconstruir las instituciones en las que “ha predominado el burocratismo y la corrupción, la falta de presupuesto ”, además de crear una nueva ley agraria y promoveer un ejido integral y de un segundo piso, es decir, “crear cooperativas, asociatividad de los campesinos productores, para que concurran a proyectos de otro nivel”, y habló de maquinaria para el maíz y el café.

No sabe de núcleos agrarios bajo control del crimen, dice Daniel Cahua

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El subsecretario de Asuntos Agrarios, Daniel Cahua López, aseguró este lunes que esa dependencia no tiene conocimiento de que algún núcleo agrario esté controlado por el crimen organizado, que impida entrar a esos territorios a funcionarios gubernamentales.
El viernes, el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luis Hernández Palacios Mirón, informó en Xochistlahuaca que 100 de mil 250 núcleos agrarios de Guerrero están controlados por el crimen organizado, que en éstos, la institución que dirige no puede entrar.
A pregunta por teléfono, Cahua López declaró: “Nosotros no hemos tenido mayor problema, hemos podido transitar en los diversos núcleos agrarios y no tenemos ningún tipo de recomendación o restricción. Hemos realizado nuestro trabajo”.
Según el funcionario, han estado en las regiones Montaña, Costa Grande y Centro “y no hemos tenido ningún problema, en el que haya intervenido particularmente el crimen organizado”.
Aseguró que la atención que se ha dado a los ejidatarios y comuneros ha sido tanto en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno como en el territorio, que quienes participan son los ejidatarios o comuneros sin restricciones de ningún tipo.
“De modo que desconozco si él (el funcionario federal) tenga alguna otra información, pero lo cierto es que hay constancia de que hemos transitado y estado desde Atlixtac hasta Metlatónoc, Alcozauca y Alacatlatzala de donde hemos dado la vuelta hasta San Luis Acatlán y Marquelia, y por toda esa zona no hemos tenido ningún problema”.
En su declaración del viernes, el titular de la PA, Palacios Mirón, dijo que los grupos criminales tienen el control territorial de núcleos ubicados en Costa Grande y la Montaña, en donde eligen a sus comisariados y que otra de sus actividades es extorsionar a los beneficiarios de los programas federales.
El subsecretario declaró que también en Costa Grande han acudido a reuniones, que apenas estuvieron en Tecpan y el sábado pasado en Coyuca de Benítez, donde estuvieron entregando títulos agrarios, concretamente en la localidad Ocotillo.
Agregó que es esa reunión estuvo precisamente el director general del Registro Agrario Nacional (RAN), Plutarco García Jiménez. “Hemos tenido reuniones con los diversos órganos de representación y las únicas controversias son por límites de tierras, pero no de otro tipo de problemas”.
Informó que, incluso, han transitado por todo el territorio guerrerense con diversos representantes del gobierno federal que atienden los problemas agrarios, “no hemos tenido conocimiento de que algunos de ellos ha tenido problemas”.
Aseguró que, en su caso, se traslada sin seguridad “porque asistimos a las reuniones para atender problemas de los campesinos, de los sectores agrarios, no de otro tipo”.
“La verdad es que en materia agraria, por lo menos yo, en los lugares donde he asistido no me he encontrado a alguien que me haya impedido el acceso a algún núcleo agrario, y no hemos visto otra cosa más que conflictos agrarios”, insistió.
Acotó que, sin embargo, “tal vez el procurador, al hacer esa declaración, tenga datos distintos”, lo cual dijo que es extraño porque por lo regular los temas agrarios son atendidos de manera coordinada, por autoridades tanto federales como estatales.
“De manera conjunta, se atienden en la Mesa Agraria, en donde participamos todas las autoridades del ramo”, explicó.

El RAN genera “conflictos sociales y violencia”, dicen líderes campesinos de cuatro municipios

Autoridades agrarias de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Chilpancingo y Tepecoacuilco, en la conferencia de prensa Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de núcleos agrarios de Leonardo Bravo (Chichi-hualco), Eduardo Neri (Zumpan-go), Tepecoacuilco y Chilpancin-go, señalaron en conferencia de prensa a la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) como la “generadora de conflictos sociales y de violencia” en algunos núcleos agrarios del estado.
Pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se revise la actuación del delegado Roberto Olivares Pita, pues lo ubicaron como el responsable de obstaculizar la solución de conflictos.
Encabezaron la conferencia Alfonso Duque Marino, secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco; José Juan Pérez Sánchez, de Zumpango; Víctor Miranda Cortez, del núcleo agrario de Dos Caminos, Chilpancin-go, y Pedro de Jesús Alejandro, de Xalitla, Tepecoacuilco.
Denunciaron que la dependencia federal está inscribiendo de manera ilegal en el padrón a comuneros o ejidatarios y en otros, no reconoce a las autoridades legalmente electas, lo que está generando una grave división que ha comenzado a provocar confrontaciones, y podría ser motivo de violencia entre los campesinos, advirtió De Jesús Alejandro.
Se advirtió que las autoridades agrarias han iniciado, por ahora, una etapa de denuncia pública de las irregularidades, pero que en seguida, sino se corrigen, seguirán con la protesta pública.
De Jesús Alejandro justificó que pretenden denunciar las irregularidades antes que los conflictos, “que se vienen generando de manera deliberada por el RAN”, escalen a otros niveles de confrontación y “puedan tener otro tipo de consecuencias que no queremos”.
Aseguró que todos los conflictos están documentados y que los van a canalizar por las vías institucionales al presidente López Obrador, para que tome cartas directas en el asunto.
Añadió que, igualmente, van a enviar el documento a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), de la que depende el RAN y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que a través de sus órganos internos de control hagan las investigaciones pertinentes.
De Jesús Alejandro informó que además de las pruebas de las irregularidades que tienen, hay otras que han presentado en los tribunales agrarios que harán valer.
Alfonso Duque Marino, secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco, denunció que el 15 de enero de 2021 fueron electos por 306 de 509 ejidatarios, y el 21 de enero acudieron al RAN para pedir que se inscribiera el acta de elección, pero que se las recogieron y nunca la certificaron.
Agregó que en la delegación, “de manera irregular” se la entregaron a cuatro inconformes del ejido mismos que impugnaron la elección.
Reprochó que con ello, en vez de entregarles el acta certificada se la entregaron a los inconformes, para que les sirviera de soporte para su impugnación en el juicio agrario que sigue sin resolverse.
“Con ello, en Chichihualco, el RAN está creando violencia. Está metiéndonos en conflictos cuando los ejidatarios de aquél lugar somos gente de paz”, sostuvo.
El representante agrario denunció, además, que el delegado extendió una constancia a una persona que no es ejidatario y que ni siquiera tiene tierras en el ejido.
Por ello, llamó al presidente y a la gobernadora para que “echen un vistazo” a esa dependencia y vean que “no está haciendo las cosas bien”.
Denunció que para conseguir una ficha necesitan llegar a las 5 de la mañana, porque a las 6 están repartiendo sólo una poquitas, “cuando antes se nos recibía a los ejidatarios sin cortapisas, sin embargo, ahora, si no tenemos billetes no entramos al RAN”, denunció, sin dar más detalles de la presunta corrupción.
Denunció, asimismo, que en 2021 fueron engañados por la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales. Dijo que fueron visitados en Chichihualco “por los representantes que dicen que están coordinando a los ejidos, pero no nos pareció la forma de proceder, porque nos hicieron muchas promesas que no cumplieron, como la devolución del pago que hicieron productores del Procampo”.
Explicó que el hermano del “mero encargado del RAN en Ciudad de México, les comprometió a que se iba a hacer cargo de la gestión, cosa que no fue cierta”.
“Consideramos que como no quisimos participar en esa coordinadora, ahora el delegado del RAN, Roberto Olivares Pita, nos cierra las puertas”.
José Juan Pérez Sánchez, del núcleo agrario de Zumpango, informó que en 2021, el RAN “se atrevió” a registrar a 107 comuneros cuando por órdenes federales, debido a la pandemia, se prohibía hacer reuniones, y a pesar de que los “legítimos comuneros” estuvieron en contra.
Informó que los comuneros se enteraron un año después, cuando solicitaron el padrón y en el nuevo ya se incluían los 107 cuestionados.
Dijo que denunciaron ante el Tribunal Unitario Agrario, de Iguala, y que el juicio agrario sigue pendiente por resolverse.
Informó que hace un mes terminó el periodo del comisariado y se emitió una convocatoria, pero el TUA mandó una medida cautelar en la que dice que los 107 impugnados no pueden participar en la elección.

Añadió que a pesar de la medida cautelar del TUA, el domingo pasado se emitió la segunda convocatoria y se eligió a un comisariado, aun cuando hay un juicio sin resolver.
“Es evidente que el delegado esta coludido con quienes quieren llegar de manera irregular a la representación agraria”, concluyó.
Informó que tuvieron un dialogo con él, pero los atendió “despóticamente”, sin tomar en cuenta su recomendación.
Otro inconforme fue Víctor Miranda Cortez, del núcleo agrario de Dos Caminos, Chilpancingo.
Denunció que la situación en el RAN “se ha tornado complicada y desquiciante” para los campesinos, porque el director nacional, Plutarco García Jiménez, se ha impuesto y autoproclamado como coordinador de los núcleos agrarios en Guerrero, a través de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales, “enviando como operador político a su hermano Arturo García Jiménez”.
“Todos hemos simpatizado en Morena, pero hoy tenemos que hacer a un lado la política de soberbia, de prepotencia, de arrogancia. Hoy debe de aplicarse la política de justicia social”, pidió.
Denunció que en el RAN hay una servidora, Liz Yanetzi Álvarez López, quien atiende con arrogancia “cuando ahora, debería tener un trato humilde, sencillo, y un trato social al campesinado”.
Pidió una limpia en el RAN “que está en los últimos lugares de hacer todo tipo de trámites. Todo tiene que pasar por esta señora, cuando no tiene capacidad, calidad, ni perfil académico”.
Demandó el cambio de los servidores públicos “que en nada le ayudan a la gobernadora, ni al presidente de la República.
Pedro de Jesús Alejandro, de Xalitla, denunció que en su núcleo agrario, que es nahua, los ejidatarios sufren un problema de división por culpa del RAN.
Explicó que en 2019 permitió la inscripción de una supuesta acta de asamblea, que la protocolizó el notario de Iguala, Aurelio Ortiz Gutiérrez, y la aceptó el RAN.
Aseguró que la convocatoria, la asamblea y el acta nunca existieron “fue fantasma todo”.
Añadió que lo peor es que, igual que en Chichihualco, aceptaron la inscripción de 32 nuevos ejidatarios, y que, además, no saben bajo qué criterios ni quién le autorizó al notario repartir tierras de agostadero del núcleo ejidal con el aval del RAN.
“Eso, lógicamente, va a generar conflictos una vez que los ciudadanos quieran hacer valer este documento y se quieran agarrar las tierras de uso común, lo que va a generar confrontación que puede llegar a niveles de violencia insospechados”.
Denunció que a pesar de que han presentado la denuncia en el TUA, el RAN les sigue dando la asesoría legal a la otra parte, “que espuriamente quieren hacerse pasar por ejidatarios”.
Agregó que hace ocho días, en la nueva asamblea para el cambio de ejidatarios, a pesar de que el TUA de Iguala emitió en tiempo y forma una medida cautelar, para que el RAN no publicara o no les entregara el padrón, la dependencia incluyó a esos 31 nuevos ejidatarios, “hizo caso omiso, les entregó el acta y se hizo el pase de lista”.
Denunció que el RAN se empeña en reconocer a la otra parte, que es totalmente ilegal y que lo han hecho mediante un documento falso, “pero vemos que las irregularidades del RAN persisten por eso pedimos a Roberto Olivares Pita que pare esto, o si su intención es echar a pelar a los comuneros y ejidatarios de Guerrero. Entonces, vamos a pedir al presidente que tome cartas en el asunto”.