No sabe de núcleos agrarios bajo control del crimen, dice Daniel Cahua

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El subsecretario de Asuntos Agrarios, Daniel Cahua López, aseguró este lunes que esa dependencia no tiene conocimiento de que algún núcleo agrario esté controlado por el crimen organizado, que impida entrar a esos territorios a funcionarios gubernamentales.
El viernes, el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luis Hernández Palacios Mirón, informó en Xochistlahuaca que 100 de mil 250 núcleos agrarios de Guerrero están controlados por el crimen organizado, que en éstos, la institución que dirige no puede entrar.
A pregunta por teléfono, Cahua López declaró: “Nosotros no hemos tenido mayor problema, hemos podido transitar en los diversos núcleos agrarios y no tenemos ningún tipo de recomendación o restricción. Hemos realizado nuestro trabajo”.
Según el funcionario, han estado en las regiones Montaña, Costa Grande y Centro “y no hemos tenido ningún problema, en el que haya intervenido particularmente el crimen organizado”.
Aseguró que la atención que se ha dado a los ejidatarios y comuneros ha sido tanto en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno como en el territorio, que quienes participan son los ejidatarios o comuneros sin restricciones de ningún tipo.
“De modo que desconozco si él (el funcionario federal) tenga alguna otra información, pero lo cierto es que hay constancia de que hemos transitado y estado desde Atlixtac hasta Metlatónoc, Alcozauca y Alacatlatzala de donde hemos dado la vuelta hasta San Luis Acatlán y Marquelia, y por toda esa zona no hemos tenido ningún problema”.
En su declaración del viernes, el titular de la PA, Palacios Mirón, dijo que los grupos criminales tienen el control territorial de núcleos ubicados en Costa Grande y la Montaña, en donde eligen a sus comisariados y que otra de sus actividades es extorsionar a los beneficiarios de los programas federales.
El subsecretario declaró que también en Costa Grande han acudido a reuniones, que apenas estuvieron en Tecpan y el sábado pasado en Coyuca de Benítez, donde estuvieron entregando títulos agrarios, concretamente en la localidad Ocotillo.
Agregó que es esa reunión estuvo precisamente el director general del Registro Agrario Nacional (RAN), Plutarco García Jiménez. “Hemos tenido reuniones con los diversos órganos de representación y las únicas controversias son por límites de tierras, pero no de otro tipo de problemas”.
Informó que, incluso, han transitado por todo el territorio guerrerense con diversos representantes del gobierno federal que atienden los problemas agrarios, “no hemos tenido conocimiento de que algunos de ellos ha tenido problemas”.
Aseguró que, en su caso, se traslada sin seguridad “porque asistimos a las reuniones para atender problemas de los campesinos, de los sectores agrarios, no de otro tipo”.
“La verdad es que en materia agraria, por lo menos yo, en los lugares donde he asistido no me he encontrado a alguien que me haya impedido el acceso a algún núcleo agrario, y no hemos visto otra cosa más que conflictos agrarios”, insistió.
Acotó que, sin embargo, “tal vez el procurador, al hacer esa declaración, tenga datos distintos”, lo cual dijo que es extraño porque por lo regular los temas agrarios son atendidos de manera coordinada, por autoridades tanto federales como estatales.
“De manera conjunta, se atienden en la Mesa Agraria, en donde participamos todas las autoridades del ramo”, explicó.

El alcalde de Atenango no tenía que estar en una diligencia agraria: gobierno estatal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El subsecretario de Asuntos Agrarios, Daniel Cahua López, declaró que desconoce los motivos por los que el alcalde de Atenango del Río, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, participaba en la diligencia agraria el miércoles, con pobladores de San Juan Teocalcingo, donde resultó herido, puesto que la ejecución de sentencias es facultad del Tribunal Unitario Agrario (TUA).
El funcionario informó que el gobierno estatal participaba como mediador antes de estos hechos de violencia, y que como éste, hay otros dos conflictos con poblados en Oaxaca, que estás atendiendo pero que la situación es tensa.
El miércoles, el presidente municipal de Atenango del Río, Jonathan Ensaldo, fue atacado a balazos y herido de un rozón en un hombro, durante una diligencia que realizaba con pobladores de San Juan Teocalcingo, por el despojo que realizaron particulares en el predio La Maroma, en la localidad Coaxitlán, municipio de Tlaquitenango, en Morelos.
Consultado por teléfono, Cahua López dijo que en esos asuntos quien tiene la facultad para ejecutar las sentencias es el personal del TUA, “desconozco la participación del presidente municipal”.
Informó que a pesar de que ese conflicto no le correspondía a la mesa agraria, antes de estos hechos de violencia fueron atendidos los comuneros de Atenango y los pequeños propietarios del pueblo de Morelos.
Informó que la sentencia fue a favor de los comuneros de Atenango y en la mesa agraria se intentó convencer a los vecinos de Morelos de que, ante esa situación, “no había mucho que ofrecer por parte del gobierno de Guerrero”, pero dijo que los pequeños propietarios pidieron que fueran considerados dentro del programa de atención Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), pero que no cumplían con los requisitos para ser beneficiados con ese programa, porque se trataba de un conflicto de siete pequeños propietarios contra todo un núcleo agrario.
Explicó que en este caso no aplica este program,a porque es para conflictos entre núcleos agrarios.
“Quedamos de llevar a cabo otra reunión con los abogados, pero ya no se materializó. Pero sí fueron atendidos de manera oportuna, tanto en la Subsecretaría de Asuntos Agrarios como en la mesa agraria, sin que fuera parte de su universo de trabajo”, insistió.
En cuanto a la intervención del alcalde, dijo que no es de su competencia, pero que cree que seguramente lo hizo para preservar la paz y la tranquilidad, “igual pudo haber asistido con ese ánimo, porque a la hora de ejecutar la sentencia, los que tienen que ir generalmente son los secretarios de acuerdo de los TUA, o alguna autoridad habilitada por los propios magistrados”.
Informó que como este conflicto hay otros dos. Uno es el de Jicayán de Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca, contra Jicaral, municipio de Coicoyán de las Flores, en Oaxaca, en donde también se han dado enfrentamientos.
Dijo que este caso no se ha resuelto porque, a pesar de que se han programado reuniones con la intervención de la mesa agraria de los dos estados, en Izúca de Matamoros, Puebla, siempre alguna de las dos partes en conflicto no asiste.
Pero dijo que por lo pronto está garantizada la seguridad, porque se estableció un campamento de la Guardia Nacional en la zona de conflicto “y se pudo preservar la paz entre ambos comuneros”.
Sin embargo, informó que el asunto se está tratando con la participación de las mesas agrarias de los dos estados.
Otro de los conflictos, dijo, que es el de San Martín Peras, Oaxaca, contra comuneros de San Martincito, municipio de Alcozauca, anexo de Inscuinatoyac.
Informó que este caso, aunque hay menos riesgos de violencia, también se atiende en la mesa agraria de los dos estados.

Se reúne seis horas la minera Media Luna con el alcalde de Cocula; ofrece una enfermera y máquinas de coser

Representantes de la minera Media Luna se reunieron en privado con el alcalde de Cocula, Érik Ulises Ramírez Crespo y con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel, para continuar la mesa de negociaciones instalada tras los bloqueos de pobladores de Real de Limón y La Fundición.
El encuentro fue privado en la Secretaría General de Gobierno, duró 6 horas y el gobierno del estado fungió como únicamente mediador para dar solución a las peticiones de los vecinos.
El 12 de febrero, pobladores de Real de Limón y La Fundición retiraron el bloqueo que mantenían en la entrada de la empresa Media Luna, a dos meses de que comenzara la protesta en demanda de indemnización por daños al río ocasionado por la minera. Entonces acordaron una mesa de diálogo con autoridades estatales y los representantes de la minera canadiense para terminar el bloqueo.
En el encuentro de ayer se acordó que una de las salas de usos múltiples de las comunidades será adecuada para que una enfermera revise a los vecinos, que pudieran tener alguna enfermedad.
También se planteó mejorar el camino a las comunidades mediante la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), para que revisen el entronque con la puerta 3 de la minera y el camino a Real del Limón.
Para las dos comunidades se planteó la revisión de sus viviendas, ya que tienen filtraciones y daños, por lo que se hará una evaluación general de las condiciones en las que viven.
A los de Nuevo Balsas les darán máquinas de coser industriales, para que se instale un taller de corte y confección que pagará la empresa minera.
También se reparará una de las piletas de agua que suministra a Nuevo Balsas, que tiene daños y provoca el desabasto a las viviendas.
Debido a que la reunión fue privada no se pudo saber los demás temas que se abordaron en las 6 horas, pero se informó que la mayoría están en negociación.