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Pide Linda Vista, San Miguel Totolapan, becas para que los jóvenes no sean captados por el crimen

Habitantes de la comunidad de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, se reunieron con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel, a quien le solicitaron mejoras en carreteras, salud, educación, y desarrollo social y rural.
Este miércoles, en la sala de reuniones Emperador Cuauhtémoc se reunieron representantes de la organización Grupo Sierra, de la comunidad Linda Vista, quienes formalmente presentaron un pliego petitorio al gobierno para que les dé el desarrollo que requiere su comunidad, incrustada en una de las zonas más violentas del estado.
Pese a que no hablaron de violencia de manera directa en el encuentro, los habitantes de Linda Vista solicitaron al gobierno del estado apoyo para madres solteras, viudas y huérfanos, así como proyectos para que jóvenes de ésta y otras comunidades no sean vulnerables de ser “captados”.
En la reunión, de más de cuatro horas, los vecinos solicitaron a las autoridades programas de apoyo del DIF para que personas con capacidades diferentes y adultos mayores de la comunidad accedan a andaderas, bastones y sillas de rueda.
Para los jóvenes, pidieron becas para continuar sus estudios de una carrera fuera de la comunidad.
Pidieron apoyo para una maestra que hace más de un año que el DIF no le ha pagado; y pidieron instrumentos musicales y un equipo de sonido.
Solicitaron aumentos de pagos de los programas Prospera, y 65 y más, ya que las familias, muchas veces no pueden trasladarse a donde deben cobrarlo, porque sus familiares están enfermos y no pueden viajar; y proyectos productivos para familias campesinas.
Un vecino subrayó que el apoyo es para establecer un sistema de comunidad que los ayude a enfrentar el serio problema de desarrollo económico en la zona, por lo que piden que se mejore también la carretera que lleva a la sierra.
Solicitó que se mejoren la atención a la red de agua potable y a los servicios públicos, a los que no tienen acceso por falta de desarrollo de las comunidades. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Sí atienden los gobiernos federal y estatal los conflictos agrarios denunciados: Jaimes Ferrel

Según el subsecretario para Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel, los cinco conflictos agrarios que fueron denunciados el lunes como irresueltos y desatendidos por los gobiernos federal y estatal, sí están siendo atendidos, “de manera muy determinante y decidida, para la contención de la conflictividad agraria”.
Consultado en su despacho del Palacio de Gobierno, el funcionario reconoció que algunos de estos conflictos son “prioridad” para la autoridad estatal. Aseguró que varios de ellos se han resuelto mediante sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA), pero que la parte que no fue favorecida en el juicio impide que se ejecute.
Añadió que, en otros casos el gobierno ya pagó la contraprestación a una o a las dos partes, y que se han firmado convenios, pero aun así sigue habiendo conflictos en los núcleos agrarios en pugna.
El lunes, comisariados de bienes ejidales y comunales de localidades indígenas de cinco núcleos agrarios de las regiones Montaña y Centro, asesorados por el abogado Luís Gerónimo Zavala, denunciaron en conferencia de prensa que las autoridades agrarias no atienden los conflictos, y los tribunales unitarios agrarios no ejecutan las sentencias.
Los conflictos agrarios son los de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; Tlanipatla, Eduardo Neri; San Juan Bautista Coapala, de Atlixtlac; Quiahuitlatzala, de Xalpatláhuac; y de Colombia de Guadalupe, de Malinaltepec.
El subsecretario Jaimes Ferrell informó que algunos de estos conflictos han sido tratados por el TUA y otros “han sido resueltos, no solamente por el Tribunal, sino entre las partes”.
Ejemplificó que en Zitlaltepec, el TUA de Chilpancingo resolvió la controversia que jurídicamente existía con Buena Vista, municipio de San Luís Acatlán, pero que a pesar de haberse resuelto el problema de carácter jurídico, hay resistencias de los ejidatarios de San Luís Acatlán para que la sentencia se ejecute, “y eso ha obligado al gobierno del estado a encabezar reuniones de trabajo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que la ejecución sea concertada”.
Informó que las autoridades ya pidieron la documentación a los representantes de los dos núcleos agrarios para que sean incorporados a la carga de trabajo del Programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), de la Sedatu, y que este conflicto está incluido en los asuntos “prioritarios” que están tratando con representantes de la Sedatu.
Agregó que el caso de Tlanipatla también se resolvió jurídicamente, y que el TUA de Iguala resolvió y le “asistió la razón” a Tlanipatla, pero que, igualmente, están convocando a mesas de trabajo y que están en espera de que San Miguel Tecuiciapan entregue la anuencia de la asamblea para que se remitan ante la Sedatu y el Cosomer empiece a actuar.
“Tlanipatla nos entregó la documentación de manera pronta, pero San Miguel Tecuiciapan apenas la semana pasada entregó la documentación, y ya fue turnada a la Sedatu para el trámite correspondiente”, relató e funcionario estatal.
Agregó que el conflicto de San Juan Bautista Coapala, en 2007 se resolvió mediante un convenio de las dos partes y ratificó el TUA de Chilpancingo, con el que se dio por terminado el problema que tenían con San Pedro Huitzapula.
Explicó que el TUA sancionó el convenio y lo elevó a categoría de sentencia, con lo que concluyó el conflicto, pero quedaron pendientes por identificar 34 posesiones que estaban en un polígono y que no han sido ubicadas porque hay resistencias de algunos comuneros de San Juan Bautista Coapala, “aquí, consideramos que debe ser el diálogo el que prevalezca para que este asunto se resuelva de manera conciliada”, dijo.
Explicó que, a pesar de que este conflicto ya estaba sancionado y la Sedatu pagó una contraprestación, tanto a San Juan Bautista Coapala como a San Pedro Huitzapula, los primeros demandaron la nulidad del convenio, “y ahora no sabemos en qué sentido vayan a resolver las autoridades correspondientes, espero que confirme el convenio que se firmó en 2007 para que este conflicto quede concluido”, dijo el funcionario.
Jaimes Ferrel comentó sobre este caso, que “no es conveniente que se estén reviviendo conflictos que ya fueron resueltos y que solamente son detalles los que están pendientes por atender por parte de la autoridad agraria federal”.
De Quiahuitlatzala, informó que este núcleo agrario está disputando a Atlamajalcingo del Monte una superficie de unas 900 hectáreas, y que han tenido reuniones en varias administraciones anteriores para encontrar una salida “negociada”.
Explicó que con los trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), resultó una superficie mayor que le fue reconocida a través de una resolución presidencial a Atlamajalcingo del Monte, “sin embargo, en este caso tienen que verse los detalles para encontrar el punto medio y evitar una confrontación entre los pueblos”.
Aseguró que hasta ayer los de Quiahuitlatzala no se habían acercado al gobierno estatal y “nos enteramos por medio de la prensa que denunciaron la falta de atención por parte del gobierno, lo cual no es verdad”, aseguró.
Con respecto a Colombia de Guadalupe, informó que el gobierno del estado entregó en 2008, 5 millones de pesos y firmó un convenio para concluir el conflicto, pero que ahora el problema es que buscan el reconocimiento como núcleo agrario de Tilapa y que para ello falta algún trámite pendiente, “y esto es lo que está moviendo este asunto”.
El subsecretario declaró que la instrucción que tiene es atender toda la conflictividad agraria para que no se vaya a generar un conflicto mayor “en donde tengamos que lamentar la pérdida de vidas”.
Admitió que en varios casos la autoridad busca que no se ejecuten las sentencia a “raja tabla”, porque se puede generar un conflicto mayor, “buscamos los acercamientos entre los pueblos para que se logren los acuerdos y evitar lamentar la pérdida de alguna vida, le apostamos a la conciliación”, dijo.

 

 

Damnificados de Taxco hablan con Jaimes Ferrel para continuar trabajos de reubicación

Damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre en la colonia Martelas, de Taxco, se reunieron en privado con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel.
La mañana de ayer, una comisión de nueve damnificados de Taxco acudió a Palacio de Gobierno a un encuentro privado en el edificio Norte, para continuar los trabajos de reubicación.
Tras el encuentro, uno de los damnificados, que no quiso dar su nombre, explicó que en la minuta de acuerdos que firmaron los damnificados, se establece que se requiere más información sobre los créditos con tasas de interés preferentes, por lo que se les informaría a la brevedad si existen convenios.
Durante el encuentro se planteó que la falta de un delegado en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual está acéfala desde hace dos semanas, afecta el proceso de gestión de los apoyos programados para los damnificados, y sólo cuando llegue el nuevo delegado federal se repartirán.
También se planteó que sólo a los damnificados foliados se les entregue el apoyo de la Sedesol federal.
En la reunión los damnificados propusieron los terrenos para la construcción de las viviendas, y se comprometieron a enviar un documento para explicar por qué rechazan la reubicación.
Se propuso indagar en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), si ya cuenta con el presupuesto para la reubicación de las familias que cuentan con el folio del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y que estarían a la espera de una revisión conjunta con el Ayuntamiento de Taxco sobre los predios donde se podrán reubicar. (Anarsis Pacheco Pólito/Chilpancingo).

 

Han radicalizado su movimiento los paristas, dice Jaimes Ferrel a mineros afines a Media Luna

En una reunión privada en Iguala con trabajadores afines a la minera Media Luna, subsidiaria de Torex Gold Resources, el subsecretario de Asuntos Agrarios del Gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel les dijo que el paro laboral no se ha solucionado porque los paristas han “radicalizado” el movimiento, y que están afectando a más de 800 familias que dependen directamente de empleos en la mina Media Luna.
El funcionario aseguró asimismo, que no había necesidad del paro, porque ya se había interpuesto una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para el recuento que piden.
Los trabajadores que se mantienen en paro desde el 3 de noviembre con la demanda del cambio de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de un sindicato filial de la CTM nacional, al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), reprodujeron en una concentración, la noche del domingo, el audio de una reunión que tuvo Jaimes Ferrel con los trabajadores afines a la minera el viernes en Iguala.
“En este caso están afectando a más de 800 familias que dependen directamente del trabajo que genera la empresa Media Luna”, se escucha decir al funcionario, quien agrega que los trabajadores que participan en el movimiento iniciaron primero invitando a personas que forman parte de un sindicato ajeno al que tiene la empresa, y al mismo tiempo el paro que impide el desarrollo de los trabajos.
Informó que, en octubre los representantes de los paristas presentaron una demanda por la titularidad del CCT para el sindicato que representa Roberto Hernández Mojica (SNTMMSRM) en el estado, e Indalecio Pérez Morones, pero que posteriormente iniciaron el paro laboral, “sin haber necesidad, porque ya estaba la demanda interpuesta ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en consecuencia no había necesidad de que este paro se llevara a cabo”, dijo.
Aseguró que el secretario del Trabajo, Oscar Rangel, y él han acudido al plantón para convencerlos de que desistan de esa postura, porque están generando no solamente daños a la empresa “que, finalmente, tiene su inversión asegurada, están generando daños a los poblados, a las familias y están en una postura muy radical, y eso generó que nosotros contactáramos a Roberto Hernández con la finalidad de llevarlos a una mesa de negociación”, dijo.
Informó que con el secretario del Trabajo están interviniendo para que este asunto, “que debe ser competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se acelere, que no se le dé el trámite que normalmente se lleva, y que con independencia del sindicato que gane, la empresa siga trabajando”.
Dijo que se reunirían nuevamente con los paristas para buscar condiciones para que se resuelva el conflicto, porque están llevando a la quiebra a los negocios de la zona y a una situación difícil a las familias que dependen de esa empresa.
Por otra parte, dijo que el gobierno del estado rechaza una solución por la vía de la fuerza, “no queremos que el estado haga uso de la fuerza, porque las consecuencias pueden ser negativas y dañinas, no solamente para la empresa, sino para ustedes y también para el estado”.
Les dijo que el gobernador no ha sido omiso, “hemos estado monitoreando  permanentemente este asunto y pendientes para que no se salga de control, no queremos que un asunto que está manejable y se va a resolver favorablemente, al rato se pueda romper con la posibilidad de que el arreglo se concrete”.

Demandan damnificados de Tierra Colorada que intervenga el gobierno para que la CFE los indemnice

Damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid en la comunidad de Omitlán, municipio de Juan R. Escudero solicitaron al gobierno del estado su intervención para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pague el dinero que se comprometió a entregar a 155 familias.
La mañana de este miércoles, una comisión de siete campesinos de la comunidad de Omitlán, encabezados por el comisario municipal, Bernardo Carbajal Sánchez, se reunió con el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, y a la salida del encuentro, el comisario detalló que desde que resultaron afectado por la tormenta, en septiembre del 2013, la CFE se había comprometido a darles un apoyo económico de 58 mil pesos por familia damnificada para ayudarlas a reconstruir sus viviendas. Explicó que el apoyo se le entregó sólo a la mitad de los habitantes de la comunidad.
“Es mentira lo que dijo el gobernador, Héctor Astudillo, sobre que ya no había damnificados y que todo lo de Ingrid y Manuel ya estaba solucionado”, agregó uno de los integrantes de la comisión.
Carbajal Sánchez explicó que, a pesar de que ya pasaron más de cuatro años de la tormenta, el gobierno del estado no ha cumplido como intermediario para que reciban el apoyo al que se había comprometido la CFE ante la falta de servicio durante la emergencia.
Las casas de los 155 damnificados se ubican dentro del vaso de la presa de La Venta; durante las intensas lluvias provocadas por el fenómeno natural no fueron abiertas las ocho compuertas, sino sólo tres, lo que provocó que las casas se inundaran.
Dijo que en noviembre del año pasado se reunieron con representantes de la CFE, quienes les prometieron los pagos pendientes para ayudar en la reconstrucción de sus casas, pero a un año, no han recibido nada.
“Es la fecha en que no nos estregan el apoyo, ya dijeron que nos lo darían, hemos hecho gastos para la gestión y no le dan la importancia a lo que pidieron que hiciéramos, estamos cansados”, agregó.
Lamentó que estas dependencias los ignoren por ser campesinos, y pidieron que el gobierno del estado intervenga para que agilicen las acciones.
“A otro grupos ya les entregaron el dinero, pero a nosotros no, entonces no entendemos qué pasa”, dijo, y agregó que la CFE ha entregado también el dinero a vecinos de la comunidad de Tierra Colorada, pero aun así no se les informa cuando se les entregará a ellos.
“A lo mejor no es suficiente para cubrir lo que pedimos, pero aunque sea solamente para atender nuestros pendientes, perdimos animales, ropa, casas y carreteras”, comentó.
Finalmente, adelantó que estarán a la espera de que gobierno resuelva la petición que llevan años gestionando, ya que la carretera y el pueblo continua con daños de la tormenta.

Piden comuneros que la federación agilice la solución a un conflicto agrario en Tepecoacuilco

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente del comisariado de bienes comunales y el comisario municipal de San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco, se reunieron ayer con el subsecretario para Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Fernando Jaimes Ferrel, a quien le pidieron la intervención del gobierno del estado ante la federación para que agilice la solución del conflicto agrario por 3 mil 150 hectáreas que tienen con la comunidad de San Agustín Oapan.
Además, autoridades agrarias del Alto Balsas de los municipios de Mártir de Cuilapan (Apango), Tepecoacuilco, Huitzuco, Eduardo Neri (Zumpango) e Iguala, afectadas por el cierre de la carretera debido a este conflicto agrario, aplazaron una reunión para el 29 de abril que había sido convocada para este domingo 16 de abril, porque no asistieron las autoridades de todos los pueblos.
El comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Tecuiciapan, Liborio Jiménez Matías, el comisario municipal, Rodrigo Nava Abundis y el asesor jurídico del núcleo agrario, Raymundo Castro Aparicio, se reunieron a mediodía de este lunes con Fernando Jaimes Ferrel, ahí le pidieron una reunión con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para tratar a otro nivel el conflicto agrario.
El conflicto mantiene bajo tensión la zona del Alto Balsas luego de que en marzo pasado autoridades de 14 pueblos comenzaron a presionar para que los pobladores de San Miguel Tecuiciapan abran una carretera que cerraron desde marzo del 2015 tras un enfrentamiento con sus vecinos de Analco, anexo de San Agustín Oapan.
El 22 de marzo convinieron en una reunión en el Congreso local abrir la vía sólo de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero el martes 11 de abril, el comisario municipal, Rodrigo Nava Abundis advirtió que volverán a cerrar la carretera si no se cumplen los puntos de la minuta de acuerdos.
Los dos principales acuerdos firmados son la apertura de una carretera de San Miguel Tecuiciapan con salida en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, en la zona conocida como Mayanalán, para evitar que pasen en San Agustín Oapan, también piden la intervención de la Secretaría de Gobernación para resolver el conflicto agrario.
Los acuerdos serían ratificados el domingo 16 de abril en una reunión a la que asistirían las autoridades de todos los pueblos afectados con el bloqueo de la carretera. La reunión fue convocada para las 12 del día en Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, pero como no llegaron los representantes de todos los pueblos se canceló y se convocó para el 29 de abril, esta vez en San Miguel Tecuiciapan, municipio de Mártir de Cuilapan (Apango).
Consultado vía telefónica, el comisariado de Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, Melquiades García Ríos informó que la reunión que se llevaría acabo el domingo fue uno de los acuerdos tomados en la reunión del 22 de marzo en el Congreso local, pero reconoció que no se acordó nada porque no llegaron las autoridades de los pueblos de Tula del Río, Tlamamacán y San Marcos Oacatzingo, municipio de Mártir de Cuilapan; de San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco y de San Juan Tetelcingo, municipio te Tepecoacuilco.
A la reunión asistieron las autoridades de San Miguel Tecuiciapan, San Agustín Oapan, San Juan Totolcintla, San Agustín Oxtotipan y Xalitla, y sólo nombraron a Melquiades García Ríos como encargado de convocar por escrito a las autoridades de todos los pueblos afectados para que asistan a la próxima reunión.
“Ahora yo voy a llevar personalmente las invitaciones por escrito para que asistan a la reunión del 29 de abril”, afirmó.
Informó que es importante que se reúnan los representantes de todos los pueblos afectados por el bloqueo de la carretera para evitar que los de San Miguel Tecuiciapan vuelvan a cerrar como lo advirtió el comisario Nava Abundis la semana pasada.
Aseguró que las declaraciones del comisario no abonan a resolver el problema del cierre de la carretera, informó que el domingo platicaron a nivel personal con él, pero que los acuerdos formales los tendrán en la reunión del 29 de abril, “esperamos que acudan todas las autoridades a San Miguel Totolcintla.
En tanto, el asesor de los comuneros de San Miguel Tecuiciapan, Raymundo Castro Aparicio informó que la reunión con el subsecretario Jaimes Ferrel, fue para pedir que se cumpla con el calendario de trabajo planteado para solucionar el conflicto agrario.
Detalló que en el cronograma se estableció que en septiembre del año pasado, el gobierno del estado debía informar a los dos núcleos agrarios en pugna los resultados de los trabajos topográficos que se levantaron para que las dos comunidades dialogaran y escucharan las propuestas de solución, pero las autoridades solamente han informado a los vecinos de San Miguel Tecuiciapan, y falta que se reúnan con San Agustín Oapan, lo que está retrasando el conflicto mientras que la tensión en la zona sigue igual.
Dijo que otra petición fue saber si se han llevado acabo las mesas de trabajo con los comuneros de San Agustín Oapan, pero como dijo que no se habían hecho, el gobierno estatal se comprometió a solicitar un espacio en el Consejo Agrario para que exhorten a las autoridades federales y tomen éste asunto como prioritario, “por la conflictividad que representa”.
Además, el abogado informó que solicitaron una audiencia con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para ver el grado de compromiso que tiene con este conflicto.
Explicó que en la reunión del 22 de marzo en el Congreso local, solamente se trató el conflicto social, es decir, del bloqueo del camino, pero que no se dialogó del conflicto agrario, que dijo, es otra cosa.
Informó que el conflicto agrario se está viendo en una mesa de diálogo con las autoridades estatales y federales, y este lunes solamente trataron el conflicto agrario y no el problema social que es la apertura del camino, que involucra a otros pueblos de la zona.

Se reúne seis horas la minera Media Luna con el alcalde de Cocula; ofrece una enfermera y máquinas de coser

Representantes de la minera Media Luna se reunieron en privado con el alcalde de Cocula, Érik Ulises Ramírez Crespo y con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel, para continuar la mesa de negociaciones instalada tras los bloqueos de pobladores de Real de Limón y La Fundición.
El encuentro fue privado en la Secretaría General de Gobierno, duró 6 horas y el gobierno del estado fungió como únicamente mediador para dar solución a las peticiones de los vecinos.
El 12 de febrero, pobladores de Real de Limón y La Fundición retiraron el bloqueo que mantenían en la entrada de la empresa Media Luna, a dos meses de que comenzara la protesta en demanda de indemnización por daños al río ocasionado por la minera. Entonces acordaron una mesa de diálogo con autoridades estatales y los representantes de la minera canadiense para terminar el bloqueo.
En el encuentro de ayer se acordó que una de las salas de usos múltiples de las comunidades será adecuada para que una enfermera revise a los vecinos, que pudieran tener alguna enfermedad.
También se planteó mejorar el camino a las comunidades mediante la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), para que revisen el entronque con la puerta 3 de la minera y el camino a Real del Limón.
Para las dos comunidades se planteó la revisión de sus viviendas, ya que tienen filtraciones y daños, por lo que se hará una evaluación general de las condiciones en las que viven.
A los de Nuevo Balsas les darán máquinas de coser industriales, para que se instale un taller de corte y confección que pagará la empresa minera.
También se reparará una de las piletas de agua que suministra a Nuevo Balsas, que tiene daños y provoca el desabasto a las viviendas.
Debido a que la reunión fue privada no se pudo saber los demás temas que se abordaron en las 6 horas, pero se informó que la mayoría están en negociación.

Quitaron vecinos de Nuevo Balsas el bloqueo a la mina Media Luna el lunes, dice el gobierno

 

El gobierno del estado aseguró este martes que el bloqueo de pobladores de Nuevo Balsas en demanda de una indemnización a la minera Media Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold, fue levantado totalmente desde la tarde del lunes.
El subsecretario para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, quien estaba a cargo de las pláticas con los inconformes, rechazó que se haya quedado un grupo todavía bloqueando, como lo informó el vocero de los inconformes el lunes. Aseguró que a las 4 de la tarde de ese día se quitaron todos los manifestantes que permanecían desde el viernes en el puente que comunica a la comunidad de Nuevo Balsas con el acceso a la mina, y que cerraron uno de los accesos desde el domingo 29 de enero.
Mientras tanto la Secretaría de Seguridad Pública informó este martes mediante un boletín que desde ayer concluyeron los bloqueos a la minera Media Luna, ubicada cerca de la comunidad de Nuevo Balsas, municipio de Cocula.
Pobladores de Nuevo Balsas, Real de Limón y La Fundición habían instalado un bloqueo en el acceso 3 de la mina Los Guajes-El Limón, que explota la minera Media Luna, el 29 de enero en demanda de indemnizaciones ante los daños ambientales que ocasiona la empresa.
Pero el viernes pasado se retiraron los pobladores de Real de Limón y La Fundición, mientras que los de Nuevo Balsas cambiaron su protesta al puente que está a la entrada del ese pueblo.
El lunes, uno de los voceros informó que tras una reunión acordaron levantar el movimiento, pero cuando ya se retiraban, unos 25 de los aproximadamente 90 que bloqueaban decidieron mantener la protesta.
El subsecretario para Asuntos Agrarios, Jaimes Ferrel rechazó ayer que se haya quedado algún grupo y aseguró que el plantón fue retirado en su totalidad, con la promesa de que van a seguir reuniéndose en esta capital y en Nuevo Balsas para recibir el pliego de peticiones de los inconformes.
Dijo que se trata de peticiones del orden social y que la demanda principal, que es la indemnización, esperará hasta que concluyan los estudios de investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Por la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un boletín para informar que los pobladores de Nuevo Balsas retiraron totalmente el bloqueo. “Cabe señalar que lo anterior se logró después de que autoridades estatales y municipales en coordinación con representantes de la minera se reunieron el día de ayer (el lunes) con pobladores inconformes para dialogar y llegar a acuerdos favorables para ambas partes”. Confirmó, “los accesos a la minera quedan libres después de que por 17 días se mantuvieron bloqueados”.
Concluyó que elementos de la Policía del Estado continúan con actividades de apoyo al perímetro garantizando la seguridad.

Dividen a vecinos de Nuevo Balsas; 25 de 90 siguen el bloqueo a la mina para que los indemnicen

 

Después de una reunión de más de 4 horas con representantes del gobierno estatal; el alcalde perredista de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo; la abogada que asesora a los inconformes, Lidia Ávila, y representantes de la minera Media Luna, los pobladores de Nuevo Balsas se dividieron ayer y unos decidieron irse del bloqueo, mientras que otros continuarán el movimiento.
En la reunión de ayer se definiría si los inconformes retiraban el bloqueo o se mantenían, luego de 14 días de protesta en demanda de una indemnización de 500 mil pesos anuales de la minera Media Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold, ante daños ocasionados al medio ambiente.
Uno de los voceros del movimiento informó que, a la reunión no asistió el subsecretario para Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel, como estaba previsto, y que sólo acudió un representante del funcionario, el alcalde Ramírez Crespo, representantes de la minera y la abogada que asesora a los quejosos, Lidia Ávila.
La reunión comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde con el acuerdo de que los pobladores de Nuevo Balsas retirarían el bloqueo que desde el viernes instalaron en el puente que atraviesa el río Balsas, a la entrada del pueblo.
El vocero informó que los pobladores aceptaron la propuesta de la minera de continuar reuniéndose en los próximos días para ir resolviendo poco a poco sus demandas de proyectos productivos, apoyo para comprar medicamentos y obras.
Asimismo, aceptaron esperar a que se terminen los estudios que hacen investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para determinar si realmente hay contaminación y se justifica el pago de la indemnización de 500 mil pesos que piden.
Sin embargo, explicó que cuando ya se había retirado el bloqueo, unos 25 pobladores, de los aproximadamente 90 que se mantenían en el plantón, se inconformaron de pronto ante los acuerdos y volvieron a instalar el bloqueo en el mismo puente. “Dijeron que ellos quieren el pago de la indemnización de inmediato, para que se retiren”, contó el vocero.
Explicó que la mayoría de los que decidieron mantener el bloqueo son pescadores de Nuevo Balsas.
El viernes, vecinos de Real de Limón y La Fundición se retiraron del bloqueo que mantenían en la entrada 3 de la minera, luego de que llegaron a acuerdos con la empresa.

 

Solicitan vecinos de Nuevo Balsas que gestione la Codehum un nuevo diálogo con la minera y el gobierno

 

Representantes de los habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, solicitaron este lunes la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para tener un nuevo acercamiento con los representantes de la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold.
El grupo de inconformes de ese pueblo demanda de la empresa una indemnización de 500 mil pesos anuales ante la contaminación al medio ambiente y la disminución de la pesca, que era su principal ingreso y que ha disminuido hasta en un 70 por ciento.
La reunión más reciente que tuvo una comisión de habitantes de Nuevo Balsas con el gobierno del estado y la minera, fue el 14 de octubre pasado. En esa reunión estuvieron el subsecretario para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, y el encargado de relaciones comunitarias de Media Luna, Alejandro Bello Gómez.
En esa ocasión no llegaron a ningún acuerdo y los integrantes de la comisión de Nuevo Balsas se retiraron molestos; anunciaron incluso que bloquearían los accesos a la minera, ante la cerrazón a su demanda de indemnización.
Sin embargo ayer, acompañados por el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, demandaron la intervención del presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno para que el gobierno estatal y la empresa reanuden la mesa de diálogo.
El representante de Nuevo Balsas dijo al presidente de la Codehum que el gobierno del estado se ha colocado del lado de la minera debido a que recibió 50 millones de pesos para que la dejaran trabajar, mientras que los habitantes están sufriendo las consecuencias de la contaminación que provoca en el aire y en al agua.
Aseguró que el centro de salud está saturado de pacientes con enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel, y que los médicos les recetan medicinas que no hay.
Informó que para paliar un poco la situación, hace dos semanas la misma empresa minera envió a un grupo de médicos generales, cuando lo que se requiere son toxicólogos para que hagan estudios especializados a los pacientes.
Agregó que están seguros de que esas enfermedades son provocadas por la contaminación del aire generada por los trabajos de la minera, pues informó que el pueblo se encuentra a 2 kilómetros en línea recta de donde se hace la extracción a cielo abierto.
“Todo el polvo que producen lo lleva el viento al pueblo, si por la noche se lava un carro por la mañana amanece totalmente cubierto de polvo, que va mezclado con metales pesados”, y es ese mismo polvo el que respiran los habitantes del poblado, subrayó.
Dijo que los trabajos de la minera también contaminan el agua del río Balsas, que pasa a orillas del pueblo, de donde los peces han emigrado y la pesca ha disminuido hasta en un 70 por ciento.
Añadió que esto ha ocasionado que Nuevo Balsas, se convierta en un pueblo pobre, porque se ha terminado la principal fuente de ingresos.
El vocero de los inconformes denunció que la minera, “obviamente no va a reconocer” que está contaminando. Explicó que en las reuniones con sus representantes, éstos han dicho que hasta que tengan resultados científicos que comprueben que están contaminando van a aceptar su demanda de una indemnización de 500 mil pesos anuales.
El representante informó que actualmente un equipo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) hace estudios para comprobar si existe contaminación, pero que los habitantes desconfían de estos trabajos porque están financiados por la propia minera, “y desgraciadamente nosotros no contamos con recursos para mandar a hacer unos estudios imparciales”, dijo.
Demandó que los trabajos los hagan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN), “que son instituciones más serias”.
El presidente de la Codehum respondió que la minera es una empresa particular y que el organismo no tiene facultad para intervenir, sin embargo se comprometió a gestionar una nueva reunión de los representantes de la compañía y el gobierno del estado con una comisión de los habitantes para reanudar el diálogo.