Ejidatarios de la comunidad de San Nicolás del municipio de Cuajinicuilapa solicitaron la intervención del gobierno del estado en el conflicto agrario que enfrentan por un terreno de cinco hectáreas que fue invadido.
Por la mañana de este martes cuatro habitantes solicitaron al subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, su intervención para que agilizara la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Agrario.
En el lugar, el líder de ejidatarios de San Nicolás, Guadalupe Marcial Marcial explicó que el problema que enfrentan en el terreno inició desde 2009 y a pesar de obtener una sentencia a su favor el predio sigue ocupado.
Detalló que en dos ocasiones ya fue desalojado el predio, en una de ellas con la ayuda de la Policía Comunitaria, pero el 16 de enero del 2016 otra vez fue ocupado.
Dijo que ante la reincidencia de invasión y la falta de cumplimiento en la ejecución de la sentencia del tribunal decidieron que el gobierno del estado los respaldara para recuperar el terreno.
Agregó que el terreno ha sido invadido e inclusive han colocado una cerca, por lo que señaló como responsable a Ángel García Molina quien en repetidas ocasiones a invadido el lugar.
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Cumple 23 días el bloqueo a Ahuetlixpa; se reúnen con el gobierno pero no hay acuerdos
Habitantes de Ahuetlixpa, municipio de Mártir de Cuilapan, cumplieron este martes 23 días con el acceso a su comunidad bloqueado por comuneros de San Francisco Ozomatlán, Huitzuco, a raíz de un conflicto agrario; mientras que el gobierno del estado citó ayer a una reunión a las partes confrontadas, que siguen sin llegar a acuerdos.
La reunión fue a puerta cerrada en la Secretaría de Gobierno; consultado al final de la reunión, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel no quiso dar detalles del encuentro, argumentando que, “ya estamos avanzando en el diálogo, pero si damos a conocer los avances se podrían echar a perder los acuerdos”.
Sin embargo, asistentes al encuentro aseguraron que el conflicto sigue igual y que no existen posibilidades de solución a corto plazo, debido a que las dos partes se encuentran cerradas en sus posturas.
Mientras tanto, los casi 400 habitantes de Ahuetlixpa siguen con su carretera bloqueada desde el 22 de mayo por los comuneros de San Francisco Ozomatlán, quienes reclaman más de 600 hectáreas de tierras que, según ellos, tienen los comuneros de San Juan Totolcintla, núcleo agrario del que es anexo Ahuetlixpa.
Según el comisario de Totolcintla, no son 600 hectáreas de tierras las que están en conflicto, sino 89, mismas que reconoce que tienen en posesión, pero porque han sido trabajadas por sus antepasados, aunque ahora se las reclaman sus vecinos de Ozomatlán.
El 13 de junio, el comisariado de Bienes Comunales de Totolcintla, Melquiades García Ríos, el comisario municipal Santiago Méndez Leyva y el comisario de Ahuetlixpa, Juan Cabrera Nájera, enviaron un oficio al gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien le solicitan que mientras se resuelve el conflicto, les done una lancha para cruzar el río para “ya no pasar en medio del pueblo de San Francisco Ozomatlán, porque nos resulta incómodo”.
También le piden una camioneta para transportarse de la orilla del río a Totolcintla, y víveres, agua embotellada y medicamentos para la sobrevivencia de los habitantes de Ahuetlixpa”.
Las autoridades de la comunidad explican en su documento que, “nuestros vecinos de San Francisco Ozomatlán, en un principio nos demandaron y nos culparon de robarles tierras que, según ellos les corresponde, y propusieron cotejar documentos, y así lo aceptamos en el Tribunal Agrario 51 de Iguala”.
Sin embargo, agregan que, después de más de tres años el mismo Tribunal comprobó, “que son ellos los que habían parcelado nuestras tierras a sabiendas que no eran suyas”.
En el documento añaden que después de esa declaratoria de un perito en topografía, San Francisco Ozomatlán no acepta los resultados del Tribunal, y que, “como no lograron su pretensión, para chantajear al Tribunal Agrario desde el 22 de mayo bloquearon el único camino de acceso del pueblo anexo de Ahuetlixpa”.
En la reunión de ayer en la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, tanto el núcleo agrario de San Francisco Ozomatlán como el de San Juan Totolcintla se mantuvieron en sus posturas; el primer pueblo no liberará el paso hacia a Ahuetlixpa, y el segundo no retirará el cerco de 10 de las 89 hectáreas que están en conflicto.
Acuerdan continuar el bloqueo comunidades afectadas por la mina Media Luna en Cocula; cumple 10 días
Pobladores y pescadores de la comunidad de Nuevo Balsas, Cocula, y de las comunidades que los apoyan, acordaron en asamblea continuar con el bloqueo de los accesos a la minera Media Luna hasta que responda a sus demandas; ayer cumplieron 10 días de protesta en demanda de una indemnización ante la contaminación.
En declaraciones vía telefónica la tarde de ayer, un representante de los pescadores informó que, tras la asamblea de la noche del jueves, cuando se dio a conocer a los vecinos la propuesta del secretario general de Gobierno, Floreció Salazar Adame, con quien se reunió una comisión más de cuatro horas en la sala de capacitación de la mina, el acuerdo por mayoría fue seguir en los bloqueos de los tres accesos y el campamento de los mineros de forma indefinida.
El jueves, desde las 10:50 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, se reunieron con la comisión de pescadores y habitantes de Nuevo Balsas, donde los enviados del gobierno estatal les pidieron que levanten los bloqueos cinco o 10 días para dejar operar la mina, y que en ese periodo de tiempo se entablarían las mesas de negociación.
La fuente consultada, que pidió el anonimato por las acciones penales emprendidas por la mina contra los plantonistas, dijo que los pobladores rechazaron el ofrecimiento porque lo consideran como una estrategia de la mina que en ese lapso de tiempo se puede abastecer de material como el cianuro, víveres y suministros que necesitaría para seguir la explotación de oro y plata, en caso de que la gente les vuelva a cerrar los accesos, y recordó que en el bloqueo que hubo en septiembre la empresa minera usó la misma estrategia.
Declaró que ante la actitud del gerente de la mina, David Alduenda, que se ha negado a negociar con los pobladores y, “aventó la amenaza de que a ver quién aguanta más, y ahora se trata de un juego de resistencia para ver quién aguanta más, si el bloqueo o mina”.
Informó que hay más represalias contra los trabajadores de la mina que han apoyado el bloqueo, ya que supieron que, a través de cámaras de seguridad de la mina y de personal de la empresa, han registrado los nombres de los trabajadores que han visto en los bloqueos, por lo que no descartaron que haya más despidos.
La fuente consultada informó que se agregará a la minuta de peticiones que no haya represalias contra ninguno de los trabajadores de Media Luna.
Dijo que, hasta la tarde de ayer la situación en los diferentes bloqueos era pacífica y descartó la posibilidad de que vayan a intentar entrar al complejo minero, ante la sugerencia de sus abogados para no darle “armas” a la mina, que use en su contra.
Sin dar fecha, habló que una comisión de pescadores y pobladores que acudirá al Congreso del estado para solicitar la intervención de los diputados en este conflicto, ante la contaminación que hace la mina del agua del río y el aire, y su negativa a negociar la indemnización de los pobladores afectados.
Advirtió que la postura de los habitantes de Nuevo Balsas, la Fundición, Atzcala, Real de Limón y San Nicolás, es de no quitarse de los bloqueos y seguir de forma indefinida, “ya estamos aquí y no nos vamos a quitar”.
Para actividades la minera Media Luna por el bloqueo de vecinos de Nuevo Balsas; se reúnen sin acuerdos
Vecinos de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, continuaron ayer el bloqueo a los accesos de la minera Media Luna que se vio obligada a parar sus trabajos de extracción de oro y plata.
La Minera Media Luna (Subsidiaria de Torex Gold Resources) es una compañía canadiense que trabaja en un yacimiento ubicado entre los pueblos Nuevo Balsas, Real de Limón, La Fundición y Atzcala, los tres del municipio de Cocula.
Aquí desde enero pasado comenzó a extraer los minerales a cielo abierto en un cerro ubicado en las márgenes del río Balsas, aunque empezó los trabajos de exploración en 2013.
Los habitantes de Nuevo Balsas, quienes desde las 6 de la tarde del miércoles mantienen el bloqueo a la minera, piden respuesta a un pliego de demandas, la principal de ellas es el pago de una indemnización por los daños ocasionados al medio ambiente, y concretamente al agua del río.
Este jueves después del mediodía se reanudaron las pláticas que se habían suspendido desde las 6 de la tarde del miércoles, lo que motivó el bloqueo primero a uno de los tres accesos a la mina y a partir de ayer, a otros dos.
La noche del miércoles habitantes de Real de Limón y La Fundición, comunidades vecinas de Nuevo Balsas, pretendieron desalojar a los inconformes con el argumento de que el plantón lo mantienen en tierras que les pertenecen.
En las pláticas participaron representantes de la minera Torex Gold Resources Inc., representantes del gobierno del estado y una comisión de avecindados de Nuevo Balsas.
Las demandas de los pobladores
El comisario municipal Mario Valentín Ramírez informó ayer que antes del bloqueo a los trabajos de la mina, solicitaron reiteradamente a la empresa el cumplimiento de una minuta de acuerdos que firmaron desde octubre del 2014, la que ha sido incumplida.
Las demandas plasmadas en la minuta de acuerdos establece una indemnización a los habitantes para resarcir los daños provocados por la empresa minera al medio ambiente, y que ha afectado sobre todo a los aproximadamente 300 pescadores de Nuevo Balsas, debido a que ha disminuido considerablemente la pesca por el impacto de los trabajos en el río Balsas.
Otra de las demandas es la donación de una ambulancia equipada de la empresa al pueblo, y que el campamento de los trabajadores foráneos se instale en su comunidad para detonar la economía.
También demandan empleos para los habitantes de la localidad, pues el comisario denunció que la minera ha contratado a muy pocas personas de ahí y los empleos son de mano de obra no calificada.
Otra de las peticiones es que la carretera que utiliza para sus servicios la empresa pase por Nuevo Balsas y Cocula, la cabecera municipal, para que se beneficien ambos pueblos.
Los habitantes también piden el mantenimiento y la reparación de las calles del pueblo, así como la concesión de tiendas de abarrotes, papelerías, distribuidoras y purificadoras de agua y otros servicio se concesiones a personas de la comunidad. Que el arrendamiento del transporte, pipas de agua, camiones y equipo pesado sea con gente de la localidad y la apertura de una escuela de nivel medio superior.
El comisario Valentín Ramírez, informó que la minera ha cumplido parcialmente esa minuta de acuerdos.
Entre los puntos que ha cumplido están una línea de agua entubada, la apertura de un centro de salud, becas para los jóvenes estudiantes, un apoyo económico para los adultos mayores y una indemnización de 500 mil pesos anuales para los ejidatarios que arrendan sus tierras a la minera.
Valentín Ramírez informó que la minera argumenta que aún no estaba produciendo, pero desde enero comenzó la producción y se niega a reunirse con el Comité Ciudadano de Gestoría y con él como comisario municipal para volver a revisar el documento.
La minuta con todos los puntos fue sometida a discusión en una reunión la tarde del miércoles en una sala de juntas de la Minera, ubicada cerca del pueblo de Nuevo Balsas.
En la reunión participó el representante de la empresa Joaquín Paniagua y del gobierno del estado estuvo el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, así como una comisión de habitantes del pueblo encabezados por el comisario, Mario Valentín Ramírez.
Sin embargo, la reunión se suspendió a las seis de la tarde sin llegar a acuerdos, y a partir de esa hora los habitantes determinaron instalar el bloqueo en la 3 que es el acceso principal de la minera. Este acceso se encuentra en un punto intermedio entre Atzcala y Nuevo Balsas.
Los inconformes informaron que en este punto entre Atzcala y Nuevo Balsas, a las 11 de la noche del miércoles ocurrió un conato de enfrentamiento entre los plantonistas y ciudadanos de las comunidades de Real de Limón y La Fundición, con el argumento de que la protesta era dentro de terrenos de estas dos localidades.
El incidente sólo quedó en un altercado y el bloqueo se mantuvo.
En la mañana también instalaron un plantón en otro de los accesos ubicado en el punto conocido como La Zavia, a unos 3 kilómetros de Nuevo Balsas, y después del mediodía instalaron el tercer bloqueo en el acceso a la minera cercano a Atzcala.
Después de las 11 de la mañana del jueves los representantes de la minera, del gobierno del estado y del pueblo reanudaron las pláticas, sin embargo en la tarde aún no había resultados y los bloqueos continuaban.
“Se están burlando de nosotros”
El comisario municipal informó que los habitantes de la localidad acordaron mantener los bloqueos por tiempo indefinido y que una de las demandas principales es el pago de una indemnización, para resarcir los daños de los efectos de la mina.
Nuestra inquietud principal es porque la minera nos está perjudicando con la contaminación del agua del río, y en general del medio ambiente, hay muchas familias enfermas y se ha perjudicado principalmente a la actividad pesquera”, dijo Eleví Sabás Palacios, uno de los plantonistas que se encontraban en el acceso número 3.
Agregó que no se trata de un capricho de los habitantes ni que quieran cerrar la mina sólo por cerrarla, y recordó que piden la solución a sus demandas desde finales del año pasado.
Recordó que el 9 de septiembre del año pasado hubo un primer plantón, “precisamente para llamar la atención de la minera y le hiciera caso a nuestras demandas, entonces después de cinco días nos prometió y firmó una minuta con los puntos que iba a cumplir, pero de eso sólo cumplió migajas”.
Informó que en esa reunión la minera Torex Gold Resources Inc., prometió que haría un estudio técnico para demostrarle a los habitantes que no contamina, “pero hasta eso fue mentira, porque todavía no hace esos estudios, a pesar de que en la minuta que firmaron se estableció que ellos tenía que hacerlo inmediatamente”.
Sabás Palacios explicó que por eso surgió la inconformidad de los ciudadanos y determinaron bloquear los trabajos desde las 6 de la tarde del miércoles, “porque vimos que solamente se están burlando de nosotros”.
Añadió que desde mucho antes la empresa venía incumple los compromisos que hace con la gente de su pueblo. Recordó que a mediados del 2013 vino desde Canadá un representante de la minera, Andrés Ricalde, quien anunció al pueblo que en 2016, cuando comenzaran a producir, “se indemnizaría a los ciudadanos, desde entonces los integrantes del Comité Ciudadano y el comisario municipal le pidieron un apoyo para las familias pobres y para las personas de la tercera edad”.
Añadió que el representante de la minera canadiense les insistió en que todos los apoyos los comenzaría a entregar la empresa a partir de este año 2016 cuando, “pero ya llevan más de tres meses produciendo y no vemos nada, a raíz de eso la gente del pueblo está indignada porque no han hecho caso a los acuerdos”.
Denunció que ahora los representantes de la minera han cambiado su postura y piden a los representantes del pueblo “que le probemos que nos están afectando, pero nosotros les hemos dicho en las reuniones que nosotros no tenemos la necesidad ni la responsabilidad de probarles, sino que son ellos los que tienen la responsabilidad de probarnos, pero ellos se niegan rotundamente”.
Informó que proponen una indemnización de 500 mil pesos al año, pero no están cerrados a esa cantidad y están dispuestos a negociar, sin embargo la minera se niega, “nos insisten que hasta que no les probemos que nos están afectando nos van a indemnizar”.
Añadió que en estas circunstancias el movimiento aquí va a continuar por tiempo indefinido, o hasta que haya más apertura de la empresa minera.
Identifica el Consejo de Desarrollo Agrario 20 conflictos en el estado en su primera sesión
En el estado de Guerrero hay 20 conflictos agrarios identificados por la federación y el gobierno del estado en las regiones de la Tierra Caliente, Montaña, Centro y Costa Grande.
La tarde de este martes fue la primera sesión del Consejo de Desarrollo Agrario, en la que participaron la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social estatal y la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios.
El objetivo de la reunión fue identificar los conflictos en el estado, por lo que se hizo un cruce de padrones para determinar cuántos y dónde están los problemas agrarios.
A través de un boletín de prensa se detalló que el gobierno del estado, representado por la subsecretaría de Asuntos Agrarios, presentó una lista de 13 conflictos, mientras que la delegación de la Sedatu presentó 16.
Al revisar la lista de conflictos de las dos dependencias, se identificaron cuatro casos coincidentes, por lo que concluyeron que hay 20 conflictos agrarios en el estado.
En el boletín de prensa se dio a conocer que el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello explicó que el objetivo de la creación del Consejo de Desarrollo Agrario es que de manera coordinada los gobiernos estatal y federal establezcan una agenda prioritaria de asuntos agrarios, que no necesariamente deben tener el nivel de conflictos para ser atendidos.
Después de esta reunión, opinan que se podría elaborar una agenda agraria que posteriormente sea sometida a consideración del Consejo Agrario para asignar “las prioridades y encontrar las soluciones mediante la discusión de la problemática”.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel destacó que es necesaria la intervención de la federación y, como indica el artículo 19 de la Constitución, es competencia de la federación atender todos los problemas agrarios.
Pide Asuntos Agrarios a comuneros de Alpoyeca “hacer las paces” con los que invadieron sus tierras
Comuneros legalmente constituidos de Alpoyeca informaron que el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, les pidió que deben hacer alianzas con las personas que invadieron sus tierras para que no haya más problemas.
Vía telefónica, uno de los comuneros, Florentino González Ayala dijo que este lunes se llevó a cabo una reunión privada en una de las oficinas de Palacio de Gobierno donde estuvo el subsecretario de Asuntos Agrarios, quien determinó que “se deberían hacer las paces” con los invasores de los terrenos.
González Ayala dijo que, “estamos decepcionados con la respuesta porque cómo vamos hacer una alianza con las personas que nos quitaron nuestros terrenos, nos quedamos en duda porque la parte contraria ya habló con el subsecretario y no sé qué le hayan propuesto”.
Dijo que todos los comuneros están en desacuerdo con la propuesta porque los terrenos invadidos son comunales, y también porque hay personas que compraron más de un lote, y que no los ocuparán para vivir sino para negocios.
Señaló que el subsecretario les propuso que hicieran una depuración de las personas que tienen más de dos terrenos, lo que el comunero consideró imposible de hacer porque quienes compraron más de dos lotes no van a querer que les den sólo uno.
Ante tal situación, González Ayala informó que demandarán a las personas invasoras ante Tribunal Unitario Agrario para la restitución de las tierras.
El 19 de enero, los comuneros denunciaron que el alcalde del PT de Alpoyeca, Osiel Humberto González Almazán, la síndica Rosaura Moreno Ríos, y el ex representante de bienes comunales de Alpoyeca, Rigoberto Almazo González vendieron de manera ilegal sus tierras, y a pesar de que los comuneros han denunciado el problema, las autoridades estatales han hecho caso omiso.