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Deshabitados, 30 de los 43 fraccionamientos construidos tras Ingrid y Manuel: Sedatu

En imagen tomada el 12 de septiembre, las viviendas del Nuevo Balsamar, municipio de Eduardo Neri, que fueron entregadas a damnificados de Ingrid y Manuel, y después de 10 años siguen esperando agua, luz y la pavimentación de sus calles Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 10 años de los daños provocados por las tormentas de Ingrid y Manuel, sólo 13 de los 43 fraccionamientos que construyó el gobierno anterior están “medio habitados” y 30 están totalmente deshabitados, informó la coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero, Aurora Muñoz Martínez.
En entrevista el lunes, la funcionaria federal informó que personal del área que coordina ha hecho visitas y una revisión técnica de la situación en que se encuentran los 43 fraccionamientos que fueron construidos para reubicar a las familias damnificadas por las lluvias del 13, 14 y 15 de septiembre del 2013.
Informó que de la revisión que se hizo, en la mayoría se detectaron irregularidades desde la adquisición de los predios hasta fallas estructurales de las viviendas, derivado de ello las familias que deberían ocuparlas algunas se regresaron a los sitios donde vivían antes de los daños que sufrieron u otros buscaron otros lugares para vivir.
La funcionaria informó que derivado de las irregularidades encontradas, la dependencia sólo está trabajando en fraccionamientos como el del Nuevo Mirador en Chilpancingo; San Agustín Barrio Tres, de Acapulco; Omitlán y Nuevo Guerrero, de Juan R. Escudero; El Tamarindo, de Florencio Villarreal, Puente Blanco y Nuevo Balsamar, de Eduardo Neri (Zumpango); el de Tixtla y Azinyahualco, de Chilpancingo.
Sin embargo, explicó que sólo en Nuevo Mirador de Chilpancingo se ha demolido y se reconstruyen 212 viviendas, en el resto sólo realizan gestiones para la regularización de los predios u obras de mitigación, reconoció Muñoz Martínez.
Informó que la mayoría de los fraccionamientos deshabitados están en la región de Tierra Caliente y en Chilpancingo.
Explicó que sólo dónde hay gente viviendo en algunos fraccionamientos han entregado constancias a los beneficiarios como en el de Tixtla, Omitlán y uno de Tlapehuala, “donde hemos comenzado el proceso de escrituración”.
Informó que en otros nueve han realizado estudios para la introducción de la energía eléctrica.
Uno de los fraccionamientos que está “medio habitado” es el de Nuevo Balsamar, ubicado a unos 15 minutos de Chilpancingo, rumbo a Chichihualco, donde a través del programa Por una Mejor Vivienda les dieron un recurso a las casi 50 familias que ocupan las casas, de un total de 200 (el resto están desocupadas) para que arreglen sus viviendas que presentan daños estructurales, informó Aurora Muñoz.
Dijo que en este fraccionamiento no se reconoce la compra del terreno que se hizo por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
“Hemos buscado a las autoridades para avanzar en el asunto de la regularización, ese es el problema principal que hay en los 43 fraccionamientos, la regularización de los predios”, declaró la funcionaria.
Explicó que hay fraccionamientos que por tener propiedad ejidal y por no haberse hecho el dominio pleno, apenas están realizando los trámites con la Procuraduría Agraria (PA) para avanzar en la regularización.
La funcionaria dijo que de los 43 fraccionamientos actualmente sólo en uno ubicado en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, no hay ningún problema “gracias a Dios, porque en todos los demás hay algo”.
Uno de los que no está habitado totalmente es el de Azinyahualco, municipio de Chilpancingo, donde de acuerdo Muñoz Martínez se construyó en un lugar fuera del terreno comprado por la Sedatu y el predio es ejidal.
“Aquí hay muchas anomalías, por ejemplo, se compró un terreno, pero las viviendas no se construyeron ahí, hubo cambio del lugar, e igual que estas anomalías hay en los 43 fraccionamientos”.
Informó que han tenido reuniones con el comisariado y la idea es que se avance en la identificación bien del predio con los documentos que ellos tienen bajo su resguardo para la regularización, pero aseguró que ya están avanzando tanto con la Procuraduría Agraria como con la gente del Registro Agrario Nacional (RAN).
La coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero reconoció que esta administración no va a terminar de corregir las fallas y que si acaso, sólo van a terminar con la reconstrucción de las 212 viviendas en el Nuevo Mirador.
Indicó que en todos los casos, “la parte jurídica es lo que va a ser más lento; le estamos dando prioridad a esa parte, pero hemos tenido que reconstruir todo lo que tiene que ver con los expedientes, desde los planos, proyectos ejecutivos, la compra del predio, los servicios. Se ha necesitado ir armando cada uno de los expedientes”.
Opinó que para resolver el problema se requiere que las autoridades que tienen que ver con el asunto “trabajen con más compromiso”.
Explicó que Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero no fue creado para la reconstrucción de los daños de Ingrid y Manuel, “venimos por los sismos del 2017, después se vino lo del sismo del 2021 y nos quedamos con el programa de vivienda social que estamos atendiendo”.
Dijo que el caso de la reconstrucción de Ingrid y Manuel “ha sido un caso especial” que se incluyó al programa de trabajo que traían. “Pero nosotros veníamos por otro programa y hemos tenido que asumir esta parte que tiene que ver con Ingrid y Manuel.
Con respecto a las críticas de lo que está haciendo el Programa que encabeza, pidió que haya convencimiento de que “la respuesta que estamos dando es técnicamente acorde para que las familias puedan tener seguridad en sus viviendas. Espero que al final, cuando concluyamos la reconstrucción, la gente pueda tener una vivienda segura”.
Añadió que el llamado a las familias es que confíen en el trabajo que se está haciendo ahora. “Nosotros tenemos esa responsabilidad”.
Aseguró que los actuales funcionarios “tenemos otra forma de conducirnos con las personas, hay gente que nos ha contrapunteado para que, a lo mejor, respondamos de la misma manera. No es así, Nosotros tenemos como tarea específica y clara la construcción de las viviendas de manera adecuada y segura para cada una de las familias”.

 

Protesta el Craadet en el RAN en la capital; exigen el registro de estatutos antimineros

Miembros del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet) protestaron afuera del Registro Agrario Nacional (RAN) de Chilpancingo. En la grafica Alfonso Juárez, Agustín Candía, el coordinador y vocero, Raúl de Jesús Cabrera, Clemente Jiménez, Félix Zeferino, Clauido de los Santos y Ángel Barrera Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet) protestaron ayer afuera del Registro Agrario Nacional (RAN) de Chilpancingo porque la dependencia federal se niega a registrarles los estatutos comunales y ejidales en los que se manifiestan en contra de la extracción minera.
Las autoridades pertenecen a los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, San Luis Acatlán y de Marquelia y contaron con el respaldo del presidente municipal de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, así como del vocero de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Raúl de Jesús Cabrera.
Durante la protesta, las autoridades entregaron un nuevo paquete de actas, reglamentos y estatutos de varios núcleos agrarios, “orientados a proteger del mercado depredador de las empresas mineras, así como de quienes quieren nuestros bosques, nuestra biodiversidad y nuestra agua”, explicaron en un documento.
En el mitin afuera del RAN, el presidente del Craadet, Claudio de los Santos García, declaró en conferencia de prensa que la dependencia se niega a registrar los estatutos que votaron con el argumento de que no se ajustan a la Ley Agraria vigente, y con ello, denunció el dirigente agrario, la dependencia también está desconociendo los usos y costumbres de las autoridades indígenas.
Los estatutos de los núcleos agrarios que pertenecen al Craadet fueron entregados al RAN desde el pasado 5 de noviembre del 2021.
La protesta para exigir el registro de los estatutos comunales y ejidales se realizó con motivo del onceavo aniversario de la creación del Craadet.
En un comunicado del que dieron lectura durante la protesta a las 10 y media de la mañana de ayer, se denunció la “deleznable y arbitraria” actuación del RAN, Procuraduría Agraria (PA) y del Tribunal Unitario Agrario (TUA).
Las tres dependencias federales “violentan sistemáticamente nuestros derechos agrarios, desconocen y quebrantan nuestros derechos indígenas, afromexicanos y campesinos”.
Criticaron que, de igual manera, violentan “el esfuerzo que hemos realizado al reformar y actualizar nuestros reglamentos internos, en el caso de los ejidos, y nuestros estatutos comunales, en el caso de los bienes comunales, donde incorporamos de manera amplia todo el marco de los derechos que tenemos vigentes y que de forma cínica niega el RAN, ratificando que el Estado mexicano no acaba de respetar nuestros derechos, a pesar de las promesas y esperanzas que este gobierno planteó, pero que siguen lejos de cumplirse, como sucede con la reforma indígena”.
Las autoridades se quejaron que cuando el RAN niega el registro de las actas y reglamentos internos o estatutos comunales,
“de facto no sólo facilita las condiciones para el potencial ingreso de empresas nacionales, extrajeras y transnacionales como las empresas mineras y otras relacionadas al modelo extractivo como las desarrolladoras de medicamentos que desean nuestra biodiversidad, sino también viola de forma fáctica el derecho al ejercicio de nuestra libre determinación y de nuestros procesos autónomos que han sido signados y están descritos tanto en la Constitución, como en la misma ley agraria”.
En la lectura del documento, agregaron: “Al negar esos registros, niegan la posibilidad de que realicemos actos legales contra terceros, lo que significa dejarnos en indefensión, al mismo tiempo que nos mandan un mensaje absurdo y racista cuando están dispuestos a imponerse por encima de los acuerdos de nuestras asambleas”.
“Hacemos público nuestro enojo de lo lejos que estamos de las esperanzas que este gobierno prometió que venían cambios verdaderos para las y los indígenas, afrodescendientes y campesinos de México, gobierno que manifestó una y otra vez lo letal del artículo 27 constitucional que desde el gobierno de Salinas de Gortari se modificó para poner al mejor postor la riqueza natural en la que vivimos y entregáramos la tierra al mercado y abandonáramos la forma de vivir en colectivo”.
Criticaron que nada de esos cambios verdaderos sucedieron “y para colmo tenemos que venir a pelearnos con directivos e instituciones que han fallado a su misión y objetivos para la que fueron creados”.
Explicaron que lo único que quieren es que respeten sus derechos “y que no se entrometan con nuestra libre determinación y nuestra autonomía, que dejen hacer nuestro trabajo en defensa de la tierra ya que la Procuraduría se ha negado a hacer el trabajo que le corresponde”.
Exigieron que si la PA, el RAN, jueces y magistrados siguen obstruyendo la procuración de justicia, la promoción de la defensa del territorio “y continúan tratando de imponernos una visión que no compartimos porque violenta nuestra colectividad, que renuncien todos ellos y ellas hasta, que las instituciones sirvan para lo que deben ser y dejen ser artífices del despojo de la tierra y nuestros cultivos, el territorio y los bienes naturales que tenemos”.
El Craadet denunció las intromisiones y la violación recurrente del derecho que les corresponde por parte de la PA, el RAN y el TUA.
Exigieron al titular de la PA, Luis Hernández Palacios, que no siga con la misma tónica del discurso oficial de culpar a los gobiernos anteriores y al neoliberalismo, “le decimos que es su institución quien atenta directamente contra nuestra libre determinación y autonomía al negar el registro e inscripción de nuestros actos que evidentemente nos deja en vulnerabilidad jurídica ante terceros, porque este gobierno tampoco ha terminado con el neoliberalismo, ni la migración, ni menos aún la criminalidad”.
El alcalde de San Luis Acatlán, Hernández Martínez, expresó su respaldo a la Craadet, dijo que como autoridad municipal también ha pedido no solamente que reciba los documentos, los estatutos y las declaraciones que se han hecho, sino también las determinaciones que han hecho los cabildos como el de Iliatenco y San Luis Acatlán en los que acordaron la no intromisión y no permitir que se expidan licencias, permisos o concesiones para explotar sus territorios por las empresas mineras.
Denunció que aun cuando el RAN ha recibido sus documentos se ha negado a tramitar el registro correspondiente.
“Necesitamos que esta institución agraria tome nota de estas determinaciones de los pueblos, de la gente y de los compañeros ejidatarios o comuneros, así como los cabildos que hemos determinado no permitir las concesiones y la intromisión de las mineras en nuestro territorio”, exigió.
El coordinador y vocero de la Casa de Justicia de la CRAC de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús, expresó su respaldo a las acciones de la Craadet en defensa del territorio “porque en nuestra zona existen comisarios que están dentro de los núcleos agrarios de ustedes”, dijo.
Recordó que en los años 2011 al 2013, cuando las empresas mineras extranjeras anduvieron explorando el territorio, a través de la CRAC con su sistema de radios se informó a los comuneros y ejidatarios del riesgo que se venía para los núcleos agrarios de la región. Recordó que fue por ello que las autoridades agrarias de entonces comenzaron a organizarse y nació el Craadet.
Expresó que estos 11 años de organización han servido “para seguir resistiendo y defendiendo nuestro territorio” y exhortó a las actuales autoridades a no colgar los guantes y seguir apoyando al Consejo “para estar unidos cuando se requiera”.
El secretario del Craadet, Félix Zeferino Valdez, el presidente del Comisariado Ejidal de San Luis Acatlán, Clemente Jiménez Santiago y el presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Ángel Barrera Santiaguez, coincidieron en sus intervenciones que la defensa del Consejo no sólo es de sus comunidades, sino de la Sierra Madre del Sur que pasa por la Costa-Montaña.
“Es una montaña grandiosa con mucha vegetación que ya la quisieran los de Alemania para lucro económico y las mineras extranjeras canadienses, pero nuestra opinión es que sin el mineral precioso podremos sobrevivir, pero no sin nuestra fauna y sin nuestra agua”, dijo Barrera Santiaguez.
Explicó que el río Papagayo del que se surte de agua Acapulco, nace en Totomixtlahuaca, (municipio de Tlacoapa) “¿y qué es lo que va a pasar si esas mineras se establecen allá arriba?, preguntó y exigió que sean conscientes para que no se destroce la Sierra Madre del Sur, que es la más rica en esa área “y por la cual no nos quieren hacer caso para que esas tierras sean nuestras, como lo dice la Ley Agraria, que todos los núcleos agrarios tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y se rigen por su propios reglamentos”.

Se unen sindicalizados de Sedatu y el RAN a protesta nacional; exigen mejoras laborales

Trabajadores del Registro Agrario Nacional protestan afuera de sus instalaciones como parte del paro nacional para exigir la revisión de sus contratos Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Registro Agrario Nacional (RAN) de Guerrero, se sumaron ayer a la “huelga de brazos caídos” que desde hace 15 días inició la dirigencia nacional de su sindicato.
Los empleados de las dos dependencias del gobierno federal piden la revisión de las condiciones generales de trabajo que no se ha hecho desde hace seis años.
Después de 15 días de que inició la “huelga de brazos caídos” en las oficinas centrales y en varios estados del país, ayer unos 20 trabajadores se sumaron el movimiento e instalaron un plantón afuera de las oficinas del RAN, en la calle Valerio Trujano en el Zócalo de Chilpancingo.
Otra de las demandas que piden es el incremento salarial que no han recibido, de acuerdo a los trabajadores, desde hace dos años.
Uno de los trabajadores en paro, informó que no participaban en el movimiento para no afectar las actividades de las dependencias, pero que han visto cerrazón de parte de los titulares al no resolver las peticiones de su dirigencia nacional.
Informó que la dirigencia sindical de las oficinas centrales están en asamblea permanente y en “huelga de brazos caídos” desde hace 15 días debido a que desde el 2017 las autoridades de las oficinas centrales, no quieren realizar la revisión de las condiciones generales de trabajo.
Dijo que en el 2020 correspondía nuevamente la revisión y no se hizo, según argumentaron por la pandemia, “pero ya son seis años que llevamos esperando”.
Los trabajadores se instalaron en plantón afuera del RAN después de las nueve de la mañana y se mantuvieron durante el horario laboral.

 

Protestan ejidatarios de Chichihualco, Xalitla y Zumpango en el RAN; lo acusan de ser parcial

Ejidatarios de Chichihualco, Xalitla y Zumpango protestan en la delegación del Registro Agrario Nacional a un costado del Palacio Municipal de Chilpancingo, en la audiencia pública Jueves Agrarios Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Ejidatarios de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo; Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, y Zumpango, cabecera municipal de Eduardo Neri, llegaron a protestar ayer en la audiencia pública “Jueves Agrarios” que organiza la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN).
Los manifestantes acusaron a la dependencia federal de confrontar a ejidatarios y comuneros al actuar de manera parcial en los casos donde hay conflictos, además, señalaron a los funcionarios de actuar con negligencia en la atención de los trámites que realizan.
De igual manera señalaron que el RAN actúa en “contubernio” con la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero.
Por la tarde, la dependencia federal y la Coordinadora de Comisariados respondieron a los señalamientos que los inconformes hicieron en contra de ambas.
Afuera de la dependencia, ubicada en la calle Valerio Trujano en el centro de Chilpancingo, el delegado del RAN, Roberto Olivares Pita atendía a campesinos de distintas regiones que realizaban sus trámites, cuando llegó una veintena de los manifestantes.
Entre los inconformes estuvieron Pedro de Jesús Alejandro, representante del núcleo agrario de Xalitla; Alfonso Duque Marino, secretario del comisariado ejidal de Chichihualco, y Julio Pérez Tapia del núcleo agrario de Zumpango.
Durante la protesta exhibieron pancartas con señalamientos como: “Exigimos atención ágil, ordenada y respetando las reglas” y “El RAN actual es la plaga del siglo”.
Asimismo colocaron pancartas frente a la dependencia; en una de ellas se leía: “Ponle nombre y rostro a la corrupción, ningún servidor público del Registro Agrario Nacional debe cobrar por sus servicios. ¡Es su obligación!”. En otra, acusaron: “RAN y Coordinadora de Comisarios contubernio y nepotismo, corrupción y arreglos de poder”.
El representante del núcleo agrario de Zumpango, Julio Pérez Tapia denunció que el RAN ha generado conflictos en los núcleos agrarios.
Informó que en Zumpango, el anterior comisariado de Bienes Comunales, sin consultar a la asamblea, y sin emitir convocatoria, realizó una asamblea “ficticia” en la que dieron de alta a 107 nuevos comuneros en plena pandemia, cuando estaban prohibidas las reuniones y eventos masivos.
Denunció que esa acta fue avalada por el RAN y actualmente les está generando conflictos al interior de la comunidad agraria, incluso entre la misma población.
Explicó que el caso se fue a juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Iguala y que actualmente están en espera de que se dictamine el caso.
Agregó que el RAN también avaló una convocatoria irregular porque no fue publicada en tiempo y forma en la que el ahora ex comisariado Javier Adame Vázquez nombró a su hijo Javier Adame Bores como su sucesor.
Aseguró que Adame Bores es uno de los 107 comuneros, que están impugnados ante el TUA.
Otro de los inconformes, el secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco, Alfonso Duque Marino acusó al delegado del RAN, Roberto Olivares de que se niega a recibirlo porque no quisieron formar parte de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero.
Denunció que la dependencia federal se niega a reconocerles el acta de asamblea del 15 de enero del 2021 en la que resultaron electos los integrantes del comité que encabeza.
Pidió al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que le den “una miradita a las actuaciones del RAN porque no ha sido una institución que apoye a los ejidatarios que tienen miles de problemas”.
Por su parte, Pedro de Jesús Alejandro exigió la nulidad del acta de asamblea de ejidatarios del 4 de agosto del 2019, que se realizó en segunda convocatoria y en la que se reconocieron de manera ilegal a 31 nuevos ejidatarios “cuando son simples avecindados”, además se eligió de manera irregular al comisariado ejidal “espurio” José Máximo, denunció.
Señaló que la asamblea fue avalada por Eleuterio Reyes Munguía en ese tiempo visitador agrario del TUA de Iguala y el notario número 1 de esa ciudad, Aurelio Ortiz Gutiérrez; “lo delicado del asunto es que se prestaron a la corrupción” al avalar que estuvieron (en la asamblea) 100 de 196 ejidatarios que conforma el total del padrón, pero aseguró que de los 100 ejidatarios, 52 ya fallecieron, “es decir, ya muertos vinieron a firmar el acta de asistencia”. Aseguró que todo esto fue avalado por la PA.
Agregó que por esta división se están incubando situaciones de violencia “y esto se podría convertir en algo más delicado y más crítico, y de los actos de violencia que ocurran hacemos responsable al RAN y a la PA”, acusó.
La protesta se realizó durante una hora, sin interrumpir la audiencia pública, y el delegado se mantuvo recibiendo y revisando la documentación, al final los manifestantes se retiraron, sin pedir una audiencia para plantear formalmente sus inconformidades y peticiones.

Respuesta del RAN

Por la tarde, en un comunicado el RAN dio respuesta a cada uno de los planteamientos.
En el caso de Chichihualco, explicó que, efectivamente, no se ha llevado a cabo la inscripción del “acuerdo eleccionario”, derivado de que mediante oficio número TUA.D12- 159/2021 del 3 de marzo de 2021, el TUA 51 de Iguala emitió medida precautoria para que el RAN se abstenga de inscribir la referida acta de elección.
Además informó que mediante oficio 958/2022 del 5 de agosto de 2022, el secretario de acuerdos del TUA ratificó que sigue vigente la citada medida precautoria.
Del caso de Zumpango del Río, explicó que un grupo de comuneros inconformes promovió ante el TUA 51 de la ciudad de Iguala juicio de nulidad respecto del acta de Reconocimiento de Avecindados y Aceptación de Comuneros celebrada el 20 de abril de 2021.
Añadió que, derivado de ello, mediante oficio número 128/2023 de fecha 17 de enero de 2023, el TUA decretó medida precautoria para que el RAN se abstenga de expedir el padrón de comuneros respecto de los 107 avecindados y aceptados como nuevos comuneros en el acta referida con antelación.
Aseguró que el RAN no ha emitido ningún padrón al respecto, posterior a la notificación de la medida cautelar.
Con respecto al asunto de Xalitla, informó que un grupo de ejidatarios promovió juicio de nulidad respecto del Acta de Asamblea del 4 de agosto de 2019, ante el TUA 51 de Iguala, emitiéndose medida cautelar mediante oficio número 203/2023 de fecha 27 de enero de 2023.
La dependencia informó que en ella se ordena al RAN se abstenga de expedir el nuevo padrón de ejidatarios del poblado citado, en el que incluya a los 31 campesinos presuntamente reconocidos como nuevos ejidatarios en la Asamblea que se impugna.
Aseguró que la delegación no ha expedido ningún padrón de ejidatarios al respecto.
Molesta el empoderamiento de comisarios: Coordinadora
Igualmente en un comunicado, la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero respondió a lo que llamó: “ataques directos hacia nuestra organización”.
Explicó que como organización abanderan la cero burocracia, cero corrupción, atención directa en cada municipio y el empoderamiento de los comisariados como gestores directos y que “eso es lo que ha molestado a los viejos líderes que en el pasado controlaban al RAN y a la PA para su beneficio personal y su proyección política”.
Abundó que los comisariados se reúnen, organizan la demanda de gestiones y se agendan jornadas municipales a la que asisten un promedio de 500 interesados por municipio, “y esto es lo que realmente genera el malestar de los líderes de viejo cuño porque su papel de gestores y sus despachos ya no tienen los ingresos cuando gozaban de privilegios”.
La agrupación añadió que “les duele que cada vez van perdiendo el control de los ejidos y comunidades de donde dependían económicamente a costa de tener el control de las asambleas.
El comunicado está respaldado por los representantes de la Costa Grande, Hermelinda Pineda Guillem; de la zona Norte, Rodrigo Ayala Flores; de la Montaña, Jesús Martínez Flores, y de la Costa Chica, Leonardo Rodríguez Martínez.
Tanto la delegación del RAN, como la Coordinadora, coincidieron en responsabilizar de la protesta al dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, Evencio Romero Sotelo, quien estuvo durante la protesta, sin representar a ningún núcleo agrario, aunque se dijo ejidatario de El Humo, municipio de Atoyac.

 

El RAN genera “conflictos sociales y violencia”, dicen líderes campesinos de cuatro municipios

Autoridades agrarias de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Chilpancingo y Tepecoacuilco, en la conferencia de prensa Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de núcleos agrarios de Leonardo Bravo (Chichi-hualco), Eduardo Neri (Zumpan-go), Tepecoacuilco y Chilpancin-go, señalaron en conferencia de prensa a la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) como la “generadora de conflictos sociales y de violencia” en algunos núcleos agrarios del estado.
Pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se revise la actuación del delegado Roberto Olivares Pita, pues lo ubicaron como el responsable de obstaculizar la solución de conflictos.
Encabezaron la conferencia Alfonso Duque Marino, secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco; José Juan Pérez Sánchez, de Zumpango; Víctor Miranda Cortez, del núcleo agrario de Dos Caminos, Chilpancin-go, y Pedro de Jesús Alejandro, de Xalitla, Tepecoacuilco.
Denunciaron que la dependencia federal está inscribiendo de manera ilegal en el padrón a comuneros o ejidatarios y en otros, no reconoce a las autoridades legalmente electas, lo que está generando una grave división que ha comenzado a provocar confrontaciones, y podría ser motivo de violencia entre los campesinos, advirtió De Jesús Alejandro.
Se advirtió que las autoridades agrarias han iniciado, por ahora, una etapa de denuncia pública de las irregularidades, pero que en seguida, sino se corrigen, seguirán con la protesta pública.
De Jesús Alejandro justificó que pretenden denunciar las irregularidades antes que los conflictos, “que se vienen generando de manera deliberada por el RAN”, escalen a otros niveles de confrontación y “puedan tener otro tipo de consecuencias que no queremos”.
Aseguró que todos los conflictos están documentados y que los van a canalizar por las vías institucionales al presidente López Obrador, para que tome cartas directas en el asunto.
Añadió que, igualmente, van a enviar el documento a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), de la que depende el RAN y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que a través de sus órganos internos de control hagan las investigaciones pertinentes.
De Jesús Alejandro informó que además de las pruebas de las irregularidades que tienen, hay otras que han presentado en los tribunales agrarios que harán valer.
Alfonso Duque Marino, secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco, denunció que el 15 de enero de 2021 fueron electos por 306 de 509 ejidatarios, y el 21 de enero acudieron al RAN para pedir que se inscribiera el acta de elección, pero que se las recogieron y nunca la certificaron.
Agregó que en la delegación, “de manera irregular” se la entregaron a cuatro inconformes del ejido mismos que impugnaron la elección.
Reprochó que con ello, en vez de entregarles el acta certificada se la entregaron a los inconformes, para que les sirviera de soporte para su impugnación en el juicio agrario que sigue sin resolverse.
“Con ello, en Chichihualco, el RAN está creando violencia. Está metiéndonos en conflictos cuando los ejidatarios de aquél lugar somos gente de paz”, sostuvo.
El representante agrario denunció, además, que el delegado extendió una constancia a una persona que no es ejidatario y que ni siquiera tiene tierras en el ejido.
Por ello, llamó al presidente y a la gobernadora para que “echen un vistazo” a esa dependencia y vean que “no está haciendo las cosas bien”.
Denunció que para conseguir una ficha necesitan llegar a las 5 de la mañana, porque a las 6 están repartiendo sólo una poquitas, “cuando antes se nos recibía a los ejidatarios sin cortapisas, sin embargo, ahora, si no tenemos billetes no entramos al RAN”, denunció, sin dar más detalles de la presunta corrupción.
Denunció, asimismo, que en 2021 fueron engañados por la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales. Dijo que fueron visitados en Chichihualco “por los representantes que dicen que están coordinando a los ejidos, pero no nos pareció la forma de proceder, porque nos hicieron muchas promesas que no cumplieron, como la devolución del pago que hicieron productores del Procampo”.
Explicó que el hermano del “mero encargado del RAN en Ciudad de México, les comprometió a que se iba a hacer cargo de la gestión, cosa que no fue cierta”.
“Consideramos que como no quisimos participar en esa coordinadora, ahora el delegado del RAN, Roberto Olivares Pita, nos cierra las puertas”.
José Juan Pérez Sánchez, del núcleo agrario de Zumpango, informó que en 2021, el RAN “se atrevió” a registrar a 107 comuneros cuando por órdenes federales, debido a la pandemia, se prohibía hacer reuniones, y a pesar de que los “legítimos comuneros” estuvieron en contra.
Informó que los comuneros se enteraron un año después, cuando solicitaron el padrón y en el nuevo ya se incluían los 107 cuestionados.
Dijo que denunciaron ante el Tribunal Unitario Agrario, de Iguala, y que el juicio agrario sigue pendiente por resolverse.
Informó que hace un mes terminó el periodo del comisariado y se emitió una convocatoria, pero el TUA mandó una medida cautelar en la que dice que los 107 impugnados no pueden participar en la elección.

Añadió que a pesar de la medida cautelar del TUA, el domingo pasado se emitió la segunda convocatoria y se eligió a un comisariado, aun cuando hay un juicio sin resolver.
“Es evidente que el delegado esta coludido con quienes quieren llegar de manera irregular a la representación agraria”, concluyó.
Informó que tuvieron un dialogo con él, pero los atendió “despóticamente”, sin tomar en cuenta su recomendación.
Otro inconforme fue Víctor Miranda Cortez, del núcleo agrario de Dos Caminos, Chilpancingo.
Denunció que la situación en el RAN “se ha tornado complicada y desquiciante” para los campesinos, porque el director nacional, Plutarco García Jiménez, se ha impuesto y autoproclamado como coordinador de los núcleos agrarios en Guerrero, a través de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales, “enviando como operador político a su hermano Arturo García Jiménez”.
“Todos hemos simpatizado en Morena, pero hoy tenemos que hacer a un lado la política de soberbia, de prepotencia, de arrogancia. Hoy debe de aplicarse la política de justicia social”, pidió.
Denunció que en el RAN hay una servidora, Liz Yanetzi Álvarez López, quien atiende con arrogancia “cuando ahora, debería tener un trato humilde, sencillo, y un trato social al campesinado”.
Pidió una limpia en el RAN “que está en los últimos lugares de hacer todo tipo de trámites. Todo tiene que pasar por esta señora, cuando no tiene capacidad, calidad, ni perfil académico”.
Demandó el cambio de los servidores públicos “que en nada le ayudan a la gobernadora, ni al presidente de la República.
Pedro de Jesús Alejandro, de Xalitla, denunció que en su núcleo agrario, que es nahua, los ejidatarios sufren un problema de división por culpa del RAN.
Explicó que en 2019 permitió la inscripción de una supuesta acta de asamblea, que la protocolizó el notario de Iguala, Aurelio Ortiz Gutiérrez, y la aceptó el RAN.
Aseguró que la convocatoria, la asamblea y el acta nunca existieron “fue fantasma todo”.
Añadió que lo peor es que, igual que en Chichihualco, aceptaron la inscripción de 32 nuevos ejidatarios, y que, además, no saben bajo qué criterios ni quién le autorizó al notario repartir tierras de agostadero del núcleo ejidal con el aval del RAN.
“Eso, lógicamente, va a generar conflictos una vez que los ciudadanos quieran hacer valer este documento y se quieran agarrar las tierras de uso común, lo que va a generar confrontación que puede llegar a niveles de violencia insospechados”.
Denunció que a pesar de que han presentado la denuncia en el TUA, el RAN les sigue dando la asesoría legal a la otra parte, “que espuriamente quieren hacerse pasar por ejidatarios”.
Agregó que hace ocho días, en la nueva asamblea para el cambio de ejidatarios, a pesar de que el TUA de Iguala emitió en tiempo y forma una medida cautelar, para que el RAN no publicara o no les entregara el padrón, la dependencia incluyó a esos 31 nuevos ejidatarios, “hizo caso omiso, les entregó el acta y se hizo el pase de lista”.
Denunció que el RAN se empeña en reconocer a la otra parte, que es totalmente ilegal y que lo han hecho mediante un documento falso, “pero vemos que las irregularidades del RAN persisten por eso pedimos a Roberto Olivares Pita que pare esto, o si su intención es echar a pelar a los comuneros y ejidatarios de Guerrero. Entonces, vamos a pedir al presidente que tome cartas en el asunto”.

Identifica el Consejo de Desarrollo Agrario 20 conflictos en el estado en su primera sesión

En el estado de Guerrero hay 20 conflictos agrarios identificados por la federación y el gobierno del estado en las regiones de la Tierra Caliente, Montaña, Centro y Costa Grande.
La tarde de este martes fue la primera sesión del Consejo de Desarrollo Agrario, en la que participaron la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social estatal y la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios.
El objetivo de la reunión fue identificar los conflictos en el estado, por lo que se hizo un cruce de padrones para determinar cuántos y dónde están los problemas agrarios.
A través de un boletín de prensa se detalló que el gobierno del estado, representado por la subsecretaría de Asuntos Agrarios, presentó una lista de 13 conflictos, mientras que la delegación de la Sedatu presentó 16.
Al revisar la lista de conflictos de las dos dependencias, se identificaron cuatro casos coincidentes, por lo que concluyeron que hay 20 conflictos agrarios en el estado.
En el boletín de prensa se dio a conocer que el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello explicó que el objetivo de la creación del Consejo de Desarrollo Agrario es que de manera coordinada los gobiernos estatal y federal establezcan una agenda prioritaria de asuntos agrarios, que no necesariamente deben tener el nivel de conflictos para ser atendidos.
Después de esta reunión, opinan que se podría elaborar una agenda agraria que posteriormente sea sometida a consideración del Consejo Agrario para asignar “las prioridades y encontrar las soluciones mediante la discusión de la problemática”.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel destacó que es necesaria la intervención de la federación y, como indica el artículo 19 de la Constitución, es competencia de la federación atender todos los problemas agrarios.