Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet) protestaron ayer afuera del Registro Agrario Nacional (RAN) de Chilpancingo porque la dependencia federal se niega a registrarles los estatutos comunales y ejidales en los que se manifiestan en contra de la extracción minera.
Las autoridades pertenecen a los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, San Luis Acatlán y de Marquelia y contaron con el respaldo del presidente municipal de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, así como del vocero de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Raúl de Jesús Cabrera.
Durante la protesta, las autoridades entregaron un nuevo paquete de actas, reglamentos y estatutos de varios núcleos agrarios, “orientados a proteger del mercado depredador de las empresas mineras, así como de quienes quieren nuestros bosques, nuestra biodiversidad y nuestra agua”, explicaron en un documento.
En el mitin afuera del RAN, el presidente del Craadet, Claudio de los Santos García, declaró en conferencia de prensa que la dependencia se niega a registrar los estatutos que votaron con el argumento de que no se ajustan a la Ley Agraria vigente, y con ello, denunció el dirigente agrario, la dependencia también está desconociendo los usos y costumbres de las autoridades indígenas.
Los estatutos de los núcleos agrarios que pertenecen al Craadet fueron entregados al RAN desde el pasado 5 de noviembre del 2021.
La protesta para exigir el registro de los estatutos comunales y ejidales se realizó con motivo del onceavo aniversario de la creación del Craadet.
En un comunicado del que dieron lectura durante la protesta a las 10 y media de la mañana de ayer, se denunció la “deleznable y arbitraria” actuación del RAN, Procuraduría Agraria (PA) y del Tribunal Unitario Agrario (TUA).
Las tres dependencias federales “violentan sistemáticamente nuestros derechos agrarios, desconocen y quebrantan nuestros derechos indígenas, afromexicanos y campesinos”.
Criticaron que, de igual manera, violentan “el esfuerzo que hemos realizado al reformar y actualizar nuestros reglamentos internos, en el caso de los ejidos, y nuestros estatutos comunales, en el caso de los bienes comunales, donde incorporamos de manera amplia todo el marco de los derechos que tenemos vigentes y que de forma cínica niega el RAN, ratificando que el Estado mexicano no acaba de respetar nuestros derechos, a pesar de las promesas y esperanzas que este gobierno planteó, pero que siguen lejos de cumplirse, como sucede con la reforma indígena”.
Las autoridades se quejaron que cuando el RAN niega el registro de las actas y reglamentos internos o estatutos comunales,
“de facto no sólo facilita las condiciones para el potencial ingreso de empresas nacionales, extrajeras y transnacionales como las empresas mineras y otras relacionadas al modelo extractivo como las desarrolladoras de medicamentos que desean nuestra biodiversidad, sino también viola de forma fáctica el derecho al ejercicio de nuestra libre determinación y de nuestros procesos autónomos que han sido signados y están descritos tanto en la Constitución, como en la misma ley agraria”.
En la lectura del documento, agregaron: “Al negar esos registros, niegan la posibilidad de que realicemos actos legales contra terceros, lo que significa dejarnos en indefensión, al mismo tiempo que nos mandan un mensaje absurdo y racista cuando están dispuestos a imponerse por encima de los acuerdos de nuestras asambleas”.
“Hacemos público nuestro enojo de lo lejos que estamos de las esperanzas que este gobierno prometió que venían cambios verdaderos para las y los indígenas, afrodescendientes y campesinos de México, gobierno que manifestó una y otra vez lo letal del artículo 27 constitucional que desde el gobierno de Salinas de Gortari se modificó para poner al mejor postor la riqueza natural en la que vivimos y entregáramos la tierra al mercado y abandonáramos la forma de vivir en colectivo”.
Criticaron que nada de esos cambios verdaderos sucedieron “y para colmo tenemos que venir a pelearnos con directivos e instituciones que han fallado a su misión y objetivos para la que fueron creados”.
Explicaron que lo único que quieren es que respeten sus derechos “y que no se entrometan con nuestra libre determinación y nuestra autonomía, que dejen hacer nuestro trabajo en defensa de la tierra ya que la Procuraduría se ha negado a hacer el trabajo que le corresponde”.
Exigieron que si la PA, el RAN, jueces y magistrados siguen obstruyendo la procuración de justicia, la promoción de la defensa del territorio “y continúan tratando de imponernos una visión que no compartimos porque violenta nuestra colectividad, que renuncien todos ellos y ellas hasta, que las instituciones sirvan para lo que deben ser y dejen ser artífices del despojo de la tierra y nuestros cultivos, el territorio y los bienes naturales que tenemos”.
El Craadet denunció las intromisiones y la violación recurrente del derecho que les corresponde por parte de la PA, el RAN y el TUA.
Exigieron al titular de la PA, Luis Hernández Palacios, que no siga con la misma tónica del discurso oficial de culpar a los gobiernos anteriores y al neoliberalismo, “le decimos que es su institución quien atenta directamente contra nuestra libre determinación y autonomía al negar el registro e inscripción de nuestros actos que evidentemente nos deja en vulnerabilidad jurídica ante terceros, porque este gobierno tampoco ha terminado con el neoliberalismo, ni la migración, ni menos aún la criminalidad”.
El alcalde de San Luis Acatlán, Hernández Martínez, expresó su respaldo a la Craadet, dijo que como autoridad municipal también ha pedido no solamente que reciba los documentos, los estatutos y las declaraciones que se han hecho, sino también las determinaciones que han hecho los cabildos como el de Iliatenco y San Luis Acatlán en los que acordaron la no intromisión y no permitir que se expidan licencias, permisos o concesiones para explotar sus territorios por las empresas mineras.
Denunció que aun cuando el RAN ha recibido sus documentos se ha negado a tramitar el registro correspondiente.
“Necesitamos que esta institución agraria tome nota de estas determinaciones de los pueblos, de la gente y de los compañeros ejidatarios o comuneros, así como los cabildos que hemos determinado no permitir las concesiones y la intromisión de las mineras en nuestro territorio”, exigió.
El coordinador y vocero de la Casa de Justicia de la CRAC de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús, expresó su respaldo a las acciones de la Craadet en defensa del territorio “porque en nuestra zona existen comisarios que están dentro de los núcleos agrarios de ustedes”, dijo.
Recordó que en los años 2011 al 2013, cuando las empresas mineras extranjeras anduvieron explorando el territorio, a través de la CRAC con su sistema de radios se informó a los comuneros y ejidatarios del riesgo que se venía para los núcleos agrarios de la región. Recordó que fue por ello que las autoridades agrarias de entonces comenzaron a organizarse y nació el Craadet.
Expresó que estos 11 años de organización han servido “para seguir resistiendo y defendiendo nuestro territorio” y exhortó a las actuales autoridades a no colgar los guantes y seguir apoyando al Consejo “para estar unidos cuando se requiera”.
El secretario del Craadet, Félix Zeferino Valdez, el presidente del Comisariado Ejidal de San Luis Acatlán, Clemente Jiménez Santiago y el presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Ángel Barrera Santiaguez, coincidieron en sus intervenciones que la defensa del Consejo no sólo es de sus comunidades, sino de la Sierra Madre del Sur que pasa por la Costa-Montaña.
“Es una montaña grandiosa con mucha vegetación que ya la quisieran los de Alemania para lucro económico y las mineras extranjeras canadienses, pero nuestra opinión es que sin el mineral precioso podremos sobrevivir, pero no sin nuestra fauna y sin nuestra agua”, dijo Barrera Santiaguez.
Explicó que el río Papagayo del que se surte de agua Acapulco, nace en Totomixtlahuaca, (municipio de Tlacoapa) “¿y qué es lo que va a pasar si esas mineras se establecen allá arriba?, preguntó y exigió que sean conscientes para que no se destroce la Sierra Madre del Sur, que es la más rica en esa área “y por la cual no nos quieren hacer caso para que esas tierras sean nuestras, como lo dice la Ley Agraria, que todos los núcleos agrarios tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y se rigen por su propios reglamentos”.