No tiene clara la petición del Craadet; se negaron a dialogar, dice el delegado del RAN

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Roberto Olivares Pita declaró ayer que los integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet) que se manifestaron el miércoles afuera de la dependencia federal se negaron a dialogar para revisar su expediente.
El miércoles, integrantes del Craadet protestaron afuera del RAN de Chilpancingo porque denunciaron que la dependencia federal se niega a registrarles los estatutos comunales y ejidales en los que se manifiestan en contra de la extracción minera.
Entrevistado por teléfono ayer, el delegado informó que la solicitud del Craadet “no lo tiene bien claro” porque los representantes del movimiento “no quisieron ser atendidos”.
De acuerdo al funcionario federal, cuando se dan este tipo de protesta “lo primero que hacemos es ofrecerles nuestra atención, y en el caso de ellos desconozco la razón, pero en un principio dijeron que sí al diálogo, y al final dijeron que no”.
Aseguró que desconoce el motivo por el cual no quisieron entrar a las oficinas a plantear sus demandas, “y es por ello que no tenemos mucha claridad en su petición”, dijo cuándo se le preguntó por qué la dependencia no había atendido su solicitud de registrar los estatutos comunales y ejidales de los núcleos agrarios que presentaron, cuando según el Craadet entregaron la petición desde el 5 de noviembre del 2021.
“Escuchamos que solamente hacían mención a sus reglamentos internos y estatutos comunales que posiblemente se hayan denegado, pero nada más”, dijo el funcionario federal respecto a la protesta del miércoles.
Agregó que “posiblemente (la negativa) viene de un estudio previo, y cuando no se cumple con la normativa, con los requisitos y demás, procede la negativa no tan sólo en la zona de la Montaña, sino en todas las zonas del estado”.
Aseguró, sin embargo, que de parte de la dependencia “hay la disposición para atenderlos y orientarlos de cómo y a donde pueden presentar sus peticiones de ese tipo”.
Aseguró que con otros grupos han tenido buenos resultados, “pero siempre debe existir ese diálogo y que alguien que los represente se siente a la mesa de diálogo”.
En el caso del Craadet, el delegado del RAN dijo que la representación en Guerrero de esa dependencia seguirá abierta para poderlos atender, “finalmente el gobierno está para eso, para atender, aquí lo hacemos todos los días”.
Anunció: “Seguramente los vamos a localizar y a pedirles que vengan y quizá sea un tema también de la Procuraduría Agraria, y nos vamos a reunir para atenderlos, esa es nuestra obligación”.
El funcionario federal reconoció que en el momento de la entrevista no tenía información ni los antecedentes de la petición de las autoridades agrarias del Craadet, “pero sería suficiente con que nos informaran del asunto, que nos proporcionen copias del expediente que presentaron para darles la atención”.
Argumentó que en el caso de Guerrero el RAN de Chilpancingo es la única oficina que tiene en el estado “y entran muchísimas solicitudes, y es muy complicado que nos acordemos si un comisariado trae cierta solicitud, porque además muchos documentos entran por ventanilla”.
Explicó que ha dicho a los comisariados que el compromiso de la dependencia es atenderlos, pero que les faciliten una copia de sus peticiones para revisarlos.
“Aquí todos los días recibimos comisariados y a veces llegan molestos porque consideran que no hay atención adecuada pero ya cuando los atendemos salen muy contentos, satisfechos”.
El delegado insistió que las autoridades del Craadet no quisieron que los atendieran, “pero vamos a tratar de ubicarlos y reiterarles nuestro compromiso de atenderles”.

 

Supervisan Ssa e Insabi nuevo hospital tras denuncia de desaparición de equipo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Funcionarios de la Seretaría de Salud estatal (Ssa) y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) supervisaron ayer el nuevo hospital de especialidades de San Luis Acatlán, con el alcalde Adair Hernández Martínez y autoridades comunitarias, a unos días de que el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) denunció la desaparición de equipo médico de este lugar.
Informó lo anterior en consulta telefónica, la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro y rechazó que haya materiales robados o desaparecidos en este nosocomio.
Precisó que en este momento el personal médico y de enfermería contratado está siendo capacitado en el manejo de los equipos que se están instalando, por lo regular antes de la apertura.
“Estoy aquí para que se abra (el hospital) al pueblo, pero se tienen que cubrir todos los detalles, el personal está aquí, aquí está el alcalde, el presidente del comisariado ejidal, sí nos faltan algunos detalles de algunos equipos, pero se capacita al personal que va a operar, no hay ningún robo, ni nada”.
Aunque no tiene fecha de inicio de operaciones, aseguró que será dentro del plazo de 180 días que estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador a fines de noviembre pasado, para ofrecer servicios de Salud “de primera” en Guerrero.
Destacó la conversación que tuvo ayer el director del Área Jurídica de la Secretaría de Salud estatal, con el presidente de los ejidatarios, sobre sus propuestas de contratación de personal originario de la región, que la organización de ejidos acordó con el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
“Ellos solicitan que el personal de nuevo ingreso para atender en este hospital, fuera de aquí, de la región, para que después no se quisieran ir y no trataran mal a las personas que son pueblos originarios y gente humilde”.
Aseguró que sí se contrataron propuestas de las comunidades que están en el registro del Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi).
Coincidió en que es una medida sana, para evitar situaciones como el Centro de Salud viejo de San Luis Acatlán, del que se han quejado ciudadanos.
En este recorrido, indicó que participan una directora nacional de Atención Médica del Insabi; el subsecretario de Planeación, Roberto Núñez, que también informó que están llevando todo lo relacionado con el funcionamiento de los equipos. Él estimó que la versión de que hay equipos desaparecidos, puede ser, debido a que se está revisando todo antes de la inauguración.
El encargado del Equipamiento y Control Patrimonial, Antonio Aparicio aseguró que cada inmueble tiene su resguardo y se hace la programación de entrega de preinstalaciones e instalaciones, y después se trabaja con el área médica y con base en un calendario de capacitación sobre el uso y resguardo de materiales. “Tenemos el levantamiento desde el almacén central, no se puede dar nada de baja sino para por la normatividad de adquisiciones. Hay responsable de quien recibe el inmueble cuando esté en funciones en la unidad médica, desde escritorios, sillas, anestesias”, dijo.
Aidé Ibárez aseguró que este hospital ya es parte del nuevo modelo que atenderán cuatro instituciones; Secretaría de Salud estatal, IMSS-Bienestar e ISSSTE; ya no sólo el IMSS-Bienestar.
Al preguntarle respecto a la denuncia de desplazados de la Laguna, que se encuentran refugiados en la localidad la Libertad del municipio de Ayutla y que señalaron que el hospital regional de esta cabecera municipal tira su basura hospitalaria al río que pasa por ese lugar, respondió que ese tema le corresponde a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de guerrero (Copriseg).
Al insistirle que fue señalado un hospital de la Salud estatal, y si iría a conocer la situación, respondió que no tiene esa información, dijo que en este momento tiene un programa de recorridos.
Explicó que antes de llegar a San Luis, estuvieron en el Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de la comunidad de Buenavista, y de ahí partirían a Marquelia, “no nos daría tiempo, estamos revisando los últimos detalles de las unidades (comprometidas)”, para que sean puestas en operación en el periodo que estableció el presidente.

 

Desaparece equipo médico del nuevo hospital de especialidades en San Luis Acatlán, denuncian

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) denunciaron la desaparición del equipo médico que se empezó a instalar en el nuevo hospital de especialidades ubicado en San Luis Acatlán,“sin que hasta la fecha” tengan información, y reprocharon que la secretaria de Salud estatal, Aidé Ibarez Castro y el representante del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Jaime Rendón Gómez, incumplieron una minuta de acuerdos acerca de la contratación del nuevo personal para dicho nosocomio.
Advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no están dispuestos a tolerar la corrupción, el racismo y la discriminación, porque él prometió “un sistema de atención equiparado al de Dinamarca o Canadá”, pero en Guerrero, en la zona indígena y campesina de la Montaña y Costa Chica, prevalece “el abandono institucional, el nepotismo, la falta de medicamentos, así como el robo y venta de ellos que son gratuitos”.
Ejemplificaron que en el hospital básico comunitario del mismo municipio, a la ex directora, Glenis de la Cruz Cebrero y la ex administradora, Saraí Castro, “se les sorprendió recibiendo el medicamento destinado al hospital en sus domicilios personales, para posteriormente distribuirlos en clínicas privadas que son operadas por el mismo personal médico”.
Este sábado se realizó en las instalaciones del Comisariado Ejidal de San Luis Acatlán un foro llamado Por la defensa del territorio, al que asistieron integrantes de la CRAADET y autoridades municipales, donde se presentó también el acta de Cabildo con el que se rechazó a las empresas mineras, pero también discutieron asuntos de Salud.
Entre los acuerdos, realizaron un comunicado para denunciar varias problemáticas respecto al hospital básico comunitario de San Luis Acatlán, así como de la construcción y puesta en marcha del nuevo hospital de especialidades en el mismo municipio.
En el comunicado, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pienda, argumentaron que desde 2018, cuando llegó al poder el mandatario federal se comprometió a erradicar la discriminación, el racismo, la corrupción y la pobreza extrema en la cual históricamente han vivido.
Expusieron que la directora del hospital básico comunitario, Glenis de la Cruz Cebrero, así como a la administradora, Saraí Castro, “se les sorprendió recibiendo el medicamento destinado al hospital en sus domicilios personales, para posteriormente distribuirlos en clínicas privadas que son operadas por el mismo personal médico del nosocomio”.
Señaló que “las y los médicos recibían en la unidad médica a los pacientes, pero la continuidad de la atención la derivaban a sus clínicas privadas, alterando con ello el derecho a la gratuidad de la atención a la salud, operando en el diagnóstico como puerta de negocio privado para lucrar con la salud y el seguimiento de los tratamientos”.
“Además de saquear y vender el inventario de medicamentos del hospital, generando un desbasto que nos afectó al tener que comprar estos insumos, los cuales estaban destinados en primer lugar a ser entregados de manera gratuita”, resaltaron.
Manifestaron que la dirección encubrió y toleró la atención irregular al no respetar los horarios de servicio, no denunciar la desaparición de instrumental médico, y poner en riesgo la vida de las y los pacientes que dejaban de ser atendidos o eran mal atendidos porque no podían pagar los servicios en las clínicas privadas.
Argumentaron que cuando la población hizo la denuncia, la Secretaría de Salud Estatal realizó el cambio de la dirección y la administradora, y quienes llegaron a reemplazarlos intentaron corregir las anomalías y robos detectados en una auditoría realizada el 7 de noviembre de 2022.
Precisaron que se colocaron cámaras en varias áreas del hospital e instalando un reloj checador, lo que generó reacciones de inconformidad del personal del hospital, quienes lo tomaron y dejaron “en una situación de riesgo al violar nuestro derecho a la salud”.
Señalaron que la toma del hospital fue encabezada por la secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, Beatriz Vélez Núñez, y el delegado sindical, Moisés Castro Romero, quienes pretendían la destitución del nuevo director y la nueva administradora, que no se cumplió debido a la movilización de la población para liberarlo de la “toma ilegal”, “con excepción del área de Dirección”.
Expusieron que hasta la fecha, la Dirección continúa tomada, lo que impide un ejercicio pleno de las funciones y se ha forzado a ejercer en sedes alternas de forma itinerante a los nuevos directivos y a la administradora.
Respecto al nuevo hospital de especialidades, explicaron que se acordó la donación de un terreno para su construcción en el ejido de San Luis Acatlán, pero una vez que empezó a ser dotado de equipamiento, “éste desapareció sin que hasta la fecha tengamos información sobre la investigación que la Secretaría Estatal acordó realizar”.
Indicaron que en el contexto de lo ocurrido en el hospital básico comunitario, la población acordó con Aidé Ibarez y el representante del Insabi, Jaime Rendón Gómez, que la contratación del nuevo personal no tendría vínculos con las y los empleados del hospital comunitario, que dejaron firmado en una minuta el 22 de octubre de 2022.
Añadieron que la representación ejidal entregaría una lista de candidatas y candidatos de la zona, solicitud que incluso “resolvería aspectos de comunicación con pertinencia cultural entre la población y los médicos”.
Manifestaron que han pasado seis meses a partir de la firma de la minuta y las autoridades han incumplido prácticamente con la mitad de los acuerdos, avanzando y dándole prioridad a aquellos de corte más administrativo.
Expusieron al presidente López Obrador, que no están dispuestos a tolerar la corrupción, el racismo y la discriminación y menos en su derecho a la Salud, pues él prometió “un sistema de atención equiparado al de Dinamarca o Canadá, pero acá en Guerrero, en particular en la zona indígena y campesina de la Montaña y Costa Chica, sigue prevaleciendo el abandono institucional, el nepotismo; la falta de medicamentos, así como el robo y venta de ellos que son gratuitos”.
“También adolecemos de la falta de atención médica profesional digna, de calidad, intercultural, además persisten actuaciones de omisión de las y los responsables políticos de la Salud pública nacional”, indicaron.
El documento está firmado por los comisariados ejidales de San Luis Acatlán, Clemente Jiménez Santiago; de Vista Hermosa, municipio de Iliatenco, Claudio de los Santos García; de Tenamazapa, municipio de Tlacoapa, Félix Zeferino Balderas; de San Miguel del Pro-greso, Malinaltepec, Ángel Ba-rrera Santiagués; de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, Federi-co Salgado Toribio; de Huehue-tepec, Atlamajalcingo del Monte, Perfecto García Benito; de Ti-lapa, Malinaltepec, Donato Gar-cía Bernardino; de Iliatenco, Joel Cortés Cantú; de Yoloxóchitl, San Luis Acatlán, Genaro Villar Morales; de Totomixtlahuaca, Tlacoapa, Agustín Candia Guz-mán: y de San José Vista Her-mosa, San Luis Acatlán, Librado Vázquez Rea.