El delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Roberto Olivares Pita declaró ayer que los integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet) que se manifestaron el miércoles afuera de la dependencia federal se negaron a dialogar para revisar su expediente.
El miércoles, integrantes del Craadet protestaron afuera del RAN de Chilpancingo porque denunciaron que la dependencia federal se niega a registrarles los estatutos comunales y ejidales en los que se manifiestan en contra de la extracción minera.
Entrevistado por teléfono ayer, el delegado informó que la solicitud del Craadet “no lo tiene bien claro” porque los representantes del movimiento “no quisieron ser atendidos”.
De acuerdo al funcionario federal, cuando se dan este tipo de protesta “lo primero que hacemos es ofrecerles nuestra atención, y en el caso de ellos desconozco la razón, pero en un principio dijeron que sí al diálogo, y al final dijeron que no”.
Aseguró que desconoce el motivo por el cual no quisieron entrar a las oficinas a plantear sus demandas, “y es por ello que no tenemos mucha claridad en su petición”, dijo cuándo se le preguntó por qué la dependencia no había atendido su solicitud de registrar los estatutos comunales y ejidales de los núcleos agrarios que presentaron, cuando según el Craadet entregaron la petición desde el 5 de noviembre del 2021.
“Escuchamos que solamente hacían mención a sus reglamentos internos y estatutos comunales que posiblemente se hayan denegado, pero nada más”, dijo el funcionario federal respecto a la protesta del miércoles.
Agregó que “posiblemente (la negativa) viene de un estudio previo, y cuando no se cumple con la normativa, con los requisitos y demás, procede la negativa no tan sólo en la zona de la Montaña, sino en todas las zonas del estado”.
Aseguró, sin embargo, que de parte de la dependencia “hay la disposición para atenderlos y orientarlos de cómo y a donde pueden presentar sus peticiones de ese tipo”.
Aseguró que con otros grupos han tenido buenos resultados, “pero siempre debe existir ese diálogo y que alguien que los represente se siente a la mesa de diálogo”.
En el caso del Craadet, el delegado del RAN dijo que la representación en Guerrero de esa dependencia seguirá abierta para poderlos atender, “finalmente el gobierno está para eso, para atender, aquí lo hacemos todos los días”.
Anunció: “Seguramente los vamos a localizar y a pedirles que vengan y quizá sea un tema también de la Procuraduría Agraria, y nos vamos a reunir para atenderlos, esa es nuestra obligación”.
El funcionario federal reconoció que en el momento de la entrevista no tenía información ni los antecedentes de la petición de las autoridades agrarias del Craadet, “pero sería suficiente con que nos informaran del asunto, que nos proporcionen copias del expediente que presentaron para darles la atención”.
Argumentó que en el caso de Guerrero el RAN de Chilpancingo es la única oficina que tiene en el estado “y entran muchísimas solicitudes, y es muy complicado que nos acordemos si un comisariado trae cierta solicitud, porque además muchos documentos entran por ventanilla”.
Explicó que ha dicho a los comisariados que el compromiso de la dependencia es atenderlos, pero que les faciliten una copia de sus peticiones para revisarlos.
“Aquí todos los días recibimos comisariados y a veces llegan molestos porque consideran que no hay atención adecuada pero ya cuando los atendemos salen muy contentos, satisfechos”.
El delegado insistió que las autoridades del Craadet no quisieron que los atendieran, “pero vamos a tratar de ubicarlos y reiterarles nuestro compromiso de atenderles”.
Funcionarios de la Seretaría de Salud estatal (Ssa) y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) supervisaron ayer el nuevo hospital de especialidades de San Luis Acatlán, con el alcalde Adair Hernández Martínez y autoridades comunitarias, a unos días de que el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) denunció la desaparición de equipo médico de este lugar.
Informó lo anterior en consulta telefónica, la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro y rechazó que haya materiales robados o desaparecidos en este nosocomio.
Precisó que en este momento el personal médico y de enfermería contratado está siendo capacitado en el manejo de los equipos que se están instalando, por lo regular antes de la apertura.
“Estoy aquí para que se abra (el hospital) al pueblo, pero se tienen que cubrir todos los detalles, el personal está aquí, aquí está el alcalde, el presidente del comisariado ejidal, sí nos faltan algunos detalles de algunos equipos, pero se capacita al personal que va a operar, no hay ningún robo, ni nada”.
Aunque no tiene fecha de inicio de operaciones, aseguró que será dentro del plazo de 180 días que estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador a fines de noviembre pasado, para ofrecer servicios de Salud “de primera” en Guerrero.
Destacó la conversación que tuvo ayer el director del Área Jurídica de la Secretaría de Salud estatal, con el presidente de los ejidatarios, sobre sus propuestas de contratación de personal originario de la región, que la organización de ejidos acordó con el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
“Ellos solicitan que el personal de nuevo ingreso para atender en este hospital, fuera de aquí, de la región, para que después no se quisieran ir y no trataran mal a las personas que son pueblos originarios y gente humilde”.
Aseguró que sí se contrataron propuestas de las comunidades que están en el registro del Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi).
Coincidió en que es una medida sana, para evitar situaciones como el Centro de Salud viejo de San Luis Acatlán, del que se han quejado ciudadanos.
En este recorrido, indicó que participan una directora nacional de Atención Médica del Insabi; el subsecretario de Planeación, Roberto Núñez, que también informó que están llevando todo lo relacionado con el funcionamiento de los equipos. Él estimó que la versión de que hay equipos desaparecidos, puede ser, debido a que se está revisando todo antes de la inauguración.
El encargado del Equipamiento y Control Patrimonial, Antonio Aparicio aseguró que cada inmueble tiene su resguardo y se hace la programación de entrega de preinstalaciones e instalaciones, y después se trabaja con el área médica y con base en un calendario de capacitación sobre el uso y resguardo de materiales. “Tenemos el levantamiento desde el almacén central, no se puede dar nada de baja sino para por la normatividad de adquisiciones. Hay responsable de quien recibe el inmueble cuando esté en funciones en la unidad médica, desde escritorios, sillas, anestesias”, dijo.
Aidé Ibárez aseguró que este hospital ya es parte del nuevo modelo que atenderán cuatro instituciones; Secretaría de Salud estatal, IMSS-Bienestar e ISSSTE; ya no sólo el IMSS-Bienestar.
Al preguntarle respecto a la denuncia de desplazados de la Laguna, que se encuentran refugiados en la localidad la Libertad del municipio de Ayutla y que señalaron que el hospital regional de esta cabecera municipal tira su basura hospitalaria al río que pasa por ese lugar, respondió que ese tema le corresponde a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de guerrero (Copriseg).
Al insistirle que fue señalado un hospital de la Salud estatal, y si iría a conocer la situación, respondió que no tiene esa información, dijo que en este momento tiene un programa de recorridos.
Explicó que antes de llegar a San Luis, estuvieron en el Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de la comunidad de Buenavista, y de ahí partirían a Marquelia, “no nos daría tiempo, estamos revisando los últimos detalles de las unidades (comprometidas)”, para que sean puestas en operación en el periodo que estableció el presidente.
El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) recibió el sábado al alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, quien presentó el acta de Cabildo en el que acordaron su rechazo a la entrega de permisos de licencia de suelo a empresas mineras Foto: Cortesía Tlachinollan
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Para salvaguardar el agua y que no se contaminen los ríos, integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) y el gobierno municipal de San Luis Acatlán, presentaron este sábado el acuerdo del Cabildo con el que se comprometen a negar permisos y vialidad de prospección, exploración y explotación de concesiones mineras, y es el segundo municipio además de Iliatenco, en cerrarle las puertas a las empresas extractoras de minerales.
La CRAADET es un grupo de autoridades agrarias en la Montaña y Costa Chica, que está en contra de los proyectos de minería y cada tres meses realiza foros, este sábado durante el encuentro llamado Por la defensa del territorio, que se realizó en las instalaciones del Comisariado de los Bienes Ejidales de San Luis Acatlán, donde se reunieron cerca de 150 personas, entre autoridades comunitarias, ejidales, municipales y de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
En el encuentro, el presidente de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez del Partido del Trabajo (PT), presentó el acta de Cabildo abierto de la sesión extraordinaria y celebrada el 13 de marzo de este año, en el que acordaron que el municipio niegue permisos y viabilidad de cualesquiera acción de prospección, exploración, explotación, obra o proyecto relacionado con concesiones mineras.
De acuerdo con el acta, uno de los argumentos por lo que se comprometieron a negar las concesiones a las mineras, es la documentación de daños a la salud, el ambiente y a la vida comunitaria del grupo Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) y la Red Mexicana contra la Minería (REMA), y de las y los promotores comunitarios, que han realizado en Mesoamérica y en particular, en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde han operado desde hace 15 años, las empresas Gold Corp, Leagold Minning y actualmente Equinox Gold, todas de origen canadiense.
Por ello, el Ayuntamiento de San Luis Acatlán acordó que no entregarán la autorización de la licencia de uso de suelo a ninguna empresa vinculada al modelo extractivo minero de capital privado, nacional o internacional o transnacional, además, deberán hacer pública e inmediata a la población la pretensión que alguna empresa realice al Ayuntamiento para buscar dichas concesiones.
Ayer, contactado vía telefónica, uno de los participantes en la CRAADET, y comisariado de Bienes Ejidales de San Luis Acatlán, Clemente Jiménez Santiago, contó que llevan 13 años concientizando a la población en contra de la explotación de las mineras en la Montaña y Costa Chica.
La razón por lo que han luchado para que lograran que el Cabildo respaldara esa postura, contó es principalmente que “sin la Montaña nosotros no somos nadie en San Luis Acatlán, acá sería muy poca la parte que explotarían las mineras, pero nuestro río nace allá arriba (en Malinaltepec) y la primera afectación que habría contra nosotros sería la contaminación de nuestro río”.
Mencionó que el Río Grande, que nace en Malinaltepec, abastece a comunidades de San Luis Acatlán y desemboca en el municipio de Marquelia, por ello han apoyado al CRAADET, porque saben que las mineras no son malas, pero sí son malos los operadores, “que no cumplen con cabalidad todas las medidas de seguridad que debería tener una minera, lo único que buscan es el beneficio económico y no el cuidado de nuestra biodiversidad, de nuestra flora y fauna, para evitar eso mejor estamos en contra de que no se establezcan”.
Señaló que el ejemplo de que las mineras no cumplen es Carrizalillo, en Zumpango, “la contaminación está tremenda, es un desastre, una contaminación a cielo abierto, hay tantas enfermedades que ni siquiera lo dan a conocer”, sostuvo que en la Montaña ya hay afectaciones de plagas por los cambios del ecosistema, y los árboles se están secando.
“Nosotros viendo todos esos pormenores, aquí nos organizamos y creemos que ya basta con lo que tenemos de minerales, ya podemos vivir con la tecnología que tenemos, pero al ratito sin agua, vamos a tener un problema”, sostuvo.
Jiménez Santiago afirmó que saben que la minería es la base de la tecnología, que con los minerales están hechos todos nuestros equipos con los que nos comunicamos, la minería es tecnología y progreso, pero también tienen una responsabilidad, y “se puede vivir sin oro y plata, pero sin agua no”.
“La visión que tenemos nosotros acá en el campo, los campesinos, es que no queremos que nuestros jóvenes que vienen apenas desarrollándose ya no encuentren nada, hace 50 años, aquí en medio de San Luis Acatlán había mucha trucha, langostinos, mojarras, camarones en el río, ahorita ya es un arroyito en comparación, imagínate otros 30 años cómo estará y si entra la minera que tenemos conocimiento que absorben toda el agua para poder trabajar”, comentó.
Aseguró que el sábado acordaron otra reunión el próximo 14 de mayo, para dar continuidad a su agenda de foros y concientización contra la contaminación que provocan las mineras, añadió que han invitado al municipio de Azoyú para que realicen algo similar, porque saben que “están activos las concesiones mineras, en partecitas pequeñas (de territorio), pero están activas”.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que el CRAADET recibió de manos del presidente municipal de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, el acta de acuerdo de la sesión extraordinaria de Cabildo en la que se niegan permisos y vialidad de cualquier acción de prospección, exploración, explotación, obra o proyecto relacionado con las concesiones mineras en el municipio.
Precisó que la entrega se hizo en la asamblea número 38 de la CRAADET, donde regidores acompañaron al alcalde para hacer la entrega del acta, el que indicaron fue un compromiso desde el décimo aniversario de la organización que tuvo lugar en la cabecera municipal de Iliatenco.
Expuso que el municipio de San Luis Acatlán se suma a la defensa de su territorio, así como el municipio de Iliatenco que desde octubre de 2022 presentó un acta de acuerdo de Cabildo para rechazar cualquier acción o actividades relacionadas con la entrada de las empresas mineras en su territorio.
Detalló que las dos actas de acuerdo serán enviadas al Congreso del Estado para que sean publicados en el Periódico Oficial para su validación oficial, y las autoridades comunitarias y municipales llamaron a las diputadas y los diputados locales para que los acuerdos de cabildo sean aprobados y publicados.
De acuerdo con el documento de Tlachinollan, el alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández, se comprometió a seguir acompañando la lucha de la CRAADET por la defensa del territorio, y a dar seguimiento a los actos legales que se requieran para que jamás se instalen las mineras en su territorio ni la Montaña alta de Guerrero.
Manifestó que el presidente de la CRAADET, Claudio de los Santos García, festejó que el gobierno municipal de San Luis Acatlán tomara conciencia y votará de forma unánime por mantener a su municipio libre de la extracción minera.
Llamó al gobierno municipal de Malinaltepec para que se sume al acuerdo de los Cabildos de Iliatenco y San Luis Acatlán, para rechazar la explotación minera en su territorio, “ya que el alcalde, (Acasio Flores Guerrero), no ha dado respuesta a la solicitud de la CRAADET a pesar de que ese municipio cuenta con el mayor número de núcleos agrarios”.
“Las autoridades agrarias integradas en la CRAADET dejaron claro que van a seguir en la defensa de su territorio desde la Montaña a la Costa Chica de nuestra entidad. Se trata de la defensa de la vida, de sus muertos, de los ríos, ciénegas y de sus cerros sagrados. Es por eso que no van a permitir que los proyectos de muerte se impongan y devasten su territorio”, concluyó en su comunicado Tlachinollan.
Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) denunciaron la desaparición del equipo médico que se empezó a instalar en el nuevo hospital de especialidades ubicado en San Luis Acatlán,“sin que hasta la fecha” tengan información, y reprocharon que la secretaria de Salud estatal, Aidé Ibarez Castro y el representante del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Jaime Rendón Gómez, incumplieron una minuta de acuerdos acerca de la contratación del nuevo personal para dicho nosocomio.
Advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no están dispuestos a tolerar la corrupción, el racismo y la discriminación, porque él prometió “un sistema de atención equiparado al de Dinamarca o Canadá”, pero en Guerrero, en la zona indígena y campesina de la Montaña y Costa Chica, prevalece “el abandono institucional, el nepotismo, la falta de medicamentos, así como el robo y venta de ellos que son gratuitos”.
Ejemplificaron que en el hospital básico comunitario del mismo municipio, a la ex directora, Glenis de la Cruz Cebrero y la ex administradora, Saraí Castro, “se les sorprendió recibiendo el medicamento destinado al hospital en sus domicilios personales, para posteriormente distribuirlos en clínicas privadas que son operadas por el mismo personal médico”.
Este sábado se realizó en las instalaciones del Comisariado Ejidal de San Luis Acatlán un foro llamado Por la defensa del territorio, al que asistieron integrantes de la CRAADET y autoridades municipales, donde se presentó también el acta de Cabildo con el que se rechazó a las empresas mineras, pero también discutieron asuntos de Salud.
Entre los acuerdos, realizaron un comunicado para denunciar varias problemáticas respecto al hospital básico comunitario de San Luis Acatlán, así como de la construcción y puesta en marcha del nuevo hospital de especialidades en el mismo municipio.
En el comunicado, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pienda, argumentaron que desde 2018, cuando llegó al poder el mandatario federal se comprometió a erradicar la discriminación, el racismo, la corrupción y la pobreza extrema en la cual históricamente han vivido.
Expusieron que la directora del hospital básico comunitario, Glenis de la Cruz Cebrero, así como a la administradora, Saraí Castro, “se les sorprendió recibiendo el medicamento destinado al hospital en sus domicilios personales, para posteriormente distribuirlos en clínicas privadas que son operadas por el mismo personal médico del nosocomio”.
Señaló que “las y los médicos recibían en la unidad médica a los pacientes, pero la continuidad de la atención la derivaban a sus clínicas privadas, alterando con ello el derecho a la gratuidad de la atención a la salud, operando en el diagnóstico como puerta de negocio privado para lucrar con la salud y el seguimiento de los tratamientos”.
“Además de saquear y vender el inventario de medicamentos del hospital, generando un desbasto que nos afectó al tener que comprar estos insumos, los cuales estaban destinados en primer lugar a ser entregados de manera gratuita”, resaltaron.
Manifestaron que la dirección encubrió y toleró la atención irregular al no respetar los horarios de servicio, no denunciar la desaparición de instrumental médico, y poner en riesgo la vida de las y los pacientes que dejaban de ser atendidos o eran mal atendidos porque no podían pagar los servicios en las clínicas privadas.
Argumentaron que cuando la población hizo la denuncia, la Secretaría de Salud Estatal realizó el cambio de la dirección y la administradora, y quienes llegaron a reemplazarlos intentaron corregir las anomalías y robos detectados en una auditoría realizada el 7 de noviembre de 2022.
Precisaron que se colocaron cámaras en varias áreas del hospital e instalando un reloj checador, lo que generó reacciones de inconformidad del personal del hospital, quienes lo tomaron y dejaron “en una situación de riesgo al violar nuestro derecho a la salud”.
Señalaron que la toma del hospital fue encabezada por la secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, Beatriz Vélez Núñez, y el delegado sindical, Moisés Castro Romero, quienes pretendían la destitución del nuevo director y la nueva administradora, que no se cumplió debido a la movilización de la población para liberarlo de la “toma ilegal”, “con excepción del área de Dirección”.
Expusieron que hasta la fecha, la Dirección continúa tomada, lo que impide un ejercicio pleno de las funciones y se ha forzado a ejercer en sedes alternas de forma itinerante a los nuevos directivos y a la administradora.
Respecto al nuevo hospital de especialidades, explicaron que se acordó la donación de un terreno para su construcción en el ejido de San Luis Acatlán, pero una vez que empezó a ser dotado de equipamiento, “éste desapareció sin que hasta la fecha tengamos información sobre la investigación que la Secretaría Estatal acordó realizar”.
Indicaron que en el contexto de lo ocurrido en el hospital básico comunitario, la población acordó con Aidé Ibarez y el representante del Insabi, Jaime Rendón Gómez, que la contratación del nuevo personal no tendría vínculos con las y los empleados del hospital comunitario, que dejaron firmado en una minuta el 22 de octubre de 2022.
Añadieron que la representación ejidal entregaría una lista de candidatas y candidatos de la zona, solicitud que incluso “resolvería aspectos de comunicación con pertinencia cultural entre la población y los médicos”.
Manifestaron que han pasado seis meses a partir de la firma de la minuta y las autoridades han incumplido prácticamente con la mitad de los acuerdos, avanzando y dándole prioridad a aquellos de corte más administrativo.
Expusieron al presidente López Obrador, que no están dispuestos a tolerar la corrupción, el racismo y la discriminación y menos en su derecho a la Salud, pues él prometió “un sistema de atención equiparado al de Dinamarca o Canadá, pero acá en Guerrero, en particular en la zona indígena y campesina de la Montaña y Costa Chica, sigue prevaleciendo el abandono institucional, el nepotismo; la falta de medicamentos, así como el robo y venta de ellos que son gratuitos”.
“También adolecemos de la falta de atención médica profesional digna, de calidad, intercultural, además persisten actuaciones de omisión de las y los responsables políticos de la Salud pública nacional”, indicaron.
El documento está firmado por los comisariados ejidales de San Luis Acatlán, Clemente Jiménez Santiago; de Vista Hermosa, municipio de Iliatenco, Claudio de los Santos García; de Tenamazapa, municipio de Tlacoapa, Félix Zeferino Balderas; de San Miguel del Pro-greso, Malinaltepec, Ángel Ba-rrera Santiagués; de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, Federi-co Salgado Toribio; de Huehue-tepec, Atlamajalcingo del Monte, Perfecto García Benito; de Ti-lapa, Malinaltepec, Donato Gar-cía Bernardino; de Iliatenco, Joel Cortés Cantú; de Yoloxóchitl, San Luis Acatlán, Genaro Villar Morales; de Totomixtlahuaca, Tlacoapa, Agustín Candia Guz-mán: y de San José Vista Her-mosa, San Luis Acatlán, Librado Vázquez Rea.
El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) resolvió en su reunión del sábado en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, solicitar al nuevo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador información relacionada con las concesiones mineras autorizadas y las solicitudes que están pendientes, informó el presidente de ese Consejo, Miguel Santiago Lorenzo.
Consultado por teléfono, dijo asimismo que las autoridades agrarias y municipales acordaron seguir organizadas y movilizadas para defender el territorio indígena porque no creen que en el nuevo gobierno cese la embestida de las mineras extranjeras que quieren apropiarse de amplias extensiones de tierra para la explotación de minas sobre todo en la región de la Montaña y Costa Chica.
El sábado se reunieron en Santa Cruz del Rincón autoridades agrarias y municipales de 22 ejidos de los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, Atlamajalcingo del Monte, San Luis Acatlán, Metlatonoc, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, informó Santiago Lorenzo.
El dirigente informó que también acordaron reunirse el próximo mes de septiembre para tratar exclusivamente el caso de los decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto el 5 de junio, con los cuales eliminó la prohibición que tenían las empresas para extraer agua de varias cuencas en el país, uno de los cuales afectaría directamente a la región de la Costa Chica del estado.
El presidente del CRAADT declaró que las autoridades de los siete municipios que se reunieron acordaron mantenerse organizados y movilizados para seguir defendiendo el territorio indígena.
Informó que una de las acciones será la elaboración de los estatutos comunales y ejidales para que los pueblos se defiendan legalmente ante las empresas que quieren entrar a su territorio para la explotación de la minería.
Informó que la mayoría de los asistentes a la reunión expresaron que no creen que el nuevo gobierno de López Obrador vaya a poder frenar a las empresas mineras porque ya tienen concesiones autorizadas en gobiernos anteriores, otras más tienen solicitudes pendientes en la Secretaría de Economía.
Además dijo que se trata de empresas transnacionales que tienen todo el apoyo económico y que sólo la organización y la movilización de los pueblos indígenas impedirán que entren a su territorio.
Informó que otra de las acciones del Consejo es solicitar información al gobierno federal sobre las concesiones autorizadas y las solicitudes pendientes, porque dijo que tienen información extraoficial de que las solicitudes se incrementaron en este último gobierno de Enrique Peña Nieto y que recientemente se autorizó una para explorar una extensión de más de 500 mil hectáreas que abarca las regiones Montaña, Costa Chica, Centro y Zona Norte, “nos dicen que abarca gran parte de la Montaña y que llega casi hasta Iguala”, dijo el presidente del CRAADT.
Agregó que expertos con los que se han reunido informan que hasta antes del gobierno de Peña Nieto se había concesionado aproximadamente un millón de hectáreas para la exploración o explotación minera, pero que actualmente suman más de 3 millones de hectáreas en el estado.
El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) convocó a autoridades de las más de 300 comunidades de las regiones Montaña y Costa Chica, agrupadas en ese organismo, al décimo noveno foro informativo Por la Defensa del Territorio, que se realizará en Santa Cruz del Rincón, Malinaltepec, el 21 de julio, a fin de acordar acciones en defensa del agua frente a los decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto con los que autoriza que particulares la exploten.
El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación.
Los decretos de reservas dejan explotar el agua donde estaba prohibido, pues se protege un volumen menor del líquido del que se resguardaba con las vedas eliminadas mediante los decretos del 6 de junio, ya que éstas prohibían otorgar permisos de explotación, y a partir del 7 de junio están a disposición del particular que lo requiera.
El Consejo detectó que cuando menos uno de estos decretos afecta el agua de los ríos que bajan de la Montaña a la Costa Chica, entre éstos, el río Papagayo, el Balsas y el San Juan, que pasa por Ometepec.
Frente a este acuerdo presidencial, el CRAADT convocó a los pueblos y autoridades en donde tiene presencia a defender el agua y rechazar los decretos firmados por el presidente Peña Nieto.
Asimismo, la organización convocó a las autoridades de los pueblos agremiados al foro Por la Defensa del Territorio, el 21 de julio en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec.
El Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio aglutina a 350 comunidades de los municipios de Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Tlacoapa, Iliatenco, San Luis Acatlán, Marquelia, Copala, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.
Durante el foro, la representación del Consejo, los expertos Miguel Mijangos y Armando Capos, dará información en torno a las nuevas solicitudes de concesión minera en la región de la Montaña. Mientras que Iván Oropeza Bruno disertará sobre la importancia de la defensa del territorio desde la cosmovisión de los pueblos indígenas.
El presidente del Consejo, Miguel Santiago Lorenzo informó vía telefónica que acordarán, además, las acciones contra los decretos firmados por el presidente Peña Nieto el 5 de junio, con los que deja en libertad de explotar el agua en donde antes estaba prohibido.
El foro comenzará a partir de las 9 de la mañana en la comisaría de los Bienes Comunales de Santa Cruz del Rincón, según la convocatoria que ya fue enviada a los 35 pueblos que integran el CRAADT.
De 44 concesiones mineras registradas hasta diciembre de 2016 en la zona conocida como Costa Chica-Montaña, 22 fueron canceladas por las propias empresas mineras, de acuerdo con datos oficiales recabados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En seguimiento al monitoreo del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, contra el proyecto de la biosfera y minería, informó que las 44 concesiones ocupan 142 mil 430 hectáreas, y fueron entregadas sin el aval de los pueblos, que ni siquiera fueron informados. Las 22 concesiones que siguen vigentes ocupan 32 mil 616 hectáreas.
En consulta, el organismo explicó que la cancelación que han hecho las mineras de las 22 concesiones, es un comportamiento poco común en el estado, donde hasta finales de 2016 sumaban más de 894 concesiones para exploración y explotación de minerales.
El periodo es coincidente con el proceso informativo y de organización que comenzó en la región en 2012, cuando las autoridades comunitarias y agrarias comenzaron la defensa de su territorio.
A la fecha, indicó, el Consejo está integrado por 21 núcleos agrarios, en cinco municipios, y que todos han aprobado actas de rechazo a las mineras.
Recordó que uno de los permisos que requieren las mineras para comenzar el trabajo de campo es la autorización de los pueblos, así como otras más de 30 de organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunque, las mineras y las instituciones públicas omiten informar y consultar a las comunidades sobre la actividad minera en sus tierras comunes, recordó que en la Montaña hay un precedente en la comunidad de San Miguel del Progreso, que solicitó un amparo contra dos concesiones mineras, Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Antes de que la Suprema Corte se pronunciara respecto a la legalidad de las concesiones, las empresas Hochschild y La Salamera, cancelaron las concesiones más amplias de la microrregión, con unas 37 mil hectáreas.
Aún hay cuatro concesiones vigentes en territorios del Consejo, dicen
Tlachinollan aclaró que hay una nueva concesión, denominada España, cercana a la cancelada Corazón de Tinieblas, que se otorgó a la empresa Metalúrgica Reyna SA de CV en 2007, de 513 hectáreas, de la que apenas supieron tras hacer de solicitudes de información.
Sin embargo, esta concesión está en el municipio de Acatapec, fuera del territorio del Consejo Regional de Autoridades, que continúan la discusión de la defensa del territorio por la vía jurídica.
Dentro del Consejo, indicó que hay cuatro concesiones vigentes, la de Toro Rojo, cedida a la empresa Montero Minas SA de CV, en Iliatenco; la concesión de San Gabriel a la empresa Santa Claws Minas, en el ejido y los bienes comunales de Iliatenco, la mayor cesión de terrenos con mil 800 hectáreas; la concesión Galeana y San Miguel, de la minera Camsim minas, en Paraje Montero, Malinaltepec y Zitlaltepec, donde los pueblos han mostrado rechazo.
Distintos a las regiones Centro, Tierra Caliente y Costa Grande, aclaró que la Costa Chica-Montaña es la única región donde se defiende el territorio con un bloque amplio de resistencia, donde no permiten que transiten los trabajadores de las empresas ni siquiera para hacer exploración. Tampoco tienen problemas de inseguridad como los que padecen las mineras en los municipios de Cocula y Eduardo Neri.
