Acuerdan 22 ejidos pedir información al gobierno de AMLO sobre concesiones mineras

El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) resolvió en su reunión del sábado en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, solicitar al nuevo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador información relacionada con las concesiones mineras autorizadas y las solicitudes que están pendientes, informó el presidente de ese Consejo, Miguel Santiago Lorenzo.
Consultado por teléfono, dijo asimismo que las autoridades agrarias y municipales acordaron seguir organizadas y movilizadas para defender el territorio indígena porque no creen que en el nuevo gobierno cese la embestida de las mineras extranjeras que quieren apropiarse de amplias extensiones de tierra para la explotación de minas sobre todo en la región de la Montaña y Costa Chica.
El sábado se reunieron en Santa Cruz del Rincón autoridades agrarias y municipales de 22 ejidos de los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, Atlamajalcingo del Monte, San Luis Acatlán, Metlatonoc, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, informó Santiago Lorenzo.
El dirigente informó que también acordaron reunirse el próximo mes de septiembre para tratar exclusivamente el caso de los decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto el 5 de junio, con los cuales eliminó la prohibición que tenían las empresas para extraer agua de varias cuencas en el país, uno de los cuales afectaría directamente a la región de la Costa Chica del estado.
El presidente del CRAADT declaró que las autoridades de los siete municipios que se reunieron acordaron mantenerse organizados y movilizados para seguir defendiendo el territorio indígena.
Informó que una de las acciones será la elaboración de los estatutos comunales y ejidales para que los pueblos se defiendan legalmente ante las empresas que quieren entrar a su territorio para la explotación de la minería.
Informó que la mayoría de los asistentes a la reunión expresaron que no creen que el nuevo gobierno de López Obrador vaya a poder frenar a las empresas mineras porque ya tienen concesiones autorizadas en gobiernos anteriores, otras más tienen solicitudes pendientes en la Secretaría de Economía.
Además dijo que se trata de empresas transnacionales que tienen todo el apoyo económico y que sólo la organización y la movilización de los pueblos indígenas impedirán que entren a su territorio.
Informó que otra de las acciones del Consejo es solicitar información al gobierno federal sobre las concesiones autorizadas y las solicitudes pendientes, porque dijo que tienen información extraoficial de que las solicitudes se incrementaron en este último gobierno de Enrique Peña Nieto y que recientemente se autorizó una para explorar una extensión de más de 500 mil hectáreas que abarca las regiones Montaña, Costa Chica, Centro y Zona Norte, “nos dicen que abarca gran parte de la Montaña y que llega casi hasta Iguala”, dijo el presidente del CRAADT.
Agregó que expertos con los que se han reunido informan que hasta antes del gobierno de Peña Nieto se había concesionado aproximadamente un millón de hectáreas para la exploración o explotación minera, pero que actualmente suman más de 3 millones de hectáreas en el estado.

 

Cancelan mineras 22 de las 44 concesiones registradas hasta diciembre de 2016 en la Costa Chica-Montaña

 

De 44 concesiones mineras registradas hasta diciembre de 2016 en la zona conocida como Costa Chica-Montaña, 22 fueron canceladas por las propias empresas mineras, de acuerdo con datos oficiales recabados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En seguimiento al monitoreo del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, contra el proyecto de la biosfera y minería, informó que las 44 concesiones ocupan 142 mil 430 hectáreas, y fueron entregadas sin el aval de los pueblos, que ni siquiera fueron informados. Las 22 concesiones que siguen vigentes ocupan 32 mil 616 hectáreas.
En consulta, el organismo explicó que la cancelación que han hecho las mineras de las 22 concesiones, es un comportamiento poco común en el estado, donde hasta finales de 2016 sumaban más de 894 concesiones para exploración y explotación de minerales.
El periodo es coincidente con el proceso informativo y de organización que comenzó en la región en 2012, cuando las autoridades comunitarias y agrarias comenzaron la defensa de su territorio.
A la fecha, indicó, el Consejo está integrado por 21 núcleos agrarios, en cinco municipios, y que todos han aprobado actas de rechazo a las mineras.
Recordó que uno de los permisos que requieren las mineras para comenzar el trabajo de campo es la autorización de los pueblos, así como otras más de 30 de organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunque, las mineras y las instituciones públicas omiten informar y consultar a las comunidades sobre la actividad minera en sus tierras comunes, recordó que en la Montaña hay un precedente en la comunidad de San Miguel del Progreso, que solicitó un amparo contra dos concesiones mineras, Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Antes de que la Suprema Corte se pronunciara respecto a la legalidad de las concesiones, las empresas Hochschild y La Salamera, cancelaron las concesiones más amplias de la microrregión, con unas 37 mil hectáreas.

Aún hay cuatro concesiones vigentes en territorios del Consejo, dicen

Tlachinollan aclaró que hay una nueva concesión, denominada España, cercana a la cancelada Corazón de Tinieblas, que se otorgó a la empresa Metalúrgica Reyna SA de CV en 2007, de 513 hectáreas, de la que apenas supieron tras hacer de solicitudes de información.
Sin embargo, esta concesión está en el municipio de Acatapec, fuera del territorio del Consejo Regional de Autoridades, que continúan la discusión de la defensa del territorio por la vía jurídica.
Dentro del Consejo, indicó que hay cuatro concesiones vigentes, la de Toro Rojo, cedida a la empresa Montero Minas SA de CV, en Iliatenco; la concesión de San Gabriel a la empresa Santa Claws Minas, en el ejido y los bienes comunales de Iliatenco, la mayor cesión de terrenos con mil 800 hectáreas; la concesión Galeana y San Miguel, de la minera Camsim minas, en Paraje Montero, Malinaltepec y Zitlaltepec, donde los pueblos han mostrado rechazo.
Distintos a las regiones Centro, Tierra Caliente y Costa Grande, aclaró que la Costa Chica-Montaña es la única región donde se defiende el territorio con un bloque amplio de resistencia, donde no permiten que transiten los trabajadores de las empresas ni siquiera para hacer exploración. Tampoco tienen problemas de inseguridad como los que padecen las mineras en los municipios de Cocula y Eduardo Neri.

Acuerda la UPOEG reestructurar a la Policía Ciudadana y promover la elección de diputados para el Congreso local

La reestructuración de la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y promover la elección de representantes de los pueblos originarios en el Congreso local, fueron las conclusiones de las mesas del Congreso Estatal en el tercer aniversario de la organización.
En las ocho mesas de discusión y análisis del encuentro se plantearon propuestas para mejorar las condiciones de los pueblos donde la UPOEG tiene presencia. Ayer fueron presentadas las conclusiones de las mesas de trabajo del lunes.
En la mesa de Evaluación, reestructuración y funcionamiento del SSJC, se planteó partir de la revisión de las comandancias, la depuración de los grupos de policías ciudadanos y regular los operativos de policías no legitimados en asambleas; además de que los consejeros y consejos municipales deben ser elegidos en asambleas por mayoría, y el remplazo o ratificación de los coordinadores del SSJC.
Asimismo, se propuso crear una comandancia regional y que cada coordinador tenga una estructura de cinco autoridades (delegados o comisarios municipales).
En la mesa Derechos a la consulta y representación popular, se propuso trabajar el derecho a la consulta en tres ejes o campos: concesiones mineras, gobiernos indígenas y ámbito legislativo; así como pasar a la etapa de promover la elección de representantes de los pueblos originarios en el Congreso local, es decir, como diputados locales, “para que, de esta manera se garantice la representación de los intereses de los pueblos ante el órgano legislativo”, se lee en el documento final aprobado en el Congreso Estatal de la UPOEG.
En la mesa Proyecto comunitario y desarrollo integral, se ponderó el apoyo a la consolidación de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, para que estudiantes indígenas y afromexicanos puedan seguir sus estudios, y gestionar la infraestructura para las escuelas y centros de salud.
En Defensa del territorio y recursos naturales, se acordó no aceptar la concesión minera, usar fertilizantes orgánicos en los cultivos, desplazar los insecticidas y químicos con productos orgánicos que no dañen la tierra, y no permitir la introducción de semillas transgénicas.
En la mesa Desaparición forzadas y atención a víctimas y 43 estudiantes normalistas y otras personas desaparecidas, y en la de Derechos Sociales, se concluyó que es necesario que las autoridades continúen la búsqueda de los 43 normalistas, que el gobierno dé información clara, precisa y con evidencias del paradero de los normalistas y otras personas desaparecidas, además de que haya transparencia en las investigaciones.
En la mesa de la Integración familiar, prevención y abatimiento del delito, se llamó a “hacer una realidad” la representación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones y crear una política de cero violencia en las familias de las comunidades, y llevar los casos de impunidad contra mujeres a los órganos de justicia.