Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) denunciaron la desaparición del equipo médico que se empezó a instalar en el nuevo hospital de especialidades ubicado en San Luis Acatlán,“sin que hasta la fecha” tengan información, y reprocharon que la secretaria de Salud estatal, Aidé Ibarez Castro y el representante del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Jaime Rendón Gómez, incumplieron una minuta de acuerdos acerca de la contratación del nuevo personal para dicho nosocomio.
Advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no están dispuestos a tolerar la corrupción, el racismo y la discriminación, porque él prometió “un sistema de atención equiparado al de Dinamarca o Canadá”, pero en Guerrero, en la zona indígena y campesina de la Montaña y Costa Chica, prevalece “el abandono institucional, el nepotismo, la falta de medicamentos, así como el robo y venta de ellos que son gratuitos”.
Ejemplificaron que en el hospital básico comunitario del mismo municipio, a la ex directora, Glenis de la Cruz Cebrero y la ex administradora, Saraí Castro, “se les sorprendió recibiendo el medicamento destinado al hospital en sus domicilios personales, para posteriormente distribuirlos en clínicas privadas que son operadas por el mismo personal médico”.
Este sábado se realizó en las instalaciones del Comisariado Ejidal de San Luis Acatlán un foro llamado Por la defensa del territorio, al que asistieron integrantes de la CRAADET y autoridades municipales, donde se presentó también el acta de Cabildo con el que se rechazó a las empresas mineras, pero también discutieron asuntos de Salud.
Entre los acuerdos, realizaron un comunicado para denunciar varias problemáticas respecto al hospital básico comunitario de San Luis Acatlán, así como de la construcción y puesta en marcha del nuevo hospital de especialidades en el mismo municipio.
En el comunicado, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pienda, argumentaron que desde 2018, cuando llegó al poder el mandatario federal se comprometió a erradicar la discriminación, el racismo, la corrupción y la pobreza extrema en la cual históricamente han vivido.
Expusieron que la directora del hospital básico comunitario, Glenis de la Cruz Cebrero, así como a la administradora, Saraí Castro, “se les sorprendió recibiendo el medicamento destinado al hospital en sus domicilios personales, para posteriormente distribuirlos en clínicas privadas que son operadas por el mismo personal médico del nosocomio”.
Señaló que “las y los médicos recibían en la unidad médica a los pacientes, pero la continuidad de la atención la derivaban a sus clínicas privadas, alterando con ello el derecho a la gratuidad de la atención a la salud, operando en el diagnóstico como puerta de negocio privado para lucrar con la salud y el seguimiento de los tratamientos”.
“Además de saquear y vender el inventario de medicamentos del hospital, generando un desbasto que nos afectó al tener que comprar estos insumos, los cuales estaban destinados en primer lugar a ser entregados de manera gratuita”, resaltaron.
Manifestaron que la dirección encubrió y toleró la atención irregular al no respetar los horarios de servicio, no denunciar la desaparición de instrumental médico, y poner en riesgo la vida de las y los pacientes que dejaban de ser atendidos o eran mal atendidos porque no podían pagar los servicios en las clínicas privadas.
Argumentaron que cuando la población hizo la denuncia, la Secretaría de Salud Estatal realizó el cambio de la dirección y la administradora, y quienes llegaron a reemplazarlos intentaron corregir las anomalías y robos detectados en una auditoría realizada el 7 de noviembre de 2022.
Precisaron que se colocaron cámaras en varias áreas del hospital e instalando un reloj checador, lo que generó reacciones de inconformidad del personal del hospital, quienes lo tomaron y dejaron “en una situación de riesgo al violar nuestro derecho a la salud”.
Señalaron que la toma del hospital fue encabezada por la secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, Beatriz Vélez Núñez, y el delegado sindical, Moisés Castro Romero, quienes pretendían la destitución del nuevo director y la nueva administradora, que no se cumplió debido a la movilización de la población para liberarlo de la “toma ilegal”, “con excepción del área de Dirección”.
Expusieron que hasta la fecha, la Dirección continúa tomada, lo que impide un ejercicio pleno de las funciones y se ha forzado a ejercer en sedes alternas de forma itinerante a los nuevos directivos y a la administradora.
Respecto al nuevo hospital de especialidades, explicaron que se acordó la donación de un terreno para su construcción en el ejido de San Luis Acatlán, pero una vez que empezó a ser dotado de equipamiento, “éste desapareció sin que hasta la fecha tengamos información sobre la investigación que la Secretaría Estatal acordó realizar”.
Indicaron que en el contexto de lo ocurrido en el hospital básico comunitario, la población acordó con Aidé Ibarez y el representante del Insabi, Jaime Rendón Gómez, que la contratación del nuevo personal no tendría vínculos con las y los empleados del hospital comunitario, que dejaron firmado en una minuta el 22 de octubre de 2022.
Añadieron que la representación ejidal entregaría una lista de candidatas y candidatos de la zona, solicitud que incluso “resolvería aspectos de comunicación con pertinencia cultural entre la población y los médicos”.
Manifestaron que han pasado seis meses a partir de la firma de la minuta y las autoridades han incumplido prácticamente con la mitad de los acuerdos, avanzando y dándole prioridad a aquellos de corte más administrativo.
Expusieron al presidente López Obrador, que no están dispuestos a tolerar la corrupción, el racismo y la discriminación y menos en su derecho a la Salud, pues él prometió “un sistema de atención equiparado al de Dinamarca o Canadá, pero acá en Guerrero, en particular en la zona indígena y campesina de la Montaña y Costa Chica, sigue prevaleciendo el abandono institucional, el nepotismo; la falta de medicamentos, así como el robo y venta de ellos que son gratuitos”.
“También adolecemos de la falta de atención médica profesional digna, de calidad, intercultural, además persisten actuaciones de omisión de las y los responsables políticos de la Salud pública nacional”, indicaron.
El documento está firmado por los comisariados ejidales de San Luis Acatlán, Clemente Jiménez Santiago; de Vista Hermosa, municipio de Iliatenco, Claudio de los Santos García; de Tenamazapa, municipio de Tlacoapa, Félix Zeferino Balderas; de San Miguel del Pro-greso, Malinaltepec, Ángel Ba-rrera Santiagués; de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, Federi-co Salgado Toribio; de Huehue-tepec, Atlamajalcingo del Monte, Perfecto García Benito; de Ti-lapa, Malinaltepec, Donato Gar-cía Bernardino; de Iliatenco, Joel Cortés Cantú; de Yoloxóchitl, San Luis Acatlán, Genaro Villar Morales; de Totomixtlahuaca, Tlacoapa, Agustín Candia Guz-mán: y de San José Vista Her-mosa, San Luis Acatlán, Librado Vázquez Rea.