Deshabitados, 30 de los 43 fraccionamientos construidos tras Ingrid y Manuel: Sedatu

En imagen tomada el 12 de septiembre, las viviendas del Nuevo Balsamar, municipio de Eduardo Neri, que fueron entregadas a damnificados de Ingrid y Manuel, y después de 10 años siguen esperando agua, luz y la pavimentación de sus calles Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 10 años de los daños provocados por las tormentas de Ingrid y Manuel, sólo 13 de los 43 fraccionamientos que construyó el gobierno anterior están “medio habitados” y 30 están totalmente deshabitados, informó la coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero, Aurora Muñoz Martínez.
En entrevista el lunes, la funcionaria federal informó que personal del área que coordina ha hecho visitas y una revisión técnica de la situación en que se encuentran los 43 fraccionamientos que fueron construidos para reubicar a las familias damnificadas por las lluvias del 13, 14 y 15 de septiembre del 2013.
Informó que de la revisión que se hizo, en la mayoría se detectaron irregularidades desde la adquisición de los predios hasta fallas estructurales de las viviendas, derivado de ello las familias que deberían ocuparlas algunas se regresaron a los sitios donde vivían antes de los daños que sufrieron u otros buscaron otros lugares para vivir.
La funcionaria informó que derivado de las irregularidades encontradas, la dependencia sólo está trabajando en fraccionamientos como el del Nuevo Mirador en Chilpancingo; San Agustín Barrio Tres, de Acapulco; Omitlán y Nuevo Guerrero, de Juan R. Escudero; El Tamarindo, de Florencio Villarreal, Puente Blanco y Nuevo Balsamar, de Eduardo Neri (Zumpango); el de Tixtla y Azinyahualco, de Chilpancingo.
Sin embargo, explicó que sólo en Nuevo Mirador de Chilpancingo se ha demolido y se reconstruyen 212 viviendas, en el resto sólo realizan gestiones para la regularización de los predios u obras de mitigación, reconoció Muñoz Martínez.
Informó que la mayoría de los fraccionamientos deshabitados están en la región de Tierra Caliente y en Chilpancingo.
Explicó que sólo dónde hay gente viviendo en algunos fraccionamientos han entregado constancias a los beneficiarios como en el de Tixtla, Omitlán y uno de Tlapehuala, “donde hemos comenzado el proceso de escrituración”.
Informó que en otros nueve han realizado estudios para la introducción de la energía eléctrica.
Uno de los fraccionamientos que está “medio habitado” es el de Nuevo Balsamar, ubicado a unos 15 minutos de Chilpancingo, rumbo a Chichihualco, donde a través del programa Por una Mejor Vivienda les dieron un recurso a las casi 50 familias que ocupan las casas, de un total de 200 (el resto están desocupadas) para que arreglen sus viviendas que presentan daños estructurales, informó Aurora Muñoz.
Dijo que en este fraccionamiento no se reconoce la compra del terreno que se hizo por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
“Hemos buscado a las autoridades para avanzar en el asunto de la regularización, ese es el problema principal que hay en los 43 fraccionamientos, la regularización de los predios”, declaró la funcionaria.
Explicó que hay fraccionamientos que por tener propiedad ejidal y por no haberse hecho el dominio pleno, apenas están realizando los trámites con la Procuraduría Agraria (PA) para avanzar en la regularización.
La funcionaria dijo que de los 43 fraccionamientos actualmente sólo en uno ubicado en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, no hay ningún problema “gracias a Dios, porque en todos los demás hay algo”.
Uno de los que no está habitado totalmente es el de Azinyahualco, municipio de Chilpancingo, donde de acuerdo Muñoz Martínez se construyó en un lugar fuera del terreno comprado por la Sedatu y el predio es ejidal.
“Aquí hay muchas anomalías, por ejemplo, se compró un terreno, pero las viviendas no se construyeron ahí, hubo cambio del lugar, e igual que estas anomalías hay en los 43 fraccionamientos”.
Informó que han tenido reuniones con el comisariado y la idea es que se avance en la identificación bien del predio con los documentos que ellos tienen bajo su resguardo para la regularización, pero aseguró que ya están avanzando tanto con la Procuraduría Agraria como con la gente del Registro Agrario Nacional (RAN).
La coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero reconoció que esta administración no va a terminar de corregir las fallas y que si acaso, sólo van a terminar con la reconstrucción de las 212 viviendas en el Nuevo Mirador.
Indicó que en todos los casos, “la parte jurídica es lo que va a ser más lento; le estamos dando prioridad a esa parte, pero hemos tenido que reconstruir todo lo que tiene que ver con los expedientes, desde los planos, proyectos ejecutivos, la compra del predio, los servicios. Se ha necesitado ir armando cada uno de los expedientes”.
Opinó que para resolver el problema se requiere que las autoridades que tienen que ver con el asunto “trabajen con más compromiso”.
Explicó que Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero no fue creado para la reconstrucción de los daños de Ingrid y Manuel, “venimos por los sismos del 2017, después se vino lo del sismo del 2021 y nos quedamos con el programa de vivienda social que estamos atendiendo”.
Dijo que el caso de la reconstrucción de Ingrid y Manuel “ha sido un caso especial” que se incluyó al programa de trabajo que traían. “Pero nosotros veníamos por otro programa y hemos tenido que asumir esta parte que tiene que ver con Ingrid y Manuel.
Con respecto a las críticas de lo que está haciendo el Programa que encabeza, pidió que haya convencimiento de que “la respuesta que estamos dando es técnicamente acorde para que las familias puedan tener seguridad en sus viviendas. Espero que al final, cuando concluyamos la reconstrucción, la gente pueda tener una vivienda segura”.
Añadió que el llamado a las familias es que confíen en el trabajo que se está haciendo ahora. “Nosotros tenemos esa responsabilidad”.
Aseguró que los actuales funcionarios “tenemos otra forma de conducirnos con las personas, hay gente que nos ha contrapunteado para que, a lo mejor, respondamos de la misma manera. No es así, Nosotros tenemos como tarea específica y clara la construcción de las viviendas de manera adecuada y segura para cada una de las familias”.

 

Es social y no técnico el problema en el Nuevo Mirador, sostiene Aurora Muñoz

La coordinadora del Plan Nacional de Reconstrucción de la Sedatu, Aurora Muñoz Martínez, en la entrevista con El Sur en una cafetería del centro de Chilpancingo Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero de la Sedatu, Aurora Muñoz Martínez, declaró ayer que el problema en el fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo, no es técnico, sino social.
Explicó que en ese fraccionamiento donde fueron reubicados los damnificados por los daños de Ingrid y Manuel en el 2013, hay en efecto, inconformidad de algunas familias por la desconfianza derivada de las irregularidades que se cometieron en la anterior administración, pero que también hay quienes están engañando a las familias con la intención de que se les entregue directamente el recurso y construyan sus casas, lo cual, dijo, no es posible.
Sin embargo, la funcionaria federal aseguró que hay garantías de seguridad en las nuevas viviendas que se están construyendo.
“Sí, ha habido inconformidad por parte de la gente, y es lógico, viene de un proceso donde ya fue damnificada y tratada de manera irresponsable por las autoridades anteriores”, justificó.
Pero informó que la actual administración lo primero que hizo fue un estudio técnico del fraccionamiento para verificar en qué condiciones estaban las viviendas estructuralmente y en qué condiciones estaba el suelo donde fueron construidas.
Explicó que hay varios dictámenes, desde los que se hicieron en la administración pasada, como los de la actual.
Informó que la mayoría de los daños que se encontraron son de carácter estructural, sobre todo en las viviendas tipo casaflex que no fueron ensambladas adecuadamente o no hubo la debida compactación del suelo, lo que derivó en los problemas posteriores porque algunas se desnivelaron.
Informó que por ello a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y derivado de los estudios se determinó cómo se tendrían que hacer las viviendas ahora y la compactación del suelo.
Explicó que es Conavi la instancia que está realizando la reconstrucción, con un equipo de técnicos al interior que van revisando tanto la parte que tiene que ver con el estudio como con el proyecto ejecutivo.
La funcionaria dijo que todo ello da garantía de una buena reconstrucción, pero que cree que el problema de la inconformidad de las familias no es eso, es decir no es técnico.
Informó que han habido reuniones y que en la más reciente fue directamente el responsable de la constructora y les explicó en qué consiste este proceso de reconstrucción, les platicó, además, como se realizó la compactación del suelo.
Muñoz Martínez informó que estuvo también, el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, a quien le preguntaron cómo veía el sistema constructivo y les dijo que es el que se aplica de manera general en la nueva reconstrucción.
Muñoz Martínez indicó que el acuerdo fue que tanto la memoria de cálculo como el proyecto ejecutivo, se enviarían a Protección Civil estatal para que la dependencia emita una opinión técnica.
“También estamos en la disposición de que si hay gente que conozca de construcciones y de los medios como se deben construir estas viviendas y hay necesidad de emitir sus opiniones, como colegios de ingenieros, lo podemos hacer sin ningún problema”.
La coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero aseguró que la dependencia no tiene nada que ocultar, “la idea es que la gente tenga su vivienda segura y adecuada”.
Con respecto al señalamiento de las familias de que se redujeron los espacios, reconoció que en algunas áreas como la cocina, pero que la recámara es un espacio mucho más grande.
Indicó, además, que le están pidiendo a la gente a cargo de la reconstrucción que los baños queden bien instalados para que no haya ningún problema.
Con respecto a la barda que se vino abajo la mañana del domingo, la funcionaria federal explicó que aún no estaba confinada, es decir, todavía no estaba amarrada a los castillos, “la barda la levantaron la tarde del sábado, les ganó el tiempo y ya no la confinaron”, explicó, “pero no es por un problema técnico o por material deficiente”, aseguró.
Muñoz Martínez agregó que si hay necesidad de que evalúen los técnicos de lo que se está haciendo en la obra, que lo hagan.
Insistió: “yo creo que el problema está más en lo social, porque la gente viene de un proceso en donde fue engañada, en donde las autoridades no les respondieron de manera adecuada, viene de muchos años de engaños, y después de que padecieron 10 años, se les atiende, tienen desconfianza”.
Muñoz Martínez, añadió que han tratado por diversos medios de aclarar, para que las familias reflexionen lo que se está haciendo ahora, “pero estamos luchando contra toda esa corrupción que se dio, contra toda esa mala información que se dio y contra intereses, hay que decirlo así”.
La funcionaria explicó que por ejemplo, ha habido personas que se han acercado a decir que ellos quieren el dinero, quieren que se les entregue de manera personal el recurso para que construyan sus viviendas.
Pero explicó que si se lo entrega a una sola persona “no sabemos si se vaya a ir y nos quedemos con el problema de la vivienda, “y lo que queremos es resolver el problema de la vivienda”.
Añadió que han tratado de que a través de las asambleas la gente tenga la información de manera directa, “con la idea de que toda la gente pueda preguntar y externar su preocupaciones y nosotros conocerlas y resolverlas”
La coordinadora del programa de Reconstrucción, dijo que en el Nuevo Mirador encontraron muchas cosas que no debieron haber pasado, como familias sin folio, es decir sin que estuvieran en el padrón de los beneficiarios de Ingrid y Manuel, también familias que ya vendieron o traspasaron su vivienda y se regresaron a los lugares donde tuvieron el percance.
Narró que, además, hay un problema “bien grande” porque hay invasión de las áreas de tipo común.
“Es cierto, hay un problema muy grande, pareciera que en el Nuevo Mirador todo mundo puede hacer lo que quiera sin ninguna repercusión jurídica para nadie”.
Por eso reconoció que arreglar el problema no es fácil, porque hay gente que ha estado acostumbrada a que a través de los 10, 20 o 50 pesos tienen a un grupo de personas que son interlocutores de manera directa, “y cuando nosotros queremos atender los problemas directamente con la gente ahí es cuando empieza todo el problema”.
La funcionaria federal, informó que en el Nuevo Mirador se están reconstruyendo 212 viviendas, de las cuales sólo faltan por demoler seis porque requieren demolición a mano.
Muñoz Martínez informó que a partir de que se comenzaron a construir tardarán aproximadamente seis u ocho meses para terminarlas.