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Deshabitados, 30 de los 43 fraccionamientos construidos tras Ingrid y Manuel: Sedatu

En imagen tomada el 12 de septiembre, las viviendas del Nuevo Balsamar, municipio de Eduardo Neri, que fueron entregadas a damnificados de Ingrid y Manuel, y después de 10 años siguen esperando agua, luz y la pavimentación de sus calles Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 10 años de los daños provocados por las tormentas de Ingrid y Manuel, sólo 13 de los 43 fraccionamientos que construyó el gobierno anterior están “medio habitados” y 30 están totalmente deshabitados, informó la coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero, Aurora Muñoz Martínez.
En entrevista el lunes, la funcionaria federal informó que personal del área que coordina ha hecho visitas y una revisión técnica de la situación en que se encuentran los 43 fraccionamientos que fueron construidos para reubicar a las familias damnificadas por las lluvias del 13, 14 y 15 de septiembre del 2013.
Informó que de la revisión que se hizo, en la mayoría se detectaron irregularidades desde la adquisición de los predios hasta fallas estructurales de las viviendas, derivado de ello las familias que deberían ocuparlas algunas se regresaron a los sitios donde vivían antes de los daños que sufrieron u otros buscaron otros lugares para vivir.
La funcionaria informó que derivado de las irregularidades encontradas, la dependencia sólo está trabajando en fraccionamientos como el del Nuevo Mirador en Chilpancingo; San Agustín Barrio Tres, de Acapulco; Omitlán y Nuevo Guerrero, de Juan R. Escudero; El Tamarindo, de Florencio Villarreal, Puente Blanco y Nuevo Balsamar, de Eduardo Neri (Zumpango); el de Tixtla y Azinyahualco, de Chilpancingo.
Sin embargo, explicó que sólo en Nuevo Mirador de Chilpancingo se ha demolido y se reconstruyen 212 viviendas, en el resto sólo realizan gestiones para la regularización de los predios u obras de mitigación, reconoció Muñoz Martínez.
Informó que la mayoría de los fraccionamientos deshabitados están en la región de Tierra Caliente y en Chilpancingo.
Explicó que sólo dónde hay gente viviendo en algunos fraccionamientos han entregado constancias a los beneficiarios como en el de Tixtla, Omitlán y uno de Tlapehuala, “donde hemos comenzado el proceso de escrituración”.
Informó que en otros nueve han realizado estudios para la introducción de la energía eléctrica.
Uno de los fraccionamientos que está “medio habitado” es el de Nuevo Balsamar, ubicado a unos 15 minutos de Chilpancingo, rumbo a Chichihualco, donde a través del programa Por una Mejor Vivienda les dieron un recurso a las casi 50 familias que ocupan las casas, de un total de 200 (el resto están desocupadas) para que arreglen sus viviendas que presentan daños estructurales, informó Aurora Muñoz.
Dijo que en este fraccionamiento no se reconoce la compra del terreno que se hizo por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
“Hemos buscado a las autoridades para avanzar en el asunto de la regularización, ese es el problema principal que hay en los 43 fraccionamientos, la regularización de los predios”, declaró la funcionaria.
Explicó que hay fraccionamientos que por tener propiedad ejidal y por no haberse hecho el dominio pleno, apenas están realizando los trámites con la Procuraduría Agraria (PA) para avanzar en la regularización.
La funcionaria dijo que de los 43 fraccionamientos actualmente sólo en uno ubicado en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, no hay ningún problema “gracias a Dios, porque en todos los demás hay algo”.
Uno de los que no está habitado totalmente es el de Azinyahualco, municipio de Chilpancingo, donde de acuerdo Muñoz Martínez se construyó en un lugar fuera del terreno comprado por la Sedatu y el predio es ejidal.
“Aquí hay muchas anomalías, por ejemplo, se compró un terreno, pero las viviendas no se construyeron ahí, hubo cambio del lugar, e igual que estas anomalías hay en los 43 fraccionamientos”.
Informó que han tenido reuniones con el comisariado y la idea es que se avance en la identificación bien del predio con los documentos que ellos tienen bajo su resguardo para la regularización, pero aseguró que ya están avanzando tanto con la Procuraduría Agraria como con la gente del Registro Agrario Nacional (RAN).
La coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero reconoció que esta administración no va a terminar de corregir las fallas y que si acaso, sólo van a terminar con la reconstrucción de las 212 viviendas en el Nuevo Mirador.
Indicó que en todos los casos, “la parte jurídica es lo que va a ser más lento; le estamos dando prioridad a esa parte, pero hemos tenido que reconstruir todo lo que tiene que ver con los expedientes, desde los planos, proyectos ejecutivos, la compra del predio, los servicios. Se ha necesitado ir armando cada uno de los expedientes”.
Opinó que para resolver el problema se requiere que las autoridades que tienen que ver con el asunto “trabajen con más compromiso”.
Explicó que Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero no fue creado para la reconstrucción de los daños de Ingrid y Manuel, “venimos por los sismos del 2017, después se vino lo del sismo del 2021 y nos quedamos con el programa de vivienda social que estamos atendiendo”.
Dijo que el caso de la reconstrucción de Ingrid y Manuel “ha sido un caso especial” que se incluyó al programa de trabajo que traían. “Pero nosotros veníamos por otro programa y hemos tenido que asumir esta parte que tiene que ver con Ingrid y Manuel.
Con respecto a las críticas de lo que está haciendo el Programa que encabeza, pidió que haya convencimiento de que “la respuesta que estamos dando es técnicamente acorde para que las familias puedan tener seguridad en sus viviendas. Espero que al final, cuando concluyamos la reconstrucción, la gente pueda tener una vivienda segura”.
Añadió que el llamado a las familias es que confíen en el trabajo que se está haciendo ahora. “Nosotros tenemos esa responsabilidad”.
Aseguró que los actuales funcionarios “tenemos otra forma de conducirnos con las personas, hay gente que nos ha contrapunteado para que, a lo mejor, respondamos de la misma manera. No es así, Nosotros tenemos como tarea específica y clara la construcción de las viviendas de manera adecuada y segura para cada una de las familias”.

Es social y no técnico el problema en el Nuevo Mirador, sostiene Aurora Muñoz

La coordinadora del Plan Nacional de Reconstrucción de la Sedatu, Aurora Muñoz Martínez, en la entrevista con El Sur en una cafetería del centro de Chilpancingo Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero de la Sedatu, Aurora Muñoz Martínez, declaró ayer que el problema en el fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo, no es técnico, sino social.
Explicó que en ese fraccionamiento donde fueron reubicados los damnificados por los daños de Ingrid y Manuel en el 2013, hay en efecto, inconformidad de algunas familias por la desconfianza derivada de las irregularidades que se cometieron en la anterior administración, pero que también hay quienes están engañando a las familias con la intención de que se les entregue directamente el recurso y construyan sus casas, lo cual, dijo, no es posible.
Sin embargo, la funcionaria federal aseguró que hay garantías de seguridad en las nuevas viviendas que se están construyendo.
“Sí, ha habido inconformidad por parte de la gente, y es lógico, viene de un proceso donde ya fue damnificada y tratada de manera irresponsable por las autoridades anteriores”, justificó.
Pero informó que la actual administración lo primero que hizo fue un estudio técnico del fraccionamiento para verificar en qué condiciones estaban las viviendas estructuralmente y en qué condiciones estaba el suelo donde fueron construidas.
Explicó que hay varios dictámenes, desde los que se hicieron en la administración pasada, como los de la actual.
Informó que la mayoría de los daños que se encontraron son de carácter estructural, sobre todo en las viviendas tipo casaflex que no fueron ensambladas adecuadamente o no hubo la debida compactación del suelo, lo que derivó en los problemas posteriores porque algunas se desnivelaron.
Informó que por ello a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y derivado de los estudios se determinó cómo se tendrían que hacer las viviendas ahora y la compactación del suelo.
Explicó que es Conavi la instancia que está realizando la reconstrucción, con un equipo de técnicos al interior que van revisando tanto la parte que tiene que ver con el estudio como con el proyecto ejecutivo.
La funcionaria dijo que todo ello da garantía de una buena reconstrucción, pero que cree que el problema de la inconformidad de las familias no es eso, es decir no es técnico.
Informó que han habido reuniones y que en la más reciente fue directamente el responsable de la constructora y les explicó en qué consiste este proceso de reconstrucción, les platicó, además, como se realizó la compactación del suelo.
Muñoz Martínez informó que estuvo también, el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, a quien le preguntaron cómo veía el sistema constructivo y les dijo que es el que se aplica de manera general en la nueva reconstrucción.
Muñoz Martínez indicó que el acuerdo fue que tanto la memoria de cálculo como el proyecto ejecutivo, se enviarían a Protección Civil estatal para que la dependencia emita una opinión técnica.
“También estamos en la disposición de que si hay gente que conozca de construcciones y de los medios como se deben construir estas viviendas y hay necesidad de emitir sus opiniones, como colegios de ingenieros, lo podemos hacer sin ningún problema”.
La coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción Guerrero aseguró que la dependencia no tiene nada que ocultar, “la idea es que la gente tenga su vivienda segura y adecuada”.
Con respecto al señalamiento de las familias de que se redujeron los espacios, reconoció que en algunas áreas como la cocina, pero que la recámara es un espacio mucho más grande.
Indicó, además, que le están pidiendo a la gente a cargo de la reconstrucción que los baños queden bien instalados para que no haya ningún problema.
Con respecto a la barda que se vino abajo la mañana del domingo, la funcionaria federal explicó que aún no estaba confinada, es decir, todavía no estaba amarrada a los castillos, “la barda la levantaron la tarde del sábado, les ganó el tiempo y ya no la confinaron”, explicó, “pero no es por un problema técnico o por material deficiente”, aseguró.
Muñoz Martínez agregó que si hay necesidad de que evalúen los técnicos de lo que se está haciendo en la obra, que lo hagan.
Insistió: “yo creo que el problema está más en lo social, porque la gente viene de un proceso en donde fue engañada, en donde las autoridades no les respondieron de manera adecuada, viene de muchos años de engaños, y después de que padecieron 10 años, se les atiende, tienen desconfianza”.
Muñoz Martínez, añadió que han tratado por diversos medios de aclarar, para que las familias reflexionen lo que se está haciendo ahora, “pero estamos luchando contra toda esa corrupción que se dio, contra toda esa mala información que se dio y contra intereses, hay que decirlo así”.
La funcionaria explicó que por ejemplo, ha habido personas que se han acercado a decir que ellos quieren el dinero, quieren que se les entregue de manera personal el recurso para que construyan sus viviendas.
Pero explicó que si se lo entrega a una sola persona “no sabemos si se vaya a ir y nos quedemos con el problema de la vivienda, “y lo que queremos es resolver el problema de la vivienda”.
Añadió que han tratado de que a través de las asambleas la gente tenga la información de manera directa, “con la idea de que toda la gente pueda preguntar y externar su preocupaciones y nosotros conocerlas y resolverlas”
La coordinadora del programa de Reconstrucción, dijo que en el Nuevo Mirador encontraron muchas cosas que no debieron haber pasado, como familias sin folio, es decir sin que estuvieran en el padrón de los beneficiarios de Ingrid y Manuel, también familias que ya vendieron o traspasaron su vivienda y se regresaron a los lugares donde tuvieron el percance.
Narró que, además, hay un problema “bien grande” porque hay invasión de las áreas de tipo común.
“Es cierto, hay un problema muy grande, pareciera que en el Nuevo Mirador todo mundo puede hacer lo que quiera sin ninguna repercusión jurídica para nadie”.
Por eso reconoció que arreglar el problema no es fácil, porque hay gente que ha estado acostumbrada a que a través de los 10, 20 o 50 pesos tienen a un grupo de personas que son interlocutores de manera directa, “y cuando nosotros queremos atender los problemas directamente con la gente ahí es cuando empieza todo el problema”.
La funcionaria federal, informó que en el Nuevo Mirador se están reconstruyendo 212 viviendas, de las cuales sólo faltan por demoler seis porque requieren demolición a mano.
Muñoz Martínez informó que a partir de que se comenzaron a construir tardarán aproximadamente seis u ocho meses para terminarlas.

Piden a AMLO y Evelyn que no se desvíen los recursos de las nuevas casas en el Mirador

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Vecinos del Nuevo Mirador grabaron un video la tarde del lunes que enviarán a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que denuncian las irregularidades en la construcción de las nuevas viviendas de ese fraccionamiento.
Lorena Frida Martínez, una de las inconformes, dice en el video que después de su primera denuncia la semana pasada, la coordinadora del Plan Nacional de Reconstrucción de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Aurora Muñoz Martínez, les dijo que “no acepta su reclamo”.
En el recorrido por el área donde se construyen las nuevas casas en la Manzana I-A fueron acompañados por el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) Nicolás Chávez Adame, quien les ha dado acompañamiento desde el 2013 cuando las familias resultaron damnificadas por las lluvias de Ingrid y Manuel.
La semana pasada las familias de la Manzana I-A, 11-a y I-B en donde ya fueron demolidos los edificios para construir nuevamente las casas, expresaron su inconformidad, porque denunciaron que les redujeron el espacio y además nuevamente se está utilizando material inadecuado, lo que indica que no van a estar más reforzadas como les prometieron.
Una de las damnificadas, Floriberta Castañón Gaspar, denuncia en el video que no se utilizan castillos de varilla, si no nuevamente armex “mal hechos”.
Mostró a la cámara algunos y dijo que: “están todos bien chuecos; algunos ya los vinieron a componer, pero otros siguen muy mal hechos”.
Pidió: “Que les pongan varillas, y si no las van a hacer más amplias como nos lo prometieron, que cuando menos respeten las medidas que tenían las anteriores”.
Explicó que todas las áreas las están dejando bien reducidas; “el baño va a estar junto con al lavabo y a la regadera. Todo bien juntito”.
Solicitó: “Pedimos al presidente que su gente no se venga a burlar de nuestra necesidad, escuchamos que ellos (a los funcionarios) les dieron (autorizaron) 566 mil 400 pesos para cada casa, yo se lo dije al ingeniero, pero me dijo que también era para andadores, que no todo el dinero era para los departamentos, pero si a cada familia le toca esa cantidad, con 10 mil ya sacan para los andadores y hasta para el drenaje”.
Otra de las vecinas, Lorena Frida Martínez, reconoció que las familias están agradecidas por el apoyo para la reconstrucción de sus casas, “pero no vamos a dejar que ese apoyo sea desviado como la vez anterior que nos dijeron que serían viviendas dignas, pero fue como cuando a un pastel descompuesto le ponen un merengue apetitoso encima, así hicieron las casas; al verlas se veían muy bonitas, bien pintadas, pero la realidad se vio cuando comenzaron las lluvias y se comenzó a filtrar el agua y teníamos que capearla con cubetas”.
Dijo que ahora les quieren hacer lo mismo, “la maestra Aurora (Muñoz) dice que no, pero nosotros estamos viendo que la construcción es muy sencilla, aunque ellos digan que estos armex resisten igual que una varilla, yo pienso que no es así”.
Informó que en una reunión después de que hicieron su primera denuncia funcionarios de Sedatu, acompañados por ingenieros les dijeron que los armex que están utilizando resisten los mismo que una varilla, “pero nosotros creemos que no”.
Añadió que, entonces, la encargada de la obra les dijo que “no acepta nuestro reclamo, que si queremos llevarle la contraria, que busquemos un técnico calculista para que venga a medir y nos diga que si esto es resistente o no”.
Insistió: “A nuestro ver esto no va a resistir, además de que el espacio (de los departamentos) fue reducido, “y esa es nuestra inconformidad”.
Informó que en la reunión les dijo a los de Sedatu que no están pidiendo que se los hagan más grandes, pero que cuando menos respeten el espacio que tenían los anteriores.
En su mensaje que envían al presidente de la República y a la gobernadora, les dicen que les ayuden “para que nos vuelvan a hacer las viviendas ahora sí, bien hechas, que no se desvíen los recursos y se haga algo mejor, porque no tiene caso que las construyan de nuevo y queden en las mismas condiciones que las otras, que tengan 9 o 10 años de vida y después volvamos a lo mismo”.
En tanto que el dirigente de la APPG mandó un exhorto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que las viviendas al menos tengan las mismas medidas que las anteriores, y que deben estar más reforzadas.
Informó que el video que grabaron la tarde del lunes lo entregarán a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Explicó que no se trata de echarle la culpa a nadie, sino que la gente debe quedar convencida de que aquí no hay ningún fraude y que las cosas se están haciendo bien.

Es complicado dotar de servicios a Nuevo Balsamar porque el predio es ilegal: Sedatu

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Aurora Muñoz Martínez, reconoció que es complicado resolver la falta de servicios públicos y el desarrollo urbano en la comunidad Nuevo Balsamar por la falta de certeza jurídica del terreno.
El miércoles, El Sur publicó que 80 de un total de 210 familias damnificadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel viven en Nuevo Balsamar sin energía eléctrica, sin agua entubada ni drenaje, con calles accidentadas y sin pavimentar.
Entrevistada ayer, Muñoz Martínez, reconoció que atender el problema es complicado porque el fraccionamiento se planeó mal y el terreno es irregular y ahora se requiere de la voluntad y buena disposición de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, aseguró que se está atendiendo, igual que el resto de los 42 fraccionamientos en el estado que se aprobaron después de los fenómenos de Ingrid y Manuel ocurridos en el 2013.
La funcionaria federal, dijo que las autoridades municipales argumentan para no dar los apoyos a las familias de los fraccionamientos, que no fueron entregados de manera formal, y, por tanto, la normativa no les permite invertir recursos ahí.
Admitió que la mayoría de los fraccionamientos no tienen agua, luz, pavimentación de calles, servicio de drenaje, y que, para ello, se requiere un recurso económico “y eso es complicado porque no hay una normativa que permita invertir recursos en estos fraccionamientos ubicados en terrenos que carecen de certeza jurídica”.
Explicó que Nuevo Balsamar está asentado en un predio que pertenece a los Bienes Comunales de Eduardo Neri (Zumpango) y los Bienes Comunales no reconocen la venta que hizo un particular, lo que ha impedido que se gestionen los servicios. Aseguró que ya han platicado con autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se destinen recursos, mejorar las viviendas e introducir los servicios públicos, pero reconoció que “sigue parada esta situación por la certeza jurídica del predio”.
La funcionaria federal admitió que por la falta de servicios públicos, la mayoría de las familias que resultaron damnificadas por Ingrid y Manuel en el 2013, no han querido venir a habitar las viviendas.
De acuerdo a los vecinos del fraccionamiento de las 210 casas, actualmente sólo están habitadas 80.
“Necesitamos la coordinación y la voluntad de todas las autoridades para reconocer el fraccionamiento como tal, y tiene que ver, también, el núcleo agrario para escuchar la necesidad de la regularización del predio”, insistió Aurora Muñoz.
La funcionaria admitió que la adquisición del predio se hizo de manera “incorrecta”, y que Sedatu debió haber previsto la certeza jurídica del terreno, así como realizar los estudios de viabilidad del fraccionamiento, “pero no se hizo”, dijo la funcionaria de Sedatu.
-¿Se planeó mal el fraccionamiento?, -se le preguntó.
-Sí, se planeó mal y hoy la gente está sufriendo esta situación.
Informó que la actual administración federal ha realizado acciones, primero para el reconocimiento de las familias y el fraccionamiento, y, segundo, para entregarles una constancia de beneficiario que garantice que la casa es propiedad de la persona que sufrió el daño.
Reconoció que esto no es suficiente “pero son acciones que van a ir contribuyendo a cambiar las características que tiene ese lugar”.
Insistió que para resolver el problema integral del fraccionamiento Nuevo Balsamar, han buscado la coordinación de los gobiernos municipal y estatal “para que podamos llevar estos servicios” e insistió que se requiere de la voluntad de los tres órdenes de gobierno.
Sobre la falta de energía eléctrica en las casas, informó que la CFE les entregó un proyecto de lo que cuesta la introducción del servicio doméstico pero que esto se tiene que ir atendiendo a la par con la certeza jurídica del predio.
Explicó que la intención es que todas las viviendas queden en buenas condiciones para que el resto de las familias damnificadas se decidan a habitarlas. Declaró que el problema se tiene que resolver, “no se puede quedar así, tenemos que hacer algo, pero somos los responsables de atender esto; el gobierno federal, estatal y los municipales”, insistió.
Convocó a las autoridades municipales para que se integren a resolver el problema que está afectando a las familias.
Aseguró que se han reunido autoridades de los tres órdenes de gobierno en la Secretaría General de Gobierno, en las que han estado, también, los representantes de las familias de la comunidad, y que la idea es que la gente pueda ir recibiendo los apoyos que se requieran aunque no esté formalizada la certeza jurídica. “No podemos esperarnos a que se resuelva la certeza jurídica y la gente siga viviendo en esas condiciones, tenemos que aterrizar en proyectos importantes”, dijo.
Aurora Muñoz, informó que por lo pronto les van a dar a las 80 familias que ya viven en el fraccionamiento un recurso del programa Por una Mejor Vivienda para el mejoramiento de sus casas.
Aun así reconoció que para las familias hay incertidumbre porque no ven que haya avances en lo que tiene que ver con la propiedad del predio, pero dijo que esto no se ha podido resolver porque el dueño que le vendió a Sedatu presenta una documentación que ya está registrada ante el Registro Público de la Propiedad, pero no es reconocida por los comuneros. Opinó que para resolver de manera integral el problema, tiene que haber una mesa de diálogo en la que participen los tres órdenes de gobierno.