Protestan ejidatarios de Chichihualco, Xalitla y Zumpango en el RAN; lo acusan de ser parcial

Ejidatarios de Chichihualco, Xalitla y Zumpango protestan en la delegación del Registro Agrario Nacional a un costado del Palacio Municipal de Chilpancingo, en la audiencia pública Jueves Agrarios Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Ejidatarios de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo; Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, y Zumpango, cabecera municipal de Eduardo Neri, llegaron a protestar ayer en la audiencia pública “Jueves Agrarios” que organiza la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN).
Los manifestantes acusaron a la dependencia federal de confrontar a ejidatarios y comuneros al actuar de manera parcial en los casos donde hay conflictos, además, señalaron a los funcionarios de actuar con negligencia en la atención de los trámites que realizan.
De igual manera señalaron que el RAN actúa en “contubernio” con la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero.
Por la tarde, la dependencia federal y la Coordinadora de Comisariados respondieron a los señalamientos que los inconformes hicieron en contra de ambas.
Afuera de la dependencia, ubicada en la calle Valerio Trujano en el centro de Chilpancingo, el delegado del RAN, Roberto Olivares Pita atendía a campesinos de distintas regiones que realizaban sus trámites, cuando llegó una veintena de los manifestantes.
Entre los inconformes estuvieron Pedro de Jesús Alejandro, representante del núcleo agrario de Xalitla; Alfonso Duque Marino, secretario del comisariado ejidal de Chichihualco, y Julio Pérez Tapia del núcleo agrario de Zumpango.
Durante la protesta exhibieron pancartas con señalamientos como: “Exigimos atención ágil, ordenada y respetando las reglas” y “El RAN actual es la plaga del siglo”.
Asimismo colocaron pancartas frente a la dependencia; en una de ellas se leía: “Ponle nombre y rostro a la corrupción, ningún servidor público del Registro Agrario Nacional debe cobrar por sus servicios. ¡Es su obligación!”. En otra, acusaron: “RAN y Coordinadora de Comisarios contubernio y nepotismo, corrupción y arreglos de poder”.
El representante del núcleo agrario de Zumpango, Julio Pérez Tapia denunció que el RAN ha generado conflictos en los núcleos agrarios.
Informó que en Zumpango, el anterior comisariado de Bienes Comunales, sin consultar a la asamblea, y sin emitir convocatoria, realizó una asamblea “ficticia” en la que dieron de alta a 107 nuevos comuneros en plena pandemia, cuando estaban prohibidas las reuniones y eventos masivos.
Denunció que esa acta fue avalada por el RAN y actualmente les está generando conflictos al interior de la comunidad agraria, incluso entre la misma población.
Explicó que el caso se fue a juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Iguala y que actualmente están en espera de que se dictamine el caso.
Agregó que el RAN también avaló una convocatoria irregular porque no fue publicada en tiempo y forma en la que el ahora ex comisariado Javier Adame Vázquez nombró a su hijo Javier Adame Bores como su sucesor.
Aseguró que Adame Bores es uno de los 107 comuneros, que están impugnados ante el TUA.
Otro de los inconformes, el secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco, Alfonso Duque Marino acusó al delegado del RAN, Roberto Olivares de que se niega a recibirlo porque no quisieron formar parte de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero.
Denunció que la dependencia federal se niega a reconocerles el acta de asamblea del 15 de enero del 2021 en la que resultaron electos los integrantes del comité que encabeza.
Pidió al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que le den “una miradita a las actuaciones del RAN porque no ha sido una institución que apoye a los ejidatarios que tienen miles de problemas”.
Por su parte, Pedro de Jesús Alejandro exigió la nulidad del acta de asamblea de ejidatarios del 4 de agosto del 2019, que se realizó en segunda convocatoria y en la que se reconocieron de manera ilegal a 31 nuevos ejidatarios “cuando son simples avecindados”, además se eligió de manera irregular al comisariado ejidal “espurio” José Máximo, denunció.
Señaló que la asamblea fue avalada por Eleuterio Reyes Munguía en ese tiempo visitador agrario del TUA de Iguala y el notario número 1 de esa ciudad, Aurelio Ortiz Gutiérrez; “lo delicado del asunto es que se prestaron a la corrupción” al avalar que estuvieron (en la asamblea) 100 de 196 ejidatarios que conforma el total del padrón, pero aseguró que de los 100 ejidatarios, 52 ya fallecieron, “es decir, ya muertos vinieron a firmar el acta de asistencia”. Aseguró que todo esto fue avalado por la PA.
Agregó que por esta división se están incubando situaciones de violencia “y esto se podría convertir en algo más delicado y más crítico, y de los actos de violencia que ocurran hacemos responsable al RAN y a la PA”, acusó.
La protesta se realizó durante una hora, sin interrumpir la audiencia pública, y el delegado se mantuvo recibiendo y revisando la documentación, al final los manifestantes se retiraron, sin pedir una audiencia para plantear formalmente sus inconformidades y peticiones.

Respuesta del RAN

Por la tarde, en un comunicado el RAN dio respuesta a cada uno de los planteamientos.
En el caso de Chichihualco, explicó que, efectivamente, no se ha llevado a cabo la inscripción del “acuerdo eleccionario”, derivado de que mediante oficio número TUA.D12- 159/2021 del 3 de marzo de 2021, el TUA 51 de Iguala emitió medida precautoria para que el RAN se abstenga de inscribir la referida acta de elección.
Además informó que mediante oficio 958/2022 del 5 de agosto de 2022, el secretario de acuerdos del TUA ratificó que sigue vigente la citada medida precautoria.
Del caso de Zumpango del Río, explicó que un grupo de comuneros inconformes promovió ante el TUA 51 de la ciudad de Iguala juicio de nulidad respecto del acta de Reconocimiento de Avecindados y Aceptación de Comuneros celebrada el 20 de abril de 2021.
Añadió que, derivado de ello, mediante oficio número 128/2023 de fecha 17 de enero de 2023, el TUA decretó medida precautoria para que el RAN se abstenga de expedir el padrón de comuneros respecto de los 107 avecindados y aceptados como nuevos comuneros en el acta referida con antelación.
Aseguró que el RAN no ha emitido ningún padrón al respecto, posterior a la notificación de la medida cautelar.
Con respecto al asunto de Xalitla, informó que un grupo de ejidatarios promovió juicio de nulidad respecto del Acta de Asamblea del 4 de agosto de 2019, ante el TUA 51 de Iguala, emitiéndose medida cautelar mediante oficio número 203/2023 de fecha 27 de enero de 2023.
La dependencia informó que en ella se ordena al RAN se abstenga de expedir el nuevo padrón de ejidatarios del poblado citado, en el que incluya a los 31 campesinos presuntamente reconocidos como nuevos ejidatarios en la Asamblea que se impugna.
Aseguró que la delegación no ha expedido ningún padrón de ejidatarios al respecto.
Molesta el empoderamiento de comisarios: Coordinadora
Igualmente en un comunicado, la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero respondió a lo que llamó: “ataques directos hacia nuestra organización”.
Explicó que como organización abanderan la cero burocracia, cero corrupción, atención directa en cada municipio y el empoderamiento de los comisariados como gestores directos y que “eso es lo que ha molestado a los viejos líderes que en el pasado controlaban al RAN y a la PA para su beneficio personal y su proyección política”.
Abundó que los comisariados se reúnen, organizan la demanda de gestiones y se agendan jornadas municipales a la que asisten un promedio de 500 interesados por municipio, “y esto es lo que realmente genera el malestar de los líderes de viejo cuño porque su papel de gestores y sus despachos ya no tienen los ingresos cuando gozaban de privilegios”.
La agrupación añadió que “les duele que cada vez van perdiendo el control de los ejidos y comunidades de donde dependían económicamente a costa de tener el control de las asambleas.
El comunicado está respaldado por los representantes de la Costa Grande, Hermelinda Pineda Guillem; de la zona Norte, Rodrigo Ayala Flores; de la Montaña, Jesús Martínez Flores, y de la Costa Chica, Leonardo Rodríguez Martínez.
Tanto la delegación del RAN, como la Coordinadora, coincidieron en responsabilizar de la protesta al dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, Evencio Romero Sotelo, quien estuvo durante la protesta, sin representar a ningún núcleo agrario, aunque se dijo ejidatario de El Humo, municipio de Atoyac.

 

Acusan gestores campesinos de negligencia, maltrato y desatención a funcionarios del RAN

Campesinos en espera de ser atendidos en el Registro Agrario Nacional ayer en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Gestores y representantes de campesinos ante el Registro Agrario Nacional (RAN) denunciaron ayer “negligencia”, “malos tratos” y “desatención” de las autoridades de la Delegación a cargo de Roberto Olivares Pita.
Mediante un documento dirigido al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que uno de ellos leyó afuera de la dependencia federal, denuncian que las oficinas permanecen cerradas y no se respeta el orden en que llegan los campesinos la mayoría que vienen de lugares muy lejos del estado.
Señalan que algunos de ellos tienen que salir de sus comunidades de la Montaña o de la Sierra a altas horas de la madrugada para estar a tiempo en sus trámites pero que muchas veces no los atienden porque sólo ingresan los que autorizan funcionarios de la institución.
A las 10 de la mañana, un joven que se dijo “representante de los campesinos inconformes”, leyó el documento en el que se señala que la dependencia funciona “bajo el control” del “grupo político” del director general Plutarco García Jiménez y su hermano, el asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales, Arturo García.
Reprochan que aunque en Guerrero el delegado es Roberto Olivares Pita, en realidad “quien rige las riendas (de la dependencia) es Liz Yanetzi Álvarez López, “quien ordena y ejecuta lo relacionado con la delegación”.
“Las oficinas de la delegación estatal funcionan a puerta cerrada, sin acceso al público a pesar de que ya no existen medidas sanitarias que las restrinjan”, dicen en su documento.
Explican que para ingresar a la dependencia a realizar sus trámites, tiene que ser a través de citas tramitadas en el sistema, “que obviamente los campesinos no pueden sacar, ya que en su mayoría desconocen la tecnología”.
Se quejan que la puerta está controlada por personal de seguridad que impide el paso a los ciudadanos en general y son estos vigilantes quienes dicen quién entra y quién no por indicaciones de sus superiores.
Ello, dice el escrito, a pesar de que los campesinos por ejemplo de la Montaña o de la Sierra salen de sus comunidades a altas horas de la madrugada para llegar temprano y estar a tiempo para realizar sus trámites, y la mayoría de las veces no les respetan su turno en la fila de espera.
Pusieron como ejemplo dos expedientes; el 12220011559 y el 12220011560, ambos de un caso de Lomas de Chapultepec de Acapulco, que ya están para entrega desde el 3 de noviembre “y de manera desvergonzada, ya son parte del rezago de esa dependencia”.
Aseguran que, en cambio otros casos de los municipios de Tepecoacuilco y Eduardo Neri, litigados por la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales “les aplican criterios distintos”.
Refieren que, también, los funcionarios de la dependencia exigen a los campesinos que acudan personalmente a las oficinas de la delegación para recoger sus certificados parcelarios o de uso común, a pesar de que no todos tienen la posibilidad económica de acudir y pueden tramitarlos a través de los gestores o de las organizaciones campesinas a las que pertenecen, sin embargo en la dependencia les niegan sus documentos y les exigen (a los gestores) una carta poder certificada por un Notario Público.
Otro gestor agrario, Luis Antonio Rosales, denunció que en ocasiones tienen que estar desde las 6 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde para que les entreguen un solo documento. Para ello tienen que hacerlo con una ficha, pero solamente se distribuyen 60 diarias y si no alcanzan tienen que esperarse hasta el día siguiente.
Agregó que la otra alternativa es apartar la cita mediante el portal de internet de la dependencia, pero que el sistema es muy lento y no alcanzan a hacer el trámite, por eso dijo que, en su caso, que viene de Acapulco, tiene que llegar por lo menos a las seis de la mañana y a veces pagar hotel para alcanzar la ficha, “si no, adios semana, ya perdí el tiempo”.
Dijo que, cuando alcanzan la ficha y entran a las oficinas, reciben “maltrato” por los funcionarios de la dependencia, y que por una cita solamente tienen derecho a hacer dos trámites, cuando en la ley agraria no se establece eso.
“Se me hace injusto, me parece que esos funcionarios no tienen empatía con nosotros, mucho menos con los campesinos que vienen de muy lejos a hacer sus trámites, algunos gastando mucho dinero para que al final les digan: “su trámite está en proceso, a pesar de que en la página de internet ya está para entrega”.
Otro de los gestores, Alfonso Rivera Pinzón, de la región de la Montaña, denunció que en la dependencia “hay muchos obstáculos y dilaciones” para la entrega de sus trámite y que con ello se afecta a los campesinos.
Añadió que no se sabe si la dilación en la entrega de los documentos, como los certificados parcelarios, se hace con dolo o mala fe para que los campesinos no reciban los apoyos del gobierno federal.
“Por eso protestamos y exigimos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que tome cartas en el asunto e implemente mecanismos que agilicen los trámites en las dependencias federales, “porque el campo está abandonado y si no ayudamos a agilizar los trámites administrativos seguirá el rezago y estaremos en retroceso y con ello no estamos hablando realmente de una Cuarta Transformación, reprochó.

No tienen fundamentos las denuncias de gestores contra funcionarios del RAN, responde delegado

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Roberto Olivares Pita, declaró que la denuncia de los gestores agrarios por supuestos “malos tratos” y “desatención” de las autoridades de esa delegación a ellos y a los campesinos “no tiene fundamentos”, pero que respeta sus opiniones.
En declaraciones por teléfono también rechazó que la delegación “la controle” la familia del director general Plutarco García Jiménez, entre ellos su hermano, el asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales, Arturo García, como también lo denunciaron los gestores.
“El director general es un hombre intachable, con mucha honestidad y es el primero que nos ha pedido una actuación bajo los principios del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador: “honestidad, cordialidad y trato atento a los campesinos”, resaltó.
Sin embargo dijo que respeta las opiniones que vertieron ayer por la mañana algunos gestores afuera de la dependencia, “pero no las compartimos porque estamos obligados a actuar con transparencia y brindar el mejor servicio”.
Reconoció que faltan muchas cosas por hacer “pero estamos trabajando todos los días para atender todo”.
Explicó que la atención a los gestores ha sido complicada y que por ello les han destinado todos los viernes, “desafortunadamente para ellos llega muchísimo gestor, pero los tenemos que atender a todos y no les hemos pedido que llegan a las 5 o a las 6 de la mañana, les hemos pedido que lleguen a las 9, no hay problema”.
Olivares Pita informó que éstos tienen la posibilidad de gestionar sus citas mediante la página de internet de la institución, o quien no tenga la posibilidad por esa vía “con que llegue y diga que va a hacer un trámite se le entrega su ficha y no se deja a nadie sin atender”, aseguró.
Rechazó que los campesinos reciban mal trato: “les damos la mejor atención por parte de los compañeros que los reciben, quienes terminan brindándoles asesorías (a los gestores), porque, incluso, la mayoría siguen aprendiendo, no saben cómo integrar un expediente ni cuáles son los requisitos”, agregó.
De los tres gestores que se manifestaron ayer afuera del RAN, el delegado explicó que el primero (que no dio su nombre y sólo se dijo representante de los campesinos), sólo le dieron a leer el documento y que no es gestor ni pertenece a ninguna organización, “estaba hasta nervioso, se ve que no está preparado para estas cosas”.
En el caso del gestor Luis Antonio Rosales, quien dijo venía de Acapulco, el delegado Olivares Pita informó que después de sus declaraciones a los medios de comunicación, lo recibió personalmente, le explicó y le atendió sus asuntos, “y se fue muy contento el hombre con la información que se le dio”.
Además, agregó que hicieron el compromiso de darle seguimiento a sus asuntos. Según el delegado éstos tienen que ver con las oficinas centrales pero que ya se hizo la gestión “y van caminando bien”.
Del tercer inconforme, Alfonso Rivera Pinzón, quien dijo venía de la Montaña, el funcionario federal declaró que entiende que sólo iba pasando en ese momento, “y creo que no tiene ningún trámite con nosotros, y si lo tuviera lo atendemos sin problema, porque estamos obligados a recibir a todos y a todas, esa es la instrucción que tenemos”, aunque dijo que por la forma en que se presentó “no le damos credibilidad”.
Informó que el mayor compromiso de la dependencia está con los comisariados ejidales y comunales porque son los que de manera legal representan a sus comunidades o ejidos “y a ellos estamos ayudando en la gestión para que la gente no venga hasta aquí”.
Incluso informó que la dependencia tiene un programa itinerante en los municipios y regiones para entregar los documentos a los campesinos y no se vean obligados a viajar hasta Chilpancingo para realizar sus trámites.
Contó que todos los fines de semana realizan recorridos en los municipios en donde hacen la entrega de documentos, levantamientos de testamentos y realizan labor de asesoría sobre los distintos trámites para beneficio de los campesinos.
Por eso insistió que la denuncia que hicieron en la mañana los gestores “no tiene fundamento porque nosotros estamos obligados a actuar con transparencia y en un momento dado si se acredita que hay corrupción estamos obligados a combatirla, y si yo estoy entre ellos, ya me dijo el director: si a ti te encontramos casos de esa naturaleza (corrupción) será el primero que te vas, eso yo lo tengo bien claro”, aseguró el delegado.
Indicó que igual a dicho a su gente: “si alguno se le encuentran acciones de corrupción, se van sin contemplaciones, con el mínimo de los detalles que les encontremos, yo soy el primer obligado a que esto (la corrupción) no se dé.
Con respecto a los malos tratos que se da a los campesinos, según los gestores, el funcionario federal declaró que es falso y que incluso los campesinos que llegan y permanecen afuera de las oficinas les ponen sillas para que esperan “porque obligadamente tenemos que atenderlos uno por uno y se lleva uno un buen tiempo porque hay que atenderlos bien, hay que darles asesoría y explicarles con calma su trámite, por eso les ponemos sillas para que los que esperan sea en un ambiente cómodo”.
Reconoció que los gestores se inconforman porque ellos sí tienen que ser atendidos con cita, mientras que a los campesinos directamente “porque esa es otra instrucción del director general”.
“Así está el asunto, yo creo que no hay tal de lo que se informó, pero también los gestores cuando los atendemos se van contentos, se les respeta y se les trata de tender la mano porque vienen en representación de los sujetos agrarios que les confían sus asuntos”, resaltó.
Pero dijo que las denuncias no le molestan, por el contrario, “eso nos sirve para poner más atención y si hay actos de los que señalan los atenderemos”.
Con respecto al señalamiento de que quien controla la dependencia, es el grupo político del director Plutarco García Jiménez, entre ellos su hermano Arturo, aseguró que en Guerrero el responsable de la dependencia es él (Roberto Olivares Pita) con un grupo de sus compañeros “que estamos trabajando todos los días, yo no veo sentido que se manifieste eso porque quienes operamos somos nosotros”.
Aclaró que el director general, Plutarco García, “es el jefe que está en las oficinas centrales, y si su familia está metida aquí (en la delegación) es muy fácil saberlo, pero aquí entran los puros empleados, los que temeos una responsabilidad”.
Esa denuncia también la respeto, “pero no hay tal, ni razón para esos señalamientos. Es muy fácil de corroborar eso, no hay tal”, insistió.