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La movilización reciente no representó a todos los productores del campo, señalan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El asesor la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, señaló que las movilizaciones y protestas del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano no representaron a todos los productores del sector agropecuario.
En entrevista telefónica, explicó que como productores guerrerenses ni siquiera figuraron en la mesa nacional que concluyó tras una extensa reunión de trabajo de miércoles a jueves en la madrugada de la semana pasada, con algunos acuerdos con el gobierno federal.
Recordó que parte de las demandas de agricultores sobre todo del norte del país era que el gobierno federal estableciera el precio de garantía del maíz a 7 pesos el kilo, o 7 mil pesos la tonelada. Subrayó que desde el ciclo pasado este precio ya es una realidad en Guerrero.
Estimó que ese movimiento se da en un contexto donde el PRIAN promueve el golpeteo al gobierno federal.
Reconoció que el origen es legítimo: el precio del maíz, y los granos porque a nivel mundial hay una sobreproducción que abarata el precio.
Indicó que el ciclo pasado, la tonelada de maíz estuvo a 7 mil pesos la tonelada; de repente bajó a 5 o 4 mil 500 pesos, lo cual generó un movilización, en demanda de que el gobierno federal comprara el grano a 7 mil 200 pesos, lo cual señaló inviable, porque el gobierno regula el comercio .
Señaló que distinto a Guerrero donde la producción es básicamente de autoconsumo, los estados del norte y del bajío tienen otros volúmenes de producción.
También destacó que a diferencia del movimiento El campo no aguanta más, de organizaciones campesinas que llevaban al Zócalo con campesinos de todo el país, en el sexenio de Vicente Fox.
El Frente cerró casetas, carreteras  apoyados con tractocaminones y tractores, “una presión que no expresa participación activa de la gente”.
Consideró que no tenían método de lucha ni de organización genuina ni un plan real. Sus propuestas eran generales, y cuando se le acaban las demandas llegaron al Congreso a revisar la Ley de Aguas, que ya estaban trabajando meses atrás otras organizaciones sociales.
Por otro lado, señaló que organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, la Confederación Nacional de Campesinos (CNC), Antorcha Campesina, la Central Campesina Independiente (CCI)  que vinieron a menos desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, porque no había gestión de proyectos, “se aprovecharon de la coyuntura, y se colgaron de ese proceso”.
Señaló que en Guerre-ro abanderaron las demandas nacio-nales, no obstante que el Consejo de Ejidos y Comunidades que se organizó, consiguió el ciclo pasado el pago de 7 mil pesos por tonelada, una demanda central.
“Ellos seguían demandando los 7 mil pesos, abanderaron las demandas nacionales, no sabían que ya estaba aprobado desde la cosecha pasada”, señaló.
Finalmente dijo que el movi-miento reciente permitió un reagrupamiento local, y cierta alianza con el gobierno del estado, pero no hay una articulación, una propuesta para el campo.
Arturo Garcia añadió que en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 que se acaba de aprobar para el campo representa apenas el 0.35 por ciento, “lo mínimo, y los señores no dijeron nada”.

 

Va representante del Cecop a encuentro internacional de ambientalistas en Brasil

En representación del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), el asesor Rodolfo Chávez Galindo acudió al IV Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y Crisis Climática, en la ciudad brasileña de Belém do Pará, del 12 al 17 de noviembre, en paralelo a la 30 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).
Chávez Galindo informó ayer a los campesinos del acto que reunió a unos 300 activistas de todos los continentes, de los cuales cinco eran de México, algunos de ellos integrantes del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos.
Destacó que el asesinado vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, fue recordado en el acto internacional cuando se pidió el fin de la militarización, una de las consignas.
También se abogó “por una sociedad alternativa al capitalismo, por la soberanía energética popular y por los derechos de las poblaciones afectadas”.
Asimismo, “contribuir mediante la solidaridad del internacionalismo de los pueblos y del respeto a la madre Tierra, al fortalecimiento del movimiento local, nacional e internacional de las poblaciones afectadas por las represas, la privatización del agua, la energía, los delitos socioambientales y la crisis climática”.
Chávez Galindo planteó desarrollar escuelas de “formación política” para los jóvenes de distintas comunidades del Cecop e indicó que uno de los acuerdos del IV Encuentro Internacional fue conformar una organización para continuar la lucha, para lo que se tiene de referencia el Movimiento Afectados por Represas (MAR) de América Latina. (Ramón Gracida Gómez).

Designan a Moisés Reyes Sandoval asesor del ministro de la Corte Arístides Guerrero

Juan Luis Altamirano

Ciudad de Méxicfo

El guerrerense Moisés Reyes Sandoval fue nombrado asesor de la ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al que se le turnó la controversia constitucional del municipio de Acapulco contra la Auditoría Superior del Estado.
En entrevista con El Sur, Reyes Sandoval señaló que su trabajo como asesor consiste en la revisión y estudio de los distintos expedientes de los asuntos que llegan a la Suprema Corte, los cuales dijo que son de corte multidisciplinario.
“Se le quiere dar una perspectiva humanista en la que, atrás de un expediente está la vida de una persona, está el patrimonio de toda una familia o la libertad de una persona que puede estar 50 años injustamente en una cárcel o la vida de las comunidades de nuestro estado”.
El pasado 8 de septiembre, la Corte turnó al ministro Guerrero García la controversia constitucional 174/2025, relacionada con el juicio del municipio de Acapulco y la presidenta municipal Abelina López Rodríguez en contra de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, sobre la posible invasión de competencias en el requerimiento de la comprobación de 898 millones de pesos de recursos, para lo cual la SCJN concedió suspensiones que impiden acciones legales contra la alcaldesa.
Guerrero García deberá actuar como instructor en el asunto, para lo que Reyes Sandoval señaló que es un caso ya con actuaciones previas, pues antes fue turnado al entonces ministro Javier Láynez Potisek, pero se debe revisar sin matices políticos.
“Considero que con este expediente y con todos, tienen que ser revisados con una manera cien por ciento jurídica, sin meter ningún matiz político, así son los criterios de esta nueva Corte. Sin embargo, todos los asuntos se tienen que ver con un humanismo, con una profundidad, con la afectación hacia las personas y siempre respetando el marco jurídico” mencionó.
Reyes Sandoval dijo que el mandato es que exista justicia en la Corte, además que se debe dar un mensaje que las decisiones se realizarán de acuerdo a como lo marca la ley, para lo que se tiene un profesionalismo jurídico pulcro.
“Que la gente tenga la confianza de que se va a resolver conforme a derecho este asunto, para nosotros las y los acapulqueños y guerrerenses, es un tema muy importante” explicó.
Agregó que desde el pasado primero de septiembre se hizo el nombramiento como asesor de la ponencia, pero debido a las cargas de trabajo no lo había hecho público, además que hay presencia de guerrerenses en funciones en la Corte, para lo que dijo que Acapulco y Guerrero estarán bien representados.
Reyes Sandoval fue diputado local en Guerrero, además que buscó ser candidato por Morena a la presidencia municipal de Acapulco durante 2021, y es primo del diputado local y también aspirante a la gubernatura para ese año, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.
La controversia 174/2025 tiene tres recursos de reclamación, uno impuesto por la Auditoría Superior y los otros dos por el Poder Legislativo del Estado de Guerrero, los cuales dos fueron turnados a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra y otro al ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía.
En la lista de notificación de la Corte de este viernes, se publicó que en los tres recursos de reclamación se enviaron los expedientes tanto a la ministra Herrerías como al ministro Figueroa para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

El gobierno estatal creará una Policía Turística: asesor de trabajadores de playa

Jacob Morales Antonio

El asesor jurídico de los prestadores de servicios turísticos de la zona federal marítima terrestre, Jesús Zamora Cervantes, informó que el gobierno del estado se comprometió a la creación de una Policía Turística para evitar confrontaciones, salvaguardar a visitantes y a prestadores de servicios turísticos.
Este martes se efectuó una jornada de limpieza con la participación de unos 2 mil prestadores de servicios turísticos y vendedores en playa Manzanillo, donde hicieron limpieza fina con el cribado de la arena y el retiro de piezas de embarcaciones que estaban enterradas.
En declaraciones, Zamora Cervantes informó que luego del reclamo que hicieron el lunes por la agresión y la muerte de uno de los prestadores de mobiliario de playa que fue herido con un arma punzocortante el sábado por visitantes, las autoridades del estado los convocaron a una reunión.
Informó que el encuentro donde se reunieron con el subsecretario de la Secretaría General de gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, y el secretario de Turismo del estado, Simón Quiñones Orozco, se habló de la conformación de una Policía Turística, que responda a las necesidades de la franja de arena que intervengan ante conflictos.
“Como han sido testigos la Guardia Nacional, la Marina no intervienen en estos actos, por encima de ellos han golpeado a los compañeros”. Dijo que la seguridad no es para los prestadores de servicios turísticos, sino para que los visitantes que llegan sepan que estarán seguros.
Indicó que como ha quedado demostrado durante el Acamoto y en las temporadas vacacionales, hay grupos de personas que son delincuentes y que llegan a Acapulco a cometer delitos ante el vacío de la autoridad, incluso consumen drogas en las playas sin que ninguna autoridad les diga nada.
El representante indicó que no se precisó si la Policía Turística será del gobierno estatal, o si se va a reforzar la Policía Turística que ya tienen el municipio, pero precisó que la franja de arena compete a autoridades federales, quienes tienen convenio de colaboración con autoridades locales.
Antes del inicio de la jornada de limpieza, los prestadores de servicios turísticos y vendedores dieron un minuto de aplausos para Ignacio, de 40 años, quien falleció luego del ataque que sufrió el sábado a manos de un grupo de visitantes, quienes lo atacaron a golpes y lo hicieron con un arma punzocortante, la pedirles el mobiliario de playa, porque ya era tarde e iba a cerrar.
El integrante del frente, Marco Antonio Velázquez Girón, reclamó que las autoridades han dejado sola la franja de arena, y recordó el caso de la agresión sexual que sufrió una mesera en playa Icacos, por parte de un grupo de visitantes quienes la tocaron, y que le darían un beso para pagar la cuenta de lo consumido, lo que provocó que otros compañeros salieran en su defensa.
Recriminó que este hecho pasó frente a integrantes de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, quienes querían detenerla a ella y no a los agresores. Recordó otro caso que ocurrió el domingo donde a uno de sus compañeros le robaron la bocina que renta y lo golpearon en playa El Morro.
“Ya no lo vamos a permitir, nosotros somos respetuosos con los turistas y los vamos a seguir recibiendo, pero aquellos que se disfrazan de turistas y quieren venir a abusar y a gozar y tratar de faltarnos el respeto no se los vamos a permitir, por eso debemos de estar unidos”, exclamó.

Sí están recibiendo campesinos afectados por Otis 7 mil 500 pesos del gobierno federal, afirman

Ramón Gracida Gómez

El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, refutó la declaración del secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado de Guerrero, Evencio Romero Sotelo, y afirmó que los campesinos de Acapulco y Coyuca de Benítez sí están recibiendo un apoyo federal de 7 mil 500 pesos por las afectaciones del huracán Otis.
El Sur publicó este viernes la postura de Romero Sotelo, quien dijo que es “mentira” lo que informó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia matutina del miércoles respecto al apoyo federal a los campesinos de Acapulco y Coyuca de Benítez afectados por el meteoro del 25 de octubre.
En reacción a esta nota, Arturo García Jiménez expuso por teléfono que la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, elaboró una propuesta de plan emergente para reactivar la producción en el campo ante la crisis de producción que se arrastraba desde la “sequía prolongada” del año pasado, la tormenta Max “y luego el Otis que acabó con todo lo que quedaba”.
El planteamiento es que al igual que el programa de empleo temporal, “se apoyara a la gente con el salario de un mes para que, una, tuviera recursos inmediatos, liquidez y pues se pudiera proveerse en lo fundamental, de alimentos”, indicó.
La propuesta fue presentada al subsecretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Suárez, y se concretó con un apoyo de 7 mil 500 pesos por productor de Acapulco y Coyuca de Benítez; la lista de beneficiarios provino de los padrones de los programas de Producción para el Bienestar y Fertilizante, un total de 17 mil 594 beneficiarios, además de que se hicieron reuniones informativas.
Afirmó que este apoyo económico fue depositado el miércoles a los campesinos que cuentan con la tarjeta del Bienestar, que son 10 mil 688, y este sábado y domingo se entrega en efectivo a los 6 mil 906 productores restantes.
Indicó que no son los recursos de Procampo, que ahora se llama Producción para el Bienestar, y que se van a depositar en febrero y que aumentaron el monto anual por productor de 6 mil a 7 mil 300 pesos.
Aseguró que en el censo agropecuario que levanta la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) “llegan los líderes tradicionales de siempre”, pero no se ha hecho un anuncio oficial sobre este programa, además de que aún no se sabe qué hizo la dependencia estatal con los 25 millones 665 mil pesos presupuestados para prevención y manejo de riesgos, porque no se contrató el seguro catastrófico.
Lo que sí sabe, indicó el asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, es que hay 30 mil productores de todo el estado que han reportado en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) las pérdidas que han tenido desde la sequía y los siguientes fenómenos meteorológicos.
“No entendemos ahí por qué la Sagadegro convoca asambleas y quienes atienden son los líderes, yo creo que hay ahí alguna componenda política que pensamos que en esta coyuntura no es correcta”, sugirió García Jiménez y criticó que el formato del censo, y que compartió a El Sur, no levanta un dato para apoyar al productor, “yo veo que se está dando una expectativa”.
“Desde luego que 7 mil 500 pesos es poco en comparación con lo que se requiere, pero hay que entender que hay apoyos complementarios, además las despensas, los apoyos en reparación de vivienda y quisiéramos que hubiera más recursos, pero entendemos la situación”, expuso.
Además del apoyo emergente, la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero impulsa la siembra de riego, en una primera fase mil 600 productores de Acapulco y Coyuca de Benítez ya recibieron la semilla para sembrar maíz y frijol y se gestiona con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el apoyo de mangueras y motobombas.
Jiménez García expuso que en Guerrero hay 120 mil hectáreas susceptibles de regarse, pero ni el 20 por ciento cuenta con este sistema porque los canales están en malas condiciones o se subutiliza, por ejemplo, con la siembra de palma cuando debiera ser maíz-frijol.
Mencionó que el campesinado ya se prepara para la siembra de este año, hay un abastecimiento de 24 por ciento de fertilizante por la distribución que se está haciendo ante la próxima veda electoral.
Planteó que “se requiere una coordinación de los campesinos con las instituciones de gobierno para que realmente se aborde la problemática, o sea, si cada quien lo quiere abordar por separado, unos haciendo un censo por acá, otros haciendo otra cosa por acá, no vamos a avanzar”.
Por ello, anunció que el colectivo Guerrero es Primero, en el que participa y con el que se coordinó para la distribución inicial de despensas, promueve una reunión con distintos actores y organizaciones para impulsar un “verdadero desarrollo” después de los estragos ocasionados por el huracán Otis.

 

Si el Congreso no resuelve ya Las Vigas se quedaría sin presupuesto, advierte asesor

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El asesor del comité gestor de Las Vigas, José Feliciano Cruz Alta, recordó que el 18 de diciembre termina el plazo para que el Congreso local apruebe el cabildo instituyente del nuevo municipio, por orden de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Si no se logra concretar la designación del nuevo cabildo por falta de acuerdos de las dos planillas que existen, o votos suficientes en el pleno, advirtió que las comunidades vivirán otro año sin obras ni servicios porque las participaciones federales que el Congreso debe asignar para el ejercicio fiscal 2024, serán devueltas a la federación por la falta de autoridades instituidas.
Esto, por la posibilidad que planteó Yoloczin Domínguez Serna, la presidenta del Congreso local, de que el cabildo de Las Vigas se nombre con la elección constitucional de 2024, ya que ninguna ley impide esta posibilidad, si no hay acuerdo para la designación del ayuntamiento instituyente en las comunidades y en el Congreso.
En consulta telefónica, Cruzalta confirmó que, en la última reunión del comité gestor con la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, tras una protesta en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, hace unos 20 días, la diputada de Morena les dijo que iba a cabildear con los diputados para reunir los cuatro votos que faltaban para conseguir la aprobación de la planilla que resultó del proceso de consulta que encabezó el Comité gestor.
Esto, porque de las dos planillas que han sido votadas, la que avala el comité gestor tuvo una votación más alta, pero aún insuficiente para su aprobación.
“Estamos pidiendo al Congreso que en estos días tengan la voluntad política de encabezar la administración del primer cabildo instituyente”.
Aclaró que, si esperan a la elección de 2024, para que el primer gobierno municipal electo tome protesta el 30 septiembre, no tendrá presupuesto en todo el año. El gobierno del estado tendría que regresar a la federación el presupuesto asignado a Las Vigas, sino está instituido el gobierno municipal.
Adelantó que el comité gestor fue citado el próximo lunes en el Congreso del estado, para conocer los avances en la negociación de la Jucopo. Incluso, señaló que les dijeron que el Congreso tiene hasta el 15 de mes para resolver la designación pendiente de  los municipios afromexicanos, Las Vigas y San Nicolás.

 

Inviable, construir una carretera principal en la Sierra, dice el secretario de Planeación

 

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El secretario de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero, René Vargas Pineda, advirtió que construir una carretera de 100 kilómetros en la Sierra se llevaría una buena parte del presupuesto del estado, “y dejaríamos de atender las otras necesidades de las otras regiones, lo que hace la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) es tratar de generar un equilibrio entre las regiones entre el nivel de población, conjugado también con el nivel de necesidades que tiene cada una de las regiones”.
En consulta luego de que inauguró la conferencia Pobreza Municipal, importancia del monitoreo y evaluación de las políticas públicas, ayer en el hotel Holiday Inn de esta ciudad, aceptó el planteamiento de que hay zonas a las que agentes del gobierno no pueden entrar, “pero los programas no paran, por ejemplo Sembrando Vida no para, y en la región de la Sierra es un programa importantísimo, y la derrama económica que deja es fundamental para que las familias puedan salir adelante, además está generando un tema de producción; la Sierra sitúa al estado de Guerrero en sexto lugar a nivel nacional en producción de aguacate”.
Se le comentó que los productores se quejan de que debido a la falta de caminos la fruta se echa a perder en el traslado. Expuso “el déficit histórico tiene que ver principalmente en infraestructura en caminos, educación y salud, ahora ya tenemos el diagnóstico y encontramos la falta de carreteras, pero en este año está invirtiendo el gobierno de la maestra Evelyn Salgado Pineda 191 millones de pesos en la región, pero no sólo en el tema carretero, sino en infraestructura de salud, de educación”.
Agregó que debido a la geografía de la zona se necesita una inversión millonaria, “que en este momento no tenemos, ahorita tenemos 3 mil 500 millones de pesos de gasto de inversión para infraestructura” para atender a todas las regiones.
Destacó que los municipios tienen que alinearse al Plan Nacional de Desarrollo, lo que les mandata que inviertan en la zona, “el Fondo de Infraestructura Social Municipal que es uno del Ramo 33, va a llegar a los 85 municipios, y es la principal fuente de financiamiento que tienen las presidentas y presidentes municipales, para la construcción de obra pública”, con un incremento del 18 por ciento respecto del 2022.
“Lo que debemos hacer es incluir, con toda la responsabilidad, a los 14 municipios (que conforman la región Sierra)”, dijo.
En cuanto a la propuesta de que se hagan nuevos municipios en la región, expuso que esa es una demanda de hace décadas, pero “la densidad poblacional de la región es de 8 habitantes por kilómetro cuadrado”.
–¿No es viable? –, se le preguntó.
–No estoy diciendo que no sea viable, porque hay polos, concentraciones poblacionales muy importantes como por ejemplo El Paraíso (en la sierra del municipio de Atoyac) otras más.
Sin embargo, agregó, “es un tema que primero tienen que definir todos los de la región Sierra, tiene que haber un proceso de discusión y de definición de los propios habitantes de la región”.
Ejemplificó con los procesos de los cuatro nuevos municipios, Ñuu Savi, San Nicolás, Santa Cruz y Las Vigas, “las propias comunidades se organizaron y solicitaron la creación de sus municipios y cumplieron todos los requisitos del Congreso del Estado, el tema de la población, etcétera”.
“El tema de la municipalización de la Sierra tiene que pasar por un análisis de los propios sierreños”.
En cuanto a los señalamientos del asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez de que en el plan de desarrollo para la Sierra del gobierno del estado no se plantea la pacificación, contestó:
“Hay un tema de pacificación de nuestra gobernadora y del gobierno federal, de pacificar a través de ir viendo la raíz de los problemas, por ejemplo la pobreza”.
Se le comentó que no se menciona en el documento aprobado este lunes, y expuso, “no es un documento que inventamos nosotros o que lo hicimos de escritorio, es producto de asociaciones, de autoridades de la Sierra, hicimos un foro y fui a reuniones a las localidades… si ellos consideran que hay algo más que agregar estamos abiertos para hacerlo”.
“Estamos convencidos de que el desarrollo tiene que venir de la opinión de la gente, si no, no vamos a poder generar programas, políticas públicas y acciones hacia el desarrollo”, agregó.
Afirmó que en presupuesto 2023, “vamos a encontrar muchas obras muy importantes de la región Sierra, puentes importantes que tenían más de 40 años pidiéndolos”.
Aún así, debido al “déficit histórico”, es insuficiente, por lo que tienen que intervenir los tres órdenes de gobierno, dijo.
Se le planteó que en documento parece que se le deja toda la carga financiera a los municipios, y respondió que no, “no es ese el sentido, aquí es el estado el que tiene que dirigir la política de desarrollo, pero en coordinación con los municipios”.
“Finalmente, los municipios son las autoridades más próximas de los habitantes de la Sierra, tenemos que meterlos, pero como responsabilidad y coordinación con el gobierno del estado”.
Respecto de las demandas de carreteras, una de las principales demandas de los vecinos de la Sierra, advirtió, “una carretera de 100 kilómetros nos llevaría una buena parte del presupuesto, y dejaríamos de atender las otras necesidades de las otras regiones, lo que hace la gobernadora es tratar de generar un equilibrio entre las regiones entre el nivel de población, conjugado también con el nivel de necesidades que tiene cada una de las regiones”.

 

Celebra Vidulfo Rosales que esté incluido en los nuevos libros de texto el caso Ayotzinapa

El abogado de los padres de familia de los 43 Normalistas de Ayotzinapa en entrevista en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado donde asistió al foro “Diálogo sobre la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos” Foto:?Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El abogado y asesor de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, celebró que su caso se haya incluido en los nuevos libros de texto.
El abogado fue entrevistado al respecto antes del encuentro Diálogo sobre la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que se realizó este miércoles con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
En los nuevos libros de texto se menciona que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “es uno de los más graves episodios violentos de la historia reciente de México, y un crimen de lesa humanidad en contra de estudiantes normalistas”.
El asesor de los padres de los 43 estudiantes dijo que tuvo conocimiento de que varias gentes cercanas a Morena tuvieron un debate previo, para que en los libros de texto se incluyera el caso Ayotzinapa, como parte de la historia contemporánea del país.
“A mí me parece relevante. Yo creo que es un hecho que conmovió al país, es un hecho de la historia que implicó una eclosión social en la última recta histórica de nuestro país y creo que las nuevas generaciones tienen que conocerlo. Los niños tienen que saber que un hecho ominoso de esa naturaleza ocurrió para que no se vuelva a repetir”, dijo.
Explicó que el caso Ayotzinapa debe quedar registrado en la historia de nuestro país como un hecho que no debe acontecer, que todos debemos reprobar y reclamar su esclarecimiento y justicia.
En los libros de texto se menciona que distintas investigaciones concluyen que “en esos camiones (que retuvieron los normalistas) había heroína con valor de 2 millones de dólares, que traficaba el cartel que controlaba Iguala”.
El abogado aclaró que no se confunda el señalamiento de la droga que según versiones había en uno de los camiones, y que los estudiantes los tomaron sin saber que venía en uno de los autobuses y que eso habría sido el motivo de una reacción tan violenta contra ellos.
“Esa es una hipótesis que se plantea y uno de los móviles que se sigue. El GIEI ha esbozado respecto de lo que habría motivado la agresión a los estudiantes”.
Sin embargo, explicó que sólo son hipótesis y que es una de las cuestiones que no se han podido esclarecer al día de hoy, “no hay un móvil claro, son hipótesis planteadas como móvil del crimen”, explicó.
Agregó que los padres de familia tienen esperanzas de que el caso se esclarezca “lucharemos en todo momento para que ello acontezca”, pero añadió que al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya le queda muy poco tiempo “y veo difícil que en los próximos días pueda haber un derrotero distinto del caso”.
Indicó que el mismo presidente de la República se ha entrampado con lo que tiene que ver con el Ejército mexicano, que es una institución hermética, pero a la vez con mucho poder y que tiene todo el respaldo del presidente.
Añadió que seguramente por ello no se hará más “porque no vemos que el presidente esté dispuesto a tensar más las cosas con las fuerzas armadas”.
Dijo que el hecho de que se solicite información sensible y relevante para ubicar el paradero de los jóvenes que está en manos del Ejército va a implicar una tensión fuerte del presidente de la República con el Ejército “y creo que no está hoy en día en su espectro político tensarse con las fuerzas armadas”.
Por ello, declaró que los padres creen que finalmente se va a venir sacrificando el tema del esclarecimiento de los hechos del caso Ayotzinapa por su relación política con el Ejército.
Sin embargo, advirtió que los padres de los 43 no van a quitar el dedo del renglón y van a seguir exigiendo y pidiendo el pleno esclarecimiento de estos hechos y que haya justicia.
Añadió que es obligación del gobierno mexicano esclarecer el caso Ayotzinapa y que quien quede como presidente de la República en el próximo sexenio tendrá la obligación de esclarecer de manera plena los hechos “y en su momento nos tendremos que acercar con quien vaya a quedar como responsable del poder Ejecutivo para pedir compromisos claros y pleno esclarecimiento de los hechos”.
Informó que después del informe el GIEI, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos fijaron su posición de que ya no se van a reunir con ninguna otra autoridad hasta que no se tenga una reunión con el presidente de la República, “porque el tema que vamos a abordar hoy en día con el gobierno es la información en poder del Ejército mexicano, que es información relevante que puede ayudar al esclarecimiento del caso y esa información que está en poder del Ejército, solamente lo podemos dialogar con el jefe supremo de las fuerzas armadas que es el presidente.
“Por lo pronto no vamos a dialogar con nadie más y no vamos a tener respuesta de nadie más”.
Informó que desde que rindió su informe el GIEI solicitaron una reunión con el presidente de la República, López Obrador, pero que todavía no reciben respuesta y que sólo en una conferencia mañanera el presidente dijo que él no se va a reunir con los padres hasta que haya información relevante, “y como no hay información relevante, quién sabe cuándo nos reciba”.

 

El Estado debe recuperar los núcleos agrarios tomados por el crimen, dice Arturo García

Ramón Gracida Gómez

El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, dijo que el Estado debe usar todo su poder para recuperar los núcleos agrarios controlados por el crimen organizado, lo que dio a conocer en entrevista con El Sur el procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón.
Vía telefónica, expuso que es importante que las comunidades se empoderen poco a poco con los programas sociales y sus integrantes participen en las decisiones, pero también que las autoridades garanticen el libre tránsito con la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército.
Dijo que “es interesante que un funcionario de alto nivel haga declaraciones de lo que ha sido un secreto a voces. Quizás se quedó corto en los datos”, pero coincidió en que hay núcleos agrarios donde las asambleas no funcionan, los comisariados son impuestos o simplemente no existe tal figura, todo esto por el “abandono de los territorios por parte de los tres órdenes de gobierno. Entonces, los habitantes no tienen otro referente, no tienen otros interlocutores”.
Indicó que es en la Montaña, en los municipios Joaquín Herrera, Ahuacuotzingo y Chilapa; la parte alta de Costa Grande, como en Petatlán y gran parte de Tierra Caliente, donde no se puede transitar y las personas no pueden salir de sus comunidades, ni para recoger su fertilizante.
Señaló que los gobiernos estatal y municipales no quieren entrarle al tema de recuperación del territorio, que apenas el gobierno federal le está poniendo atención, porque antes, al presidente Andrés Manuel López Obrador, “no le llegaba la información como tenía que ser”.
Para el asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, el gobierno federal tendría que usar “todo el poder del Estado, que no es sólo Guardia Nacional y Ejército, sino recargar los diversos programas de gobierno, pero empoderando a las comunidades”.
Además, dijo que la Guardia Nacional, que “no la vemos activa”, y el Ejército deben garantizar el libre tránsito en esos territorios, “no estoy hablando de represión, de guerra, de enfrentamiento, estoy hablando de empoderamiento de las comunidades”, puntualizó.
Entonces, expuso: “Si nosotros vamos logrando que poco a poco las comunidades se empoderen, que la asamblea se convierta en el mecanismo de gobernanza permanente, que las comunidades tomen decisiones, que las comunidades programen sus obras para el corto, mediano y largo plazo, yo considero que es la manera de cómo ir logrando una cultura de paz, pacificando las regiones hoy controladas por la delincuencia organizada”.
Sin embargo, señaló que los cuatro grandes programas, que son Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes y Precios de Garantía, presentan problemas, por lo que se deben de replantear. Por ejemplo, el fertilizante consiste en miles de “toneladas de productos químicos tóxicos”, por lo que hay que disminuir su uso.
De Sembrando Vida dijo que en Guerrero son menos de 50 mil los beneficiarios, cuando hay un promedio de 350 mil familias del campo, o sea, el 10 por ciento de la población rural; además, no hubo una planificación de la comercialización, entonces necesitan asesoría para colocar sus productos en los mercados.
La Producción para el Bienestar es un programa que da en promedio 6 mil pesos al año a cada productor que siembra maíz, café, miel, arroz y frijol, cantidad que “no se desprecia, pero no puede ser sólo eso el apoyo para reactivar el campo”, que mejor sería un esquema de crédito blando para garantizar la producción.
Del programa Precios de Garantía dijo que “ya vimos que no garantiza el incremento de los precios como se pensó, porque ese pacto no llega ni al 3 por ciento del maíz del estado y, además, no se paga a tiempo y se abren los centros de acopio tarde”.
García Jiménez aseveró que en el campo no existe rentabilidad, “la gente siembra maíz porque no tiene liquidez para comprar, pero sí tiene un pedazo de tierra y tiene manos”, por eso cuestionó la reducción de la pobreza dada a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la semana pasada.
Un nuevo agrarismo, expuso, debe reconstruir las instituciones en las que “ha predominado el burocratismo y la corrupción, la falta de presupuesto ”, además de crear una nueva ley agraria y promoveer un ejido integral y de un segundo piso, es decir, “crear cooperativas, asociatividad de los campesinos productores, para que concurran a proyectos de otro nivel”, y habló de maquinaria para el maíz y el café.