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Sí están recibiendo campesinos afectados por Otis 7 mil 500 pesos del gobierno federal, afirman

Ramón Gracida Gómez

El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, refutó la declaración del secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado de Guerrero, Evencio Romero Sotelo, y afirmó que los campesinos de Acapulco y Coyuca de Benítez sí están recibiendo un apoyo federal de 7 mil 500 pesos por las afectaciones del huracán Otis.
El Sur publicó este viernes la postura de Romero Sotelo, quien dijo que es “mentira” lo que informó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia matutina del miércoles respecto al apoyo federal a los campesinos de Acapulco y Coyuca de Benítez afectados por el meteoro del 25 de octubre.
En reacción a esta nota, Arturo García Jiménez expuso por teléfono que la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, elaboró una propuesta de plan emergente para reactivar la producción en el campo ante la crisis de producción que se arrastraba desde la “sequía prolongada” del año pasado, la tormenta Max “y luego el Otis que acabó con todo lo que quedaba”.
El planteamiento es que al igual que el programa de empleo temporal, “se apoyara a la gente con el salario de un mes para que, una, tuviera recursos inmediatos, liquidez y pues se pudiera proveerse en lo fundamental, de alimentos”, indicó.
La propuesta fue presentada al subsecretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Suárez, y se concretó con un apoyo de 7 mil 500 pesos por productor de Acapulco y Coyuca de Benítez; la lista de beneficiarios provino de los padrones de los programas de Producción para el Bienestar y Fertilizante, un total de 17 mil 594 beneficiarios, además de que se hicieron reuniones informativas.
Afirmó que este apoyo económico fue depositado el miércoles a los campesinos que cuentan con la tarjeta del Bienestar, que son 10 mil 688, y este sábado y domingo se entrega en efectivo a los 6 mil 906 productores restantes.
Indicó que no son los recursos de Procampo, que ahora se llama Producción para el Bienestar, y que se van a depositar en febrero y que aumentaron el monto anual por productor de 6 mil a 7 mil 300 pesos.
Aseguró que en el censo agropecuario que levanta la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) “llegan los líderes tradicionales de siempre”, pero no se ha hecho un anuncio oficial sobre este programa, además de que aún no se sabe qué hizo la dependencia estatal con los 25 millones 665 mil pesos presupuestados para prevención y manejo de riesgos, porque no se contrató el seguro catastrófico.
Lo que sí sabe, indicó el asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, es que hay 30 mil productores de todo el estado que han reportado en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) las pérdidas que han tenido desde la sequía y los siguientes fenómenos meteorológicos.
“No entendemos ahí por qué la Sagadegro convoca asambleas y quienes atienden son los líderes, yo creo que hay ahí alguna componenda política que pensamos que en esta coyuntura no es correcta”, sugirió García Jiménez y criticó que el formato del censo, y que compartió a El Sur, no levanta un dato para apoyar al productor, “yo veo que se está dando una expectativa”.
“Desde luego que 7 mil 500 pesos es poco en comparación con lo que se requiere, pero hay que entender que hay apoyos complementarios, además las despensas, los apoyos en reparación de vivienda y quisiéramos que hubiera más recursos, pero entendemos la situación”, expuso.
Además del apoyo emergente, la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero impulsa la siembra de riego, en una primera fase mil 600 productores de Acapulco y Coyuca de Benítez ya recibieron la semilla para sembrar maíz y frijol y se gestiona con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el apoyo de mangueras y motobombas.
Jiménez García expuso que en Guerrero hay 120 mil hectáreas susceptibles de regarse, pero ni el 20 por ciento cuenta con este sistema porque los canales están en malas condiciones o se subutiliza, por ejemplo, con la siembra de palma cuando debiera ser maíz-frijol.
Mencionó que el campesinado ya se prepara para la siembra de este año, hay un abastecimiento de 24 por ciento de fertilizante por la distribución que se está haciendo ante la próxima veda electoral.
Planteó que “se requiere una coordinación de los campesinos con las instituciones de gobierno para que realmente se aborde la problemática, o sea, si cada quien lo quiere abordar por separado, unos haciendo un censo por acá, otros haciendo otra cosa por acá, no vamos a avanzar”.
Por ello, anunció que el colectivo Guerrero es Primero, en el que participa y con el que se coordinó para la distribución inicial de despensas, promueve una reunión con distintos actores y organizaciones para impulsar un “verdadero desarrollo” después de los estragos ocasionados por el huracán Otis.

 

Si el Congreso no resuelve ya Las Vigas se quedaría sin presupuesto, advierte asesor

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El asesor del comité gestor de Las Vigas, José Feliciano Cruz Alta, recordó que el 18 de diciembre termina el plazo para que el Congreso local apruebe el cabildo instituyente del nuevo municipio, por orden de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Si no se logra concretar la designación del nuevo cabildo por falta de acuerdos de las dos planillas que existen, o votos suficientes en el pleno, advirtió que las comunidades vivirán otro año sin obras ni servicios porque las participaciones federales que el Congreso debe asignar para el ejercicio fiscal 2024, serán devueltas a la federación por la falta de autoridades instituidas.
Esto, por la posibilidad que planteó Yoloczin Domínguez Serna, la presidenta del Congreso local, de que el cabildo de Las Vigas se nombre con la elección constitucional de 2024, ya que ninguna ley impide esta posibilidad, si no hay acuerdo para la designación del ayuntamiento instituyente en las comunidades y en el Congreso.
En consulta telefónica, Cruzalta confirmó que, en la última reunión del comité gestor con la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, tras una protesta en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, hace unos 20 días, la diputada de Morena les dijo que iba a cabildear con los diputados para reunir los cuatro votos que faltaban para conseguir la aprobación de la planilla que resultó del proceso de consulta que encabezó el Comité gestor.
Esto, porque de las dos planillas que han sido votadas, la que avala el comité gestor tuvo una votación más alta, pero aún insuficiente para su aprobación.
“Estamos pidiendo al Congreso que en estos días tengan la voluntad política de encabezar la administración del primer cabildo instituyente”.
Aclaró que, si esperan a la elección de 2024, para que el primer gobierno municipal electo tome protesta el 30 septiembre, no tendrá presupuesto en todo el año. El gobierno del estado tendría que regresar a la federación el presupuesto asignado a Las Vigas, sino está instituido el gobierno municipal.
Adelantó que el comité gestor fue citado el próximo lunes en el Congreso del estado, para conocer los avances en la negociación de la Jucopo. Incluso, señaló que les dijeron que el Congreso tiene hasta el 15 de mes para resolver la designación pendiente de  los municipios afromexicanos, Las Vigas y San Nicolás.

 

Inviable, construir una carretera principal en la Sierra, dice el secretario de Planeación

 

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El secretario de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero, René Vargas Pineda, advirtió que construir una carretera de 100 kilómetros en la Sierra se llevaría una buena parte del presupuesto del estado, “y dejaríamos de atender las otras necesidades de las otras regiones, lo que hace la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) es tratar de generar un equilibrio entre las regiones entre el nivel de población, conjugado también con el nivel de necesidades que tiene cada una de las regiones”.
En consulta luego de que inauguró la conferencia Pobreza Municipal, importancia del monitoreo y evaluación de las políticas públicas, ayer en el hotel Holiday Inn de esta ciudad, aceptó el planteamiento de que hay zonas a las que agentes del gobierno no pueden entrar, “pero los programas no paran, por ejemplo Sembrando Vida no para, y en la región de la Sierra es un programa importantísimo, y la derrama económica que deja es fundamental para que las familias puedan salir adelante, además está generando un tema de producción; la Sierra sitúa al estado de Guerrero en sexto lugar a nivel nacional en producción de aguacate”.
Se le comentó que los productores se quejan de que debido a la falta de caminos la fruta se echa a perder en el traslado. Expuso “el déficit histórico tiene que ver principalmente en infraestructura en caminos, educación y salud, ahora ya tenemos el diagnóstico y encontramos la falta de carreteras, pero en este año está invirtiendo el gobierno de la maestra Evelyn Salgado Pineda 191 millones de pesos en la región, pero no sólo en el tema carretero, sino en infraestructura de salud, de educación”.
Agregó que debido a la geografía de la zona se necesita una inversión millonaria, “que en este momento no tenemos, ahorita tenemos 3 mil 500 millones de pesos de gasto de inversión para infraestructura” para atender a todas las regiones.
Destacó que los municipios tienen que alinearse al Plan Nacional de Desarrollo, lo que les mandata que inviertan en la zona, “el Fondo de Infraestructura Social Municipal que es uno del Ramo 33, va a llegar a los 85 municipios, y es la principal fuente de financiamiento que tienen las presidentas y presidentes municipales, para la construcción de obra pública”, con un incremento del 18 por ciento respecto del 2022.
“Lo que debemos hacer es incluir, con toda la responsabilidad, a los 14 municipios (que conforman la región Sierra)”, dijo.
En cuanto a la propuesta de que se hagan nuevos municipios en la región, expuso que esa es una demanda de hace décadas, pero “la densidad poblacional de la región es de 8 habitantes por kilómetro cuadrado”.
–¿No es viable? –, se le preguntó.
–No estoy diciendo que no sea viable, porque hay polos, concentraciones poblacionales muy importantes como por ejemplo El Paraíso (en la sierra del municipio de Atoyac) otras más.
Sin embargo, agregó, “es un tema que primero tienen que definir todos los de la región Sierra, tiene que haber un proceso de discusión y de definición de los propios habitantes de la región”.
Ejemplificó con los procesos de los cuatro nuevos municipios, Ñuu Savi, San Nicolás, Santa Cruz y Las Vigas, “las propias comunidades se organizaron y solicitaron la creación de sus municipios y cumplieron todos los requisitos del Congreso del Estado, el tema de la población, etcétera”.
“El tema de la municipalización de la Sierra tiene que pasar por un análisis de los propios sierreños”.
En cuanto a los señalamientos del asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez de que en el plan de desarrollo para la Sierra del gobierno del estado no se plantea la pacificación, contestó:
“Hay un tema de pacificación de nuestra gobernadora y del gobierno federal, de pacificar a través de ir viendo la raíz de los problemas, por ejemplo la pobreza”.
Se le comentó que no se menciona en el documento aprobado este lunes, y expuso, “no es un documento que inventamos nosotros o que lo hicimos de escritorio, es producto de asociaciones, de autoridades de la Sierra, hicimos un foro y fui a reuniones a las localidades… si ellos consideran que hay algo más que agregar estamos abiertos para hacerlo”.
“Estamos convencidos de que el desarrollo tiene que venir de la opinión de la gente, si no, no vamos a poder generar programas, políticas públicas y acciones hacia el desarrollo”, agregó.
Afirmó que en presupuesto 2023, “vamos a encontrar muchas obras muy importantes de la región Sierra, puentes importantes que tenían más de 40 años pidiéndolos”.
Aún así, debido al “déficit histórico”, es insuficiente, por lo que tienen que intervenir los tres órdenes de gobierno, dijo.
Se le planteó que en documento parece que se le deja toda la carga financiera a los municipios, y respondió que no, “no es ese el sentido, aquí es el estado el que tiene que dirigir la política de desarrollo, pero en coordinación con los municipios”.
“Finalmente, los municipios son las autoridades más próximas de los habitantes de la Sierra, tenemos que meterlos, pero como responsabilidad y coordinación con el gobierno del estado”.
Respecto de las demandas de carreteras, una de las principales demandas de los vecinos de la Sierra, advirtió, “una carretera de 100 kilómetros nos llevaría una buena parte del presupuesto, y dejaríamos de atender las otras necesidades de las otras regiones, lo que hace la gobernadora es tratar de generar un equilibrio entre las regiones entre el nivel de población, conjugado también con el nivel de necesidades que tiene cada una de las regiones”.

 

Celebra Vidulfo Rosales que esté incluido en los nuevos libros de texto el caso Ayotzinapa

El abogado de los padres de familia de los 43 Normalistas de Ayotzinapa en entrevista en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado donde asistió al foro “Diálogo sobre la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos” Foto:?Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El abogado y asesor de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, celebró que su caso se haya incluido en los nuevos libros de texto.
El abogado fue entrevistado al respecto antes del encuentro Diálogo sobre la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que se realizó este miércoles con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
En los nuevos libros de texto se menciona que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “es uno de los más graves episodios violentos de la historia reciente de México, y un crimen de lesa humanidad en contra de estudiantes normalistas”.
El asesor de los padres de los 43 estudiantes dijo que tuvo conocimiento de que varias gentes cercanas a Morena tuvieron un debate previo, para que en los libros de texto se incluyera el caso Ayotzinapa, como parte de la historia contemporánea del país.
“A mí me parece relevante. Yo creo que es un hecho que conmovió al país, es un hecho de la historia que implicó una eclosión social en la última recta histórica de nuestro país y creo que las nuevas generaciones tienen que conocerlo. Los niños tienen que saber que un hecho ominoso de esa naturaleza ocurrió para que no se vuelva a repetir”, dijo.
Explicó que el caso Ayotzinapa debe quedar registrado en la historia de nuestro país como un hecho que no debe acontecer, que todos debemos reprobar y reclamar su esclarecimiento y justicia.
En los libros de texto se menciona que distintas investigaciones concluyen que “en esos camiones (que retuvieron los normalistas) había heroína con valor de 2 millones de dólares, que traficaba el cartel que controlaba Iguala”.
El abogado aclaró que no se confunda el señalamiento de la droga que según versiones había en uno de los camiones, y que los estudiantes los tomaron sin saber que venía en uno de los autobuses y que eso habría sido el motivo de una reacción tan violenta contra ellos.
“Esa es una hipótesis que se plantea y uno de los móviles que se sigue. El GIEI ha esbozado respecto de lo que habría motivado la agresión a los estudiantes”.
Sin embargo, explicó que sólo son hipótesis y que es una de las cuestiones que no se han podido esclarecer al día de hoy, “no hay un móvil claro, son hipótesis planteadas como móvil del crimen”, explicó.
Agregó que los padres de familia tienen esperanzas de que el caso se esclarezca “lucharemos en todo momento para que ello acontezca”, pero añadió que al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya le queda muy poco tiempo “y veo difícil que en los próximos días pueda haber un derrotero distinto del caso”.
Indicó que el mismo presidente de la República se ha entrampado con lo que tiene que ver con el Ejército mexicano, que es una institución hermética, pero a la vez con mucho poder y que tiene todo el respaldo del presidente.
Añadió que seguramente por ello no se hará más “porque no vemos que el presidente esté dispuesto a tensar más las cosas con las fuerzas armadas”.
Dijo que el hecho de que se solicite información sensible y relevante para ubicar el paradero de los jóvenes que está en manos del Ejército va a implicar una tensión fuerte del presidente de la República con el Ejército “y creo que no está hoy en día en su espectro político tensarse con las fuerzas armadas”.
Por ello, declaró que los padres creen que finalmente se va a venir sacrificando el tema del esclarecimiento de los hechos del caso Ayotzinapa por su relación política con el Ejército.
Sin embargo, advirtió que los padres de los 43 no van a quitar el dedo del renglón y van a seguir exigiendo y pidiendo el pleno esclarecimiento de estos hechos y que haya justicia.
Añadió que es obligación del gobierno mexicano esclarecer el caso Ayotzinapa y que quien quede como presidente de la República en el próximo sexenio tendrá la obligación de esclarecer de manera plena los hechos “y en su momento nos tendremos que acercar con quien vaya a quedar como responsable del poder Ejecutivo para pedir compromisos claros y pleno esclarecimiento de los hechos”.
Informó que después del informe el GIEI, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos fijaron su posición de que ya no se van a reunir con ninguna otra autoridad hasta que no se tenga una reunión con el presidente de la República, “porque el tema que vamos a abordar hoy en día con el gobierno es la información en poder del Ejército mexicano, que es información relevante que puede ayudar al esclarecimiento del caso y esa información que está en poder del Ejército, solamente lo podemos dialogar con el jefe supremo de las fuerzas armadas que es el presidente.
“Por lo pronto no vamos a dialogar con nadie más y no vamos a tener respuesta de nadie más”.
Informó que desde que rindió su informe el GIEI solicitaron una reunión con el presidente de la República, López Obrador, pero que todavía no reciben respuesta y que sólo en una conferencia mañanera el presidente dijo que él no se va a reunir con los padres hasta que haya información relevante, “y como no hay información relevante, quién sabe cuándo nos reciba”.

 

El Estado debe recuperar los núcleos agrarios tomados por el crimen, dice Arturo García

Ramón Gracida Gómez

El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, dijo que el Estado debe usar todo su poder para recuperar los núcleos agrarios controlados por el crimen organizado, lo que dio a conocer en entrevista con El Sur el procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón.
Vía telefónica, expuso que es importante que las comunidades se empoderen poco a poco con los programas sociales y sus integrantes participen en las decisiones, pero también que las autoridades garanticen el libre tránsito con la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército.
Dijo que “es interesante que un funcionario de alto nivel haga declaraciones de lo que ha sido un secreto a voces. Quizás se quedó corto en los datos”, pero coincidió en que hay núcleos agrarios donde las asambleas no funcionan, los comisariados son impuestos o simplemente no existe tal figura, todo esto por el “abandono de los territorios por parte de los tres órdenes de gobierno. Entonces, los habitantes no tienen otro referente, no tienen otros interlocutores”.
Indicó que es en la Montaña, en los municipios Joaquín Herrera, Ahuacuotzingo y Chilapa; la parte alta de Costa Grande, como en Petatlán y gran parte de Tierra Caliente, donde no se puede transitar y las personas no pueden salir de sus comunidades, ni para recoger su fertilizante.
Señaló que los gobiernos estatal y municipales no quieren entrarle al tema de recuperación del territorio, que apenas el gobierno federal le está poniendo atención, porque antes, al presidente Andrés Manuel López Obrador, “no le llegaba la información como tenía que ser”.
Para el asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, el gobierno federal tendría que usar “todo el poder del Estado, que no es sólo Guardia Nacional y Ejército, sino recargar los diversos programas de gobierno, pero empoderando a las comunidades”.
Además, dijo que la Guardia Nacional, que “no la vemos activa”, y el Ejército deben garantizar el libre tránsito en esos territorios, “no estoy hablando de represión, de guerra, de enfrentamiento, estoy hablando de empoderamiento de las comunidades”, puntualizó.
Entonces, expuso: “Si nosotros vamos logrando que poco a poco las comunidades se empoderen, que la asamblea se convierta en el mecanismo de gobernanza permanente, que las comunidades tomen decisiones, que las comunidades programen sus obras para el corto, mediano y largo plazo, yo considero que es la manera de cómo ir logrando una cultura de paz, pacificando las regiones hoy controladas por la delincuencia organizada”.
Sin embargo, señaló que los cuatro grandes programas, que son Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes y Precios de Garantía, presentan problemas, por lo que se deben de replantear. Por ejemplo, el fertilizante consiste en miles de “toneladas de productos químicos tóxicos”, por lo que hay que disminuir su uso.
De Sembrando Vida dijo que en Guerrero son menos de 50 mil los beneficiarios, cuando hay un promedio de 350 mil familias del campo, o sea, el 10 por ciento de la población rural; además, no hubo una planificación de la comercialización, entonces necesitan asesoría para colocar sus productos en los mercados.
La Producción para el Bienestar es un programa que da en promedio 6 mil pesos al año a cada productor que siembra maíz, café, miel, arroz y frijol, cantidad que “no se desprecia, pero no puede ser sólo eso el apoyo para reactivar el campo”, que mejor sería un esquema de crédito blando para garantizar la producción.
Del programa Precios de Garantía dijo que “ya vimos que no garantiza el incremento de los precios como se pensó, porque ese pacto no llega ni al 3 por ciento del maíz del estado y, además, no se paga a tiempo y se abren los centros de acopio tarde”.
García Jiménez aseveró que en el campo no existe rentabilidad, “la gente siembra maíz porque no tiene liquidez para comprar, pero sí tiene un pedazo de tierra y tiene manos”, por eso cuestionó la reducción de la pobreza dada a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la semana pasada.
Un nuevo agrarismo, expuso, debe reconstruir las instituciones en las que “ha predominado el burocratismo y la corrupción, la falta de presupuesto ”, además de crear una nueva ley agraria y promoveer un ejido integral y de un segundo piso, es decir, “crear cooperativas, asociatividad de los campesinos productores, para que concurran a proyectos de otro nivel”, y habló de maquinaria para el maíz y el café.

“No les vamos a pedir permiso” para ejercer la justicia comunitaria, responde la CRAC

El abogado y ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano; los coordinadores de la Casa da Justicia de Las Juntas Caxitepec, en el municipio de Malinaltepec, Jesús Cesáreo; de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús; y de Espino Blanco, Martín Rosales; el abogado Vidulfo Rosales y los asesores Uriel Leal y Fernando Xochihua en la conferencia de prensa para fijar posición de la CRAC ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la consulta sobre derechos indígenas que hizo el Congreso Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), defenderá su sistema de justicia comunitario de gobiernos e instituciones con modelos occidentales, advirtieron coordinadores de cuatro Casas de Justicia y sus asesores jurídicos, y condenaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahaya avalado una consulta del Congreso sobre los derechos indígenas que fue “un simulacro” y “una simulación”.
En conferencia de prensa en la que fijaron su postura con respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 133/2022 que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijeron que ésta avaló .
En esta resolución que aprobó por unanimidad el martes la SCJN, se avaló la consulta organizada por el Congreso local y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que esté aprobó en mayo del 2022, y en las que se desconoce el Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC que se había reconocido en la citada ley aprobada en el 2011.
“No serán esos gobiernos e instituciones quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”, expusieron los coordinadores de la CRAC en una postura por escrito.
En su fallo, la Suprema Corte avaló que el Congreso del Estado de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, de diálogo, deliberación y decisiva que se deben cumplir en las consultas a los pueblos indígenas.
Además, avaló que la consulta fue libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, lo que fue rechazado ayer por las autoridades comunitarias y sus asesores jurídicos.
“Los pueblos indígenas y afromexicanos condenamos la resolución de la SCJN ya que es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros”, reprocharon en su escrito.
La respuesta de la CRAC fue respaldada por los coordinadores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Las Juntas Caxitepec, así como por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), y los asesores jurídicos de la institución comunitaria Uriel Leal Ramírez, Rubén Cayetano García y Fernando Xochihua San Martín.
En su opinión planteada en el escrito “los ministros no tomaron en cuenta las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos, y reprocharon que “tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta”.
Criticaron que no fue analizada de oficio por la SCJN, la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales, la Constitución Política y el principio de progresividad que obliga a las autoridades a no abrogar derechos ya reconocidos como es el caso de la Ley 701.
Señalaron que la SCJN “pisoteó” a los pueblos indígenas y afromexicanos desconociendo sus derechos, “cual fiel capataz de las élites económicas y políticas, da continuidad a la opresión y discriminación de nuestros pueblos y nos condena a seguir siendo vasallos de los ladinos y mestizos, ciudadanos de tercera, sobreviviendo en la pobreza extrema y exclusión social”.
Expusieron: “A los diputados de Guerrero, a los ministros y a los gobiernos neocoloniales les decimos: los pueblos indígenas hemos resistido por más de 500 años, somos herederos de grandes civilizaciones y formamos parte de este país, contribuimos a la conformación y consolidación del estado democrático, por lo tanto, no son los gobiernos e instituciones con modelos occidentales quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”.
Advirtieron: “Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígena y Afromexicano”.

La Corte no veló por los derechos indígenas: Vidulfo

El abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra condenó la resolución de la SCJN. Dijo que pensaron que podría ser un ente judicial que podría acotar los abusos que cometió el Congreso del estado, al desmantelar los derechos de los indígenas que ya habían ganado a nivel nacional con la ley 701.
Explicó que después de que el PRI “dilapidó” los derechos con su reforma en el 2018 pensaron que
Morena con mayoría en el Congreso recogería la demanda histórica de los pueblos indígenas, “pero, al contrario, la vino a desmantelar totalmente”.
Añadió que es lamentable que la SCJN no haya verificado si en verdad cumplieron los diputados con los requisitos que ella misma fijó en su invalidación de las reformas aprobadas por la anterior legislatura, pues “solamente recibió los documentos y en base a ellos emitió su fallo”.
El abogado opinó que la SCJN comete un gran error al darle la espalda a los pueblos indígenas, pues dijo que no analizó el principio de progresividad que indica que si hay un reconocimiento de derechos ya no se puede retrotraer en éstos, es decir, no se pueden desconocer derechos ya reconocidos.
“En este caso ya teníamos la ley 701 que el propio Congreso local aprobó en el 2011 y en la que se reconoce a la CRAC como un ente facultado para administrar, procurar justicia y realizar tareas de reeducación de las personas detenidas y bajo el principio de progresividad el Congreso ya no podía ir hacia atrás”.
El abogado señaló que “hoy se acuerpan el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial federal en contra de los indígenas porque éstos no forman parte de las elites políticas del país. Como somos indígenas y campesinos no somos contrapeso a sus intereses”.
El coordinador de la Casa de Justicia de Las Juntas de Caxitepec, Jesús Cesáreo Sánchez, dijo que la Suprema Corte avaló una consulta que fue falsa y “un simulacro”, porque no fue una consulta real. La SCJN sólo aprobó lo que el Congreso le envió, pero lo hicieron desde sus escritorios”, cuestionó.
El abogado Uriel Leal Ramírez, insistió que la consulta avalada por la SCJN no reunió los parámetros mínimos que establece la Constitución Política en su artículo segundo, ni los tratados internacionales, entre ellos el convenio 169.
Otro de los asesores de las CRAC, Rubén Cayetano García, argumentó que la SCJN hace mucho que dejó de ser un Tribunal de Control Constitucional en México, “ahora es una instancia de resolución por consigna política y tendenciosa hacia intereses de poderes locales y poderes fácticos, alejándose de los más altos principios de la justicia”.
Añadió que el alto tribunal “sigue haciendo de las suyas y que ahora avala en esta resolución flagrantes violaciones cometidas por el Congreso de Guerrero, instancia legislativa que simuló una consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que incumplieron las fases preconsultiva, informativa, de deliberación interna, de diálogo y de decisión”.
Reclamó que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada morenista Yoloczin Do-mínguez Serna celebre la resolución, “pero antes de celebrar debiera preguntarse a quién le favorece esta resolución: ¿al Poder Legislativo local o al pueblo? Porque un representante popular no debe congraciarse con actos que traicionan a sus representados, a menos que por ser plurinominal diga que no la eligió el pueblo y no le debe nada al pueblo”.
El abogado criticó: “Esta resolución es una traición a nuestros hermanos indígenas y afromexicanos guerrerenses, especialmente de la Costa-Montaña, de parte de la SCJN y la actual LXIII Legislatura al Congreso de Guerrero, cuyos procedimientos afectan sus usos y costumbres y les impone un retroceso a sus derechos consuetudinarios que ya habían conquistado”.

 

No tiene Zeferino autoridad moral para juzgar a Evelyn, dice Marcos Matías

Luis Daniel Nava

Chilapa

El ex gobernador Zeferino Torreblanca no tiene autoridad moral para juzgar el ejercicio del actual gobierno, pues su administración está manchada por los asesinatos de los dirigentes Raúl Lucas y Manuel Ponce, así como del diputado Armando Chavarría, señaló Marcos Matías Alonso.
Diputado federal de 2006 a 2009; antes funcionario en el gobierno de Vicente Fox y ahora asesor del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, salió a la defensa del gobierno de Evelyn Salgado Pineda ante los señalamientos de Torreblanca.
El ex mandatario opinó, el viernes en Acapulco, que Evelyn Salgado es incapaz de gobernar y que su padre, el senador Félix Salgado, es quien ejerce el poder Ejecutivo.
Este domingo al concluir una asamblea distrital de Morena, Marcos Matías dijo que “Zeferino Torreblanca no tiene la autoridad moral de hacer ese tipo de adjetivaciones o juzgar el ejercicio de gobierno que se está desempeñando en el estado. Es un busca pleito de esquina, que quiere llamar la atención, tiene que darse cuenta que su gobierno ya pasó”.
Mencionó tres crímenes ocurridos en 2009, en el periodo del también ex alcalde de Acapulco. “Fue un gobierno tormentoso, quiero dar dos ejemplos, en los que seguimos exigiendo la aplicación de la justicia”.
Prosiguió: “Los compañeros de Costa Chica, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, de Ayutla, que sufrieron desaparición forzada el 13 de febrero de 2009, y ocho días después fueron asesinados. Esto en el gobierno de Zeferino Torreblanca”.
Otro ejemplo, agregó, fue el 20 de agosto de 2009. “Cayó cobardemente asesinado Armando Chavarría Barrera, presidente del Congreso del Estado. Publiqué un libro con todas las evidencias y causales del asesinato que responsabilizan a Zeferino Torreblanca, en ese tiempo gobernador”. El libro se llama Homenaje póstumo, Armando Chavarría Barrera, voces de dolor, valentía e indignación.
Agregó que la esposa del finado político, Martha Obezo, lleva años exigiendo justicia en tribunales nacionales e internacionales, pero el crimen sigue impune. “Son ejemplos de cómo quedó manchado su gobierno”.
En referencia al gobierno de Evelyn Salgado, dijo que está dando la batalla y que no es el momento de juzgar algo que está iniciando.
“En ese aspecto, soy un observador, Guerrero batalla, como otros estados por la insuficiencia de recursos financieros, pero se ha avanzado”.
Con el ánimo de ilustrar, el ex diputado federal puso como ejemplo dos obras, pero del gobierno federal: la conclusión del hospital general de Chilapa y el anuncio de la construcción de caminos artesanales, que el presidente López Obrador dio en Chilapa, el pasado 21 de octubre.

 

Da su respaldo a Adela y los candidatos de Morena alto funcionario de Evodio

En presencia de candidatos de Morena, el coordinador de asesores del Ayuntamiento del gobierno de Evodio Velázquez Aguirre, Giovanni Manrique Pastor, dio su respaldo a la candidata a alcaldesa de la coalición Juntos Haremos Historia, Adela Román Ocampo, y a todos los aspirantes de este partido.
Giovanni Manrique, quien también es suplente de Evodio Velázquez, está identificado como cercano al ex gobernador interino Rogelio Ortega Martínez. Dijo que militó 19 años en el PRD y que se suma a Morena por convicción, en fidelidad a sus ideales de izquierda.
Acompañado por la candidata a alcaldesa de Acapulco de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES), Adela Román; el candidato a senador Félix Salgado Macedonio; las candidatas a diputadas federales, Abelina López Rodríguez y Rosario Merlín García; las candidatas a diputadas locales Yolotzin Domínguez Serna y Mariana García Guillén; los candidatos a regidores Ilich Lozano Herrera y Manuel Cortés Avilés, Manrique Pastor dijo que respalda a los candidatos de Morena.
El coordinador de asesores del Ayuntamiento llamó a los perredistas a dar uso inteligente y racional del voto, porque la competencia es entre Morena y el PRI. Pidió un voto útil para Morena en Acapulco y evitar que el PRI vuelva a gobernarlo, “y tengamos la primera presidenta municipal”.
En su intervención, Román Ocampo también llamó al voto útil y de convicción, pues “no podemos permitir que regrese la reacción, la derecha, gobiernos priistas sin compromiso, que también le han fallado a sus propios compañeros de partido”.
En su intervención, Félix Salgado dio la bienvenida a Manrique Pastor: “Me da mucho gusto estar aquí, en este evento importante e histórico, donde un joven político, estudioso de la ciencia política, que sabe y conoce de la política. El compañero Giovanni Manrique se suma a este proyecto para hacer historia juntos. Nos hacías falta Giovanni”.
Adela Román pidió al ex gobernador y actual candidato a alcalde de Acapulco por el PT, Zeferino Torreblanca Galindo, “que se sume a la izquierda de Guerrero y en Acapulco”.
“Él tiene un capital valioso, tiene un capital importante y así como fuimos generosos con él, le pido reciprocidad, amor con amor se paga, hoy no podemos regatear el voto a la izquierda. Necesitamos a todos aquellos que tenemos sueños de libertad, de democracia, anhelos de transformación, sobre todo en Guerrero que es uno de los estados más atrasados de la República, necesitamos la suma de todas las conciencias para logar el triunfo contundente este 1 de julio”.
Román Ocampo recordó que Zeferino Torreblanca “fue cobijado por la izquierda en Guerrero, lo hicimos diputado federal, lo hicimos presidente municipal, lo hicimos gobernador, fuimos generosos con él”.
En conferencia de prensa en un restaurante Sanborns, Román Ocampo agradeció el respaldo de Manrique Pastor y reiteró que va bien en las encuestas de preferencia electoral. “Hemos crecido mucho porque empezamos de la nada, estuve muchos años fuera del ámbito político partidista y cuando inicio en la precampaña y luego en la campaña formal, crecimos de manera extraordinaria y hoy puedo decirte que vamos arriba en las encuestas”, asseguró.
Los candidatos invitaron a los ciudadanos a asistir al cierre de campaña de López Obrador, el lunes 25 en el Zócalo.
En la conferencia también estuvieron el coordinar de campaña Eloy Cisneros y el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal Marcial Rodríguez Saldaña.