Señala el abogado de Tlachinollan la falta de avances de la FGE en el caso del vocero del Cecop

Ramón Gracida Gómez

Desde hace un mes testigos del asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, aportaron datos a la Fiscalía General del Estado (FGE), hay “varias” líneas de investigación, pero no se tienen avances, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz.
Consultado ayer después de su participación en el aniversario del Cecop en la que hizo mención de este problema, el abogado de Tlachinollan señaló que “primero la Fiscalía decía que no tenía pues como la entrevista por parte de la esposa y demás testigos, ya se hicieron las entrevistas, ya se aportó esa información a la Fiscalía”.
No obstante, “a pesar de haber aportado todos esos datos, no tenemos todavía avances, no sabemos de los responsables, no sabemos quiénes son, cómo fueron, cuál fue el móvil, no se tiene”.
En el embarcadero de El Fraile, Tlachinollan pidió que la FGE haga su trabajo, “ya tiene la información, ya tiene lo que necesitaba por parte de la familia, ahora le corresponde a la Fiscalía poder agotar los medios de investigación establecidos”.
Téliz informó que hace aproximadamente un mes se llevó a cabo la entrevista de la familia y precisó que en la carpeta de investigación “no existen cámaras o videos sobre el móvil del asesinato, cómo fue realmente la escena del crimen, lógicamente ya se aportó la información de cómo sucedió, pero esos datos son los que hacen falta”.
De la falta de investigaciones de la FGE se intuye que “no quieren accionar sobre las personas responsables, no sabemos ahí cómo sea esta situación, sabemos que es un tema delicado, pero nosotros como Centro de Derechos Humanos, la familia, exigimos que se haga la investigación”.
Se le mencionó el comunicado de Tlachinollan y más de 100 organizaciones emitido un día después del atentado el 18 de abril en el que se afirma que las autoridades tienen un mapeo de los grupos delictivos “y no hacen nada para desmantelarlos. No es casual que el grupo delictivo que desapareció a Vicente Iván Suástegui Muñoz sea el mismo que lo agredió”.
El abogado señaló que las investigaciones no sólo deben tomar en cuenta “esa línea de investigación, sino también su actuar como defensor de derechos humanos, hay varias líneas de investigación, lógicamente la familia ha aportado en todas estas líneas información y ya será la propia Fiscalía quien nos dé la información correspondiente”.
A dos meses del crimen en junio pasado, Tlachinollan, familiares de Suástegui Muñoz y el Cecop pidieron que la investigación del asesinato fuera atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) “ante la manifiesta dilación de las autoridades de Guerrero”.

Aceptan acusadores de Arturo Campos en su careo que no lo conocen y que no les ha pedido dinero

En el careo del consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera con sus acusadores por el delito de secuestro, éstos aceptaron no conocerlo y negaron que les haya pedido dinero para que los liberara, por lo que hay elementos para que se le dicte libertad, dijo su abogado Rogelio Téliz.
El careo fue la mañana de ayer en el Juzgado de Primera Instancia, adonde comparecieron cinco acusadores para el careo de la causa penal 196-2013, y por lo cual trasladaron a Arturo Campos del penal de Ayutla, donde está preso, al de Atlamajac, municipio de Tlapa.
Entre los comparecientes estuvieron tres denunciantes y dos agraviados que ratificaron sus declaraciones, en las que no mencionan a Arturo Campos por el delito de secuestro.
La primera en declarar fue Petra Pérez Hernández, madre de la menor Dulce Rubí Burgos Pérez, quien fue detenida por la Policía Comunitaria a petición de sus padres, según la CRAC-PC de Olinalá, pero los familiares lo negaron, y acusaron a Nestora Salgado García de secuestro en la misma causa penal.
Petra Pérez le dijo a Arturo Campos que, “fue cómplice de esa mujer enferma… realmente a mí no me pidió nada de dinero… pero creo que es como el dicho, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”.
Arturo Campos respondió que la hija de Petra Pérez fue detenida por la Policía Comunitaria de su comunidad por alguna falta, que los vecinos aceptaron ese sistema comunitario y, por ello, no consideraba que se tratara de secuestro; dijo que él sólo era consejero y le pidió que le dijera si él le había pedido dinero, a lo que la mujer respondió que no.
A los agraviados y denunciantes se les preguntó qué entendían por secuestro, y todos dijeron que es cuando privan de la libertad a alguien contra su voluntad, sin agregarle que esto es a cambio de dinero, por lo que el concepto se quedó a medias.
Se contrastaron sus comentarios en visitas a familiares en la Casa de Justicia de El Paraíso, donde los detenidos estaban custodiados por policías comunitarios uniformados; Petra Pérez dijo que, “había un grupo de pistoleros apuntándote con sus armas”.
Siguió el padre de Dulce Rubí, quien declaró que le pidieron 5 mil pesos, y que la voz era de Nestora Salgado, pero no mencionó a Arturo Campos, “al señor no lo conocí, sólo vi a dos personas las dos veces que fui; no me acuerdo de él”. Arturo Campos también dijo que esa era la primera vez que veía al declarante.
Siguió la señora Antonia Salmerón, madre de Pedro Salmerón, quien dijo que llegó a ver algunas veces a Arturo Campos, “no tengo nada en contra de usted, ni me hizo nada, no lo conozco y a mí no me pidieron nada de dinero”, dijo.
En el mismo sentido declararon Alejandro Nájera Nájera y Javier Rodríguez Ortega, retenidos por la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, quienes dijeron que era la primera vez que veían a Campos Herrera y no tenían nada que decirle, ya que no estuvo cuando fueron detenidos ni liberados por el Ejército, que irrumpió en la Casa de Justicia de El Paraíso.
El abogado Rogelio Téliz dijo que los careos con los agraviados han demostrado que no hay delito de secuestro, porque todos han negado conocer a Campos Herrera y que les haya pedido dinero para liberarlos, a ellos o a sus familiares; además de que los detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso reconocen que fueron retenidos por policías comunitarios uniformados, tanto en Olinalá como en Huamuxtitlán, “eso no es secuestro, la CRAC está reconocida en la ley 701 e instrumentos internacionales”, precisó el abogado.
Dijo que los agraviados fueron retenidos por diversas faltas administrativas del reglamento de la CRAC-PC que funcionaba en sus comunidades, y no son secuestradores, como pretendió acusarlos el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, igual que a Nestora Salgado y a Gonzalo Molina, entre otros policías comunitarios.
El abogado consideró que hay elementos para que el juez dicte auto de libertad a Arturo Campos, ante todas las pruebas aportadas, y porque con las declaraciones de los agraviados y denunciantes, el delito de secuestro se desvanece al no reconocer al inculpado estando frente a frente, “es un asunto del gobierno por mantenerlo encerrado sólo por organizarse para dar seguridad a su pueblo”, dijo.
Al concluir el careo, Arturo Campos reiteró estar orgulloso de pertenecer a la CRAC-PC y de organizarse para combatir la inseguridad, que avanza sin que el gobierno haga nada para frenarla.
A quienes confían en él les dijo que se va a demostrar que es inocente y que están del lado del pueblo, y que los luchadores sociales o quien se organiza siempre van a la cárcel, mientras los delincuentes son diputados o gobernadores.
Agregó que al salir seguirá en su comunidad apoyando a la gente.

Ampara la Ley 701 al comunitario Samuel Ramírez, destaca su abogado en la última audiencia del caso

Este lunes fue la última audiencia de vista en el juzgado Séptimo de Distrito para resolver la causa penal 61/2013 por portación de arma sin licencia que mantiene en la cárcel desde hace más de tres años al policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez.
El abogado Rogelio Téliz García argumentó durante la audiencia que el arma que portaba el detenido es propiedad de la comunidad que lo designó policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con fundamento en la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Agregó que su actuación se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La audiencia para desahogar el caso estaba programada para las 11 de la mañana pero a esa hora personal del juzgado informó a la defensa que se aplazaría porque no pudo ser notificada la solicitud para el perito traductor debido a que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado se encuentra cerrada por manifestantes, lo que generó un retraso hasta las 12:30.
El abogado Téliz García solicitó la autorización de un traductor externo y al final la audiencia se pudo llevar a cabo.
Sería sólo para la ratificación de las conclusiones de inculpabilidad a favor de Samuel Ramírez que fueron presentadas el 8 de diciembre del año pasado en las que él y sus compañeros policías comunitarios, Catalino Maldonado Mendoza, Santiago de Jesús Gálvez y Jorge Ortega García expusieron por qué estaban armados el día que fueron detenidos.
Ramírez Gálvez fue detenido el 6 de octubre del 2013 junto con 13 policías comunitarios de Zitlaltepec. De ellos 7 obtuvieron su libertad absoluta y cinco fueron consignados. Sin embargo cuatro obtuvieron su libertad bajo fianza y solamente Samuel Ramírez fue consignado y sigue preso.
En la última audiencia para desahogar el proceso y que determinará la sentencia que se emitirá, el abogado Téliz García solicitó que sean tomadas en consideración por la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales “el criterio nuestro que debe ser absolutoria la sentencia”.
El abogado expuso que la defensa ha demostrado que Samuel Ramírez pertenece a una institución comunitaria amparada en la Ley 701, y que el delito que presuntamente cometió y que se le imputa (portación de arma) no lo cometió porque fue electo policía comunitario por el pueblo y pertenece a la Casa de Justicia de Zitlaltepec.
Incluso, explicó que el arma por la que fue sujeto a proceso pertenece a la comunidad, “razón por la cual debe quedar eximido de responsabilidad, porque simplemente realizaba un servicio comunitario y en términos del artículo 2 de la Constitución Federal y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas las comunidades tienen en todo momento el derecho de decidir de manera libre con base a sus usos y costumbres la forma de organizarse, cuidarse y convivir como pueblos indígenas”.
Tras la audiencia de ayer la jueza tendrá que resolver la sentencia a más tardar en tres meses, y con ella también se resolverá la situación jurídica de los otros cuatro policías comunitarios que fueron liberados bajo fianza, informó.
En este juzgado estaba programada una audiencia para resolver la causa penal 59/2013 que se le sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, sin embargo la audiencia se aplazó debido a que el juzgado no pudo solicitar un traductor.
El abogado de Gonzalo Molina, Hegel Mariano González informó que entre ayer y hoy miércoles el juez determinaría una nueva fecha para la comparecencia.

Difieren el careo de Arturo Campos porque las autoridades no lo trasladaron a Tlapa

 

El careo procesal del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera, fue diferido porque el subdirector operativo de Seguridad, Custodia y Traslado de Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado no acató la solicitud hecha el 7 de septiembre, de trasladarlo al penal de Atlamajac en esta ciudad.
Campos Herrera está acusado de secuestro agravado en la causa penal 196/2013-I en agravio de Víctor Cid Cisneros y otros, que son cerca de 20 personas, de las cuales sólo acudieron tres que quedaron apercibidos que de no presentarse al careo el 7 de diciembre a las 10 de la mañana, serían presentados por la fuerza pública.
Campos Herrera se encuentra recluido en la cárcel de Ayutla que depende del juzgado Mixto del centro penitenciario de Allende, su defensa solicitó su traslado al penal de Atlamajac para el desahogo de las diligencias sin que el subdirector operativo de Seguridad y Custodia y Traslado de Internos cumpliera, como se lo ordenó un juez.
También pide a la Dirección General de Seguridad que acate el mandato o de lo contrario se le pondrá una multa de 20 días de salario mínimo.
Acudieron a la diligencia en el juzgado segundo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Morelos tres abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, a cargo de Rogelio Téliz, quien consultado en el penal dijo que la responsabilidad de que no se hiciera el proceso, fue el director de Traslados que no acató la orden del traslado de la que estaba enterado hace más de un mes y medio.
Agregó que se entorpece el proceso jurídico a Campos Herrera con la intención de que no recupere su libertad, porque hay elementos suficientes para hacerlo.
Dijo que no es la primera vez que se difiere una audiencia, el 13 de octubre en Acapulco el Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala Penal no se presentó, y eso fue una forma de retrasar la justicia y ahora “se entorpece el desahogo de tres agraviados que estuvieron presentes y parece que el Estado entorpece las cosas”, dijo
Agregó que acudieron tres de los 23 agraviados que fueron citados a comparecer y que también se retiraron molestos por la suspensión.
Exhortó a las autoridades a que garanticen el traslado de Campos Herrera para que continúe el proceso
Vía telefónica Arturo Campos consideró que el que no los trasladaran a esta ciudad fue debido a un asunto político del gobierno, que lo quiere mantener en la cárcel, pues tiene todo en sus manos para agilizar los trámites y no lo hace pese a que está informado formalmente mediante oficio y por un juez.
Dijo que en donde está escucha que la gente se sigue organizando y eso está bien para seguir combatiendo la inseguridad que según el gobierno ataca, pero hay muertos constantemente en Acapulco, Chilpancingo y el estado en general.
Remarcó que en los territorios donde está la Policía Comunitaria la delincuencia es menor, no ha entrado, que esa organización es más eficiente porque emana del pueblo, de los saberes de los ancianos, de los sabios y que está comprobado que es más eficiente aunque no le guste al gobierno.
Agregó que está sustentada en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, la Constitución y en la Ley 701 del estado de Guerrero.
De su salud dijo que se encuentra bien.