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Ampara la Ley 701 al comunitario Samuel Ramírez, destaca su abogado en la última audiencia del caso

Este lunes fue la última audiencia de vista en el juzgado Séptimo de Distrito para resolver la causa penal 61/2013 por portación de arma sin licencia que mantiene en la cárcel desde hace más de tres años al policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez.
El abogado Rogelio Téliz García argumentó durante la audiencia que el arma que portaba el detenido es propiedad de la comunidad que lo designó policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con fundamento en la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Agregó que su actuación se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La audiencia para desahogar el caso estaba programada para las 11 de la mañana pero a esa hora personal del juzgado informó a la defensa que se aplazaría porque no pudo ser notificada la solicitud para el perito traductor debido a que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado se encuentra cerrada por manifestantes, lo que generó un retraso hasta las 12:30.
El abogado Téliz García solicitó la autorización de un traductor externo y al final la audiencia se pudo llevar a cabo.
Sería sólo para la ratificación de las conclusiones de inculpabilidad a favor de Samuel Ramírez que fueron presentadas el 8 de diciembre del año pasado en las que él y sus compañeros policías comunitarios, Catalino Maldonado Mendoza, Santiago de Jesús Gálvez y Jorge Ortega García expusieron por qué estaban armados el día que fueron detenidos.
Ramírez Gálvez fue detenido el 6 de octubre del 2013 junto con 13 policías comunitarios de Zitlaltepec. De ellos 7 obtuvieron su libertad absoluta y cinco fueron consignados. Sin embargo cuatro obtuvieron su libertad bajo fianza y solamente Samuel Ramírez fue consignado y sigue preso.
En la última audiencia para desahogar el proceso y que determinará la sentencia que se emitirá, el abogado Téliz García solicitó que sean tomadas en consideración por la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales “el criterio nuestro que debe ser absolutoria la sentencia”.
El abogado expuso que la defensa ha demostrado que Samuel Ramírez pertenece a una institución comunitaria amparada en la Ley 701, y que el delito que presuntamente cometió y que se le imputa (portación de arma) no lo cometió porque fue electo policía comunitario por el pueblo y pertenece a la Casa de Justicia de Zitlaltepec.
Incluso, explicó que el arma por la que fue sujeto a proceso pertenece a la comunidad, “razón por la cual debe quedar eximido de responsabilidad, porque simplemente realizaba un servicio comunitario y en términos del artículo 2 de la Constitución Federal y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas las comunidades tienen en todo momento el derecho de decidir de manera libre con base a sus usos y costumbres la forma de organizarse, cuidarse y convivir como pueblos indígenas”.
Tras la audiencia de ayer la jueza tendrá que resolver la sentencia a más tardar en tres meses, y con ella también se resolverá la situación jurídica de los otros cuatro policías comunitarios que fueron liberados bajo fianza, informó.
En este juzgado estaba programada una audiencia para resolver la causa penal 59/2013 que se le sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, sin embargo la audiencia se aplazó debido a que el juzgado no pudo solicitar un traductor.
El abogado de Gonzalo Molina, Hegel Mariano González informó que entre ayer y hoy miércoles el juez determinaría una nueva fecha para la comparecencia.

La liberación de Nestora es parte de la lucha por los comunitarios presos, dice antropóloga

 

La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y perito de la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Rosalva Aida Hernández Castillo confió en que la libertad de la luchadora social es una parte de la lucha por la libertad de otros siete integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), recluidos en Guerrero.
Explicó que el peritaje en el que ella participó, planteó que las acciones de Nestora Salgado ?por las cuales fue acusada de distintos delitos?, se encuentran en el marco del reconocimiento de la justicia indígena.
En general, explicó que en el peritaje denunció que hay una perspectiva, “bastante existencialista y limitada de lo que es indígena; mi peritaje consistió en explicar el concepto, lo qué es la justicia indígena y el marco legal local, nacional e internacional que la ampara”.
En el documento, dijo, explicaron a jueces porqué “todas las acciones de Nestora, como autoridad de la CRAC, estaban reconocidas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, y en el artículo segundo Constitucional”.
Sin embargo, señaló que ahora (en el Poder Judicial) predomina una visión heredada de la antropología clásica de lo que implica ser indígena (lengua, cultura, sistemas normativos, entre otros), pero “las identidades culturales son identidades históricas, cambiantes”.
En el documento, indicó que hay una reivindicación de una memoria propia de la gente de Olinalá.
Asimismo, indicaron en su trabajo los criterios a tomar en cuenta para determinar quién es indígena y quién no, porque lo que caracteriza a la CRAC es una perspectiva bastante amplia; incluye a los pueblos afrodescendientes y a los campesinos que reivindican una historia indígena pero no hablan ningún idioma y tampoco tiene sistemas de cargos.
Señaló que también participó en la investigación de tres peritajes el antropólogo Héctor Ortiz Elizondo, para los casos de cuatro niñas que fueron rescatadas por la CRAC de una red de criminales, un caso de abigeato y de 43 detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres.
Opinó que la liberación de la luchadora social es fundamental para la liberación de los siete integrantes de la CRAC que siguen presos por las demandas de secuestro, “tienen que ser la puerta, ahora para voltear los ojos a los siete compañeros que están ahí, no es el cierre de una lucha, sino la continuidad”.
Entre los detenidos en Ayutla están el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, el consejero Arturo Campos y el primer comandante, Ángel García García, entre otros. En Chilpancingo, el promotor, Gonzalo Molina así como Samuel Ramírez Gálvez.