Llaman organizaciones de la Montaña a diputados y al gobernador a trabajar su iniciativa de ley

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña y del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecodec) anunciaron que se movilizarán este martes en Chilpancingo para exigir que los diputados retomen la iniciativa popular de Ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero.
Ante la cercanía del 15 de marzo, cuando fenece la vigencia de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, las organizaciones llamaron a los diputados y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que reciban a una comisión en una reunión de trabajo en la que expondrán el contenido de la ley, solicitud que les hicieron llegar mediante un oficio el 1 de marzo de 2017.
Asimismo, pidieron la intervención del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.
Los integrantes de las organizaciones, Ilaviel Cantú, Maribel Soto Jerónimo y Abel Bruno Arriaga dijeron que en los oficios enviados también se les informó a las autoridades que los pueblos acordaron movilizarse este martes 7 de marzo, para respaldar la iniciativa popular que reunió 6 mil 122 firmas de indígenas.
Agregaron que esperan la representación de 73 comunidades de 14 municipios de La Montaña en la manifestación, “aunque pueden ser muchos o pocos, porque cada comunidad se mueve con recursos propios, no hay grupos, no hay padrinos, sólo el objetivo de mejorar una ley que contemple ampliamente a los pueblos”.
Indicaron que la iniciativa popular es pionera en el estado y cumplió los requisitos que se necesitaban al ser verificada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que hizo la muestra al azar del 10 por ciento de los firmantes, al visitar a 591 de ellos que ratificaron su firma y con ello se cumplieron los requisitos de iniciativa popular propuesta por el Consejo de Comunidades y el Frecodec en su resolución 001/SE/03/03-2017.
Abel Bruno explicó, de manera general, que la iniciativa busca que se reconozcan los diversos sistemas de justicia en los pueblos, “ya que la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) ya no es el único cuerpo de seguridad comunitaria que existe en el estado; pero también con candados que se sujeten a los principios comunitarios y se defina en asambleas, legitimados para evitar grupos armados al servicio de algo”.
Dijo que la ley 701 tiene 70 artículos, y que es la base de la iniciativa popular que propusieron, ahora con 115 artículos en los que consideran los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, “lo que se busca es que esté más amplia, no sólo que se ratifique la 701, y por eso hay apartados específicos como los derechos políticos electorales para su inclusión en las instituciones políticas”.
Agregó que se pide que los pueblos elijan a su presidente o diputados, y que haya curules especiales para pueblos indígenas me’phaa, na savi, nahua y ñomnda, ya que los diputados que llegan por la vía partidista no representan a los indígenas, traicionándolos.
Además, se pide la revocación de mandato si así lo solicita el 5 por ciento de la población, porque el actual sistema político encubre a los diputados y presidentes, y lo mejor es que el pueblo decida.
Piden que se institucionalice el programa de granos básicos, viviendas, y que haya escuelas de nivel superior en la región, porque cada año hay miles de jóvenes rechazados; que los servicios de salud sean gratuitos; se paguen los precios justos en los productos como el café, que bajó un peso, contrario al aumento de la canasta y los servicios básicos.
Comentó que se pide el derecho a la consulta para evitar que empresas mineras entren al territorio sin autorización de la comunidad, y de igual manera para las actividades militares y policiales, que deben acordar con los pueblos.
Pidieron que los diputados hagan su trabajo y aprueben la propuesta, pues en el IEPC los representantes de los partidos dijeron que la respaldaban y que estaba bien, por lo que invitaron a quienes quieran sumarse a la propuesta a que lo hagan y si tienen agregados también, pero que no pretendan obstaculizarla.
Lamentaron que instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se presten al juego del gobierno al promover una consulta en donde no se invitó ni se pidió la opinión de las organizaciones ni pueblos indígenas.

Las acciones por la Ley 701 tendrán el respaldo del Ayuntamiento, dice el alcalde de San Luis Acatlán

También las comunidades de la región de la Costa Chica se movilizarán en defensa de los derechos de los pueblos originarios y para que se amplíen, no sólo por la vigencia de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, declaró este lunes en Chilpancingo el presidente municipal de San Luis Acatlán, Javier Vázquez García.
El alcalde que llegó a la presidencia municipal con las siglas del Movimiento Ciudadano (MC), adelantó que sería un riesgo si esa ley pierde su vigencia, como lo hará el 1 de abril si no se ratifica, porque dejaría en el desamparo legal a los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que han dado buenos resultados en contra de la inseguridad en la región de la Costa Chica-Montaña.
Dijo que la actuación de la Policía Comunitaria ha frenado el ingreso de las mineras en la zona, y denunció que en su municipio se ha visto nuevamente la presencia de extranjeros, sobre todo canadienses, y vehículos de la minera Media Luna, pero que los pueblos no les van a permitir sus trabajos de exploración.
El domingo se reunieron en Tapayoltepec, municipio de Malinaltepec, los integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos, y acordaron movilizarse la primera semana de marzo para defender la iniciativa popular de ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos, entregada al Congreso local como una alternativa ante la posibilidad de que la Ley 701 sea derogada.
El alcalde Vázquez García, en cuya cabecera municipal está la Casa Matriz de la CRAC, fue consultado este lunes en Casa Guerrero, a donde acudió a recibir una de las siete unidades médicas y cuatro ambulancias del régimen ordinario del Programa IMSS-Prospera, que se entregaron además a los alcaldes de Cualac, Tlacoapa, Alcozauza, Ometepec, Tlacoachistlahuaca y Ayutla de los Libres.
Declaró que seguramente los diputados del Congreso del Estado y los funcionarios del gobierno estatal están pensando en que esa ley pierda su vigencia, como está previsto, “y de esta forma afectar a los indígenas, pero no se va a permitir, al menos en San Luis Acatlán la gente está organizada y va a salir a defender su ley”.
El también abogado agregó que lo menos que puede hacerse es ampliar los derechos de los pueblos indígenas en esta ley.
Informó que como en la Montaña, en San Luis Acatlán también hubo una reunión de la Policía Comunitaria el sábado, en donde trataron la Ley 701 y acordaron la postura que va a asumir la CRAC hasta la fecha límite que tiene el Congreso para la aprobación de una nueva ley.
Adelantó que las acciones de los pueblos indígenas tendrán el respaldo del Ayuntamiento, “porque en materia de seguridad a nosotros sí nos ha funcionado la Policía Comunitaria en nuestro municipio, y la vamos a defender dentro del marco de la legalidad”.
Reconoció que detrás de la postura de dejar al margen de la legalidad a la Policía Comunitaria pudiera estar la pretensión de abrirle las puertas a las mineras extranjeras que ya están al menos en su municipio, en donde existen concesiones autorizadas por el gobierno federal.
El alcalde declaró que hay un rechazo total por unanimidad de las comunidades, aunque reconoció que hay líderes de la misma región que llevan el mensaje de que estas minas traerían beneficios y que eso es lo preocupante, “que utilicen a nuestra propia gente para permitir el acceso de estas minas” aunque insistió en que la idea general de las comunidades es el rechazo a la introducción de las empresas mineras.
Adelantó que frente a este problema el Ayuntamiento que preside va a respaldar la postura mayoritaria, “siempre y cuando estén dentro del marco de la ley”.
Destacó que las tierras son de los campesinos y que estarán en su derecho de defender hasta sus últimas consecuencias su patrimonio.
Vázquez García dijo que no tiene el dato de cuántas concesiones están autorizadas en el municipio de San Luis Acatlán, pero que es público que las mineras están interesadas en una mina ubicada en Pazcala del Oro, otra cerca de Mixtecapa, el Tlaxcalistlahuaca y Yoloxóchitl.
Denunció que a estos lugares han ido representantes de empresas disfrazadas de investigar qué tipo de minerales pueden extraer en la región.
Reconoció que no se han reanudado los sobrevuelos que se denunciaron en 2010 y 2011, pero que les pareció extraño encontrar a un canadiense que hace aproximadamente un mes se accidentó en una motocicleta, en un tramo del camino de Arroyo Mixtecolapa y Pazcala del Oro. Recordó que nunca se aclaró qué andaba haciendo en esa zona, y que el caso sólo se conoció porque sufrió un accidente en su motocicleta.
“Los campesinos dicen que es de la gente que andaba realizando trabajos de exploración de las minas de la región”, afirmó el alcalde.
Denunció que los campesinos también han visto vehículos con el logotipo de la minera Media Luna, “pero los campesinos están pendientes, no van a permitir ningún estudio en la región. Yo tengo permanente comunicación con ellos y sin duda alguna van a tener el respaldo nuestro, siempre y cuando marchemos dentro de la legalidad”.

Ampara la Ley 701 al comunitario Samuel Ramírez, destaca su abogado en la última audiencia del caso

Este lunes fue la última audiencia de vista en el juzgado Séptimo de Distrito para resolver la causa penal 61/2013 por portación de arma sin licencia que mantiene en la cárcel desde hace más de tres años al policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez.
El abogado Rogelio Téliz García argumentó durante la audiencia que el arma que portaba el detenido es propiedad de la comunidad que lo designó policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con fundamento en la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Agregó que su actuación se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La audiencia para desahogar el caso estaba programada para las 11 de la mañana pero a esa hora personal del juzgado informó a la defensa que se aplazaría porque no pudo ser notificada la solicitud para el perito traductor debido a que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado se encuentra cerrada por manifestantes, lo que generó un retraso hasta las 12:30.
El abogado Téliz García solicitó la autorización de un traductor externo y al final la audiencia se pudo llevar a cabo.
Sería sólo para la ratificación de las conclusiones de inculpabilidad a favor de Samuel Ramírez que fueron presentadas el 8 de diciembre del año pasado en las que él y sus compañeros policías comunitarios, Catalino Maldonado Mendoza, Santiago de Jesús Gálvez y Jorge Ortega García expusieron por qué estaban armados el día que fueron detenidos.
Ramírez Gálvez fue detenido el 6 de octubre del 2013 junto con 13 policías comunitarios de Zitlaltepec. De ellos 7 obtuvieron su libertad absoluta y cinco fueron consignados. Sin embargo cuatro obtuvieron su libertad bajo fianza y solamente Samuel Ramírez fue consignado y sigue preso.
En la última audiencia para desahogar el proceso y que determinará la sentencia que se emitirá, el abogado Téliz García solicitó que sean tomadas en consideración por la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales “el criterio nuestro que debe ser absolutoria la sentencia”.
El abogado expuso que la defensa ha demostrado que Samuel Ramírez pertenece a una institución comunitaria amparada en la Ley 701, y que el delito que presuntamente cometió y que se le imputa (portación de arma) no lo cometió porque fue electo policía comunitario por el pueblo y pertenece a la Casa de Justicia de Zitlaltepec.
Incluso, explicó que el arma por la que fue sujeto a proceso pertenece a la comunidad, “razón por la cual debe quedar eximido de responsabilidad, porque simplemente realizaba un servicio comunitario y en términos del artículo 2 de la Constitución Federal y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas las comunidades tienen en todo momento el derecho de decidir de manera libre con base a sus usos y costumbres la forma de organizarse, cuidarse y convivir como pueblos indígenas”.
Tras la audiencia de ayer la jueza tendrá que resolver la sentencia a más tardar en tres meses, y con ella también se resolverá la situación jurídica de los otros cuatro policías comunitarios que fueron liberados bajo fianza, informó.
En este juzgado estaba programada una audiencia para resolver la causa penal 59/2013 que se le sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, sin embargo la audiencia se aplazó debido a que el juzgado no pudo solicitar un traductor.
El abogado de Gonzalo Molina, Hegel Mariano González informó que entre ayer y hoy miércoles el juez determinaría una nueva fecha para la comparecencia.