Quita la Ssa a médica y enfermera que envío hace poco a El Camalote, Ayutla, denuncian

El comisario municipal de El Camalote, municipio de Ayutla, Raúl Hernández Abundio y pobladores del lugar denunciaron que a seis meses de que la Secretaría de Salud les asignó a una médica y una enfermera para la atención de la población, ya les notificaron que las van a cambiar a otro pueblo.
Mediante un manuscrito el comisario Hernández Abundio y los vecinos pidieron a la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, que no cambie a la médica y la enfermera de esa comunidad Me’phaa.
En su escrito de fecha 16 de octubre, exigieron “que dejen trabajar en El Camalote a la doctora Sandra Cortés Campuzano y a la enfermera Aix Ramírez Salinas”.
Expusieron: “En nuestra comunidad indígena tenemos derecho a la salud, apenas llevan seis meses laborando en esta comunidad y están atendiendo bien a los pacientes de distintas enfermedades como dengue, piquetes de insectos peligrosos y a las señoras embarazadas”.
Informaron que el 11 de octubre pasado, la doctora Sandra Cortés recibió un oficio de la Oficina de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud en el que la citaron para que el 13 de octubre se presentara a esa oficina.
Aseguraron que se enteraron que el motivo de la cita fue informarle que las van a cambiar a otro municipio, “y es injusto esto que está pasando, que nuestra comunidad quede otra vez sin médico”.
El comisario y los pobladores pidieron que primero les digan si les van a reponer a su médica y a su enfermera para que “no nos quedemos sin atención. Ya no queremos que nos pase como en el 2021 que nos quitaron a la doctora Perla Jazmín y estuvimos dos años sin atención médica, queremos que nos respeten nuestro derecho a la salud”.(Zacarías Cervantes / Chilpancingo)

 

Cumple 18 años pero aún no se legaliza la colonia indígena Emperador Cuauhtémoc

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

La colonia Emperador Cuauhtémoc ubicada en la parte alta al sur de Chilpancingo cumplió 18 años preservando la cultura de los pueblos ñomndaa, me’phaa, ñuu savi, nahua y afrodescendientes.
Pero también con falta del drenaje pluvial y sanitario porque aún es considerada una colonia irregular.
El predio es de más de 4 hectáreas y tiene unos 500 habitantes. Nació como un trabajo colectivo de los pueblos indígenas gracias a la fuerza que en 1994 tomó en el país el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al inicio, los representantes acudieron al Ayuntamiento a registrar el predio como comunidad.
– No se puede, acá sólo hay colonia o fraccionamiento –les dijeron en el gobierno local.
–Nosotros no queremos eso, los pueblos indígenas queremos estar hermanados, la común unidad, identidad, a eso se refiere la comunidad, –pidieron los gestores.
–Bueno, pónganse como quieran, pero para nosotros van a ser colonia.
Ahí nació la colonia Comunidad Indígena Popular Emperador Cuauhtémoc.
Hugo Juárez Ocampo, uno de los fundadores, explicó que el movimiento indígena de Guerrero se sumó al movimiento zapatista lo que le preocupó al gobierno federal de Carlos Salinas que otorgó prerrogativas y dádivas.
“Le da al movimiento electrificación y caminos para las comunidades, y dentro de eso un predio para migrantes que era una demanda. Era una forma de apagar otro foco de protesta”.
El predio se obtuvo, pero se quedó en el proyecto hasta 2005 cuando los dirigentes intentaron vender al sindicato del DIF y a trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Fue cuando Cirino Plácido, Amador Cortés y otros, retomaron el propósito de que fuera habitado por migrantes indígenas.
Pero al siguiente año, el 26 de septiembre de 2006, desapareció de manera forzada Gregorio Alfonso Alvarado López, uno de los fundadores de la colonia.
Juárez Ocampo, originario de Ixcateopan de Cuauhtémoc, explicó que a 18 años han tratado de mantener la herencia de las culturas originarias.
Así como usos y costumbres, manifestaciones como la quema de leña me´phaa, las bodas tradicionales, la salud a base de la medicina tradicional, la agronomía, la vida colectiva y la educación bilingüe.
También cuenta con un temazcal de sanación que es visitado por otras colonias y municipios vecinos.
La comunidad es apartidista pues considera que la injusticia y desigualdad social es generada por el sistema capitalista y que los partidos políticos sólo son instrumentos.
“Mantenemos la filosofía de Cuauhtémoc de que el Anáhuac debe resurgir, el aquí y ahora se está cumpliendo. Los pueblos indígenas siguen vivos, muy fuertes con sus raíces. Y somos parte de ese proyecto”, dijo.
No obstante, la colonia aún es irregular, es decir, que la propiedad de los terrenos no está legalizada, y por eso no tiene una condición que les ha puesto el Ayuntamiento de Chilpancingo para introducir el drenaje sanitario.
“Es una necesidad, una demanda sensible el drenaje. Actualmente se usan fosas o baños secos. Como somos irregulares el gobierno municipal dice que no tienen compromiso con nosotros.
“Les pedimos que sean sensibles a la demanda, que volteen a ver para acá y vean la necesidad que tenemos”, pidió Hugo Juárez en nombre de los colonos.
Para conmemorar el aniversario se realizó un recorrido de danzas y un programa cultural que incluyó una conferencia acerca de la filosofía de Cuauhtémoc en el Anáhuac y una obra de teatro del grupo Tegua.
La presentación del grupo de rock Cenit, los cantantes  Epifanio Blancas, Isis Salgado y Erick de Jesús, así como del conjunto Libertad y un baile popular con Los Chivitos Junior.
También hubo quema de toritos, exposición de artesanías y artículos del aniversario, una comilona y mezcal para los invitados.
Se cantó el Himno Nacional en español y en náhuatl y se tomó protesta a la nueva comisión colectiva 2023 – 2024 compuesta por cinco mujeres y un hombre.

 

Candidatos indígenas y afro en los distritos de la Montaña, piden nahuas, na savi y me’phaa

Carmen González Benicio

Tlapa

En los diálogos informativos que realizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero, sobre la consulta en materia electoral, nahuas, na savi y me’phaa opinaron que los candidatos sean indígenas y afromexicanos en los ocho distritos electorales, que se respete la paridad de género y las planillas sean acordes con el porcentaje de la población existente.
La actividad se realizó en la cancha de la colonia Caltitlán, de Tlapa, con la presencia de 17 autoridades, como delegados, comisarios y representantes de organizaciones, así como de instituciones como la delegación regional de la Secretaría de Asuntos Indígenas, de la Dirección Municipal de Asuntos Indígenas de Tlapa.
Las conclusiones de las mesas fueron dadas por indígenas nahuas, me’phaa y na savi, de acuerdo con las tres mesas integradas, en donde coincidieron que en los municipios, las planillas deben componerse de acuerdo con el porcentaje de población indígena que lo integra, como en el caso de Tlapa, donde sería el presidente, el síndico y cuatro regidores, por tener más del 90 por ciento.
En caso de las mujeres, que se le reconozca su trabajo y se flexibilice, porque muchas de ellas no han podido desempeñar algún cargo por los usos y costumbres prevalecientes.
Además, que las candidaturas sean reconocidas en un 100 por ciento en los ocho distritos.
Para acreditar la auotadscripción calificada, los candidatos deben ser avaladas con un acta de asamblea, en su comunidad o colonia.
También que se les haga un examen oral u escrito, por parte del IEPC, para validar su lengua.
Con ello, que se sancione a quienes simulen ser indígenas o afromexicanos, y a quienes les emitan los documentos que los avalen, porque es fácil caer en la corrupción al facilitar estos escritos.
Además, que deben tener trabajo comunitario, como haber sido parte de algún cargo en la delegación o comisaria, o en la Iglesia, pero que acredite su trabajo y su relación con el pueblo, su cultura y sus costumbres.
Pidieron que los candidatos sean mayores de 35 años y tengan preparación profesional.
Estuvo el consejero electoral Amadeo Guerrero Onofre, quien explicó que las aportaciones a considerar deberán ser acatadas por los representantes de los partidos políticos, al momento del registro de las candidaturas. Mencionó que en Guerrero participarán 15 partidos en el proceso electoral de 2024.
Explicó que se hicieron tres fases, la primera de reuniones previas; la segunda, de los denominados diálogos informativos, donde entregaron cuadernillos, documentos informativos para su análisis y que llevaran a sus asambleas en colonias y pueblos y los diálogos consultivos, con la discusión y propuestas.
Mencionó que los aportes serán entregados al Congreso local, para que los diputados hagan las reformas correspondientes a más tardar en junio.
Luego, seguirá otra fase, para dar a conocer los resultados de las aportaciones.
Los diálogos sobre la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero, se organizan en cumplimiento de la acción de inconstitucionalidad 136/2020 y las reglas para la postulación y registro de candidaturas indígenas y afromexicanas, a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos.
Así como para acreditar la autoadscripción calificada, que deberán observar a los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, en el proceso electoral local ordinario 2023-2024, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-402/2018.

 

Encabeza la defensora Inés Fernández marcha en Ayutla para eliminar la violencia contra las mujeres

Inés Fernández acompañada de mujeres y niñas en una marcha en Ayutla Foto: Centro Comunitario Gú wa Kúma

Jacob Morales Antonio

La indígena me’phaa defensora de los derechos de las mujeres, Inés Fernández Ortega, víctima de violación por soldados del Ejército en 2002, encabezó una marcha el viernes en Ayutla en el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres.
La marcha fue en la cabecera municipal, partió de la Unidad Deportiva y terminó en la explanada central, la Plaza de la Paz, con decenas de mujeres que exigieron un alto a los feminicidios en la región Costa Chica.
A la movilización se sumaron niñas y mujeres que llevaban sus pancartas en las que exigían la erradicación de la violencia patriarcal además de consignar, “nos queremos vivas, libres y sin miedo, mujer libérate de las garras de la violencia; señor, señora no sea indiferente porque matan las mujeres en la cara de la gente; mujer escucha y únete a esta lucha y alcemos la voz”.
También lanzaron un alto a la desaparición y asesinato de mujeres, una de las hijas de Inés, según un boletín del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, llevaba una pancarta donde se leía, erradicar la violencia no es tarea de una sino de todas y todos”.
Fernández Ortega llevó otro mensaje donde se leía “toma el coraje, une las manos y lucha con nosotras”. Las participantes llevaron globos de color naranja que se extendían en las calles principales de Ayutla.
En el mitin en la explanada frente a la Casa de los Pueblos, Fidela Vargas contextualizó la movilización en un escenario de alta violencia en el municipio de Ayutla. Desde el 2017 nueve municipios de la Montaña y la Costa Chica tienen alertas por violencia de género, Ayutla y Tlapa son los principales focos rojos.
Inés Fernández culminó con un saludo de resistencia, “hermanas guerreras del mismo dolor que luchan por un mundo donde la violencia no exista. Compañeras, gracias por habernos acompañado en esta marcha de la dignidad y por la vida. Nosotras como mujeres debemos ser respetadas, pero hay quienes creen que no tenemos derechos. Sin embargo, tenemos que denunciar la violencia que vivimos. Las mujeres y niñas no debemos de callarnos, sino alzar la voz como el trueno cuando llegan las tormentas. Nosotras las mujeres indígenas de Ayutla debemos de alzar la voz para que no sigan los feminicidios”.
Al final el comunicado menciona que, “este grito estridente de resistencia debe ser escuchado por las autoridades municipales, estatales y federales. No hay atención a la ola de la violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas, al contrario, las instituciones fomentan y reproducen estereotipos machistas y las reprimen. Para las autoridades sólo existe la ley de las balas y el garrote, sin que generen las condiciones sociales y culturales para que las mujeres y las niñas no sigan en el círculo de la violencia”.

Presentan el documental Inés Fernández: pelear por la justicia desde el fogón de la Montaña

Por separado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó el documental Inés Fernández: pelear por la justicia desde el fogón de la Montaña, en el contexto del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres.
“Ya no quiero saber más, que niñas y mujeres han sido víctimas de tortura sexual por parte de elementos del Ejército”, dice la me´phaa Inés Fernández Ortega en documental.
El video es de cinco minutos y 37 segundos, resume el caso de la indígena que el 22 de marzo de 2002 sufrió violación por militares en Ayutla.
Como parte de las sentencia emitida en 2010, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que encontró culpable al Estado mexicano por la falta de investigación y sanción de los responsables, se ordenó entre otras acciones la creación de un centro comunitario para la atención a las mujeres indígenas de ese municipio.
En el documental Fernández Ortega dice que el centro comunitario es una representación del gobierno por lo que sufrió a manos de los militares que irrumpieron en su casa. El centro fue inaugurado el 17 de septiembre de 2021.
Fernández Ortega exige en el video cárcel para los soldados, “quiero y exijo que se castigue a los militares” expresa en su lengua materna.
Además demanda “ya no quiero saber más, que niñas y mujeres han sido víctimas de tortura sexual por parte de elementos del Ejército”.
El video muestra el quehacer del día a día de las mujeres en el centro comunitario Gúwa Kúma, donde imparten cursos y capacitación a las mujeres, además de dar atención jurídica y psicológica a las víctimas de violencia machista.
Pero también se muestra el día a día de Inés en su casa, realizando labores del hogar y de campo entre las milpas.

 

Piden padres de la primaria multigrado de Río Velero, Ayutla, que la SEG envíe un maestro

En lo que va del año escolar, la primaria multigrado de la comunidad me’phaa de Río Velero, municipio de Ayutla de los Libres, no tiene maestro, pese a las gestiones de las autoridades comunitarias en Chilpancingo, denunció el comisario, Tiburcio Dircio.
Acompañado del presidente del comité de la escuela, la autoridad explicó que, el año pasado tuvieron el mismo problema, y sólo cinco meses del ciclo escolar 2016-2017, los 43 alumnos recibieron clases, y administrativamente, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) entregó la documentación de fin de curso.
Sin embargo, en agosto pasado, el maestro asignado solicitó una licencia por cuestiones personales, y desde entonces las autoridades de la SEG no han enviado a un nuevo profesor.
Transcurridos seis meses sin clases, denunciaron que presentaron hace meses al subsecretario de Educación Emiliano Díaz Román, su petición de un docente, y ayer preguntaron el seguimiento de su gestión, y les dijeron que a la fecha no hay ningún maestro designado para su escuela.
Consultados frente a Casa Guerrero, anunciaron que este lunes protestarán en la carretera federal Tierra Colorada-Cruz Grande, en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, para que atiendan su demanda.

Propone el Congreso Nacional Indígena un frente contra la embestida del gobierno federal

Integrantes del Congreso Nacional Indígena llamaron en una asamblea en la comunidad de La Fátima, municipio de Ayutla, a organizarse para formar un frente contra el gobierno federal ante las embestidas violentas a los pueblos originarios, y denunciaron que el sistema discrimina y pretende dividir al pueblo.
Unos 500 habitantes de la localidad y de otras de la zona indígena de Ayutla acudieron a la asamblea, ayer al mediodía en la cancha techada, donde denunciaron que las autoridades discriminan y despojan de sus tierras a los indígenas bajo un sistema “podrido”.
La Fátima se localiza a una hora de recorrido de la cabecera municipal de Ayutla, en la región Costa Chica. Representantes de al menos 15 comunidades asistieron a la asamblea que se celebró en idiomas tuun savi y me’phaa.
Los participantes denunciaron que autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen olvidados a los pueblos indígenas, pero aseguraron que no están solos, porque están organizados y son “muchos”.
Tres músicos de la comunidad de El Platanar tocaron melodías tradicionales, y mujeres bailaron y mostraron su cultura a los tres integrantes del Congreso Nacional Indígena, quienes manifestaron a los comuneros que la vocera de la organización, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy no pudo asistir, a causa del accidente en carretera que sufrió en febrero en Baja California.
En su participación, el integrante del Congreso Nacional Indígena, Jesús Plácido recordó que la organización se conformó el 27 de mayo del 2017 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con la finalidad de defender los derechos y evitar la desaparición de los pueblos indígenas.
Explicó que el Congreso Nacional Indígena es la casa de todas las lenguas, y criticó que las autoridades siguen discriminando a los indígenas por no expresarse en español, además de que los despojan de sus tierras.
Añadió que el gobierno usa el crimen organizado para desplazar a los habitantes de las comunidades, y les niega el derecho a la educación y la salud, mientras que el dinero se “mal invierte” para crear grupos militares y policías que agreden a los comuneros.
Pidió estar unidos y defenderse del sistema que solamente trae “la muerte” de las personas. Aclaró que el Congreso no va por el poder en estas elecciones, porque “ya sabíamos que allá arriba está podrido”.
Dijo que la organización no viene a entregar dádivas como cemento, lámina, cubetas, tal como se conducen los partidos políticos, sino a dar el mensaje de organización para defenderse de los embates del gobierno.
Criticó que el gobierno federal no resuelve la desaparición de los 43 estudiantes de Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y que, al contrario, no cesa la violencia; ejemplificó con la represión y asesinato de policías comunitarios en La Concepción.
En su intervención, otro integrante del Congreso Nacional Indígena, Amador Cortés expresó que el gobierno federal comenzó una “guerra y exterminio” de la cultura indígena.
Añadió que a los indígenas les “destruyen” su cultura y los despojan de sus tierras, ocasionando una manera de vivir “inhumana”.
Manifestó que los tres poderes hacen leyes a favor del gran capital internacional, y cada vez más recortando el presupuesto del pueblo, por ejemplo en el ámbito del campo, donde sobreviven los indígenas.
Exhortó a los comuneros a defender sus derechos y a conformar un frente, porque el gobierno federal pretende dividir al pueblo indígena.
Ejemplificó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y los jueces se venden por medio de los sobornos de los delincuentes, y pidió a las casas de justicias de las policías comunitarias de Guerrero no corromperse y aplicar el reglamento interno.
Sugirió la instalación de una radio comunitaria para las comunidades indígenas de Ayutla y municipios aledaños.
Otro integrante del CNI, Francisco Ortiz Martínez relató cómo se llevó a cabo la elección de la vocera del Consejo, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy.
Añadió que tomaron los parámetros de la violencia contra las mujeres porque son discriminadas y violentadas afuera y adentro de sus casas.
Luego recordó que los integrantes del CNI encabezados por Marichuy recorrieron todas las comunidades del país de octubre de 2017 a febrero de 2018, cuando “pudo escuchar el dolor y sufrimiento”.
Afirmó que el gobierno trata igual a todos los indígenas en el país, “pretende desaparecer a los pueblos originarios, quieren volver a expulsarlos”. Recomendó alzar la voz y decir un “¡ya basta!”, ante los embates constante de las autoridades contra los indígenas.
Sugirió organizarse “para lo que viene”, en referencia a las próximas elecciones, las más “fuertes y grotescas del país en la era moderna”. Criticó que ningún partido político manifestó una postura ante el accidente de Marichuy en Baja California, y que los candidatos no retoman los ideales de la líder indígena, “es una prueba que hay discriminación”.
Posteriormente, hubo la elección de los representantes para el Congreso Nacional Indígena, los integrantes de la organización avalaron la propuesta e invitaron tener delegados regionales.
A la asamblea acudieron 19 autoridades, entre ellas comisarios de las comunidades de Ayutla, representantes del Frente Nacional por la Libración de los Pueblos (FNLP), y comandantes regionales, municipales y de grupo de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

 

 

Falta una parte de la tercera entrega de granos a damnificados de la Montaña

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña acordaron buscar reuniones con autoridades estatales y federales para que les entreguen los granos básicos faltantes, maíz, frijol y arroz, de la tercera remesa en 63 comunidades, por lo que además generarán acciones para que se los entreguen.
Asimismo, señalaron que está pendiente la cuarta entrega a la que se comprometió el gobernador priista Héctor Astudillo Flores, pero no tiene fecha de inicio, y que quedan pendientes la quinta y la sexta entregas que pedirán al gobierno federal.
Luego de la revisión de los asuntos de la reunión, los nahuas, me’phaa y na savi participantes dijeron que buscarán los acercamientos, por lo que acordaron que una comisión de 11 representantes acuda a la Ciudad de México a una reunión con el senador Armando Ríos Piter, este 27 de abril, para que medie en la entrega de los granos para las familias de los 13 municipios que integran el Consejo.
Buscarán que los atienda el secretario de Desarrollo Social, Gustavo Miranda, con quien tuvieron acuerdos cuando era subsecretario de Gobernación federal, ya que el actual, René Juárez, los ha ignorado, para que les resuelvan la quinta y la sexta entrega de los granos básicos.
Asimismo, acordaron que en la semana buscarán platicar con el gobernador para que les diga cuándo iniciará la cuarta entrega a la que se comprometió su gobierno.
Dijeron que esperarán una respuesta de las autoridades antes del 6 de mayo, o de lo contrario iniciarán movilizaciones para exigir el derecho a la alimentación y que se ve vulnerado porque sus tierras quedaron dañadas luego de la tormenta Manuel de septiembre de 2013, y no pueden producir.
En la reunión estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y representantes de los municipios de Malinaltepc, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec, Atlixtac, Zapotiltán Tablas y Tlacoapa, entre otros.
La reunión inició a las 10 de la mañana y terminó alrededor de las 2 de la tarde.

Llaman organizaciones de la Montaña a diputados y al gobernador a trabajar su iniciativa de ley

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña y del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecodec) anunciaron que se movilizarán este martes en Chilpancingo para exigir que los diputados retomen la iniciativa popular de Ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero.
Ante la cercanía del 15 de marzo, cuando fenece la vigencia de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, las organizaciones llamaron a los diputados y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que reciban a una comisión en una reunión de trabajo en la que expondrán el contenido de la ley, solicitud que les hicieron llegar mediante un oficio el 1 de marzo de 2017.
Asimismo, pidieron la intervención del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.
Los integrantes de las organizaciones, Ilaviel Cantú, Maribel Soto Jerónimo y Abel Bruno Arriaga dijeron que en los oficios enviados también se les informó a las autoridades que los pueblos acordaron movilizarse este martes 7 de marzo, para respaldar la iniciativa popular que reunió 6 mil 122 firmas de indígenas.
Agregaron que esperan la representación de 73 comunidades de 14 municipios de La Montaña en la manifestación, “aunque pueden ser muchos o pocos, porque cada comunidad se mueve con recursos propios, no hay grupos, no hay padrinos, sólo el objetivo de mejorar una ley que contemple ampliamente a los pueblos”.
Indicaron que la iniciativa popular es pionera en el estado y cumplió los requisitos que se necesitaban al ser verificada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que hizo la muestra al azar del 10 por ciento de los firmantes, al visitar a 591 de ellos que ratificaron su firma y con ello se cumplieron los requisitos de iniciativa popular propuesta por el Consejo de Comunidades y el Frecodec en su resolución 001/SE/03/03-2017.
Abel Bruno explicó, de manera general, que la iniciativa busca que se reconozcan los diversos sistemas de justicia en los pueblos, “ya que la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) ya no es el único cuerpo de seguridad comunitaria que existe en el estado; pero también con candados que se sujeten a los principios comunitarios y se defina en asambleas, legitimados para evitar grupos armados al servicio de algo”.
Dijo que la ley 701 tiene 70 artículos, y que es la base de la iniciativa popular que propusieron, ahora con 115 artículos en los que consideran los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, “lo que se busca es que esté más amplia, no sólo que se ratifique la 701, y por eso hay apartados específicos como los derechos políticos electorales para su inclusión en las instituciones políticas”.
Agregó que se pide que los pueblos elijan a su presidente o diputados, y que haya curules especiales para pueblos indígenas me’phaa, na savi, nahua y ñomnda, ya que los diputados que llegan por la vía partidista no representan a los indígenas, traicionándolos.
Además, se pide la revocación de mandato si así lo solicita el 5 por ciento de la población, porque el actual sistema político encubre a los diputados y presidentes, y lo mejor es que el pueblo decida.
Piden que se institucionalice el programa de granos básicos, viviendas, y que haya escuelas de nivel superior en la región, porque cada año hay miles de jóvenes rechazados; que los servicios de salud sean gratuitos; se paguen los precios justos en los productos como el café, que bajó un peso, contrario al aumento de la canasta y los servicios básicos.
Comentó que se pide el derecho a la consulta para evitar que empresas mineras entren al territorio sin autorización de la comunidad, y de igual manera para las actividades militares y policiales, que deben acordar con los pueblos.
Pidieron que los diputados hagan su trabajo y aprueben la propuesta, pues en el IEPC los representantes de los partidos dijeron que la respaldaban y que estaba bien, por lo que invitaron a quienes quieran sumarse a la propuesta a que lo hagan y si tienen agregados también, pero que no pretendan obstaculizarla.
Lamentaron que instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se presten al juego del gobierno al promover una consulta en donde no se invitó ni se pidió la opinión de las organizaciones ni pueblos indígenas.

Faltan más de 500 maestros bilingües en primaria y preescolar; los idóneos no hablan lenguas maternas

El director general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Silvio Joel Molina Ruiz dijo que en el sector hacen falta más de 500 maestros bilingües para preescolar y primaria en el estado.
De acuerdo con Molina Ruiz, la causa principal de la falta de maestros es que los idóneos que aprobaron la evaluación de ingreso al Servicio Profesional Docente no saben hablar las lenguas originarias, que son ñomndaa, na savi, me’phaa y náhuatl.
El 20 de febrero, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna, el supervisor de la zona de escuelas indígenas migrantes de Acapulco, Rogelio Solano Lorenzo dijo que, en los últimos años, la SEG envía a maestros que no saben hablar las lenguas originarias; además, los planteles no cuentan con instalaciones apropiadas ni servicios públicos.
Consultado al respecto, Molina Ruiz reconoció que las autoridades abandonaron las escuelas de educación indígena hace unos 10 años, pero desde que llegó a la SEG en mayo de 2015, durante la administración del ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, y apoyado por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), ha procurado mejorar la atención a los planteles.
Dijo que la educación indígena se imparte en escuelas de educación inicial, preescolar y primaria, con el objetivo principal de enseñar las lenguas originarias y preservar su cultura.
Señaló que, en las escuelas indígenas los maestros están obligados a enseñarles a los alumnos a hablar y escribir en alguna de las lenguas originarias, pero también tienen que aprender español, por eso es necesario que los docentes sean bilingües.
Sobre la falta de maestros en las escuelas, dijo que la SEG procura enviar a docentes bilingües, pero que el problema es que los idóneos no conocen las lenguas originarias, por lo que la dependencia entrega contratos de seis meses para cubrir los espacios necesarios, mientras llegan los adecuados; pero esta situación provoca la inconformidad de los padres de familia y manifestaciones.
Precisó que, en educación indígena hacen falta unos 300 maestros bilingües en preescolar y 250 en primaria, “tenemos muchas necesidades”, señaló.
Dijo que las escuelas indígenas cuentan con programas como Escuelas de Reforma, Escuelas al Cien y Escuelas de Tiempo Completo, que aportan recursos para la construcción de las instalaciones, “actualmente hay más apoyo, comparado con el de hace 10 años, nosotros contamos con el programa de Inclusión que dota de materiales (a los planteles), a lo mejor es mínimo y no se puede focalizar en alguna escuela, pero sí está el apoyo”.
Consideró que hay avance en las escuelas, y que la prioridad es que se enseñen las lenguas maternas, porque hay comunidades en el estado en las que ya no se hablan, por lo que se tienen que impartir como segunda lengua, ya que la materia de lengua indígena aparece en las boletas de los alumnos.
Dijo que “lo que nos toca hacer” es preservar las lenguas originarias.

Bloquean campesinos de La Montaña las carreteras de Tlapa a Puebla y a Chilpancingo; exigen diálogo

Na savi, me’phaa, nahuas y mestizos que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña bloquearon las carreteras federales de Tlapa a Puebla y de Tlapa a Chilpancingo para exigir una mesa de diálogo con los gobiernos federal y estatal que acepten sus peticiones de granos básicos, y la reconstrucción de viviendas e infraestructura de inmuebles como escuelas, y centros de salud, así como la rehabilitación de caminos y puentes afectados por la tormenta Manuel y las lluvias de marzo.
Los inconformes iniciaron este jueves la jornada Contra el hambre y la discriminación, con una reunión en la Casa del Jornalero, donde acordaron bloquear las carreteras, en lugar de marchar como anunciaron.
En la carretera Tlapa-Chilpancingo, el primer bloqueo fue en el crucero de Atlamajalcingo del Río, donde participaron campesinos de los municipios de Tlacoapa, Alpoyeca, Acatepec y San Luis Acatlán, pero al ver que los conductores buscaban salidas alternas, una parte del grupo se trasladó a la salida del balneario Paraíso Escondido, en la carretera vieja, para cerrarla totalmente.
En la carretera Tlapa-Puebla ocurrió algo similar; primero se plantaron en La Nopalera, y de ahí, al ver que se usaba el cauce del río Tlapaneco como vía alterna, se trasladaron al puente de El Otate para cerrar el paso. Aquí estuvieron vecinos de Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Xalpatláhuac, Atlixtac e Iliatenco, entre otros.
En ambos sitios se permitió el paso a quienes llevaban enfermos. En el bloqueo participaron más de 3 mil indígenas de 185 comunidades.
El líder Moisés Solano Cano dijo que esperaban que se cumplieran los acuerdos con el gobierno federal, ya que las mesas de trabajo no se han concretado y se postergan unos días antes de las fechas, como ocurrió este 30 de marzo, cuando no les confirmaron la reunión.
Dijo que la petición es que en 2016 les doten granos básicos como maíz, frijol y arroz, y sal en el programa Que llueva maíz en La Montaña, para más de 16 beneficiarios, ante las afectaciones a sus tierras de labor, y que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) responda a su compromiso de reconstruir 4 mil 800 viviendas y las escuelas, caminos y puentes afectados por la tormenta.
Además exigen que se atienda de manera emergente a los cafetaleros que en su mayoría son parte del Consejo, ante las afectaciones que dejó la plaga de la roya que no les permitió obtener cosechas.
Mencionó que no se levantaría el bloqueo si no recibían a la comisión y que ya llevan más dos años y medio exigiendo que cumpla al gobierno federal, que minimiza a los delegados, comisarios y principales de las comunidades que acuden en representación de sus pueblos.
Alfonso Ayala Vicario, de Malinaltepec, lamentó que las autoridades sólo engañen a la gente y que los apoyos lleguen tarde, como ocurrió con las lluvia y los vientos del 8 de marzo, cuando decenas de casas se quedaron sin techos, y la poca ayuda llegó 20 días después cuando políticos se aprovecharon de la miseria al entregarles a algunos unas cuantas láminas y una despensa, “con eso pisotean la dignidad de la gente y no nos resuelven las necesidades, porque las casas que hicieron ya están mal, se fueron las láminas, nos dan atole con el dedo”, lamentó.
Los comentarios fueron por la visita del gobernador, Héctor Astudillo Flores, a la comunidad na savi de Alacatlatzala, municipio de Malinaltepec, el 29 de marzo, “sólo llamaron a la gente y no le dieron nada, actuaron de mala fe para llenar una cancha y sólo le dieron los apoyos a unos cuantos, fue otra jugada contra nosotros”, denunció.
El bloqueo fue levantado a las 9 de la noche y recibieron la propuesta de una fecha para reunirse con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Al cierre de esta edición continuaban en reunión deliberando sobre continuar o no su jornada de lucha.
En un boletín, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan apunta que ante la grave crisis productiva que enfrentan las familias indígenas, los pueblos cuya economía se basa en la agricultura de temporal y en la comercialización del café están al borde de una situación de gravedad.
Por eso pedían el programa Que llueva maíz en la Montaña, como una medida emergente que compense el déficit de producción de granos básicos que ha obligado a decenas de familias a salir de la región para contratarse como jornaleras agrícolas.
Exigieron que las autoridades cumplan con la construcción de vivienda, que de acuerdo con el censo del Consejo, suman 4 mil 250 casas dañadas tras las tormentas Manuel e Ingrid.
Menciona que la lucha de los pueblos es para hacer que las autoridades se comprometan a cumplir sus compromisos.
El Consejo emplaza a los gobiernos estatal y federal a retomar la mesa de diálogo que quedó trunca desde diciembre de 2015, y ante el vacío que generan las autoridades, el Consejo protesta masivamente y exige el cumplimiento de la segunda etapa del programa Que llueva maíz en la Montaña, y que se atienda la construcción de viviendas.
Llamaron al gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores a que asuma su compromiso de proteger los derechos fundamentales de la población más olvidada de Guerrero.