Falta una parte de la tercera entrega de granos a damnificados de la Montaña

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña acordaron buscar reuniones con autoridades estatales y federales para que les entreguen los granos básicos faltantes, maíz, frijol y arroz, de la tercera remesa en 63 comunidades, por lo que además generarán acciones para que se los entreguen.
Asimismo, señalaron que está pendiente la cuarta entrega a la que se comprometió el gobernador priista Héctor Astudillo Flores, pero no tiene fecha de inicio, y que quedan pendientes la quinta y la sexta entregas que pedirán al gobierno federal.
Luego de la revisión de los asuntos de la reunión, los nahuas, me’phaa y na savi participantes dijeron que buscarán los acercamientos, por lo que acordaron que una comisión de 11 representantes acuda a la Ciudad de México a una reunión con el senador Armando Ríos Piter, este 27 de abril, para que medie en la entrega de los granos para las familias de los 13 municipios que integran el Consejo.
Buscarán que los atienda el secretario de Desarrollo Social, Gustavo Miranda, con quien tuvieron acuerdos cuando era subsecretario de Gobernación federal, ya que el actual, René Juárez, los ha ignorado, para que les resuelvan la quinta y la sexta entrega de los granos básicos.
Asimismo, acordaron que en la semana buscarán platicar con el gobernador para que les diga cuándo iniciará la cuarta entrega a la que se comprometió su gobierno.
Dijeron que esperarán una respuesta de las autoridades antes del 6 de mayo, o de lo contrario iniciarán movilizaciones para exigir el derecho a la alimentación y que se ve vulnerado porque sus tierras quedaron dañadas luego de la tormenta Manuel de septiembre de 2013, y no pueden producir.
En la reunión estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y representantes de los municipios de Malinaltepc, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec, Atlixtac, Zapotiltán Tablas y Tlacoapa, entre otros.
La reunión inició a las 10 de la mañana y terminó alrededor de las 2 de la tarde.

Piden indígenas la opinión de la ONU y el apoyo de ONG para la ley que promueven

 

El integrante del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecodec), Abel Bruno Arriaga informó que se pidió la intervención de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) sobre la iniciativa popular legislativa para la Ley Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero que promueven.
Dijo que como parte de la representación de los pueblos con Alfonso Ayala Vicario y Abad Cantú Gómez, se ha acercado a organizaciones e instituciones para que respalden la propuesta, y por eso solicitaron una audiencia con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México y con el relator especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en México, para darles información sobre la iniciativa popular y conocer su opinión del contenido y alcance de la ley que promueven, surgida de la comunidad.
Además piden que los acompañen en el proceso y la intervención institucional para que la iniciativa sea discutida y aprobada por el Congreso del Estado de Guerrero, ante “la existencia del temor fundado de que los legisladores muestran buena disposición, pero deliberadamente sea ignorada o mutilada durante el proceso legislativo por la influencia de actores gubernamentales, políticos, empresariales, interesados en que no prospere por considerar que afecte sus intereses”.
Mencionó que el lunes visitaron las casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán y Espino Blanco (Colombia) de Malinaltepec, además de la CRAC de los pueblos fundadores en Santa Cruz del Rincón del municipio de Malinaltepec, para invitarlos a constituir un frente común en defensa de los derechos de las comunidades indígenas.
Agregó que se reunieran este 24 de marzo con Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ- PCP) de Temalacatzingo, municipio de Olinalá para generar las condiciones y la posibilidad de “ir juntos por la ratificación y ampliación de los derechos contenidos en la Ley 701”.
Comentó que San Luis Acatlán y Espino Blanco analizarán la propuesta y Santa Cruz del Rincón se localizará posteriormente.
El Congreso del Estado le solicitaron el calendario con las fechas en las que se reunirán los asesores, las comisiones para analizar y discutir la construcción y el contenido del dictamen sobre la ley presentada, o las que existan y se les cite para que puedan estar y participar en el desarrollo del proceso, ya que cuando acudieron sólo les dieron una agenda de trabajo, pero sin fechas.
También solicitaron copias simples de las iniciativas presentadas sobre el tema.
Informó que también le hicieron llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos sus solicitudes, para conocer su opinión y pedir acompañamiento, por lo que están a la espera de las repuestas para hacer y escuchar sus planteamientos, dijo.

Llaman organizaciones de la Montaña a diputados y al gobernador a trabajar su iniciativa de ley

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña y del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecodec) anunciaron que se movilizarán este martes en Chilpancingo para exigir que los diputados retomen la iniciativa popular de Ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero.
Ante la cercanía del 15 de marzo, cuando fenece la vigencia de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, las organizaciones llamaron a los diputados y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que reciban a una comisión en una reunión de trabajo en la que expondrán el contenido de la ley, solicitud que les hicieron llegar mediante un oficio el 1 de marzo de 2017.
Asimismo, pidieron la intervención del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.
Los integrantes de las organizaciones, Ilaviel Cantú, Maribel Soto Jerónimo y Abel Bruno Arriaga dijeron que en los oficios enviados también se les informó a las autoridades que los pueblos acordaron movilizarse este martes 7 de marzo, para respaldar la iniciativa popular que reunió 6 mil 122 firmas de indígenas.
Agregaron que esperan la representación de 73 comunidades de 14 municipios de La Montaña en la manifestación, “aunque pueden ser muchos o pocos, porque cada comunidad se mueve con recursos propios, no hay grupos, no hay padrinos, sólo el objetivo de mejorar una ley que contemple ampliamente a los pueblos”.
Indicaron que la iniciativa popular es pionera en el estado y cumplió los requisitos que se necesitaban al ser verificada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que hizo la muestra al azar del 10 por ciento de los firmantes, al visitar a 591 de ellos que ratificaron su firma y con ello se cumplieron los requisitos de iniciativa popular propuesta por el Consejo de Comunidades y el Frecodec en su resolución 001/SE/03/03-2017.
Abel Bruno explicó, de manera general, que la iniciativa busca que se reconozcan los diversos sistemas de justicia en los pueblos, “ya que la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) ya no es el único cuerpo de seguridad comunitaria que existe en el estado; pero también con candados que se sujeten a los principios comunitarios y se defina en asambleas, legitimados para evitar grupos armados al servicio de algo”.
Dijo que la ley 701 tiene 70 artículos, y que es la base de la iniciativa popular que propusieron, ahora con 115 artículos en los que consideran los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, “lo que se busca es que esté más amplia, no sólo que se ratifique la 701, y por eso hay apartados específicos como los derechos políticos electorales para su inclusión en las instituciones políticas”.
Agregó que se pide que los pueblos elijan a su presidente o diputados, y que haya curules especiales para pueblos indígenas me’phaa, na savi, nahua y ñomnda, ya que los diputados que llegan por la vía partidista no representan a los indígenas, traicionándolos.
Además, se pide la revocación de mandato si así lo solicita el 5 por ciento de la población, porque el actual sistema político encubre a los diputados y presidentes, y lo mejor es que el pueblo decida.
Piden que se institucionalice el programa de granos básicos, viviendas, y que haya escuelas de nivel superior en la región, porque cada año hay miles de jóvenes rechazados; que los servicios de salud sean gratuitos; se paguen los precios justos en los productos como el café, que bajó un peso, contrario al aumento de la canasta y los servicios básicos.
Comentó que se pide el derecho a la consulta para evitar que empresas mineras entren al territorio sin autorización de la comunidad, y de igual manera para las actividades militares y policiales, que deben acordar con los pueblos.
Pidieron que los diputados hagan su trabajo y aprueben la propuesta, pues en el IEPC los representantes de los partidos dijeron que la respaldaban y que estaba bien, por lo que invitaron a quienes quieran sumarse a la propuesta a que lo hagan y si tienen agregados también, pero que no pretendan obstaculizarla.
Lamentaron que instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se presten al juego del gobierno al promover una consulta en donde no se invitó ni se pidió la opinión de las organizaciones ni pueblos indígenas.

Se movilizarán en La Montaña para defender la iniciativa de ley integral de los pueblos indígenas

En una reunión en la comunidad de Tapayoltepec del municipio de Malinaltepec, el Consejo de Comunidades  Damnificadas de la Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos acordaron movilizarse la primera semana de marzo  para defender la iniciativa popular de la ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos entregada en el Congreso como una alternativa ante la posibilidad de que la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena sea derogada.
La iniciativa tiene agregados y modificaciones a los artículos de la Ley 701 que tiene que ser ratificada y modificada antes de la primera quincena de marzo ante la adecuación de la Constitución de Guerrero.
Los ajustes son sobre los derechos de los pueblos indígenas a educación, vivienda, salud y alimentación, derechos que han sido ignorados por los gobernantes de los tres niveles de gobierno, se quejaron miembros del comité promotor.
Los miembros del comité entregarán citatorios en las comunidades para la movilización cuya fecha se informará en una conferencia de prensa, ya que  falta menos de un  mes para que venza el plazo que los propios diputados se plantearon para autorizar las leyes secundarias al nuevo texto constitucional.
En la reunión se dio a conocer que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) hará visitas de verificación y ratificación de firmas de las personas que suscribieron la iniciativa y los miembros recomendaron a los participantes estar pendientes en sus comunidades de las visitas que se programen.
El integrante de la comisión promotora de la iniciativa, Abel Bruno Arriaga dijo que la iniciativa que presentaron dichas  organizaciones se ampara con más de 6 mil firmas de ciudadanos.
Agregó que son las primeras organizaciones que presentaron una propuesta emanada de las necesidades de las comunidades y como resultado de asambleas regionales, foros y reuniones comunitarias para definir el contenido de la Ley 701 con propuestas de nuevos derechos colectivos e individuales.
Detalló que en una plática por Whatsapp con la directora técnica de área del IEPC, Betsabé López López, le comentó que en esta semana se verificará en las comunidades y contarán con apoyo de la Universidad Intercultural  para los peritos traductores en un revisión de muestras y que el Instituto Nacional Electoral (INE)  ya está verificando que los firmantes estén en la lista nominal y padrón acorde al porcentaje que se requiere.
A la reunión realizada en la cancha deportiva de la escuela primaria de dicha comunidad que fue convocada por los integrantes del comité promotor llegaron 87 representantes de comunidades de los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, Atlamajalcingo del Monte y Copanatoyac, y hubo más de 200 asistentes de  los cuatros municipios, en su mayoría de Malinaltepec.
El objetivo fue informar  a los asistentes que la propuesta fue presentada al Congreso del Estado y se dio a conocer que el que se entregó es un documento enriquecido  con propuestas que tienen como pueblos indígenas de La Montaña de Guerrero como son los naa savi, me’phaa y nahuas.
Sobre los granos básicos

En la reunión se informó  el resultado de la negociación en Chilpancingo con el gobernador, Héctor Astudillo Flores,  sobre  la entrega de granos básicos  faltantes a los damnificados por la tormenta Manuel en el 2013, se dijo que existe una negativa  del gobierno  estatal de dar respuesta a las demandas que exigieron en el bloqueo carretero el pasado 7 de febrero.
En 15 días se resolvería la entrega de las tres remesas faltantes de arroz, maíz, frijol, arroz y sal, así como las viviendas faltantes que la Sedatu no quiere concluir y se dio a conocer que las constructoras defraudaron al gobierno en la construcción  de las casas ya que hay muchas sin terminar.

El presupuesto de la SAICA no alcanza para las demandas de los paristas, dice Solano Arreaga

El titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Gilberto Solano Arreaga declaró que su presupuesto de 30 millones de pesos se destina al pago de salarios y prestaciones, algunos programas de asistencia jurídica, becas, pago de traductores y gastos emergentes como traslados, ataúdes y compra de medicamento.
Confió en que la gestión de recursos adicionales en concurrencia con otras dependencias federales y estatales les permitirá atender las demandas de más traductores de los trabajadores de Tlapa de la Secretaría que llevan una semana en paro de labores.
Aceptó que los recursos son insuficientes y se vieron obligados a reducir el número de los traductores, de 17 a 12, que apoyan a las víctimas y presuntos responsables cuando los requieren en las agencias del Ministerio Público y hospitales. Dijo que probablemente se reduzca a ocho y añadió que van a tratar de atenderlos con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos (Cdi), para amortiguar el problema.
Recordó que el año pasado, se aplicaron más de 40 millones de pesos en las comunidades indígenas con recursos “transversales” de distintas dependencias, en apoyo y coordinación con la secretaría.
Sobre la demanda a la federación de granos básicos del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, afectados tras las tormentas de 2013, ante el problema del hambre en la región reconoció que a veces el presupuesto “es insuficiente”.
En una reunión de alcaldes y funcionarios estatales en Casa Guerrero, para la instalación del grupo de coordinación de la estrategia federal en favor de los migrantes repatriados, adelantó que hoy, miércoles, el gobernador Héctor Astudillo Flores va a reunirse con el Consejo para atender su demanda de granos.
Recordó que el interlocutor de la Secretaría de Gobernación con los pueblos era el ex subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, ahora secretario de Desarrollo Social, y que sí se distribuyeron los granos en las comunidades de Tepeyac, Unión de las Peras, El Tejocote, Acatlatzala, y en los pueblos de los municipios de Zapotitlán y de Acatepec, que piden la continuidad del programa en 2017, y “a veces el dinero no alcanza para todos”.
Sobre los migrantes, aclaró que aún no han recibido información de indígenas repatriados de Estados Unidos, en la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump..

Informan a damnificados de La Montaña que no hay recursos para concluir la entrega de granos

Representantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña acordaron exigir a los gobiernos federal y estatal que cumplan la entrega de granos básicos.
El presentante del consejo, Abel Bruno Arriaga declaró que las instituciones gubernamentales no cumplen con los acuerdos firmados en una reunión en la Ciudad de México con el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, quien junto con el gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió a que la federación subsidiaría las tres entregas de los granos básicos, y el gobierno del estado la sal, pero ahora dicen que ya no hay recursos para finalizar la entrega.
Detalló que la asamblea del Consejo determinó enviar, al 21 de diciembre, una ficha técnica al secretario particular del subsecretario de gobernación, René Juárez Cisneros, Daniel Pano Cruz, para que éste le informe, porque supuestamente “no saben nada de los acuerdos de la Subsecretaría y del gobierno del estado”.
Contó que el Consejo acordó para el 21 de diciembre una reunión de todos los representantes de los municipios para denunciar ante los medios de comunicación el incumplimiento de los compromisos de las autoridades.

Revisará el gobierno el padrón de damnificados de la Montaña antes de entregarles los granos, acuerdan

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que, de manera oficial se acordó una segunda etapa del programa Que Llueva Maíz en la Montaña, en la que se hará una revisión del padrón de las 16 mil familias beneficiarias, para después entregar granos básicos, como maíz, frijol y arroz, y sal a los campesinos, luego de las afectaciones que dejó la tormenta Manuel en 2013 en la región.
Asimismo, indicó que formarán un equipo de trabajo con las dependencias federales involucradas en el programa, como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) para la revisión del padrón de beneficiarios.
Detalló que de los 122 millones de pesos autorizados para el programa, el gobierno estatal aportará 30 millones, la Cdi otros 61 millones de pesos y el gobierno federal aportará unos 30 millones.
A las 11:30 de la mañana, unos 60 integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y el director de Tlachinollan se reunieron en la sala de la República de Casa Guerrero con el gobernador Héctor Astudillo Flores, funcionarios estatales y federales para tratar el asunto de la entrega de los granos básicos a los campesinos beneficiarios del programa Que Llueva Maíz en la Montaña.
De acuerdo con Barrera Hernández, ese programa lo obtuvieron los pueblos gracias a que lucharon para hacer valer su derecho a la alimentación, lo que no está garantizado en la región de la Montaña, donde hay un gran déficit alimentario y la gente tiene que emigrar para cubrir esa necesidad o, en otros casos, no les queda otra más que sembrar cultivos ilícitos.
Consultado al término de la reunión, que fue privada y duró casi una hora y media, Abel Barrera expuso que, formalmente acordaron la segunda etapa del programa Que Llueva Maíz, impulsado por el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña.
Explicó que quedó definido el mecanismo de operación, pues fue entregado el padrón de familias beneficiarias que será revisado en el transcurso de la semana para que en la próxima reunión se defina si atiende a las familias más afectadas tras la tormenta.
Recordó que en reuniones pasadas con representantes de la Sagadegro, fue excluida la sal para las 16 mil familias; sin embargo, externó que luego de la reunión fue reconsiderada la petición de integrarlo al paquete, lo que asciende a unos 7 millones de pesos.
Detalló que hasta que se depure el padron, que se verifique que no haya duplicidad de nombres, que no haya más de dos miembros de una familia y que realmente están en pobreza extrema, se programará la distribución de los granos.
También agregó que se prevé una distribución en seis entregas de 100 kilos de maíz, 20 kilos de frijol, 20 kilos de arroz y un kilo de sal, preferentemente de manera anual y no mensual.
El director de Tlachinollan informó que en la reunión estuvieron pobladores de los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Atlamajatzingo del Monte, San Luis Acatlán, Tlapa, Alcozauca e Iliatenco.
Remarcó que los acuerdos con los tres niveles de gobierno son gracias a la movilización del Consejo, ante la falta de atención a los pueblos y comunidades de la Montaña, “donde un punto central es cómo garantizar el derecho a la alimentación, y una alimentación suficiente y adecuada”.
“Se debe hacer un programa compensatorio con compromisos muy concretos, donde las familias deben habilitar con este apoyo sus parcelas para que a mediano plazo sean autosuficientes, ya que la apuesta es por la autosuficiencia”, expresó Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan mencionó que otro punto a tratar es el problema de la vivienda en la Montaña, pues luego de las contingencias de Ingrid y Manuel en 2013, casi 2 mil 900 casas resultaron afectadas.
Agregó que en la reunión estuvieron el titular de Sagadegro Juan José Castro Justo, el delegado de la Cdi, Julio César Licona y el secretario de Finanzas y Administración estatal, Héctor Apreza Patrón.
Barrera Hernández reiteró la exigencia de que haya un manejo transparente de los recursos económicos, y que se amplíe el apoyo a los municipios más marginados.

Bloquean campesinos de La Montaña las carreteras de Tlapa a Puebla y a Chilpancingo; exigen diálogo

Na savi, me’phaa, nahuas y mestizos que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña bloquearon las carreteras federales de Tlapa a Puebla y de Tlapa a Chilpancingo para exigir una mesa de diálogo con los gobiernos federal y estatal que acepten sus peticiones de granos básicos, y la reconstrucción de viviendas e infraestructura de inmuebles como escuelas, y centros de salud, así como la rehabilitación de caminos y puentes afectados por la tormenta Manuel y las lluvias de marzo.
Los inconformes iniciaron este jueves la jornada Contra el hambre y la discriminación, con una reunión en la Casa del Jornalero, donde acordaron bloquear las carreteras, en lugar de marchar como anunciaron.
En la carretera Tlapa-Chilpancingo, el primer bloqueo fue en el crucero de Atlamajalcingo del Río, donde participaron campesinos de los municipios de Tlacoapa, Alpoyeca, Acatepec y San Luis Acatlán, pero al ver que los conductores buscaban salidas alternas, una parte del grupo se trasladó a la salida del balneario Paraíso Escondido, en la carretera vieja, para cerrarla totalmente.
En la carretera Tlapa-Puebla ocurrió algo similar; primero se plantaron en La Nopalera, y de ahí, al ver que se usaba el cauce del río Tlapaneco como vía alterna, se trasladaron al puente de El Otate para cerrar el paso. Aquí estuvieron vecinos de Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Xalpatláhuac, Atlixtac e Iliatenco, entre otros.
En ambos sitios se permitió el paso a quienes llevaban enfermos. En el bloqueo participaron más de 3 mil indígenas de 185 comunidades.
El líder Moisés Solano Cano dijo que esperaban que se cumplieran los acuerdos con el gobierno federal, ya que las mesas de trabajo no se han concretado y se postergan unos días antes de las fechas, como ocurrió este 30 de marzo, cuando no les confirmaron la reunión.
Dijo que la petición es que en 2016 les doten granos básicos como maíz, frijol y arroz, y sal en el programa Que llueva maíz en La Montaña, para más de 16 beneficiarios, ante las afectaciones a sus tierras de labor, y que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) responda a su compromiso de reconstruir 4 mil 800 viviendas y las escuelas, caminos y puentes afectados por la tormenta.
Además exigen que se atienda de manera emergente a los cafetaleros que en su mayoría son parte del Consejo, ante las afectaciones que dejó la plaga de la roya que no les permitió obtener cosechas.
Mencionó que no se levantaría el bloqueo si no recibían a la comisión y que ya llevan más dos años y medio exigiendo que cumpla al gobierno federal, que minimiza a los delegados, comisarios y principales de las comunidades que acuden en representación de sus pueblos.
Alfonso Ayala Vicario, de Malinaltepec, lamentó que las autoridades sólo engañen a la gente y que los apoyos lleguen tarde, como ocurrió con las lluvia y los vientos del 8 de marzo, cuando decenas de casas se quedaron sin techos, y la poca ayuda llegó 20 días después cuando políticos se aprovecharon de la miseria al entregarles a algunos unas cuantas láminas y una despensa, “con eso pisotean la dignidad de la gente y no nos resuelven las necesidades, porque las casas que hicieron ya están mal, se fueron las láminas, nos dan atole con el dedo”, lamentó.
Los comentarios fueron por la visita del gobernador, Héctor Astudillo Flores, a la comunidad na savi de Alacatlatzala, municipio de Malinaltepec, el 29 de marzo, “sólo llamaron a la gente y no le dieron nada, actuaron de mala fe para llenar una cancha y sólo le dieron los apoyos a unos cuantos, fue otra jugada contra nosotros”, denunció.
El bloqueo fue levantado a las 9 de la noche y recibieron la propuesta de una fecha para reunirse con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Al cierre de esta edición continuaban en reunión deliberando sobre continuar o no su jornada de lucha.
En un boletín, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan apunta que ante la grave crisis productiva que enfrentan las familias indígenas, los pueblos cuya economía se basa en la agricultura de temporal y en la comercialización del café están al borde de una situación de gravedad.
Por eso pedían el programa Que llueva maíz en la Montaña, como una medida emergente que compense el déficit de producción de granos básicos que ha obligado a decenas de familias a salir de la región para contratarse como jornaleras agrícolas.
Exigieron que las autoridades cumplan con la construcción de vivienda, que de acuerdo con el censo del Consejo, suman 4 mil 250 casas dañadas tras las tormentas Manuel e Ingrid.
Menciona que la lucha de los pueblos es para hacer que las autoridades se comprometan a cumplir sus compromisos.
El Consejo emplaza a los gobiernos estatal y federal a retomar la mesa de diálogo que quedó trunca desde diciembre de 2015, y ante el vacío que generan las autoridades, el Consejo protesta masivamente y exige el cumplimiento de la segunda etapa del programa Que llueva maíz en la Montaña, y que se atienda la construcción de viviendas.
Llamaron al gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores a que asuma su compromiso de proteger los derechos fundamentales de la población más olvidada de Guerrero.