El presupuesto de la SAICA no alcanza para las demandas de los paristas, dice Solano Arreaga

El titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Gilberto Solano Arreaga declaró que su presupuesto de 30 millones de pesos se destina al pago de salarios y prestaciones, algunos programas de asistencia jurídica, becas, pago de traductores y gastos emergentes como traslados, ataúdes y compra de medicamento.
Confió en que la gestión de recursos adicionales en concurrencia con otras dependencias federales y estatales les permitirá atender las demandas de más traductores de los trabajadores de Tlapa de la Secretaría que llevan una semana en paro de labores.
Aceptó que los recursos son insuficientes y se vieron obligados a reducir el número de los traductores, de 17 a 12, que apoyan a las víctimas y presuntos responsables cuando los requieren en las agencias del Ministerio Público y hospitales. Dijo que probablemente se reduzca a ocho y añadió que van a tratar de atenderlos con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos (Cdi), para amortiguar el problema.
Recordó que el año pasado, se aplicaron más de 40 millones de pesos en las comunidades indígenas con recursos “transversales” de distintas dependencias, en apoyo y coordinación con la secretaría.
Sobre la demanda a la federación de granos básicos del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, afectados tras las tormentas de 2013, ante el problema del hambre en la región reconoció que a veces el presupuesto “es insuficiente”.
En una reunión de alcaldes y funcionarios estatales en Casa Guerrero, para la instalación del grupo de coordinación de la estrategia federal en favor de los migrantes repatriados, adelantó que hoy, miércoles, el gobernador Héctor Astudillo Flores va a reunirse con el Consejo para atender su demanda de granos.
Recordó que el interlocutor de la Secretaría de Gobernación con los pueblos era el ex subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, ahora secretario de Desarrollo Social, y que sí se distribuyeron los granos en las comunidades de Tepeyac, Unión de las Peras, El Tejocote, Acatlatzala, y en los pueblos de los municipios de Zapotitlán y de Acatepec, que piden la continuidad del programa en 2017, y “a veces el dinero no alcanza para todos”.
Sobre los migrantes, aclaró que aún no han recibido información de indígenas repatriados de Estados Unidos, en la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump..

Informan a damnificados de La Montaña que no hay recursos para concluir la entrega de granos

Representantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña acordaron exigir a los gobiernos federal y estatal que cumplan la entrega de granos básicos.
El presentante del consejo, Abel Bruno Arriaga declaró que las instituciones gubernamentales no cumplen con los acuerdos firmados en una reunión en la Ciudad de México con el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, quien junto con el gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió a que la federación subsidiaría las tres entregas de los granos básicos, y el gobierno del estado la sal, pero ahora dicen que ya no hay recursos para finalizar la entrega.
Detalló que la asamblea del Consejo determinó enviar, al 21 de diciembre, una ficha técnica al secretario particular del subsecretario de gobernación, René Juárez Cisneros, Daniel Pano Cruz, para que éste le informe, porque supuestamente “no saben nada de los acuerdos de la Subsecretaría y del gobierno del estado”.
Contó que el Consejo acordó para el 21 de diciembre una reunión de todos los representantes de los municipios para denunciar ante los medios de comunicación el incumplimiento de los compromisos de las autoridades.

La UPOEG no va a entrar con fuerza a Tierra Colorada; acordó una consulta, dice Bruno

 

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio rechazó que la Policía Ciudadana pretenda entrar mediante la fuerza a Tierra Colorada, y aseguró que en los acuerdos con el gobierno del estado la organización que encabeza pidió que se consulte a la gente.
Plácido Valerio denunció que quien dividió a la UPOEG fue el subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda Nava, para evitar que se expandiera a otros municipios después de la retención de militares en El Pericón, municipio de Tecoanapa, en 2013.
Ayer ofreció una conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), para responder a los diputados locales del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez y Raymundo García Gutiérrez, quienes acusaron que la UPOEG pretende entrar por la fuerza a Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
Aseguró que la Policía Ciudadana no ha intentado entrar por la fuerza a esa cabecera municipal y que a los pueblos siempre entra con el consentimiento de los pueblos, mediante las asambleas comunitarias.
Declaró que la Policía Ciudadana y la UPOEG no pelean el corredor Petaquilas-Xaltianguis ni territorio alguno, y que el acuerdo en las reuniones con el gobierno del estado es que se respete el proyecto comunitario, y que las decisiones se tomen con el consentimiento de los ciudadanos mediante las asambleas.
En las intervenciones en la sesión del Congreso local del martes, el diputado del PRD Sebastián de la Rosa Peláez, llevó el tema a la tribuna. Ahí expresó su rechazo a la intención de la UPOEG de “querer imponer su fuerza” en comunidades donde hay presencia del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), aunque esta organización ha denunciado el contubernio entre el perredista y el líder comunitario para apoderarse del corredor.
En respuesta Plácido Valerio contestó que no es la intención de la Policía Ciudadana entrar a Tierra Colorada ni a ningún pueblo, sino que se consense la opinión de los ciudadanos y que su propuesta llegue a acuerdos con el gobierno del estado.
El diputado García Gutiérrez dijo que es indígena y siempre estuvo en contra del proyecto comunitario desde que se fundó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), así que dijo que carece de autoridad moral para hablar al respecto.
Por otra parte Plácido Valerio recordó que la UPOEG comenzó a tener problemas “cuando vino alguien a dividir” para evitar que se siguiera expandiendo a otros municipios a raíz del bloqueo al Ejército mexicano en El Pericón, municipio de Ayutla.
Ante la pregunta de ese “alguien” respondió que “ahí están los acuerdos a los que llegó” con el otro grupo, en referencia al ex secretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava que fue el funcionario federal que se reunió y llegó a acuerdos con los dirigentes del FUSDEG (que es una escisión de la UPOEG), para que se establecieran en el corredor de el valle de El Ocotito, y luego a Petaquillas, de donde ya fueron desplazados por la vías de las armas por la UPOEG.

 

Planean hoy damnificados de La Montaña con federación y estado la entrega de granos

El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña informó que se reunirá este lunes en Chilpancingo con representantes del gobierno estatal y federal  para tratar la entrega  de los  granos básicos como maíz, frijol, arroz y sal, que requieren los campesinos para su alimentación tras las afectaciones que dejó en esa región la tormenta Manuel en 2013.
En una reunión el pasado sábado, los integrantes del consejo entregaron las listas depuradas de los beneficiarios  de sus  comunidades y otra comisión entregará hoy esa lista a los representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) y a los representantes  del gobierno federal.
La pasada reunión fue en la explanada de la Unidad de Servicios Integrales, donde estuvieron representantes  de las 185 comunidades de 13 municipios de la Montaña a quienes les informaron los acuerdos con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.
Ahí se les informó a los pobladores que se autorizaron 122 millones de pesos, y que la sal ya no se dará a  las 16 mil familias afectadas.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó que  se autorizó la segunda etapa del programa Que llueva maíz en la Montaña,  para seis meses.
Mencionó que el programa lo obtuvieron los pueblos  por  luchar y hacer valer  su derecho a  la alimentación, el cual dijo no está garantizado en la región de la Montaña, en  donde  hay un déficit alimentario  más allá del programa gubernamental de la Cruzada contra el hambre, y que no se está atendiendo el problema de la falta de frijol, maíz y arroz, que son alimentos básicos y al no tenerlos la gente a comienza a migrar para solucionar el problema o les surge la tentación de sembrar cultivos ilícitos.
Dijo que los niños y las mujeres tienen índices  de desnutrición que están confirmados por las instituciones y que es un logró que el programa esté siendo respaldado por el gobierno estatal y federal, sobre la reparación de las viviendas afectadas por la tormenta dijo que el tema sigue pendiente.
Comunicó que los pobladores de la Montaña se reunirán con funcionarios estatales y federales este lunes a las 11 de la mañana en Casa Guerrero, en Chilpancingo, y se entregará el padrón de beneficiarios  y se planteará la programación de entrega de los granos.
Mencionó que el gobernador Héctor Astudillo Flores  estará en la reunión  y que se comprometió a dar una parte proporcional de los 122 millones  en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) y el gobierno federal.

Exige el Consejo de Damnificados de La Montaña que se amplíen los apoyos de granos básicos

 

El Consejo de Damnificados de la Montaña marchará hoy en Tlapa “contra el hambre y el olvido”, para que se amplíen los apoyos de granos básicos, se atienda el desplazamiento de comunidades, las viviendas dañadas y a los cafeticultores damnificados por la tormenta tropical Manuel en 2013.
En entrevista, la asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Martha Ramírez Galeana informó que la marcha es una continuación de la caravana de noviembre de 2015, porque ahí se había acordado con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, que en enero de 2016 se analizarían las necesidades de las comunidades que integran el Consejo para determinar los tipos de apoyo que recibirían, y aún no se ha visto nada.
Explicó que otro asunto a discutir es la reconstrucción de las casas, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ya reconoció que hay obras que están mal hechas, y aunque cuenta con cifras y montos, no tiene presupuesto asignado.
Agregó que también hablarán de las viviendas afectadas por los fuertes vientos y lluvias del 8, 9 y 10 de marzo, porque casi son las mismas comunidades que fueron afectadas con la tormenta Manuel.
Criticó que aunque el gobernador Héctor Astudillo Flores acudió a la comunidad de Alacatlatzala a entregar enseres, estos son insuficientes y no responden a un proyecto integral, “por ejemplo, cuánto le va a durar esa despensa o la colchoneta a la gente”; explicó que es necesario implementar programas para este tipo de emergencias.
Dijo que hay más municipios en el Consejo, de 13 pasó a 17, porque los problemas y necesidades han aumentado.
Explicó que la primera etapa de entrega de maíz, frijol, arroz y sal a los damnificados ya concluyó, pero que pedirán la segunda etapa incluida en el proyecto original, y es urgente ante las continuas afectaciones a las tierras de los indígenas causadas por el cambio climático, que provoca fuertes lluvias, y vientos que han deslavado y hundido sus tierras de labor, además de la plaga de la roya a los cafetales que eran parte del sustento de las familias.
Indicó que urge implementar el programa Que llueva maíz en la Montaña, y un programa especial para los cafetaleros, porque la mayoría de los integrantes del Consejo se dedican a la producción del café que implica un ingreso más.
Declaró que el Consejo decidió esta marcha el 12 de marzo en una reunión, y que le apostaban al diálogo, mediante la interlocución del antropólogo Abel Barrera, con el gobierno federal, pero no fue posible.
En la convocatoria, el Consejo anunció que marcharán ante la crítica situación de los pueblos indígenas por el desplazamiento de los programas sociales, la devastación que causó el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, por el olvido, la violencia, la falta de oportunidades y la estrategia bélica del Estado.
El Consejo de Comunidades Damnificadas se constituyó el 22 de septiembre de 2013, ante la devastación de las lluvias provocadas por la tormenta Manuel, que integra a 200 comunidades de los 17 municipios de alta marginación de la Montaña de Guerrero, la población más discriminada y olvidada, y por eso exigen el cumplimiento del programa Que llueva maíz en La Montaña.
Ayer se observó a algunos integrantes del Consejo que llegaban a las instalaciones de la Unidad de Servicios Integrales (USI) del programa de Jornaleros Agrícolas de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), donde se reunirán para marchar este jueves a las 10 de la mañana.