Niega Bruno Arriaga que busque la libertad de pariente acusado de homicidio

 

El secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga rechazó la acusación del señor Jesús Mendoza Reyes, de que usa su cargo para influir en la libertad del presunto responsable del homicidio de su hijo.
En consulta telefónica afirmó que no tiene ningún interés jurídico en el proceso, y los jueces tienen autonomía para impartir justicia sin injerencia.
Tampoco se ha reunido con jueces ni magistrados para presionar en alguna sentencia. Consideró que en la denuncia hay un interés de afectar su imagen pública.
Indicó que Jesús Mendoza era regidor cuando a su hijo le quitaron la vida, en 2022.
El secretario confirmó que dos funcionarios de la Sedepia fueron llamados a declarar en el proceso penal del que tuvieron conocimiento de manera indirecta; una como agente del Ministerio Público, ahora jubilada. Fue la que integró la carpeta.
El segundo, un maestro que fue testigo de una convivencia de algunos jóvenes que estaban bebiendo en su tienda, incluida la víctima, antes de que ocurriera el delito.
Aclaró que para los servidores públicos es una obligación atender los citatorios del poder judicial. No fueron llamados por su relación laboral con el funcionario.
Además, señaló que sus colaboradores entraron a la Sedepia en 2024, y el implicado fue detenido a finales de 2025.
Por lo tanto, la contratación no está relacionada con el juicio. “Es un tema legal, donde se está requiriendo a las personas que conocieron del delito para que declaren”, puntualizó.
Confirmó que un detenido es esposo de su cuñada, pero no mete las manos por nadie, “si alguien cometió un delito y se comprueba, que sea castigado por la ley. Nunca me he caracterizado por favorecer alguna situación desde mi encargo, ya fui presidente municipal, jamas se me señaló de uso indebido de la función”.
Consideró una falta de respeto para los jueces decir que van a liberar a un detenido porque un secretario va a sobornar a alguna autoridad.
“He trabajado de manera honesta. Quiero decir que están cayendo en actos de difamación en contra de mi persona, en ningún momento he intervenido ni soy Ministerio Público ni juez, para decir cómo se va a resolver”.
Enfatizó que el delito ocurrió mucho antes de que asumiera la Secretaría, y es una coincidencia que sus colaboradores hayan sido llamados como testigos, y están obligados a declarar por mandato legal.
Se deslindó de cualquier circunstancia del proceso en cuestión. Ratificó que en ningún momento se ha utilizado a la Secretaría para favorecer a nadie, en ningún tipo de situación.
Pidió no hacerlo objeto de un juicio sumario en un asunto donde no tiene nada que ver, y expresó preocupación de que se utilice con fines políticos delitos graves para afectar a los actores políticos. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Denuncia injerencia de funcionarios del estado en el proceso legal del asesinato de su hijo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El señor Jesús Mendoza Reyes, papá de un joven asesinado hace cuatro años en Potrerillo, municipio de Santa Cruz del Rincón, informó que el miércoles 8 de julio comenzará el juicio oral, con injerencia de funcionarios del gobierno del estado a favor de los inculpados.
Llamó a la gobernadora Evelyn Salgado y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval a que observen con atención este proceso para que el homicidio no quede impune.
Específicamente responsabilizó de la operación al secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro mexicanos, Abel Bruno Arriaga, para conseguir la libertad del cuñado de su pareja, en prisión preventiva por el homicidio de José Miguel Mendoza Patricio, cometido el 23 de septiembre de 2022.
Indicó que hay dos detenidos, y Roberto Ortega Ventura, representante legal del concuño del secretario, presentó como testigo circunstancial a la ex titular del Ministerio Público de Malinaltepec, Esther Gómez Pacheco, que realizó las primeras diligencias del caso, y que ahora trabaja como directora General de Defensa y Asesoría a Pueblos Indígenas y Afromexicanos en la Sedepia.
Aseguró que falsificaron documentos para negar que la exagente del MP tomó entrevistas del caso, después del sepelio de su hijo, y que estuvo en el domicilio donde ocurrió el asesinato.
También dijo que es testigo de descargo la perita traductora y pareja del funcionario estatal, Araceli Rea Gutiérrez, y su hermana, Rocío Rea Gutiérrez, esposa del detenido Rodolfo N.
Aseguró que el testigo de cargo, Tomás Rea Gómez también recibió un cargo en la Sedepia, para presentar una declaración a modo.
Insistió en que las autoridades vigilen el proceso para que no se cometa una injusticia, “en memoria de él quiero que se castigue a responsables por el crimen que cometieron”.
También hizo responsables “a todas las personas involucradas en el caso de mi hijo”, de lo que pudiera ocurrirle a él o a otros integrantes de su familia.

Piden indígenas la opinión de la ONU y el apoyo de ONG para la ley que promueven

 

El integrante del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecodec), Abel Bruno Arriaga informó que se pidió la intervención de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) sobre la iniciativa popular legislativa para la Ley Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero que promueven.
Dijo que como parte de la representación de los pueblos con Alfonso Ayala Vicario y Abad Cantú Gómez, se ha acercado a organizaciones e instituciones para que respalden la propuesta, y por eso solicitaron una audiencia con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México y con el relator especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en México, para darles información sobre la iniciativa popular y conocer su opinión del contenido y alcance de la ley que promueven, surgida de la comunidad.
Además piden que los acompañen en el proceso y la intervención institucional para que la iniciativa sea discutida y aprobada por el Congreso del Estado de Guerrero, ante “la existencia del temor fundado de que los legisladores muestran buena disposición, pero deliberadamente sea ignorada o mutilada durante el proceso legislativo por la influencia de actores gubernamentales, políticos, empresariales, interesados en que no prospere por considerar que afecte sus intereses”.
Mencionó que el lunes visitaron las casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán y Espino Blanco (Colombia) de Malinaltepec, además de la CRAC de los pueblos fundadores en Santa Cruz del Rincón del municipio de Malinaltepec, para invitarlos a constituir un frente común en defensa de los derechos de las comunidades indígenas.
Agregó que se reunieran este 24 de marzo con Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ- PCP) de Temalacatzingo, municipio de Olinalá para generar las condiciones y la posibilidad de “ir juntos por la ratificación y ampliación de los derechos contenidos en la Ley 701”.
Comentó que San Luis Acatlán y Espino Blanco analizarán la propuesta y Santa Cruz del Rincón se localizará posteriormente.
El Congreso del Estado le solicitaron el calendario con las fechas en las que se reunirán los asesores, las comisiones para analizar y discutir la construcción y el contenido del dictamen sobre la ley presentada, o las que existan y se les cite para que puedan estar y participar en el desarrollo del proceso, ya que cuando acudieron sólo les dieron una agenda de trabajo, pero sin fechas.
También solicitaron copias simples de las iniciativas presentadas sobre el tema.
Informó que también le hicieron llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos sus solicitudes, para conocer su opinión y pedir acompañamiento, por lo que están a la espera de las repuestas para hacer y escuchar sus planteamientos, dijo.

Toman protesta a comisarios y delegados de Tlapa; en el acto repudian el gasolinazo

La actividad para la toma de protesta de comisarios y delegados de Tlapa inició con rechiflas contra el presidente priista, Jesús Noé Abundiz García, que llegó tarde al acto además sólo lo acompañaron tres regidores y  los delegados se inconformaron contra el alza al precio de la gasolina.
La actividad programada para las 11 de la mañana inició 40 minutos más tarde con la llegada apresurada del alcalde a quien los asistentes, quienes llegaron puntuales, lo recibieron con rechiflas y gritos de que era un servidor público que debía ser respetuoso con el tiempo de las personas.
Trabajadores del Ayuntamiento llamaban a la calma a los asistentes y justificaban  al alcalde de que estaba en una reunión, pero eso sólo sirvió para aumentar los chiflidos ante la tardanza además afuera en la calle esperaban los colonos que los acompañaron y no dejaron entrar al auditorio.
El evento inició con el anuncio del reglamento legal y luego le dieron la palabra al alcalde Abundiz García.
Después de unas palabras tomó protesta a los delegados y comisarios  para la entrega simbólica del bastón de mando.
El edil estuvo acompañado  de la regidora priista de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,  Laura Portillo Santos, el regidor  del Partido de los Pobres de Cultura, Recreación y Espectáculo, Roberto Santos Reyes y la regidora del Partido del Trabajo de Salud y Asistencia Social, Norma Merino Ortega y el secretario general, Julio César Naranjo Jiménez. Faltaron la síndica procuradora del PRI y siete regidores del PRI, PRD, Morena y PT.
Los del presídium  entregaron nombramientos a unos seis delegados y comisarios que pasaron al frente  por su documento que lo acredita como autoridad y con eso cerraron la actividad antes de llegara una marcha  que hicieron transportistas contra el gasolinazo.
Durante las palabras del edil, el delegado de la colonia Loma Bonita, Telésforo Aguilar Villanueva, y Abel Bruno Arriaga llevaron al frente una lona que decía, “Loma Bonita exige no al aumento de gasolina, gas y luz eléctrica”, esto provocó disgusto en los trabajadores del Ayuntamiento. Al concluir el acto llevaron por las calles hasta sus demarcaciones la lona del desacuerdo contra el gasolinazo.
Los colonos recibieron a las autoridades recién elegidas con confeti, collares de cempasúchil, listones, abrazos, bendiciones y alimentos.

Informan a damnificados de La Montaña que no hay recursos para concluir la entrega de granos

Representantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña acordaron exigir a los gobiernos federal y estatal que cumplan la entrega de granos básicos.
El presentante del consejo, Abel Bruno Arriaga declaró que las instituciones gubernamentales no cumplen con los acuerdos firmados en una reunión en la Ciudad de México con el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, quien junto con el gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió a que la federación subsidiaría las tres entregas de los granos básicos, y el gobierno del estado la sal, pero ahora dicen que ya no hay recursos para finalizar la entrega.
Detalló que la asamblea del Consejo determinó enviar, al 21 de diciembre, una ficha técnica al secretario particular del subsecretario de gobernación, René Juárez Cisneros, Daniel Pano Cruz, para que éste le informe, porque supuestamente “no saben nada de los acuerdos de la Subsecretaría y del gobierno del estado”.
Contó que el Consejo acordó para el 21 de diciembre una reunión de todos los representantes de los municipios para denunciar ante los medios de comunicación el incumplimiento de los compromisos de las autoridades.

Viven en casas sin techo indígenas de La Montaña por los vientos de hace 20 días, denuncian

 

Las comunidades me’phaa, na savi y nahuas de la Montaña continúan sin recibir apoyos de los gobiernos para hacer frente a las afectaciones que dejaron los vientos y la lluvia del 8, 9 y 10 de marzo en la región, cuando sus casas se quedaron sin techos.
El dirigente me’phaa del Frente de Comunidades en Defensa de los Derechos Colectivos (Frecoddec), Abel Bruno Arriaga, de la comunidad de la Unión de la Peras, informó que a las comunidades de Malinaltepec no ha llegado el apoyo para reparar los daños de las viviendas.
Dijo que no hay apoyo municipal ni estatal de autoridades de Protección Civil u otra instancia, y que las familias siguen en sus casas aunque no tienen techos.
Agregó que les pidieron llevar este martes a todos los pobladores a recibir al gobernador Héctor Astudillo Flores para que no se queden sin lámina y colchonetas, que les entregarán en la comunidad na savi de Alacatlatzala.
En la comunidad de San Miguel el Progreso tampoco han tenido respuestas, y las familias siguen viviendo al aire libre porque no cuentan con techos, y ni el municipio ni el estado se han acercado a ellos, según información proporcionada por la radiodifusora comunitaria Naxme.
Los integrantes del Consejo Regional de los Pueblos Me’phaa bathaa que exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restablecer el servicio de energía este lunes, comentaron que los apoyos no han llegado totalmente a las comunidades indígenas.
En la comunidad de El Rosario, municipio de Atlamajalcingo del Monte, las láminas tampoco han llegado a las casi 60 familias afectadas, según comentó uno de los pobladores en esta ciudad, que se quejó de que el gobernador sólo llevó cosas a los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, hace unos días.
Otro vecino de la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, reiteró que no han recibido ningún apoyo de las autoridades, que supieron que fue el gobernador, pero para ellos no dejaron nada.
El gobernador acudió el 13 de marzo a las comunidad na savi de San Lucas, de Cochoapa el Grande, y la me’phaa bathaa de Francisco I. Madero, municipio de Metlatónoc, donde de manera simbólica entregó láminas a las familias afectadas.
Se observaron paquetes de láminas para unas cinco, siete y hasta 15 familias por comunidad, cuando las afectaciones fueron mayores y ahí los dirigentes le pidieron que no cerrara las listas, porque aún no se terminan de cuantificar los daños.