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Apenas se aprobaron las reglas y por eso no sesiona la Comisión Intersecretarial de jornaleros, responde la Semai

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La secretaria de los Migrantes y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal, cuestionó que haya denuncias contra el gobierno estatal por el manejo de la Unidad de Servicios Integrales (USI) o Casa del Jornalero en Tlapa por la falta alimentos para las familias que usan esta sede durante su trayecto a los campos agrícolas en otros estados, cuando no le han solicitado los servicios.
Aclaró que en el presupuesto de este año, está aprobado para el Programa de Atención a Jornaleros 4 millones de pesos y de éstos 3.5 millones de pesos se van a destinar a la USI de Tlapa y de Chilapa así como para hacer el padrón, dar capacitación en derechos humanos y laborales, y equiparlos, pero aún no reciben el dinero que se aplicará de acuerdo con las reglas de operación que se acaban de aprobar en el poder ejecutivo.
“Vamos a equipar este año la USI de Tlapa, literas, colchones, sábanas, vamos a equipar la cocina, para que las mismas jornaleras puedan hacer sus alimentos ahí, entonces, es lo que tenemos planeado con presupuesto”, agregó.
Informó que este miércoles la Semai firmó un convenio con el Ayuntamiento de Chilapa para equipar y darle uso a la USI, y puedan quedarse ahí quienes van a reclutarse para trabajar en campos tanto nacionales como internacionales.
Añadió que se hace un conteo rápido de las personas que salen como migrantes para generar algunas políticas públicas para las casi 70 y 80 mil personas que se estiman en este sector.
Dijo que la Semai no da despensas, como pide el Consejo de Jornaleros de Tlapa que opera la USI de esta sede, pero las solicitará al DIF Guerrero, aunque pide un trabajo coordinado para que los apoyos lleguen a quienes deban llegar, “porque sino se ocupan para otros asuntos”.
Adelantó que las USI estarán instaladas cuando comience la temporada alta de migración, a mediados de años, para que las familias puedan pernoctar ahí, “y se va a hacer un padrón, se van a revisar los contratos de trabajo para que no haya sorpresas de que se los llevaron secuestrados a lugares que no estaban programados”.
Asimismo, dijo que están en reuniones con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Armando Baños Rendón para que haya una mesa de trabajo con el área de Derechos Humanos en el gobierno del estado, el DIF, y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia)
Aclaró que la Comisión Intersecretarial de Atención y Apoyo a Jornaleros Migrantes y sus Familias no se ha instalado porque apenas se aprobaron las reglas de operación para el manejo de los recursos públicos, y aun no se han publicado, y entonces van a echar a andar el programa con todas las dependencias involucradas en la atención a los jornaleros. Subrayó que las acciones para los migrantes “vienen del gobierno del estado, a petición de los propios jornaleros”.
Aseguró que nunca se ha hecho un censo de los jornaleros agrícolas, “siempre se ha trabajo al imaginario, y este gobierno lo va a hacer con la coordinación de los alcaldes de los municipios expulsores, para poder generar una política pública en beneficio de esa gente, porque sino sabemos en dóde están, cuántos son, cómo le vamos a hacer”.
Precisó que también se van a apoyar en organismos de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que sí ayudan, pero reoprochó que hace comentarios fuera de lugar, sin ver qué hace el gobierno.
Recordó que hace unos días dijeron que no se había trasladado el cuerpo de una mujer que murió en Estados Unidos y que es de Tlapa, cuando el gobierno del estado ya se encontraba atendido el caso, pero no se puede ir a recoger si no ha llegado a la Ciudad de México. Pues la Semai tiene el programa traslado de cuerpos de guerrerenses fallecidos en el extranjeros, del aeropuerto de la Ciudad de México a la comunidad de origen.
“No es nada más tronar los dedos, es verdaderamente coordinarnos para hacer las cosas bien. Ya estamos en reuniones con las dependencias para cuando salgan los recursos, lógicamente empecemos a atender este asunto. En lugar de estar hablando a los medios, es mejor ponerse de acuerdo con uno”, indicó.
Precisó que recibió una llamada de Tlapa para pedirle una reunión con todas la dependencias, y no tienen inconveniente, pero confirmó que cada institución tiene una agenda y ha faltado coordinación.
De este llamado del Consejo de Jornaleros Agrícolas para que la Comisión Intersecretarial sesione en Tlapa, señaló que no ha recibido ningún oficio de esta petición. “Sabemos que enviaron un oficio a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, nos instruyeron dar atención, pero algunos funcionarios no pudieron estar en la cita que se canceló, y luego no ha podido contactar al señor. Nunca me contestó”.
Subrayó que la USI sólo va a funcionar en la temporada alta, de agosto a diciembre, con los recursos estatales.
Por otro lado, dijo que se prepara un programa piloto de proyectos productos para reducir la migración de jornaleros agrícolas que crece año con año.
Sobre la mejora de las condiciones de trabajo en los campos agrícolas en los estados del norte, centro y bajío, que no han sido dignas, sino violatorias de los derechos humanos, adelantó que el gobierno del estado va a firmar un convenio con Sinaloa, a donde va la mayoría de los guerrerenses, para revisar las condiciones laborales y de vivienda.
Señaló que el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez está ayudando para tener el contacto con Sinaloa y realizar los convenios. Sólo falta establecer el día de la firma.

 

Adeuda la alcaldía de Tlapa dos meses de salario a encargados de la Casa del Jornalero

Los integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña denunciaron que el Ayuntamiento de Tlapa que encabeza el priista, Jesús Noé Abúndiz García les adeuda sus quincenas de diciembre y enero.
Los integrantes del Consejo, Miguel Martínez  Peralta, Flores Crescencio Sánchez y Aureliana Díaz Benigno dijeron que el adeudo es porque el Ayuntamiento les da una compensación por atender la Casa del Jornalero durante la temporada de alta migración que inició en septiembre de 2017 y  concluyó en enero. Con ellos también estuvo presente el integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes quien da seguimiento al problema de los jornaleros.
Mencionaron que la compensación es parte de los acuerdos con las instituciones ya que ellos se encargan de cuidar la Unidad de Servicios Integrales (USI) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), además de anotar a los jornaleros que acuden al lugar antes de sus salida a los campos, hacer los alimentos que les ofrecen en el comedor comunitario mientras esperan la salida de  autobuses, organizar las despensas que les dan para el camino así como el mantenimiento con el aseo, y manifestaron que no se dan abasto y solicitaron que se contrate a otras dos personas.
Denunciaron que en esta temporada del 2017 al 2018 las personas encargadas por el gobierno del estado para atenderlos fueron muy irresponsables porque no cumplieron los acuerdos planteados. Mencionaron que entre ellos están el secretario de la Sagadegro, Juan José Castro Justo, el presidente municipal, Jesús Noé Abúndiz y el ahora ex secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Gilberto Solano Arreaga, con quienes se reunieron escasamente en tres ocasiones en que  prometieron cumplir la agenda jornalera  “pero sólo fueron promesas”.
Criticaron que Solano Arreaga ahora busque ser presidente de este municipio cuando no cumplió ni atendió a la población jornalera y se dedicó a entregar recursos para jaripeos, bailes,  carreras de caballos, eventos básquetbol, de motos  y no implementó una política pública para este sector.
Cuestionaron que si no asumió el compromiso con más de 6 mil  familias jornaleras ahora que se haya registrado como precandidato y cómo le va hacer para  cumplirle a Tlapa, y a los jornaleros que son una cifra importante de este municipio y porque aquí es un lugar de expulsión de mano de obra.
También criticaron que el alcalde Abúndiz García no cumplió con acondicionar el estacionamiento, pintar el edificio y darle mantenimiento y los servicios de agua y recolección de basura.

 

Bloquean campesinos de La Montaña las carreteras de Tlapa a Puebla y a Chilpancingo; exigen diálogo

Na savi, me’phaa, nahuas y mestizos que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña bloquearon las carreteras federales de Tlapa a Puebla y de Tlapa a Chilpancingo para exigir una mesa de diálogo con los gobiernos federal y estatal que acepten sus peticiones de granos básicos, y la reconstrucción de viviendas e infraestructura de inmuebles como escuelas, y centros de salud, así como la rehabilitación de caminos y puentes afectados por la tormenta Manuel y las lluvias de marzo.
Los inconformes iniciaron este jueves la jornada Contra el hambre y la discriminación, con una reunión en la Casa del Jornalero, donde acordaron bloquear las carreteras, en lugar de marchar como anunciaron.
En la carretera Tlapa-Chilpancingo, el primer bloqueo fue en el crucero de Atlamajalcingo del Río, donde participaron campesinos de los municipios de Tlacoapa, Alpoyeca, Acatepec y San Luis Acatlán, pero al ver que los conductores buscaban salidas alternas, una parte del grupo se trasladó a la salida del balneario Paraíso Escondido, en la carretera vieja, para cerrarla totalmente.
En la carretera Tlapa-Puebla ocurrió algo similar; primero se plantaron en La Nopalera, y de ahí, al ver que se usaba el cauce del río Tlapaneco como vía alterna, se trasladaron al puente de El Otate para cerrar el paso. Aquí estuvieron vecinos de Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Xalpatláhuac, Atlixtac e Iliatenco, entre otros.
En ambos sitios se permitió el paso a quienes llevaban enfermos. En el bloqueo participaron más de 3 mil indígenas de 185 comunidades.
El líder Moisés Solano Cano dijo que esperaban que se cumplieran los acuerdos con el gobierno federal, ya que las mesas de trabajo no se han concretado y se postergan unos días antes de las fechas, como ocurrió este 30 de marzo, cuando no les confirmaron la reunión.
Dijo que la petición es que en 2016 les doten granos básicos como maíz, frijol y arroz, y sal en el programa Que llueva maíz en La Montaña, para más de 16 beneficiarios, ante las afectaciones a sus tierras de labor, y que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) responda a su compromiso de reconstruir 4 mil 800 viviendas y las escuelas, caminos y puentes afectados por la tormenta.
Además exigen que se atienda de manera emergente a los cafetaleros que en su mayoría son parte del Consejo, ante las afectaciones que dejó la plaga de la roya que no les permitió obtener cosechas.
Mencionó que no se levantaría el bloqueo si no recibían a la comisión y que ya llevan más dos años y medio exigiendo que cumpla al gobierno federal, que minimiza a los delegados, comisarios y principales de las comunidades que acuden en representación de sus pueblos.
Alfonso Ayala Vicario, de Malinaltepec, lamentó que las autoridades sólo engañen a la gente y que los apoyos lleguen tarde, como ocurrió con las lluvia y los vientos del 8 de marzo, cuando decenas de casas se quedaron sin techos, y la poca ayuda llegó 20 días después cuando políticos se aprovecharon de la miseria al entregarles a algunos unas cuantas láminas y una despensa, “con eso pisotean la dignidad de la gente y no nos resuelven las necesidades, porque las casas que hicieron ya están mal, se fueron las láminas, nos dan atole con el dedo”, lamentó.
Los comentarios fueron por la visita del gobernador, Héctor Astudillo Flores, a la comunidad na savi de Alacatlatzala, municipio de Malinaltepec, el 29 de marzo, “sólo llamaron a la gente y no le dieron nada, actuaron de mala fe para llenar una cancha y sólo le dieron los apoyos a unos cuantos, fue otra jugada contra nosotros”, denunció.
El bloqueo fue levantado a las 9 de la noche y recibieron la propuesta de una fecha para reunirse con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Al cierre de esta edición continuaban en reunión deliberando sobre continuar o no su jornada de lucha.
En un boletín, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan apunta que ante la grave crisis productiva que enfrentan las familias indígenas, los pueblos cuya economía se basa en la agricultura de temporal y en la comercialización del café están al borde de una situación de gravedad.
Por eso pedían el programa Que llueva maíz en la Montaña, como una medida emergente que compense el déficit de producción de granos básicos que ha obligado a decenas de familias a salir de la región para contratarse como jornaleras agrícolas.
Exigieron que las autoridades cumplan con la construcción de vivienda, que de acuerdo con el censo del Consejo, suman 4 mil 250 casas dañadas tras las tormentas Manuel e Ingrid.
Menciona que la lucha de los pueblos es para hacer que las autoridades se comprometan a cumplir sus compromisos.
El Consejo emplaza a los gobiernos estatal y federal a retomar la mesa de diálogo que quedó trunca desde diciembre de 2015, y ante el vacío que generan las autoridades, el Consejo protesta masivamente y exige el cumplimiento de la segunda etapa del programa Que llueva maíz en la Montaña, y que se atienda la construcción de viviendas.
Llamaron al gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores a que asuma su compromiso de proteger los derechos fundamentales de la población más olvidada de Guerrero.