Miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) culminaron este viernes su primer Congreso Político Estatal Extraordinario de los Pueblos Originarios, en el que acordaron reagruparse para exigir la creación de una subsecretaría encargada de la educación para los pueblos originarios.
Sobre los resolutivos de las mesas de trabajo que se instalaron el jueves, el dirigente de la CETEG, Héctor Torres Solano, informó que consideraron que es necesario reagruparse, como pueblos originarios, para exigir la creación de esa subsecretaría.
También detalló que acordaron exigir a las autoridades que se cumplan los resolutivos del congreso anterior, en el cual pidieron que los cambios pactados en la Dirección de Educación Indígena sean reconsiderados.
El primer congreso educativo estatal sobre los pueblos originarios de Guerrero, se realizó en el edificio de la CETEG, ubicado en la colonia Burócratas de la capital, y clausuró este viernes. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y organizaciones sociales, instalaron el primer Congreso Político Estatal Extraordinario de los Pueblos Originarios, donde externaron que se requiere una estructura educativa que se base en sus necesidades.
En el edificio de la CETEG, ubicado en la colonia Burócratas de Chilpancingo, se reunieron cetegistas, alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y la activista universitaria del Comité Independiente de Solidaridad de los Caídos del 60, Roberta Campos Adame.
En su mensaje, el dirigente de la CETEG, Héctor Torres Solano, externó que hace falta mucho por hacer, “desde la implementación o el reconocimiento de la Subsecretaría de los Pueblos Originarios, se requiere una estructura educativa que se base en las necesidades de los pueblos”.
Dijo que van a fortalecer la estrategia y el mecanismo de cómo se tiene que impulsar el “tan anhelado” proyecto. Manifestó que como maestros, les queda claro que las autoridades nunca van a reconocer la manera en que los pueblos originarios están reclamando una educación de acuerdo con su contexto.
Torres Solano indicó que hace el llamado a las autoridades para que entiendan que no son ciudadanos de tercera, “que no nada más ocupen a los pueblos originarios como un adorno, en una oficina o un mantel en una mesa, porque también los pueblos merecen una mejor educación. La intención del encuentro es para reunir todas las ideas políticas”.
Por su parte el representante del comité estudiantil de la normal rural de Ayotzinapa, Gael Hernández, dijo que se solidarizan con el movimiento para que haya una mejora para la educación en el estado.
Resaltó: “Nos unimos y también decirles que estamos en pie de lucha, por la verdad y justicia de nuestros 43 compañeros”.
Las organizaciones sociales se solidarizaron con la CETEG y sostuvieron que trabajarían para el reconocimiento de los pueblos originarios, para que se mejore su educación.
Jacobo Silva Nogales, conocido como comandante Antonio cuando militaba en el grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) Abel Barrera, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Gonzalo Brito, el director de Radio UAG Víctor Wences, la secretaria general, María Xochitl Astudillo y el ex rector de la UAG José Enrique González Ruiz en la celebración del 42 aniversario de Radio UAG) en la Rectoría de la institución educativa Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Activistas sociales y de derechos humanos coincidieron en el 42 aniversario de XEUAG, la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), en que el actual gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, deja muchos pendientes en materia de justicia, derechos humanos, con los pueblos originarios y con víctimas de violencia.
Citaron que uno de los pendientes sobre justicia es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Además, hubo llamados a la paz.
La celebración por el aniversario de la emisora se realizó en el vestíbulo del edificio de Rectoría de la UAG, el mediodía de este viernes.
Asistieron como comentaristas el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández; el ex rector de la UAG, José Enrique González Ruiz; el fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Jacobo Silva Nogales, al que se le conocía como Comandante Antonio; Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, y en representación del rector Javier Saldaña Almazán, asistió la secretaria general, María Xóchitl Astudillo Miller.
Barrera Hernández dijo, de entrada, que en Guerrero no hay una política para fortalecer los medios de comunicación plurales, libres y autónomos, como tampoco hay una política en materia de derechos humanos.
“Todo se ha supeditado a intereses facciosos, ya sea de partidos, de grupos, y todavía de caciques, que impiden que los ciudadanos sean los verdaderos actores del cambio”, agregó.
Relató que en la Montaña, a pesar de que fue la región más alta en votación hace seis años a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, ello no se tradujo en mejor educación, salud, trabajo ni producción de bienes básicos.
“Todavía no llega esa transformación que se ha anunciado, y esto se ha expresado a través de estos micrófonos. Por eso celebramos estos 42 años con compañeros que son combativos y abren los micrófonos a los pueblos indígenas”, dijo en referencia a XEUAG.
El defensor de derechos humanos habló de casos emblemáticos, como el de Valentina Rosendo Cantú, que tuvo que ir hasta la Corte Interamericana de Derechos humanos (Coidh), en donde señaló directamente a los perpetradores que la violaron, “porque en México les tembló la mano de enfrentar al Ejército, y todas las autoridades cerraron filas en favor del Ejército” y hasta la fecha lo siguen haciendo”.
Reprochó: “Ese es el grave problema, los pueblos indígenas todavía tienen que enfrentar el aparato burocrático de justicia por falta de acceso a sus derechos fundamentales y pelear como lo hi-cieron Valentina e Inés Fernández Ortega”, la otra indígena guerrerense violada por militares.
Recordó que solo en la Coidh le dijeron a Inés que su palabra tiene verdad y la palabra del Estado tiene mentira, “como está pasando con los 43”.
Criticó que todo ese “mundo de injusticia” y de malas vibras de este sistema político, hace que las víctimas y los pueblos sigan siendo pisoteados.
Reprochó que el Estado ignora a los padres de los 43 y que, incluso, en Guerrero no ha habido una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y los padres, “cuando son precisamente un bastión de la dignidad y del respeto a los derechos humanos”.
Dijo que lo mismo pasa con los pueblos indígenas, para los que no hay efemérides, “¿quién se acuerda de la masacre de El Charco, el 7 de junio de 1998? No hay actos oficiales para los pueblos indígenas, ¿cuánto nos falta luchar y pelear por ello?”.
Recordó también el caso del niño indígena de tres años, Javier Modesto Moreno, cuyos padres migrantes se fueron a trabajar a Guanajuato “porque aquí no hay trabajo y cuando su hijo se quedó jugando debajo de un árbol se extravió, y ahora la versión de la Fiscalía es que lo atropellaron”.
Barrera Hernández reprochó que esto ocurre porque en este gobierno se sigue padeciendo la exclusión social, “y hasta los niños están pagando con su vida”.
El ex rector de la UAG, y ahora abogado independiente, José Enrique González Ruiz, reconoció que el actual gobierno ha participado en un esfuerzo “histórico e importante, que se llama la Cuarta Transformación, y dicen que ya terminó un primer piso y que vamos a empezar un segundo, y yo digo: ‘pues vámonos poniendo de acuerdo’ para ver cómo está este segundo piso, porque yo le veo pendientes al primero”.
Explicó: “Yo le veo pendientes de justicia con las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Como abogado veo un expediente jurídico manoseado, hecho trizas, que no da certeza de nada, no se sabe a quién están juzgando, ni por qué los están juzgando.
No hay justicia en el caso Ayotzinapa”
Opinó que no hay justicia en el caso Ayotzinapa porque no hubo justicia en el caso de las violaciones a los derechos humanos en la guerra sucia, “se fueron vivos los de la guerra sucia, se están muriendo tranquilos, en su cama los desgraciados, y el que queda impune reincide, porque sabe que no le va a pasar nada”.
González Ruiz añadió que en el actual gobierno no hay ni un acercamiento mínimo con la justicia, “¿ya terminó la tarea? Yo digo que no, que nos quedan estos pendientes”.
Indicó que como en el caso Ayotzinapa si se analizan todos los aspectos de la vida social y se hace un balance, se llega a la conclusión de que siguen pendientes, “y fue mucho lo que nos costó (el cambio de régimen), a algunos les costó más, les costó la vida. El resultado de las elecciones de 2018 no es producto de la sabiduría de un solo hombre, es producto de una larga lucha”.
El ex combatiente del EPR, Jacobo Silva Nogales, agradeció el apoyo de la radio de la Universidad cuando estuvo en la clandestinidad y en la cárcel.
Recordó que en ambas etapas, todos sus compañeros debían tener alguna comunicación con alguien de la radio XEUAG, “porque de ellos podía depender nuestra vida, por su solidaridad con los movimientos sociales y populares”.
Agregó que esa radio siempre estuvo a la mano, para sus denuncias, y llamó al movimiento social a que la tenga como referente, porque “la radio puede atarle las manos a los represores, puede atarle las manos a los asesinos”.
Cristina Bautista, integrante del movimiento de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que al presidente López Obrador ya sólo le faltan tres meses para irse, “como madres, todavía tenemos la esperanza que en esos tres meses nos dé resultados de nuestros hijos”.
“Queremos saber qué pasó realmente esa noche del 14 de septiembre de 2014, en Iguala, porque todavía no sabemos dónde están los 43. Mucha gente nos dice que ya pasó mucho tiempo y que ya no viven, porque los mataron, pero como madres y padres tenemos la esperanza de que nos los regresen con vida, como se los llevaron”.
Recordó que se avanzó en el caso, de 2019 a 2021, “hasta que nos topamos con el Ejército. El Ejército no quiere entregar toda la información para que sepamos qué pasó con nuestros hijos”.
Al terminar su participación, los cerca de 100 asistentes corearon la consigna: “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y realizaron el conteo de los 43.
La secretaria general de la Administración Central de la UAG, y representante del rector Saldaña Almazán, Xóchitl Astudillo, remató diciendo que, en efecto, “sabemos que hay muchas justicias pendientes, y hoy que hacemos el conteo de los 43, yo sentía el latir del dolor del corazón de las 43 madres, padres y familiares de estos jóvenes guerrerenses que fueron desaparecidos”.
Agregó que hay muchas justicias pendientes, también, con los pueblos originarios y con los afrodescendientes.
“Muchas justicias pendientes, también, con nuestro planeta, al que hemos violentado de manera terrible y hoy lo estamos sufriendo”, agregó.
Indicó: “Los que padecimos los efectos de Otis en Acapulco nos damos cuenta de esa otra gran violencia. Hablamos de violencia física, pero hoy quiero hablar de la paz, tenemos que seguir trabajando por la paz, por la construcción de la paz social, la paz con los pueblos originarios, la paz con las mujeres, que muchas veces hemos sido víctimas de violencia, la paz por el ambiente, la paz social”.
Dijo que los mexicanos quieren una sociedad más justa, igualitaria, inclusiva, “cuando hablamos de Guerrero, sabemos que estamos hablando de un México desigual, porque, efectivamente, en la Montaña todavía tenemos lugares que ocupan los índices de desarrollo humano más bajos”.
Los ponentes en el foro sobre pueblos indígenas en los Diálogos Académicos, organizado por el Colectivo por la Transformación: Ciencia y Academia, en las instalacionesde la Preparatoria 11 de la Universidad Autónoma de Guerrero en Tlapa Foto: Carmen González Benicio
Carmen González Benicio
Tlapa
El Colectivo por la Transforma-ción: ciencia y Academia, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), organizó el foro temático Pueblos originarios: interculturalidad y derechos humanos, donde se mencionó la necesidad de incluir las lenguas maternas y la música en la educación.
Además, se denunció la carencia de material en las clases, infraestructura en los planteles, falta de docentes y fallas en los planes de estudio; así como que se respeten los derechos de autor y acabe la violencia de género con los matrimonios infantiles.
La actividad se desarrolló el sábado, en las instalaciones de la preparatoria 11 de la UAG, con la presencia de estudiantes, en su mayoría de la extensión de la licenciatura de Derecho, de preparatorias, maestrías, instituciones, sociedad civil y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
El colectivo lleva a cabo los Diálogos por la transformación de la investigación, ciencia tecnología con incidencia social en Guerrero, para entregar sus resolutivos a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo.
En la región Montaña el foro temático sobre pueblos indígenas lo coordinó Jaime García Leyva, con la presentación de 24 ponencias centrándose las participaciones en el tema y propuestas.
Se inició con mensajes en video de Irma Pineda Santiago, ex representante indígena ante la ONU, 2020-2022, quien habló de la necesidad de educación con pertinencia cultural y de la permanencia de las lenguas indígenas.
Marcos Shilón, especialista en temas indígenas, habló de las reformas constitucionales, así como de los derechos a la libre determinación y consulta.
Ambos profesionistas forman parte del equipo de asesores de la candidata Claudia Sheinbaum, quienes dijeron que las aportaciones serán presentadas para el plan de gobierno, para que no se siga improvisando ni se pierda tiempo.
Entre las propuestas educativas estuvieron el incluir materias de interés, la capacitación docente, no solo de inglés, sino de lenguas maternas, con educación intercultural y hacer análisis e innovación en las necesidades de los planteles.
La ponencia de la música como aprendizaje en la cultura de Guerrero, de Yessi Elvira Reyes, se planteó que eran cosas cognitivas, por lo que debía ser una materia optativa u obligatoria en las escuelas.
Dijo que las bandas de viento eran importantes aunque no estaban siendo apreciadas, por lo que era necesario generar procesos de enseñanza, con talleres de música, escuelas o conservatorios.
Dos ponencias versaron sobre la violencia contra las mujeres, en el ámbito familiar de la venta de niñas en los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, entre los más pobres del estado.
Por ello es que resulta necesario generar empleos, escuelas de tiempo completo que acompañen a las niñas y los profesores, que las atiendan en su lengua materna, pero sobre todo se castigue a quienes la practiquen.
Otro tema fue sobre los desafíos y oportunidades ante la pandemia en los pueblos indígenas, que mostró la carencia de herramientas necesarias poniendo a prueba a los padres, alumnos y maestros, porque no hubo recursos didácticos.
Aunado a eso, se sufrió la falta de infraestructura, escasez de docentes, desconocimientos tecnológicos y las variantes lingüísticas.
Se habló del tema de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas y la necesidad de que sea conocida, para evitar la apropiación tangible e intangible.
Por eso, se dijo que era necesario generar políticas públicas, donde instituciones como INPI, Saica y SEG garanticen el derecho de los pueblos. Pero quedaba de tarea para las autoridades municipales, las más cercanas a la gente, y luego las estatales y federales.
En su ponencia, José Maclovio Sauto cuestionó las dificultades para que la educación y la ciencia impacte en las comunidades indígenas, por las leyes existentes, sobre todo en energías limpias.
Dijo que la división de las áreas de conocimiento afecta la atención a la problemática social, para que ya no se siga simulando sobre problemas imaginarios, sino reales.
Dijo que había errores en los planes de estudio, por lo que se debe acabar con la simulación y la corrupción, para que la ciencia funcione en la sociedad, aunque se debe trabajar en conjunto entre los diversos sectores.
Agregó que lamentaba que dieran dinero para pagar la publicación de un artículo, en lugar de que eso se destinara para las prácticas en las comunidades y resolver problemas reales.
La actividad terminó cerca de las 3 de la tarde.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó el Programa Operativo Anual, el Presupuesto de Ingresos y Egresos, el Programa Operativo Anual de los Consejos Distritales Electorales y el Plan de Trabajo del Órgano de Control Interno para el ejercicio fiscal 2024, por un monto total 393 millones 119 mil 953 pesos, con acciones y programas sin techo presupuestal.
En la sesión virtual, los consejeros confirmaron que restando los 244 millones 665 mil 447 pesos de financiamiento público a partidos políticos, 62.24 por ciento del presupuesto etiquetado para el Instituto, sólo tendrán recursos para operar en enero y febrero. Expresaron preocupación de no poder realizar todas las etapas del proceso electoral rumbo a la jornada del 2 de junio.
A partir de marzo no habrá dinero para el pago de la nómina, para la renta de las sedes de los Consejos Distritales, para la contratación de capacitadores y supervisores electorales de proceso electoral, y cancelaron proyectos estratégicos para mujeres, para los pueblos originarios, afromexicanos, de las juventudes y otros sectores marginados históricamente.
La consejera Vicenta Molina Revueltas adelantó que a través de la presidencia y la secretaría ejecutiva van a gestionar la ampliación de 281 millones 229 mil pesos, la diferencia de lo aprobado por Congreso del estado y lo requerido por el organismo.
La presidenta del Instituto, Fabiola Matildes Gama, indicó que el anteproyecto aprobado el 21 de junio de 2023 por el Consejo General, atiende “fines y funciones establecidas en las constituciones Federal, Local y en nuestra Ley Electoral, así como la función estatal de organizar las elecciones, tal como lo establece el artículo 41 de la Constitución Federal”.
Destacó que el artículo 107 de la Constitución del Guerrero, establece que cada Órgano Autónomo elaborará su proyecto de presupuesto para cumplir adecuadamente con su función, objetivos y metas, y será remitido al Poder Ejecutivo por conducto de su titular, para que sea aprobado en estos términos.
Sin embargo, denunció que el documento remitido al Poder Ejecutivo para que fuera incluido en sus términos al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2024, tuvo un ajuste a la baja de 43 por ciento, que aprobó posteriormente el Congreso del estado.
“Esta disminución del presupuesto, sin duda afecta las actividades del proceso electoral, así como la operación del Instituto Electoral, tanto el gasto operativo como en la organización del Proceso Electoral y conlleva la cancelación de proyectos estratégicos y transversales, que tienen que ver por mencionar algunos, en los derechos políticos de las mujeres, de los pueblos originarios, del pueblo afromexicano, de las juventudes y de la ciudadanía históricamente discriminada”.
Indicó que de 2015 a 2021, no tuvieron un ajuste tan radical como este año de proceso electoral, “de ahí nuestra profunda preocupación por no contar con los recursos financieros indispensables para hacer frente a las actividades que habremos de desarrollar para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto y garantizar el cambio de los poderes en esta elección intermedia”.
Llamó a confiar en que hay un compromiso ineludible del IEPC para cumplir con las actividades que señala la Constitución y las leyes electorales, y garantizar el debido ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
“Por nuestra parte, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir a cabalidad con el ejercicio de nuestras funciones para que el próximo 2 de junio puedan emitir su voto y contar con resultados bajo los principios que rigen la función electoral”.
Tareas sin recursos
Molina Revueltas explicó que con la intención de tener un presupuesto con datos más exactos a los requerimientos y buscando una reducción en su requerimiento, en diciembre de 2023 el instituto hizo ajustes a las actividades proyectadas en 2024, logrando disminuir un 3 por ciento del monto inicial.
Del primer requerimiento de 695 millones 543 mil pesos, enviado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, indicó que solicitaron al Congreso local, 674 millones 349 mil 731 pesos.
Pero el Congreso local sólo aprobó 393 millones, de los cuales, 244. 6 millones corresponden a financiamiento de partidos, y 148.4 millones a gasto corriente, que solo permite asignar techo presupuestal parcial de dos meses: a servicios personales (nómina, seguridad social, fondo de ahorro), materiales y suministros (combustibles, refacciones viáticos ) y servicios generales (renta de inmuebles, mantenimiento y servicios).
En este escenario, anunció que pedirán una ampliación de 281 millones 229 mil pesos, que es la diferencia de lo aprobado por el Congreso del estado, y lo necesario para operar en 2024.
Entre otras tareas sin techo presupuestal, señaló la renta de los Consejos Distritales de marzo a septiembre de 2024; los alimentos que deben proporcionar a 5 mil 250 presidencias de Mesas Directivas de Casilla en el desarrollo de la Jornada Electoral y cómputos de los votos, que acuden a la entrega de los Paquetes electorales a los domicilios de los Consejos Distritales Electorales.
La contratación y gastos de campo de mil 530 Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores y 778 Integrantes de los 28 Consejos Distritales Electorales y 224 personas que se contratarán para operar “los CRyT y mesas receptoras”.
La contratación de personal para el registro de 24 mil 450 candidaturas para cada cargo popular de los 15 Partidos Políticos; la Instalación y funcionamiento de 28 Centros de Acopio y Transmisión de Datos en el Estado y el Centro de Captura y Verificación Central y alternativo, la Contratación de personal y servicios para operar el Sistema Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y demás.
Así como otras actividades de Capacitación, Promoción y Difusión del Voto y de la Observación Electoral, del Sistema Candidatas, Candidatos, conóceles; la Supervisión de la producción de la Documentación, misma que realizará el personal en los talleres de la institución que resulte adjudicada y la Distribución de la Documentación con y sin emblemas de los talleres de producción a las bodegas de los 28 Consejos Distritales,.
El consejero Amadeo Guerrero Onofre añadió que no tener el presupuesto necesario, no sólo pone en riesgo cumplir con todas las etapas de la organización de la elección, sino que atenta contra la fortaleza de la institución.
Llamó al gobierno del estado a entregar las ministraciones pendientes de 2023, pendiente a la fecha, y a que autorice suficientes recursos para 2024.
La también consejera Dulce Merari Villalobos Tlatempa enfatizó que de cada cien pesos autorizados este año para el organismo, 62 están destinados a financiamiento de partidos políticos, y 38 para organizar la elección del 2 de junio y para operar todo 2024 fiscal.
“En años anteriores nunca se había presentado una situación tan lamentable, no se había puesto en peligro un proceso electoral como lo que ahora estamos presenciando”. Añadió que están en riesgo no sólo los derechos políticos electorales de la ciudadanía, sino de la militancia que será postulada en el proceso electoral.
El consejero Edmar León García ratificó que el proyecto de 2024 se elaboró bajo los más estrictos estándares de racionalidad y austeridad, y a través de la presidencia se promovieron los mecanismos legales para tener recursos suficientes para el presente proceso y para todo el ejercicio 2024.
Organización del proceso electoral
En la sesión también se aprobó la distribución del financiamiento público a los partidos políticos, para actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, y para gasto de campañas, así como el cálculo destinado al liderazgo político de las mujeres y de los jóvenes.
Mijane Jiménez Salinas, reclamó que no hay porcentaje en las prerrogativas políticas de los partidos, para las representaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos, que hacen promoción de los derechos políticos electorales, y vigilarán que la autoadscripción calificado de candidaturas que se registren, tenga vínculos comunitarios.
También se aprobaron los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes en el ejercicio fiscal 2024.
Al final aprobaron la solicitud de Convenio de Coalición Total para la elección de Diputaciones locales de Mayoría Relativa, presentada por el PAN, PRI y PRD, en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024.
El presidente Andrés Manuel López Obrador levanta un machete que le obsequió el coordinador del Concejo Municipal de Ayutla, Isabel de los Santos. Los flanquean la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, la gobernadora Evelyn Salgado y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Ayutla
A cuatro días de que inicie el nuevo ciclo escolar, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió en Ayutla que el lunes comenzarán las clases en la mayoría de los estados con los nuevos libros de texto, “lo quieran o no lo quieran”.
López Obrador, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y funcionarios del gabinete federal llegaron a las 11 de la mañana a la Unidad Deportiva de esta cabecera municipal en cuatro Hhelicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana provenientes de Acapulco.
Al darles la bienvenida, el primer coordinador de la Casa de los Pueblos, que hace las veces de presidente municipal, Isabel de los Santos Morales, dijo que las instituciones tienen una “enorme deuda” con el municipio de Ayutla, y reprochó que no cesa el golpeteo de políticos locales y nacionales al gobierno comunitario “porque perdieron una jugosa ganancia y con nosotros dejaron de enriquecerse al amparo de las desgracias del pueblo”.
Esta es la primera vez que el López Obrador recorre el estado en helicóptero, y cuando menos Ayutla, se encuentra en una de las zonas donde ha crecido la violencia generada por los grupos criminales.
El presidente vino a evaluar los programas sociales de su gobierno e insistió que éstos van a continuar después de su mandato, porque ya son un derecho constitucional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador saluda a la gente durante su llegada a Ayutla Foto: Lenin Ocampo Torres
Sin tumultos y sin mucho entusiasmo como en visitas anteriores, los asistentes recibieron al mandatario quien llegó al lugar del encuentro cuando todavía había muchas sillas vacías, aunque poco a poco se fueron ocupando. Pero antes de que el presidente se retirara algunos contingentes presionaban al personal de seguridad para que les abrieran las vallas y salir.
En el lugar dispuesto para el encuentro estuvieron de 800 a mil personas y a su llegada, acompañado por la gobernadora Salgado Pineda, López Obrador recibió y firmó decenas de solicitudes que le entregaron por escrito personas de comunidades y municipios vecinos.
Hubo quienes exigieron carreteras, centros de salud, escuelas, maestros, su intervención para la solución de conflictos agrarios, y un grupo de personas se le plantó enfrente durante toda su intervención con pancartas en las que se leían: “Agroecología si, agrotóxicos no”; “Soberanía alimentaria, no transgénicos”.
Después de repasar los beneficios de sus programas sociales, López Obrador habló del rubro educativo.
A los maestros les dijo que los va a seguir ayudando para que tengan mejores sueldos y prestaciones, que van a continuar las becas y el programa la Escuela es Nuestra. En seguida habló de los libros de texto gratuitos.
“Los libros de texto se entregarán a todas las escuelas; los de arriba, los conservadores, no quieren que se entreguen, ya hasta metieron amparos apoyados por jueces, magistrados y ministros deshonestos”.
En seguida advirtió: “Nada más que el lunes que reinicien las clases, en todas las escuelas, creo que solo van a quedar pendientes tres o cuatro estados de los 32, pero en todas las escuelas, van a estar los libros de texto, lo quieran o no lo quieran, porque la educación pública, como la salud, es un derecho del pueblo”.
En el caso de la salud, asumió el compromiso de que antes de que termine su mandato, van a quedar “arreglados” todos los centros de salud y hospitales con médicos generales, especialistas, equipos para estudios y para intervenciones quirúrgicas, “y todo de manera gratuita, y no van a faltar los medicamentos, me canso ganso, es un reto, es un desafío”, dijo.
López Obrador dijo que al término de su administración se irá tranquilo porque “nuestro pueblo ya despertó, ya el pueblo de México es de los más politizados del mundo, de los más avispados y ya sabe qué es lo que le conviene y qué no.
Explicó que el pueblo ya sabe que no le conviene que haya corrupción, desigualdad, racismo, “y que (algunos) se sientan superiores y de sangre azul y desprecien a los pueblos de las comunidades originarias. La gente ya sabe qué es lo que le conviene”, insistió.
El presidente ofreció que va a seguir apoyando a los pueblos originarios con la construcción de caminos. Insistió en lo que ya ha dicho que cuando llegó encontró “muchas transas” en la construcción de caminos y que logró una rebaja de las constructoras de mil millones de pesos que les daba el anterior gobierno para el mantenimiento de caminos, y que los destina para caminos de la Montaña de Guerrero.
Insistió en su determinación de que al término de su administración no quedará ninguna cabecera municipal sin camino pavimentado.
Informó que también hay por lo menos un Banco del Bienestar en casa cabecera municipal, pero de inmediato se escuchó el reproche de varios de los asistentes que le dieron nombres de los lugares donde no hay.
Uno de los reclamos más fuertes que se escuchó fue el contingente de Tecoanapa, municipio vecino de Ayutla.
Como las exigencias continuaban, López Obrador terminó: “Nos vamos a seguir encontrando y vamos a dar respuesta a todas las peticiones”.
Se invierten 14 mil millones en carreteras para Guerrero
El Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, informó antes que más de mil kilómetros de caminos y carreteras se construyen en Guerrero con una inversión de 14 mil millones de pesos y se benefician a más de un millón 200 mil habitantes de la entidad.
Entre las obras destacó la carretera Ayutla-Acatepec con una inversión de 272 millones de pesos.
La obra fue una de las que exigieron pobladores de los municipios de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec el mes pasado cuando irrumpieron violentamente en la capital y entraron a las sedes del Congreso local y del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo.
Entonces el propio gobierno federal ubicó a los disrruptores como integrantes del grupo delictivo de Los Ardillos.
El funcionario federal explicó que esta carretera que se construye no solo mejorará la interconexión de las comunidades de la región, sino que acercará las escuelas, centros de salud, los centros de trabajo y centros comerciales a la gente de las comunidades.
Otras de las carreteras que mencionó son la Tlapa- Marquelia; Lucerito-Tlacoapa; Las Cruces-Pinotepa Nacional y 99 caminos de mano de obra (artesanales).
Explicó que actualmente le están dando mayor atención a la modernización de las carreteras de Las Cruces a Pinotepa Nacional, desde Las Vigas a los límites con el estado de Oaxaca. Así como la Acapulco-Zihuatanejo en sus entronques Cacalutla I y II y la construcción de un puente sobre la carretera Tlapa-Marquelia.
En tanto que la titular del Programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruíz informó que en Guerrero en lo que va del 2023 se han atendido seis mil 103 escuelas, con una inversión de 659 millones de pesos de los cuales 55 millones se destinaron concretamente al municipio de Ayutla para la atención de 262 escuela.
Agregó que la atención “histórica” en el estado es de ocho mil 483 escuelas con una inversión de más de seis mil millones de pesos.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien fue breve, le dijo a López Obrador que es un gran gusto regresar a Ayutla acompañando “a un hombre que ha apoyado tanto a Guerrero, a campesinos, estudiantes y para la entrega programas sociales, obras de infraestructura, y consolidar el reconocimiento y desarrollo de los pueblos originarios y de la población afrodescendiente”.
El gobierno federal tiene una deuda con los pueblos originarios: Isabel de los Santos
El primer coordinador de la Casa de los Pueblos, Isabel de los Santos Morales, al darles la bienvenida agradeció también el apoyo “y la preocupación por los pueblos originarios”, pero le dijo que el Gobierno federal tiene una deuda pendiente con ellos.
“Para nosotros los pueblos originarios su proyecto de Nación es una esperanza para que a nuestro municipio se la haga justicia por sus aportaciones históricas que aquí se han gestado”.
Sin embargo aclaró que es necesario que las instituciones “tengan presente que existe una enorme deuda pendiente con Ayutla de los Libres por las aportaciones que le ha hecho a toda la nación, y esas aportaciones fortalecen las instituciones en materia legal y garantizan el respeto a la cultura, autonomía, cosmovisión y libre determinación de las comunidades indígenas”.
Le dijo que Ayutla no es un sólo pedacito de tierra en el estado de Guerrero, “sino un bastión para la defensa de todos los pueblos originarios y el resto de nuestra nación.
También reprochó que no cesa el “golpeteo” (al gobierno comunitario) de algunos políticos locales y nacionales “porque perdieron una jugosa ganancia, con nosotros dejaron de enriquecerse al amparo de las desgracias del pueblo”.
Añadió que el sistema normativo propio como modelo de elección en Ayutla ha sido una conquista “y lo logramos con el sacrificio de nuestras comunidades y pueblos originarios”.
A nombre del gobierno comunitario, Isabel de los Santos Morales le entregó a López Obrador un machete de cinta, hecho y labrado por manos ayutlecas, según le explicó al presidente.
También acompañaron a López Obrador la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; la de Educación Pública, Leticia Ramírez Anaya; el de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula; el del Trabajo y Prevención Social, Marath Bolaños López, y el Coordinador General de los Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas.
A las 13:30 horas, López Obrador, la gobernadora Salgado Pineda y funcionarios del Gobierno federal abordaron de nuevo los helicópteros para trasladarse a Xochistlahuaca, donde fue su siguiente evento.
Protestas
A más de dos décadas de que 14 indígenas de la comunidad Me Phaa de El Camalote, municipio de Ayutla, fueron esterilizados con engaños por personal de la Secretaría de Salud, la dependencia estatal sigue sin garantizarle a la población un servicio pleno a pesar de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Ayer, el comisario municipal de la localidad, Raúl Hernández Abundio, entregó un oficio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que le solicita su intervención para que al Centro de Salud que fue construido en el 2021 se le entregue su clave, mobiliario médico, ambulancia para el traslado de enfermos y medicamentos.
Acompañada por el secretario general de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez, una comisión de habitantes de esa localidad encabezadas por el comisario municipal, interceptaron al presidente López Obrador antes de que encabezara la reunión que encabezó en Ayutla y el entregaron el oficio.
En el oficio le solicitan al presidente que “de continuidad al equipamiento del Centro de Salud, que fue construido en el 2021”.
Le explican en el escrito que de ello ya hubo un compromiso con la Secretaria de Salud Aidé Ibarez Castro, a quien ya le entregaron los documentos necesarios para que autorice la clave del Centro de Salud.
Además de la clave, piden mobiliario médico, ambulancia para el traslado de enfermos y medicamentos para el buen funcionamiento del Centro de Salud “para mejorar la salud de los habitantes indígenas”.
Le pidieron al presidente que alguien de la federación visite la comunidad para ver la construcción “ya que fue un recurso federal”.
En el escrito no se menciona pero en esa comunidad Me Phaa 14 indígenas fueron esterilizados mediante presiones y engaños por personal de la Secretaría de Salud estatal entre 1998 y 2001.
En julio del 2008 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió una recomendación al Gobierno estatal entonces encabezado por Zeferino Torreblanca para cubrir una indemnización a los 14 indígenas de 35 mil pesos en efectivo, así como la dotación de tinacos para el almacenamiento de agua y cemento para el arreglo de sus viviendas, y también pidió que se establecieran las garantías para el acceso pleno a los servicios de salud.
La comisión de indígenas también entregó copia de un oficio que le mandaron desde el 3 de marzo pasado a la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna en la que piden su intervención para el cambio de municipio en sus credenciales de elector, toda vez que desde hace 10 años se los entregan con el nombre del municipio de Acatepec, cuando siempre han pertenecido a Ayutla.
En el oficio firmado por el comisario municipal, Hernández Abundio, denuncian que les cambiaron la pertenecía de su comunidad a otro municipio sin el consentimiento del pueblo, “y los ciudadanos no están de acuerdo porque desde que se fundó el pueblo ha pertenecido a Ayutla”.
Denuncian que sus credenciales aparecen con el nombre del municipio de Acatepec “por cuestión política pero el pueblo no ha recibido ninguna obra por parte del municipio de Acatepec”.
Aseguran que cuentan con el acta de anuencia de segregación del municipio de Acatepec en la que se dice que El Camalote no pertenece al municipio de Acatepec y sigue perteneciendo a Ayutla.
En su escrito piden que se dé “solución inmediata” a su petición, porque por el dato erróneo tienen problemas para recibir los programas sociales.
Votación de los diputados de la Comisión de Justicia, Ana Lenis Reséndiz, del PAN; Estrella de la Paz, de Morena; el presidente de la comisión Jesús Parra, del PRI; Beatriz Mojica, de Morena; y Bernardo Ortega, del PRD Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La Comisión de Justicia del Congreso local, aprobó dictámenes con reformas en materia electoral. Las principales son la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, y la que tiene que ver con candidaturas para integrantes de los pueblos originarios y afromexicanos, en el cual no se tomaron en cuenta decenas de propuestas que estas comunidades manifestaron en la reciente consulta llevada a cabo por el IEPC.
Se espera que estos dictámenes sean llevados ante el pleno en la sesión de este jueves, ya que mañana es el último día que tiene el Poder Legislativo para aprobar reformas en materia electoral y que estas normativas sean aplicables para el proceso electoral 2023-2024.
La sesión de la comisión se realizó en la sala de los Proceres José Francisco Ruiz Massieu y fue abierta, incluso transmitida en vivo. Se esperaba una discusión por la iniciativa del perredista Bernardo Ortega Jiménez que propone que se respete la decisión de los partidos políticos en el orden y género que se registran las diputaciones plurinominales.
La intención de esta iniciativa era que en la integración del pleno no se dejaran fuera a los varones que los partidos registraron en las primeras fórmulas, como ocurrió con el caso de Evodio Velázquez Aguirre. Sin embargo, el diputado retiró la iniciativa a solicitud de grupos feministas como la Red para el Avance Político de las Mujeres, y de la morenista Citlali Calixto Jiménez.
A la sesión llegaron los cinco integrantes de la Comisión de Justicia: el presidente el priista Jesús Parra García, la secretaria y vocal Beatriz Mojica Morga, y Estrella de la Paz Bernal, ambas de Morena, así como la panista Ana Lenis Reséndiz Javier y el perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Ahí, Bernardo Ortega dijo “no voy a ser juguete de nadie” y adelantó que propondría modificaciones a los dictámenes que se discutirían “porque se proponen cosas aberrantes”, y aseguró que estos no los realizó la Comisión de Justicia, después en varios momentos señaló que fue la Jucopo la que realizó estos documentos.
“Creo que están actuando con alevosía y ventaja quienes hicieron este dictamen, porque quiero decirles que este dictamen no lo construyó la Comisión de Justicia, a mí no me tomaron en cuenta, y yo no voy a permitir esto, soy defensor de la legalidad… yo no soy juguete de nadie, ni me voy a dejar manipular por nadie”.
En respuesta, Jesús Parra le dijo a Bernardo Ortega que fue un acuerdo entre los diputados y el trabajo de la comisión se “estaría consultando con sus secretarios técnicos”.
Candidaturas indígenas y
afromexicanas
En el dictamen, los diputados se limitaron a legislar sobre las reformas que la Corte les invalidó por falta de consulta, y no incluyeron ningún otro tema planteado por las autoridades comunitarias de pueblos indígenas y afromexicanos.
El Congreso realizó a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una consulta, a partir de la cual el organismo envió a los diputados un informe en el que se incluyeron decenas de propuestas recabadas, pero finalmente en el dictamen no se tomaron en cuenta.
Se quitó del texto de la ley electoral la facultad al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de expedir estas constancias de autoadscripción.
Lo anterior a pesar de que una de las principales propuestas que el IEPC recogió en la reciente consulta que realizó a pueblos indígenas y afromexicanos, fue que la asamblea es la máxima autoridad para aprobar la constancia de adscripción a alguna de estas poblaciones, en el dictamen se abre la posibilidad a que sean también el Ayuntamiento.
Incluso, en el dictamen se establece que, para el registro de las candidaturas por estos principios, se deberá acreditar la autoadscripción calificada con una constancia que contenga o esté basada en alguno de los siguientes elementos.
Estos son: el haber prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad o distrito; haber participado en reuniones de trabajo tendientes a mejorar instituciones tradicionales o resolver los conflictos que se hayan presentado en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito; haber sido representante de alguna comunidad o asociación indígena o afromexicana, cuya finalidad sea mejorar sus conservar instituciones.
También puede ser a través de presentar constancia expedida por el Ayuntamiento, Comisaría Municipal, Consejo de Ancianos, Consejo de Principales Comisariado de Bienes Comunales, con la que se acredite la pertenencia a población o comunidad indígena o afromexicana; y finalmente se agregó a propuesta de Beatriz Mojica el que sea a partir de su activismo a favor de estas poblaciones.
Queda vigente el texto del artículo 13 Ter. que los partidos políticos deberán postular fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa de origen indígena o afromexicana en, por lo menos, la mitad de los distritos en los que la población indígena o afromexicana sea igual o mayor al 40 por ciento del total de la población del distrito.
También el texto del artículo 272 Ter. Que establece que en los municipios que conforme al último censo de población tengan una población indígena o afromexicana que sea igual o mayor al 40 por ciento, los partidos políticos deberán postular, en por lo menos la mitad de esos municipios, el 50 por ciento de candidaturas de origen indígena o afromexicana, en la planilla de presidencia y sindicaturas, así como en la lista de regidurías para integrar los ayuntamientos.
Otras reformas
Ayer se aprobó un dictamen en el que se concentraron diversas iniciativas en la materia, entre ellas una para armonizar la legislación local con la federal en lo referente a la “Ley 3 de 3 contra la Violencia”, la cual plantea que las personas con sentencias firmes por delitos graves relacionados con la vida, integridad corporal, sexuales, violencia familiar, violencia política contra las mujeres e incumplimiento de la obligación alimentaria, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular ni nombrados en cargos o comisiones del servicio público.
Al dictamen se le realizó una modificación en la que estuvieron de acuerdo todos los integrantes, la cual consiste en que las acciones afirmativas para garantizar los espacios a los integrantes de la comunidad LGTBI+ no trastoque la paridad entre hombres y mujeres, apuntando que las personas que se auto definan como mujeres, no pueden ser registradas con este sexo, si no que se deben limitar a los espacios para el sector de la diversidad sexual.
Otro tema que generó discusión fue una propuesta para dividir una dirección en el IEPC. El diputado Bernardo Ortega acusó que en el órgano electoral se pretenden generar nuevas áreas para hacer un mismo trabajo y que el motivo es que hay quienes necesitan espacios porque quieren dar “chamba” a sus equipos.
También se manifestó en contra de que el órgano interno de control del IEPC pase a la adscripción de la presidenta del Consejo General, cuando actualmente responde a todos los consejeros, y apuntó que esta es propuesta es “regresiva” porque lo que se debería buscar es la autonomía de las autoridades a las que se vigila.
“¿La Jucopo así la quiere? Entonces que sea parejo para todos los órganos internos de control, Derechos Humanos, el Tribunal Administrativo, de la Fiscalía ¿Qué interés hay de que dependa de la presidenta o presidente?”.
El secretario técnico César Ramos Castro señaló que se debe tener mucho cuidado “porque pareciera que alguien deslizó por ahí esa facultad para que el órgano de control interno quede sujeto a presidencia, y eso sí está en contra de todo el sistema nacional anticorrupción y en contra de la naturaleza misma de los órganos autónomos”.
Otro tema fue es el relacionado con las acciones afirmativas a favor de la comunidad LGTBI; es que, si una persona se autoadscribe a un género y así es registrado por los partidos, estos podrían ser utilizados para la compensación del género.
Explicó que un partido podría registrar cualquier número de personas de la diversidad que se autoadscriben como mujeres y que se les tendrían que dar esos espacios, y en ese sentido dijo que la inclusión podría terminar afectando la paridad entre hombres y mujeres.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda señaló que hay una deuda histórica con el magisterio, así como con los pueblos originarios, la cual “ya se está saldando” con caminos artesanales y conectividad, en el acto de entrega de estímulos del programa de Carrera Administrativa a personal de apoyo y asistencia, con el dirigente de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Silvano Palacios Salgado, en Casa Guerrero.
En el acto, difundido mediante una transmisión en vivo, la mandataria declaró: “Sabemos que existe una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas, que se está saldando. Estamos trabajando en ello con los caminos artesanales, ya hay conectividad en la Montaña”.
Agregó que en ese mismo tenor debe ser atendida la región Sierra, por la gran deuda que existe con sus comunidades.
“Realizamos la gestión para que haya conectividad y caminos para la Sierra. Uno de los sectores con el que tenemos una deuda es el sector educativo, entiendo que existen muchas demandas, entiendo que aún hacen falta muchas cosas”.
Sobre el sector educativo, aseguró que no va a quitar ni disminuir los derechos de los docentes, “todo para adelante, de la mano de todos ustedes. La educación es la mejor inversión, nunca será un gasto para el gobierno estatal, siempre será una inversión para la pacificación de Guerrero, para el bienestar de las familias”.
Mesas de trabajo con el SNTE
Por su lado, Palacios Salgado destacó en el acto que su sindicato permite a los trabajadores el acceso a beneficios y a la estabilidad laboral, “por ello es importante reflexionar en la importancia de pertenecer al SNTE”.
Informó que el Comité Ejecutivo Nacional realiza un consulta a las bases, sobre el pliego de demandas 2023, y la sección 14 envió 20 mil participaciones a la consulta.
Con respecto gobernadora Evelyn Salgado, dijo que ya tuvieron la primera mesa de trabajo, “estamos comprometidos con el trabajo permanente de todos los compañeros de la directiva estatal, legal y legítima, de manera honesta y transparente”.
Aseguró que continuarán las mesas para dar respuestas a los trabajadores del sector. “Tengan seguridad de que continuaremos luchando para acrecentar el número de compañeros en el programa de carrera administrativa. Tenemos certeza de que si hablamos de escuelas y unidades administrativas funcionando, a pesar de carencia, el trabajo sale adelante gracias al trabajo de todos ustedes”.
El secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, destacó como logros de esta administración el pago puntual de prestaciones y salarios a trabajadores fuera de la nómina federal, que se han entregado nombramientos definitivos, recategorizaciones y asignaciones de plazas.
Indicó que el año pasado se destinaron 123 millones al pago de ISR, ISSSTE, Fovissste, y 825 trabajadores accedieron al programa de Estímulos a la Jubilación, que permitirá la incorporación de 500 trabajadores a la nómina federal.
Adelantó que ya preparan el nuevo programa del jubilación 2023, para ir integrando de manera progresiva a todos quienes no están en la nómina federal.
Destacó la entrega de 721 plazas nuevas federales para egresados normalistas, enviados a 70 escuelas en las regiones, que encontraron abandonadas. Estimó que en la siguiente emisión se habrán cubierto en su totalidad los faltantes.
Líderes de comunidades indígenas y funcionarios federales y estatales durante una reunión el pasado domingo en Chilpancingo para anunciar su apoyo a Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la Presidencia de la República Foto: Facebook
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Líderes de comunidades y pueblos originarios, incluidos algunos que son funcionarios del gobierno estatales y del federal, se pronunciaron a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para la candidatura de la presidencia de la República por Morena en 2024.
Consultado vía telefónica sobre la reunión que se realizó la tarde del viernes 26, el subsecretario para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Pánfilo Sánchez Almazán, explicó que fueron convocados por el secretario de Pueblos Indígenas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Abel Bruno Arriaga, para analizar la agenda política.
Aprobaron convocar una reunión el domingo 8 de enero de 2023, también en Chilpancingo, para discutir estos asuntos con más liderazgos comunitarios de los 40 municipios indígenas y uno afromexicanos del estado.
“Nosotros siempre hemos buscado interlocución, todos coincidimos en apoyar a Claudia, acordamos hacer público nuestro respaldo. De ahí el llamado a nuestros hermanos y hermanas a cerrar filas en torno a la agenda política, sí tenemos claro que no podemos estar ajenos, en un tema tan importante, como la candidatura a la presidencia de Morena”.
Planean reunirse con la aspirante en Guerrero, para que conozca el planteamiento en Guerrero, y asuma compromisos con ellos, y como presidenta haga efectivos sus derechos.
Asimismo, indicó que se opondrán a las imposiciones en espacios destinados a indígenas y pueblos afrodescendientes, y también van a buscar dialogar la dirigencia estatal de su partido, para que se respeten las acciones afirmativas. Aprobaron respaldar el Plan B de la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Señaló que la reunión de viernes fue representativa. Además de Bruno Arriaga y Sánchez Almazán, firman el escrito, la responsable del Área de Cultura, Género del INPI en Guerrero, Feíicitas Martínez, el director de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Marcos Matías Alonso, los promotores del nuevo municipio afromexicano de San Nicolás, Felipe de la Cruz, y de San Nicolás, Josimar de la Cruz; los morenistas Bernabé Vázquez Morales y Cirilo Laurentina; líderes de Tlacoapa, Issel Luisa Hidalgo y Neftalí Rosales Sierra; de Malinaltepec, Araceli Rea Gutiérrez y Abad Tito López; de Copanatoyac, Constancio Sánchez Campos, de Olinalá, Francisco Javier Juárez, de Iliatenco, Bruno Candia y David de Aquino Ramírez, y de Zitala, Arnulfo Tecruceño Valle.
En el documento, señalan que los pueblos indígenas y el afromexicano de Guerrero respaldan la continuidad de la Cuarta Transformación en el país y confían en las acciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, como del presidente Andrés López Obrador.
Por lo tanto, apoyan la iniciativa de reforma electoral federal, conocida como plan B, como parte del proceso de cambio político y de régimen en México.
Consideraron que no atenta contra la democracia, como señala la oposición, “sino todo lo contrario, de cumplirse, la fortalece y refuerza el pluralismo democrático. De manera puntual, la reforma obligará a los partidos políticos a cumplir con las acciones afirmativas para los indígenas y afromexicanos de todo el país que hoy no están representados en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Federal y Estatal”.
Es decir, que se incluyan candidatos indígenas y afromexicano en los distritos locales y federales.
La dirigente del Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDPFV), Clemencia Guevara Tejedor dijo que el gobierno y el Congreso estatal atentaron contra los derechos humanos de los pueblos originarios con la reforma al Artículo 14.
En conferencia de prensa en Atoyac en el obelisco a Lucio Cabañas denunció que se violan los derechos de los ciudadanos como ocurrió este miércoles en Comitán, Chiapas, donde fueron asesinadas cinco personas, entre ellas menores de edad, y 40 resultaron heridas.
Expuso que fueron atacados por un grupo de choque de más de 100 hombres armados que irrumpieron en la central de abasto.
Hizo un llamado a manifestarse en la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, donde entregaron un escrito para exigir un alto a la represión a sus compañeros que lo que hacían era trabajar cuando fueron atacados.
Abundo que se programó una audiencia sobre el caso para el 7 de agosto. Lamentó que estos casos también se den en Guerrero donde hay presos políticos y se viola la Ley 701 con la reforma al Artículo 14, “que atenta contra los derechos de los pueblos originarios”.
Dijo que esta reforma debe de ser derogada por la próxima legislatura, “debemos estar en alerta máxima porque no podemos permitir que se sigan cometiendo estos atropellos”.
Llamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que estos temas sean parte de su agenda, ya que su organización ha venido pugnando por derechos y servicios para los pueblos y de los problemas que sufren las organizaciones sociales y sus dirigentes.
“Estos diputados se aceleraron, como perdieron con el PRI a nivel nacional quieren hacer estas reformas que atentan contra los derechos humanos, es un papel que deben defender los diputados que prometieron en campaña”, agregó.
Llamó a que las policías comunitarias nombradas por sus comunidades sigan adelante, “pero si fueron nombradas arbitrariamente y fuera de los consejos, eso deja mucho que decir, que sigan las policías confiables”.
Consideró necesaria una revisión de los consejeros de esas policías comunitarias y que el gobierno deje de meter las manos.
“En muchos pueblos se retractan de formar policías comunitarias porque ven que el gobierno mete sus manos”, afirmó.
Dijo que los nuevos legisladores deben de frenar estas leyes y pidió un alto a la represión a los activistas sociales.
