Camionetas Urvan del transporte publico en la parada de la avenida Insurgentes en el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla a las 9 de la mañana; el servicio se mantuvo fluido hasta las 7 de la noche Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Daniel Velázquez
Los dirigentes de Morena y el PRI opinaron sobre la revelación de obispos de la entidad de que buscaron fallidamente negociar con líderes del crimen para buscar una tregua ante la violencia.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, opinó que la iglesia católica “puede hacer lo que crean conveniente conforme a su fe y a su doctrina”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, consideró que mientras las autoridades responsables de la seguridad no den resultados, las acciones que se realicen para pacificar al estado son “bienvenidas” pero dentro del marco de la ley.
A convocatoria del Papa Francisco, los obispos de Guerrero y el arzobispo sostuvieron encuentros con presuntos jefes de grupos delictivos para pactar una tregua, pero no tuvieron éxito pues los jefes delincuenciales se negaron.
“No cabe negociar territorios”: Morena
Consultado por teléfono, el presidente estatal de Morena opinó: “la intención es buena”, pero reprobó que se tengan que repartir territorios “a la gente que se dedica a perturbar la paz social y eso no cabe dentro del estado de derecho”.
Añadió que la iglesia es una institución que no pertenece a los poderes del estado, “y pueden hacer lo que ellos crean conveniente conforme a su fe y a su doctrina que ellos predican. Y si creen que con eso van a lograr lo que ellos buscan en el mundo, que lo veo difícil, pero es tema de ellos. Como Movimiento (Morena) no estoy de acuerdo. Sin embargo, es un tema que a mí no me compete, ellos se rigen por sus normas, por sus usos y costumbres y si dentro de su norma está buscar la paz y la paz creen que la van a encontrar repartiendo el territorio a la delincuencia organizada, ¿pues qué podría decir yo?”.
González Varona dijo que no podría abundar en una opinión sobre la solicitud de licencia de la fiscal, Sandra Luz Valdovinos, pues “no creo que esté rehuyendo a su responsabilidad, no podía dar una opinión más al respecto” y señaló que su licencia es por motivos personales.
“Todo esfuerzo por la paz es válido”: PRI
Por separado, también por teléfono, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Alejandro Bravo Abarca opinó que “todo lo que se pueda hacer para traer paz a este estado es válido” ante el problema de inseguridad que se vive en la entidad, pero se debe actuar dentro de la ley.
“Todo lo que se pueda hacer para traer paz a este estado, son válidas, ante lo que estamos viviendo, ante la falta de resultados de los diferentes niveles de gobierno, son válidos los esfuerzos que se hagan, pero se debe actuar dentro de los marcos de la ley”.
“Todas las acciones que vayan encaminadas, en buena fe, para obtener buenos resultados en materia de seguridad, ante la falta de los mismos por parte de las autoridades responsables de entregar esos buenos resultados, son acciones, que en estos tiempos son bienvenidas”.
Bravo Abarca señaló que la violencia está presente todos los días en todas las regiones del estado y con la iniciativa de la iglesia católica es difícil saber si se podrá conseguir una tregua.
Votación de los diputados de la Comisión de Justicia, Ana Lenis Reséndiz, del PAN; Estrella de la Paz, de Morena; el presidente de la comisión Jesús Parra, del PRI; Beatriz Mojica, de Morena; y Bernardo Ortega, del PRD Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La Comisión de Justicia del Congreso local, aprobó dictámenes con reformas en materia electoral. Las principales son la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, y la que tiene que ver con candidaturas para integrantes de los pueblos originarios y afromexicanos, en el cual no se tomaron en cuenta decenas de propuestas que estas comunidades manifestaron en la reciente consulta llevada a cabo por el IEPC.
Se espera que estos dictámenes sean llevados ante el pleno en la sesión de este jueves, ya que mañana es el último día que tiene el Poder Legislativo para aprobar reformas en materia electoral y que estas normativas sean aplicables para el proceso electoral 2023-2024.
La sesión de la comisión se realizó en la sala de los Proceres José Francisco Ruiz Massieu y fue abierta, incluso transmitida en vivo. Se esperaba una discusión por la iniciativa del perredista Bernardo Ortega Jiménez que propone que se respete la decisión de los partidos políticos en el orden y género que se registran las diputaciones plurinominales.
La intención de esta iniciativa era que en la integración del pleno no se dejaran fuera a los varones que los partidos registraron en las primeras fórmulas, como ocurrió con el caso de Evodio Velázquez Aguirre. Sin embargo, el diputado retiró la iniciativa a solicitud de grupos feministas como la Red para el Avance Político de las Mujeres, y de la morenista Citlali Calixto Jiménez.
A la sesión llegaron los cinco integrantes de la Comisión de Justicia: el presidente el priista Jesús Parra García, la secretaria y vocal Beatriz Mojica Morga, y Estrella de la Paz Bernal, ambas de Morena, así como la panista Ana Lenis Reséndiz Javier y el perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Ahí, Bernardo Ortega dijo “no voy a ser juguete de nadie” y adelantó que propondría modificaciones a los dictámenes que se discutirían “porque se proponen cosas aberrantes”, y aseguró que estos no los realizó la Comisión de Justicia, después en varios momentos señaló que fue la Jucopo la que realizó estos documentos.
“Creo que están actuando con alevosía y ventaja quienes hicieron este dictamen, porque quiero decirles que este dictamen no lo construyó la Comisión de Justicia, a mí no me tomaron en cuenta, y yo no voy a permitir esto, soy defensor de la legalidad… yo no soy juguete de nadie, ni me voy a dejar manipular por nadie”.
En respuesta, Jesús Parra le dijo a Bernardo Ortega que fue un acuerdo entre los diputados y el trabajo de la comisión se “estaría consultando con sus secretarios técnicos”.
Candidaturas indígenas y
afromexicanas
En el dictamen, los diputados se limitaron a legislar sobre las reformas que la Corte les invalidó por falta de consulta, y no incluyeron ningún otro tema planteado por las autoridades comunitarias de pueblos indígenas y afromexicanos.
El Congreso realizó a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una consulta, a partir de la cual el organismo envió a los diputados un informe en el que se incluyeron decenas de propuestas recabadas, pero finalmente en el dictamen no se tomaron en cuenta.
Se quitó del texto de la ley electoral la facultad al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de expedir estas constancias de autoadscripción.
Lo anterior a pesar de que una de las principales propuestas que el IEPC recogió en la reciente consulta que realizó a pueblos indígenas y afromexicanos, fue que la asamblea es la máxima autoridad para aprobar la constancia de adscripción a alguna de estas poblaciones, en el dictamen se abre la posibilidad a que sean también el Ayuntamiento.
Incluso, en el dictamen se establece que, para el registro de las candidaturas por estos principios, se deberá acreditar la autoadscripción calificada con una constancia que contenga o esté basada en alguno de los siguientes elementos.
Estos son: el haber prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad o distrito; haber participado en reuniones de trabajo tendientes a mejorar instituciones tradicionales o resolver los conflictos que se hayan presentado en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito; haber sido representante de alguna comunidad o asociación indígena o afromexicana, cuya finalidad sea mejorar sus conservar instituciones.
También puede ser a través de presentar constancia expedida por el Ayuntamiento, Comisaría Municipal, Consejo de Ancianos, Consejo de Principales Comisariado de Bienes Comunales, con la que se acredite la pertenencia a población o comunidad indígena o afromexicana; y finalmente se agregó a propuesta de Beatriz Mojica el que sea a partir de su activismo a favor de estas poblaciones.
Queda vigente el texto del artículo 13 Ter. que los partidos políticos deberán postular fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa de origen indígena o afromexicana en, por lo menos, la mitad de los distritos en los que la población indígena o afromexicana sea igual o mayor al 40 por ciento del total de la población del distrito.
También el texto del artículo 272 Ter. Que establece que en los municipios que conforme al último censo de población tengan una población indígena o afromexicana que sea igual o mayor al 40 por ciento, los partidos políticos deberán postular, en por lo menos la mitad de esos municipios, el 50 por ciento de candidaturas de origen indígena o afromexicana, en la planilla de presidencia y sindicaturas, así como en la lista de regidurías para integrar los ayuntamientos.
Otras reformas
Ayer se aprobó un dictamen en el que se concentraron diversas iniciativas en la materia, entre ellas una para armonizar la legislación local con la federal en lo referente a la “Ley 3 de 3 contra la Violencia”, la cual plantea que las personas con sentencias firmes por delitos graves relacionados con la vida, integridad corporal, sexuales, violencia familiar, violencia política contra las mujeres e incumplimiento de la obligación alimentaria, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular ni nombrados en cargos o comisiones del servicio público.
Al dictamen se le realizó una modificación en la que estuvieron de acuerdo todos los integrantes, la cual consiste en que las acciones afirmativas para garantizar los espacios a los integrantes de la comunidad LGTBI+ no trastoque la paridad entre hombres y mujeres, apuntando que las personas que se auto definan como mujeres, no pueden ser registradas con este sexo, si no que se deben limitar a los espacios para el sector de la diversidad sexual.
Otro tema que generó discusión fue una propuesta para dividir una dirección en el IEPC. El diputado Bernardo Ortega acusó que en el órgano electoral se pretenden generar nuevas áreas para hacer un mismo trabajo y que el motivo es que hay quienes necesitan espacios porque quieren dar “chamba” a sus equipos.
También se manifestó en contra de que el órgano interno de control del IEPC pase a la adscripción de la presidenta del Consejo General, cuando actualmente responde a todos los consejeros, y apuntó que esta es propuesta es “regresiva” porque lo que se debería buscar es la autonomía de las autoridades a las que se vigila.
“¿La Jucopo así la quiere? Entonces que sea parejo para todos los órganos internos de control, Derechos Humanos, el Tribunal Administrativo, de la Fiscalía ¿Qué interés hay de que dependa de la presidenta o presidente?”.
El secretario técnico César Ramos Castro señaló que se debe tener mucho cuidado “porque pareciera que alguien deslizó por ahí esa facultad para que el órgano de control interno quede sujeto a presidencia, y eso sí está en contra de todo el sistema nacional anticorrupción y en contra de la naturaleza misma de los órganos autónomos”.
Otro tema fue es el relacionado con las acciones afirmativas a favor de la comunidad LGTBI; es que, si una persona se autoadscribe a un género y así es registrado por los partidos, estos podrían ser utilizados para la compensación del género.
Explicó que un partido podría registrar cualquier número de personas de la diversidad que se autoadscriben como mujeres y que se les tendrían que dar esos espacios, y en ese sentido dijo que la inclusión podría terminar afectando la paridad entre hombres y mujeres.
