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El ejercicio de los derechos electorales de pueblos afros, un camino largo, advierten

Asistentes al conversatorio sobre la consulta del pueblo afromexicano ¿Qué sigue? organizado por el IEPC en colaboración con la organización Negro A.C y que se llevó a cabo en el Instituto Internacional de Estudios Avanzados de la UAG Foto: Carlos Carbajal

Jacob Morales Antonio

Defensores de los derechos de los pueblos afromexicanos, señalaron que a pesar de la consulta a las comunidades en materia electoral, hay un camino largo, con muchos pendientes en el gobierno y desde la sociedad para reconocer plenamente los derechos y las garantías de este sector de la población en el estado.
Éste viernes se realizó el conversatorio Y después de la consulta al pueblo afromexicano, ¿qué sigue?, ante unos 80 asistentes, en el auditorio del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA) de la Universidad Autónoma de Guerrero, que estuvo moderada por la consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Dulce Merari Villalobos Tlatempa.
Las participaciones versaron en dos preguntas. La primera, respectó a la opinión de la consulta que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021 a las comunidades indígenas y afros. La segunda respecto a los pendientes del avance en el reconocimiento institucional de los derechos electorales de estas comunidades.
En su intervención, el presidente de la Asociación Civil Negro, Audel Urbina Serrano, demandó a las autoridades garantizar un presupuesto para las comunidades afros puedan acceder a servicios, educación e infraestructura.
Dijo que en Acapulco hay 70 mil personas que pertenecen a la comunidad afro, y que se requieren más acciones de gobierno para atenderlas. Que la consulta sí va a ayudar y generar nuevas acciones.
“Todos coincidimos, que esto es el inicio, vamos empezando, y presentando acciones innovadoras, pero no son suficientes, uno de los temas que más llamó la atención durante la consulta es la autoadscripción calificada, creíamos que era un tema sencillo, pero es complejo y requiere más atención”.
Otras de las acciones específicas que se deben de atender es la sensibilización en las autoridades, y generar una política pública que vaya desde la educación, un vocabulario afro, y sensibilizar en la ciudadanía, “qué sepamos nuestros derechos”.
Además de generar acciones sobre políticas públicas sectorizadas, mejorar las garantías para el acceso a la educación y atender las causas de deserción, la infraestructura, porque hay pueblos incomunicados, y con carreteras de tierra. “El camino es largo, hay muchos pendientes, como sociedad civil, y desde el gobierno”.
La presidenta de Mano Amiga de la Costa Chica, Mijane Jiménez Salinas, recordó que el proceso de consulta tiene historia y en 2021 hubo por primera vez acciones afirmativas para los pueblos afros en Guerrero.
Consideró que el ejercicio fue respetuoso, y que la sociedad civil ha incidido de manera muy activa, pero sobre todo porque ahora se consideró a las mujeres y no solo a las autoridades que en su mayoría son hombres.
Recriminó que por sí solas las autoridades no tienen el interés de garantizar los derechos de los pueblos afros, y ante la marginación que existe no hay interés de  las personas de participar en estas reuniones debido a la prioridad de garantizar  un ingreso en sus hogares.
Dijo que hace falta sensibilizar a los partidos políticos, para que las personas afros puedan acceder a cargos de elección popular, y criticó que a pesar de crear lineamientos, y que los organismos están vigilantes si los partidos políticos siguen haciendo “trampa” y ponen a candidatos afros donde no se va a ganar la elección.
Expresó que llegar a una candidatura es todo un desafío “si los partidos políticos siguen haciendo estas trampas y comprando las constancias pues va a estar complicado”. Además de que se tienen que dar condiciones de seguridad para llegar a las candidaturas. Dijo que se tiene que seguir realizando indicadores, para seguir avanzando en políticas públicas.
La diputada de Morena, Beatriz Mojica Morga, dijo que las aportaciones de los negros en la historia son basta, desde su participación en la independencia. Sin embargo, apenas en el 2019 se comenzaron a reconocer los derechos.
Expresó que la consulta permitió que en el Congreso, se realizaran modificaciones para la adscripción autocalificada, y evitar que otras personas usurpen los cargos cuando no son afrodescendientes.
Dijo que México sigue siendo un país muy racista, y que se tiene que romper las sinergias desde el gobierno y la sociedad.
Respecto a los partidos dijo que los institutos “no hacen nada por las buenas… se tiene que hacer una revisión y ahí tenemos que estar la sociedad, las luchas así se logran”.
La representante del gobierno del estado, Danae Marín Acevedo, dijo que desde el gobierno del estado se está apoyando a las mujeres afros para que puedan continuar desarrollando sus actividades con programas y proyectos.
Considero que hace falta tener mayor conocimiento entre la población y quienes ocupan los cargos en el gobierno, los primeros que conozcan sus derechos, y los segundo que tengan mejor  conocimiento del concepto afro.
En el conversatorio estuvo la consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matilde Gama, quien en su bienvenida dijo que como parte de los cambios dentro del organismo en las próximas elecciones en los distritos de Ometepec, y Florencio Villarreal es que habrá representación de afroamericanos en los consejos distritales.

 

Desdeñan diputados propuestas de la consulta del IEPC sobre candidaturas indígenas y afro

Votación de los diputados de la Comisión de Justicia, Ana Lenis Reséndiz, del PAN; Estrella de la Paz, de Morena; el presidente de la comisión Jesús Parra, del PRI; Beatriz Mojica, de Morena; y Bernardo Ortega, del PRD Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Comisión de Justicia del Congreso local, aprobó dictámenes con reformas en materia electoral. Las principales son la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, y la que tiene que ver con candidaturas para integrantes de los pueblos originarios y afromexicanos, en el cual no se tomaron en cuenta decenas de propuestas que estas comunidades manifestaron en la reciente consulta llevada a cabo por el IEPC.
Se espera que estos dictámenes sean llevados ante el pleno en la sesión de este jueves, ya que mañana es el último día que tiene el Poder Legislativo para aprobar reformas en materia electoral y que estas normativas sean aplicables para el proceso electoral 2023-2024.
La sesión de la comisión se realizó en la sala de los Proceres José Francisco Ruiz Massieu y fue abierta, incluso transmitida en vivo. Se esperaba una discusión por la iniciativa del perredista Bernardo Ortega Jiménez que propone que se respete la decisión de los partidos políticos en el orden y género que se registran las diputaciones plurinominales.
La intención de esta iniciativa era que en la integración del pleno no se dejaran fuera a los varones que los partidos registraron en las primeras fórmulas, como ocurrió con el caso de Evodio Velázquez Aguirre. Sin embargo, el diputado retiró la iniciativa a solicitud de grupos feministas como la Red para el Avance Político de las Mujeres, y de la morenista Citlali Calixto Jiménez.
A la sesión llegaron los cinco integrantes de la Comisión de Justicia: el presidente el priista Jesús Parra García, la secretaria y vocal Beatriz Mojica Morga, y Estrella de la Paz Bernal, ambas de Morena, así como la panista Ana Lenis Reséndiz Javier y el perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Ahí, Bernardo Ortega dijo “no voy a ser juguete de nadie” y adelantó que propondría modificaciones a los dictámenes que se discutirían “porque se proponen cosas aberrantes”, y aseguró que estos no los realizó la Comisión de Justicia, después en varios momentos señaló que fue la Jucopo la que realizó estos documentos.
“Creo que están actuando con alevosía y ventaja quienes hicieron este dictamen, porque quiero decirles que este dictamen no lo construyó la Comisión de Justicia, a mí no me tomaron en cuenta, y yo no voy a permitir esto, soy defensor de la legalidad… yo no soy juguete de nadie, ni me voy a dejar manipular por nadie”.
En respuesta, Jesús Parra le dijo a Bernardo Ortega que fue un acuerdo entre los diputados y el trabajo de la comisión se “estaría consultando con sus secretarios técnicos”.

Candidaturas indígenas y
afromexicanas

En el dictamen, los diputados se limitaron a legislar sobre las reformas que la Corte les invalidó por falta de consulta, y no incluyeron ningún otro tema planteado por las autoridades comunitarias de pueblos indígenas y afromexicanos.
El Congreso realizó a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una consulta, a partir de la cual el organismo envió a los diputados un informe en el que se incluyeron decenas de propuestas recabadas, pero finalmente en el dictamen no se tomaron en cuenta.
Se quitó del texto de la ley electoral la facultad al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de expedir estas constancias de autoadscripción.
Lo anterior a pesar de que una de las principales propuestas que el IEPC recogió en la reciente consulta que realizó a pueblos indígenas y afromexicanos, fue que la asamblea es la máxima autoridad para aprobar la constancia de adscripción a alguna de estas poblaciones, en el dictamen se abre la posibilidad a que sean también el Ayuntamiento.
Incluso, en el dictamen se establece que, para el registro de las candidaturas por estos principios, se deberá acreditar la autoadscripción calificada con una constancia que contenga o esté basada en alguno de los siguientes elementos.
Estos son: el haber prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad o distrito; haber participado en reuniones de trabajo tendientes a mejorar instituciones tradicionales o resolver los conflictos que se hayan presentado en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito; haber sido representante de alguna comunidad o asociación indígena o afromexicana, cuya finalidad sea mejorar sus conservar instituciones.
También puede ser a través de presentar constancia expedida por el Ayuntamiento, Comisaría Municipal, Consejo de Ancianos, Consejo de Principales Comisariado de Bienes Comunales, con la que se acredite la pertenencia a población o comunidad indígena o afromexicana; y finalmente se agregó a propuesta de Beatriz Mojica el que sea a partir de su activismo a favor de estas poblaciones.
Queda vigente el texto del artículo 13 Ter. que los partidos políticos deberán postular fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa de origen indígena o afromexicana en, por lo menos, la mitad de los distritos en los que la población indígena o afromexicana sea igual o mayor al 40 por ciento del total de la población del distrito.
También el texto del artículo 272 Ter. Que establece que en los municipios que conforme al último censo de población tengan una población indígena o afromexicana que sea igual o mayor al 40 por ciento, los partidos políticos deberán postular, en por lo menos la mitad de esos municipios, el 50 por ciento de candidaturas de origen indígena o afromexicana, en la planilla de presidencia y sindicaturas, así como en la lista de regidurías para integrar los ayuntamientos.

Otras reformas

Ayer se aprobó un dictamen en el que se concentraron diversas iniciativas en la materia, entre ellas una para armonizar la legislación local con la federal en lo referente a la “Ley 3 de 3 contra la Violencia”, la cual plantea que las personas con sentencias firmes por delitos graves relacionados con la vida, integridad corporal, sexuales, violencia familiar, violencia política contra las mujeres e incumplimiento de la obligación alimentaria, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular ni nombrados en cargos o comisiones del servicio público.
Al dictamen se le realizó una modificación en la que estuvieron de acuerdo todos los integrantes, la cual consiste en que las acciones afirmativas para garantizar los espacios a los integrantes de la comunidad LGTBI+ no trastoque la paridad entre hombres y mujeres, apuntando que las personas que se auto definan como mujeres, no pueden ser registradas con este sexo, si no que se deben limitar a los espacios para el sector de la diversidad sexual.
Otro tema que generó discusión fue una propuesta para dividir una dirección en el IEPC. El diputado Bernardo Ortega acusó que en el órgano electoral se pretenden generar nuevas áreas para hacer un mismo trabajo y que el motivo es que hay quienes necesitan espacios porque quieren dar “chamba” a sus equipos.
También se manifestó en contra de que el órgano interno de control del IEPC pase a la adscripción de la presidenta del Consejo General, cuando actualmente responde a todos los consejeros, y apuntó que esta es propuesta es “regresiva” porque lo que se debería buscar es la autonomía de las autoridades a las que se vigila.
“¿La Jucopo así la quiere? Entonces que sea parejo para todos los órganos internos de control, Derechos Humanos, el Tribunal Administrativo, de la Fiscalía ¿Qué interés hay de que dependa de la presidenta o presidente?”.
El secretario técnico César Ramos Castro señaló que se debe tener mucho cuidado “porque pareciera que alguien deslizó por ahí esa facultad para que el órgano de control interno quede sujeto a presidencia, y eso sí está en contra de todo el sistema nacional anticorrupción y en contra de la naturaleza misma de los órganos autónomos”.
Otro tema fue es el relacionado con las acciones afirmativas a favor de la comunidad LGTBI; es que, si una persona se autoadscribe a un género y así es registrado por los partidos, estos podrían ser utilizados para la compensación del género.
Explicó que un partido podría registrar cualquier número de personas de la diversidad que se autoadscriben como mujeres y que se les tendrían que dar esos espacios, y en ese sentido dijo que la inclusión podría terminar afectando la paridad entre hombres y mujeres.