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Presta servicios limitados la clínica del IMSS en Llano Largo dañada por el huracán Otis

La Unidad Médica Familiar (UMF) 29 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el poblado Llano Largo, quedó con daños en sus instalaciones, por lo que los servicios de salud están limitados.
En la puerta, el personal de vigilancia dice a los pacientes que nada más hay servicios para diabéticos, hipertensos y algunas consultas. Funciona la farmacia, pero no los laboratorios.
En una lona se lee: “En esta Unidad de Medicina Familiar se otorga consulta médica a pacientes con diabetes, hipertensión, tuberculosis; a embarazadas, por causas médicas referentes a las contingencias”.
Para no derechoabientes se otorga atención de vacunación, planificación familiar y “enfermedades derivadas de la contingencia”.
Se quiso tener una versión oficial sobre la situación de la clínica y cuáles son las enfermedades que más están atendiendo, luego de los daños que dejó el huracán Otis, pero el responsable de ésta mandó a decir con el personal de vigilancia, que todo lo que se necesitaba saber estaba en la lona que se encontraba afuera de las instalaciones.
Mientras, los restaurantes que están afuera del IMSS se encuentran todavía cerrados y se observó que se volaron los techos y están sucios. (Karina Contreras).

La despenalización de las drogas, tema “que poco se escarba” en la sociedad: López Sollano

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El delegado de la región Sierra del gobierno estatal, Saúl López Sollano, señaló que la militarización en México tiene candados constitucionales a los que deben atenerse las fuerzas castrenses, y la despenalización de las drogas es un asunto polémico “que poco se escarba” en la sociedad.
Lo anterior, en consulta telefónica sobre la sugerencia de la ONU en el informe Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas, donde señala que la militarización facilita el uso innecesario de la fuerza y recomienda el análisis de la despenalización del consumo, para enfrentar el problema con un enfoque de derechos humanos y de salud pública.
El también senador suplente indicó que la militarización tiene candados en el marco jurídico. En cuanto a la despenalización, dijo que tiene muchas aristas, “hay sectores de la población que están de acuerdo, y hay otros que están en contra, entonces, yo pienso que se tiene que usar algunas figuras, como las consultas a la población, para determinar si están de acuerdo o no”.
Recordó que el Senado aprobó una ley general para regular el uso de la cannabis, “una posición que no satisface a todos, pero que se adaptaba a las condiciones de aquel tiempo. Los consumidores están de acuerdo y los que no son consumidores están en contra o permanecen en una posición media, neutral”.
Añadió que en países como Estados Unidos, la regulación es distinta por cada estado, en unos se prohíbe y en otros se acepta, aunque en México sólo está legalizado el consumo mínimo de la mariguana.
“(Todavía) hay una discusión porque si se aprobó el consumo mínimo, con eso los consumidores dicen ya está aprobado. No ven los mínimos ni los máximos”.
Señaló que este debate nacional permite hacer muchas interpretaciones, pero la discusión aún no está abierta en Guerrero. “Como son temas polémicos, podemos decir que tampoco la sociedad le escarba, los tiene como latente cada quien”.
En el caso de la Sierra, donde hace décadas se introdujo el cultivo de estupefacientes, confirmó que es subyacente; sin embargo, por la caída de la siembra de amapola ante el consumo de fentanilo, la personas están más preocupadas por los de árboles frutales de aguacate, pera o durazno como sustitutos.
Destacó el impulso del programa Sembrando Vida en la región, aunque reconoció que todavía no ha llegado a algunos lugares, porque aún hay comunidades solicitando su incorporación.
Aseguró que los campesinos están “muy metidos” en el programa, porque les permite un ingreso económico mínimo y la expectativa de la venta cosecha que van a obtener.
Reconoció que preocupa cómo van a sacar la cosecha cuando sea abundante, porque ahora el trabajo es artesanal, los productores cuando salen a hacer sus compras también ofrecen la fruta.
Adelantó que se esperan que en grupos reúnan de ocho a diez toneladas de fruta, por ello, desde ahora trabajan en la mejora de los caminos, que ya se plantea en el plan regional. “Al haber fuentes de trabajo, combates, erradicas, en cierto modo los brotes de violencia”.
Para cambiar la dinámica que ha tenido la Sierra, indicó que se requiere la creación de fuentes de trabajo, abatir la desocupación, una estrategia que trae sus frutos a corto y también a largo plazo. “Al generar riqueza, impulsas la educación”, añadió.
Explicó que están recibiendo peticiones de escuelas en todos los niveles, y con la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) están en diálogo sobre la posibilidad de crear el campus en la Sierra.
De esta comunicación, mencionó a la unidad académica en Tecpan, sin buena cobertura, pero se no se descarta que haya unidades de educación superior con la UAG en Linda Vista, Toro Muerto o en Filo de Caballos.
“La gente está interesada, sobre todo, porque muchos de los hijos de los habitantes de la Sierra, están estudiando en Chilpancingo y en Acapulco, fundamentalmente”.

Algunas comunidades piden al Ejército

Al insistirle sobre la posición de la ONU acerca de la militarización para el combate de las drogas en México y en Guerrero, ratificó que es un tema polémico. Enfatizó que es partidario de la paz, no de la represión, pero algunas comunidades, como Linda Vista, piden la presencia del Ejército.
“Soy partidario del diálogo con la población -precisó- en todos los niveles. Fui militante en los años de 1970, nuestra principal demanda era ‘fuera el Ejército de las poblaciones’, ‘fuera la militarización’ pero hoy me doy cuenta que la población de Linda Vista, con problemas e inseguridad, piden la presencia del Ejército para garantizar la paz”.
Consideró que si la población pide la presencia de los soldados, no es una militarización. Recordó que la Constitución indica, que en tiempo de paz, las fuerzas militares tienen que estar en sus cuarteles, encerrados.
Para transitar a la paz, dijo que también tienen esta forma de combatir el problema, “el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho muy claro, no habrá represión ni sojuzgamiento con las fuerzas del orden, hacia la población, donde se tenga que usar la fuerza del Ejército va a ser para garantizar la seguridad de los habitantes ante algún problema de agresión”.

 

Desdeñan diputados propuestas de la consulta del IEPC sobre candidaturas indígenas y afro

Votación de los diputados de la Comisión de Justicia, Ana Lenis Reséndiz, del PAN; Estrella de la Paz, de Morena; el presidente de la comisión Jesús Parra, del PRI; Beatriz Mojica, de Morena; y Bernardo Ortega, del PRD Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Comisión de Justicia del Congreso local, aprobó dictámenes con reformas en materia electoral. Las principales son la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, y la que tiene que ver con candidaturas para integrantes de los pueblos originarios y afromexicanos, en el cual no se tomaron en cuenta decenas de propuestas que estas comunidades manifestaron en la reciente consulta llevada a cabo por el IEPC.
Se espera que estos dictámenes sean llevados ante el pleno en la sesión de este jueves, ya que mañana es el último día que tiene el Poder Legislativo para aprobar reformas en materia electoral y que estas normativas sean aplicables para el proceso electoral 2023-2024.
La sesión de la comisión se realizó en la sala de los Proceres José Francisco Ruiz Massieu y fue abierta, incluso transmitida en vivo. Se esperaba una discusión por la iniciativa del perredista Bernardo Ortega Jiménez que propone que se respete la decisión de los partidos políticos en el orden y género que se registran las diputaciones plurinominales.
La intención de esta iniciativa era que en la integración del pleno no se dejaran fuera a los varones que los partidos registraron en las primeras fórmulas, como ocurrió con el caso de Evodio Velázquez Aguirre. Sin embargo, el diputado retiró la iniciativa a solicitud de grupos feministas como la Red para el Avance Político de las Mujeres, y de la morenista Citlali Calixto Jiménez.
A la sesión llegaron los cinco integrantes de la Comisión de Justicia: el presidente el priista Jesús Parra García, la secretaria y vocal Beatriz Mojica Morga, y Estrella de la Paz Bernal, ambas de Morena, así como la panista Ana Lenis Reséndiz Javier y el perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Ahí, Bernardo Ortega dijo “no voy a ser juguete de nadie” y adelantó que propondría modificaciones a los dictámenes que se discutirían “porque se proponen cosas aberrantes”, y aseguró que estos no los realizó la Comisión de Justicia, después en varios momentos señaló que fue la Jucopo la que realizó estos documentos.
“Creo que están actuando con alevosía y ventaja quienes hicieron este dictamen, porque quiero decirles que este dictamen no lo construyó la Comisión de Justicia, a mí no me tomaron en cuenta, y yo no voy a permitir esto, soy defensor de la legalidad… yo no soy juguete de nadie, ni me voy a dejar manipular por nadie”.
En respuesta, Jesús Parra le dijo a Bernardo Ortega que fue un acuerdo entre los diputados y el trabajo de la comisión se “estaría consultando con sus secretarios técnicos”.

Candidaturas indígenas y
afromexicanas

En el dictamen, los diputados se limitaron a legislar sobre las reformas que la Corte les invalidó por falta de consulta, y no incluyeron ningún otro tema planteado por las autoridades comunitarias de pueblos indígenas y afromexicanos.
El Congreso realizó a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una consulta, a partir de la cual el organismo envió a los diputados un informe en el que se incluyeron decenas de propuestas recabadas, pero finalmente en el dictamen no se tomaron en cuenta.
Se quitó del texto de la ley electoral la facultad al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de expedir estas constancias de autoadscripción.
Lo anterior a pesar de que una de las principales propuestas que el IEPC recogió en la reciente consulta que realizó a pueblos indígenas y afromexicanos, fue que la asamblea es la máxima autoridad para aprobar la constancia de adscripción a alguna de estas poblaciones, en el dictamen se abre la posibilidad a que sean también el Ayuntamiento.
Incluso, en el dictamen se establece que, para el registro de las candidaturas por estos principios, se deberá acreditar la autoadscripción calificada con una constancia que contenga o esté basada en alguno de los siguientes elementos.
Estos son: el haber prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad o distrito; haber participado en reuniones de trabajo tendientes a mejorar instituciones tradicionales o resolver los conflictos que se hayan presentado en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito; haber sido representante de alguna comunidad o asociación indígena o afromexicana, cuya finalidad sea mejorar sus conservar instituciones.
También puede ser a través de presentar constancia expedida por el Ayuntamiento, Comisaría Municipal, Consejo de Ancianos, Consejo de Principales Comisariado de Bienes Comunales, con la que se acredite la pertenencia a población o comunidad indígena o afromexicana; y finalmente se agregó a propuesta de Beatriz Mojica el que sea a partir de su activismo a favor de estas poblaciones.
Queda vigente el texto del artículo 13 Ter. que los partidos políticos deberán postular fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa de origen indígena o afromexicana en, por lo menos, la mitad de los distritos en los que la población indígena o afromexicana sea igual o mayor al 40 por ciento del total de la población del distrito.
También el texto del artículo 272 Ter. Que establece que en los municipios que conforme al último censo de población tengan una población indígena o afromexicana que sea igual o mayor al 40 por ciento, los partidos políticos deberán postular, en por lo menos la mitad de esos municipios, el 50 por ciento de candidaturas de origen indígena o afromexicana, en la planilla de presidencia y sindicaturas, así como en la lista de regidurías para integrar los ayuntamientos.

Otras reformas

Ayer se aprobó un dictamen en el que se concentraron diversas iniciativas en la materia, entre ellas una para armonizar la legislación local con la federal en lo referente a la “Ley 3 de 3 contra la Violencia”, la cual plantea que las personas con sentencias firmes por delitos graves relacionados con la vida, integridad corporal, sexuales, violencia familiar, violencia política contra las mujeres e incumplimiento de la obligación alimentaria, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular ni nombrados en cargos o comisiones del servicio público.
Al dictamen se le realizó una modificación en la que estuvieron de acuerdo todos los integrantes, la cual consiste en que las acciones afirmativas para garantizar los espacios a los integrantes de la comunidad LGTBI+ no trastoque la paridad entre hombres y mujeres, apuntando que las personas que se auto definan como mujeres, no pueden ser registradas con este sexo, si no que se deben limitar a los espacios para el sector de la diversidad sexual.
Otro tema que generó discusión fue una propuesta para dividir una dirección en el IEPC. El diputado Bernardo Ortega acusó que en el órgano electoral se pretenden generar nuevas áreas para hacer un mismo trabajo y que el motivo es que hay quienes necesitan espacios porque quieren dar “chamba” a sus equipos.
También se manifestó en contra de que el órgano interno de control del IEPC pase a la adscripción de la presidenta del Consejo General, cuando actualmente responde a todos los consejeros, y apuntó que esta es propuesta es “regresiva” porque lo que se debería buscar es la autonomía de las autoridades a las que se vigila.
“¿La Jucopo así la quiere? Entonces que sea parejo para todos los órganos internos de control, Derechos Humanos, el Tribunal Administrativo, de la Fiscalía ¿Qué interés hay de que dependa de la presidenta o presidente?”.
El secretario técnico César Ramos Castro señaló que se debe tener mucho cuidado “porque pareciera que alguien deslizó por ahí esa facultad para que el órgano de control interno quede sujeto a presidencia, y eso sí está en contra de todo el sistema nacional anticorrupción y en contra de la naturaleza misma de los órganos autónomos”.
Otro tema fue es el relacionado con las acciones afirmativas a favor de la comunidad LGTBI; es que, si una persona se autoadscribe a un género y así es registrado por los partidos, estos podrían ser utilizados para la compensación del género.
Explicó que un partido podría registrar cualquier número de personas de la diversidad que se autoadscriben como mujeres y que se les tendrían que dar esos espacios, y en ese sentido dijo que la inclusión podría terminar afectando la paridad entre hombres y mujeres.

 

El fallo de la Corte deja vigente la reforma a la ley indígena que aprobó el Congreso local

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar la validez “en definitiva” de las reformas aprobadas por el Congreso de Guerrero a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, éstas son constitucionales, por lo que son aplicables.
Después de la reforma del 24 de mayo de 2022 aprobada por el Congreso local, la CNDH buscó combatir esta norma a través de una acción de inconstitucionalidad, que finalmente este lunes fue declarada “procedente pero infundada” por los 11 ministros de la Corte.
Lo que significa que las reformas que el Congreso de Guerrero aprobó con 36 votos a favor y uno en contra en materia de derechos y seguridad indígena y afromexicana, son constitucionales.
Con las reformas avaladas por la Corte, no se reconoce en la ley al sistema de justicia que incluye la reeducación, ni a la policía comunitaria que fue sustituida por “policía indígena o afromexicana”.
El artículo 26 de la norma vigente establece que “la Ley reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía” y se agregó que se sujetará “a los principios generales” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de Guerrero “en particular aquellos relativos al respeto de los derechos humanos”.
En la fracción tercera se establecía que se reconoce y garantiza el derecho de elegir a “sus autoridades políticas o representantes”, pero con la reforma se apunta que solo podrán elegir “a sus autoridades comunitarias o representantes”.
En el título tercero “De la Justicia Indígena y Afromexicana” se señala en el segundo párrafo del artículo 35 que “la aplicación de la justicia indígena es alterna a la vía jurisdiccional ordinaria y al fuero de los jueces del orden común, conforme a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales” la Constitución de la República; los tratados internacionales; la Constitución de Guerrero, y las leyes de ellas emanadas.
Y en el artículo 36 se reconoce en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, “el conjunto de normas orales y escritas que se han transmitido por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo, de carácter consuetudinario que regulan sus relaciones familiares, comunitarias, la vida civil y la prevención y solución de conflictos al interior de cada pueblo o comunidad, entre sus integrantes”.
En el artículo 37 se establece que las autoridades del estado “mantendrá una relación de cooperación y comunicación” con estos pueblos “para garantizar que sus sistemas normativos internos sean adecuadamente conocidos por personas e instituciones ajenas a ellos” cuidando que no se contrapongan a la constitución federal y tratados internacionales.
También en la sección primera Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano dice en su artículo 38 que el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano “es el conjunto articulado de instituciones, autoridades, acciones, instrumentos y mecanismos que implementan los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de acuerdo a sus usos y costumbres dentro del municipio, en la prevención del delito, sin vulnerar sus sistemas normativos, prácticas tradicionales, lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la presente Ley”.
En el artículo 39 se dice que ambos sistemas “constituirán una relación de cooperación” en materia de seguridad pública.
Mientras que en el artículo 40 se destaca que el órgano supremo del Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano “es la Asamblea General de cada pueblo”.

 

Golpe a la justicia comunitaria, el aval de la Corte a la consulta del Congreso: Abel Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la consulta sobre las reformas del Congreso local a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultu-ra de los Pueblos Indígenas, “es un golpe fuerte al sistema de justicia comunitario”, y en particular a la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), opi-nó el director del Centro de De-rechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera.
Entrevistado por teléfono, agregó que la resolución atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, es una burla más hacia ellos, y una mala señal porque significa un retroceso en las reivindicaciones de los pueblos originarios.
El lunes se conoció que la SCJN validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso local a la Ley 701 en mayo del año pasado. En ellas se eliminó el sistema de reeducación y se sustituyó a la Policía Comunitaria por una “policía indígena y afromexicana”, misma que se subordinará a las policías de los tres órdenes de gobierno.
Tlachinollan dio acompañamiento a la CRAC en su movimiento contra esa reforma, debido a que, argumentaron, no se consultó a los pueblos indígenas. Y ayer su director subrayó que la Corte “no reconoce sus formas de organización cimentadas en la libre determinación y, sobre todo, las formas de consultas que implementan las comunidades a través de sus asambleas”.
Barrera Hernández explicó que probablemente en los últimos meses el Congreso subsanó los procedimientos de la consulta y se hicieron cabildeos con algunos ministros para que les mostraran que en términos procedimentales cumplieron con los principios que ordenó la Corte y los que rigen la consulta.
Sin embargo, dijo que la realidad es que los pueblos fueron excluidos de esa supuesta consulta, sus autoridades no fueron tomadas en cuenta ni su práctica consuetudinaria que está marcada por las asambleas comunitarias.
“Fueron simplemente acciones mediáticas, de mera formalidad legaloide, nunca consultaron a fondo los pueblos”, subrayó.
En su opinión, fue una burla más, “y se sigue dando la espalda a los pueblos, ignorando su capacidad, su fuerza, su resistencia y su inteligencia para autogobernarse y construir un entramado jurídico basado en los derechos colectivos”.

El gobierno de Morena también desprecia al movimiento indígena

Barrera lamentó que, en Guerrero, en el mismo gobierno de Morena, no haya un compromiso con los pueblos indígenas, y por el contrario, exista “un desprecio hacia el movimiento de pueblos que luchan por su sobrevivencia, y que haya, también, una criminalización”.
Dijo que la Suprema Corte ahora se suma a esa política al no reconocer a los indígenas como actores políticos y al darle “credibilidad a un Poder Legislativo que nunca se ha identificado con las luchas indígenas”.
El director de Tlachinollan criticó que la SCJN legitimó la política racista de un Poder Legislativo que “más bien utiliza a las comunidades indígenas como clientelas cautivas, como masa informe que solo sirve para depositar el voto en las urnas”.
Abundó que lo que validó la SCJN es lo que quisieron imponer los diputados con una visión etnocéntrica de lo que es el derecho.

Desestimaron los ministros la cosmogonía indígena

Dijo que los ministros desestimaron lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas, “que hablan de otras formas de readaptación, como lo es la reeducación que es un proceso colectivo, en el que no se criminaliza al detenido, sino que se le reincorpora a la comunidad a través de procesos pedagógicos a nivel comunitario, a través del consejo de los ancianos y del servicio comunitario, de la participación en las tareas de la comunidad, a través de la convivencia que tienen con las autoridades”.
Lo que debería hacerse, dijo, es armonizar e incorporar la legislación indígena que se ha ido construyendo con mucho sufrimiento, con luchas a nivel latinoamericano, con los principios del derecho positivo y generar legislaciones plurales.
“Pero aquí, más bien, se está supeditando el derecho de los pueblos a un derecho positivo racista, que criminaliza, que discrimina a las comunidades indígenas que las tienen en el fango de la historia y han posteado sus derechos”.
Insistió que por eso su opinión es que hubo un retroceso, “porque en la vía de los hechos se sigue separando la sociedad mestiza de la sociedad indígena al tratarla como seres inferiores, como personas salvajes, como si sus costumbres fueran de la época primitiva”.
Barrera Hernández criticó que desde el Estado se sigue reforzando la idea “etnocéntrica y racista de que los indígenas son atrasados que necesitan integrarse a la sociedad nacional de manera forzada en términos de imponerles una cultura jurídica, basada en el individuo”.
Y cuestionó: “De qué sirve reconocer la diversidad cultural de México, si en los hechos se pisotean sus derechos, si en los hechos no se les reconoce, si no hay marcos jurídicos que los respeten, que los reconozcan, que los toleren, que armonicen sus derechos”.
En lo que respecta a la CRAC, el director de Tlachinollan anunció que va a seguir navegando a contra corriente, y va a tener que seguir fortaleciendo sus procesos autonómicos y de libre determinación, “no va a haber de otra”.
Recordó que en su momento ya elaboró una propuesta de ley que fue rechazada por la misma fracción parlamentaria tanto de la actual como de la anterior legislatura.
“Por el momento entendemos que fue un golpe fuerte al sistema de justicia comunitario y a la CRAC en concreto”.
En tanto que el vocero de la CRAC y coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que van a consultar con los pueblos y comunidades lo que resolvió la SCJN y que este jueves ofrecerán una conferencia de prensa las cinco casas de justicia para dar su opinión.

 

Valida la Corte consulta a pueblos indígenas y afros que realizó el Congreso local en 2022

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso de Guerrero a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas aprobadas en 2022.
Se trata de las reformas que diputados locales realizaron el 24 de mayo del año pasado en materia de seguridad indígena y afromexicana, con las que se eliminó de la Ley 701 el sistema de reeducación, y la policía comunitaria que fue sustituida por “indígena o afromexicana”, la cual se subordina a ser auxiliar de las policías y otras corporaciones de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con lo aprobado por el pleno de la SCJN, la consulta que el Congreso realizó en dos meses -a pesar de que la Corte había dado todo un año para su desarrollo- sí cumplió con “las fases mínimas que debe tener”, por lo que fue aprobado por unanimidad de votos de los ministros y “decidido en definitiva”.
El diputado de Morena Masedonio Mendoza Basurto, y organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fueron los principales opositores de estas reformas.
Incluso, después de que el pleno aprobó las reformas a la ley 701, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda decidió no publicarlas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y envió al Poder Legislativo una “observación total” al decreto 183, la cual fue rechazada por la mayoría de los diputados, quienes ratificaron las modificaciones que finalmente ayer validó la Corte.
Ayer en sesión, la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (CNDH); la ponencia estuvo a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
La ponente propuso al pleno que se declarase “procedente pero infundada” la acción de inconstitucionalidad; y que se reconociera la validez del decreto 183 por el que se reforma la ley 701.
En el estudio de fondo, la ponente Ana Margarita Ríos habló de un apartado que denominaron vulneración a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En su exposición la ministra explicó por qué se declaraba infundada la solicitud de invalidez de este decreto.
Comentó que ésta es la primera consulta indígena que se validaría por parte de la Corte, porque consideraron que el Poder Legislativo de Guerrero sí cumplió con realizar la consulta de acuerdo con las fases y características que han sido establecidas por este tribunal.
La ministra ponente señala que en la fase preconsultiva se desarrolló de manera correcta identificando las comunidades a consultar, y que posteriormente el Congreso emitió lineamientos que establecieron los principios por los que “se regiría la consulta”, esto a pesar de que en este proceso no participaron pueblos indígenas ni afromexicanos.
En este caso, la ministra argumentó que estos lineamientos podrían modificarse “de acuerdo a sus necesidades, sistemas normativos, y costumbres de cada comunidad”.
De la fase informativa, la ministra se refirió a la distribución de información y la difusión sobre la realización de la consulta por diferentes vías, y que se realizaron asambleas en las cuatro lenguas indígenas “lo que permitió un entendimiento y diálogo intercultural”.
Y en la fase de deliberación interna, la ministra Ana Margarita Ríos, validó que se realizaron asambleas y reuniones al interior de las comunidades “sin la intervención del Poder Legislativo” en las que se discutieron la propuesta de ley para aprobar o presentar propuestas de modificación.
Después, en la fase de diálogo, la ministra dijo que se realizaron 424 asambleas consultivas de un total del mismo número de comunidades de 54 municipios que “quisieron participar”.
Mientras que en la fase de decisión “el Congreso incorporó el mayor número de propuestas con base en el principio de mayor consenso posible”, y afirmó que las opciones que “no fueron integradas expresamente ya formaban parte de la redacción de la redacción de artículos puestos a consideración o bien, tenían incidencia en el ámbito competencial de otros poderes”.
En la sesión no se dieron detalles de lo anterior, y solo se apunta que “estuvo debidamente fundado y motivado por el Congreso local en la exposición de motivos”.
La propuesta llevada al pleno de la SCJN planteó que el Congreso de Guerrero sí cumplió con las fases mínimas que debe tener una consulta previa, y que esta cumplió con las características establecidas por la Corte.
Se consideró que fue una consulta libre porque no hay pruebas “de que actos de coerción, intimidación o manipulación por parte de las autoridades”; la ministra también precisó que “la finalidad de llegar a acuerdos no puede interpretarse en el extremo de exigir que todas las propuestas y comentarios en lo individual deban reflejarse en el proyecto final de la ley pues es de carácter general a todos los pueblos”.
En el segundo apartado de vulneración a los principios de legalidad y seguridad jurídica, la ministra ponente propuso declarar infundado el concepto de invalidez que pidió la CNDH.
Con lo aprobado, se determinó que “sí está reconocida la personalidad jurídica y los derechos de dichas comunidades” y que de esta manera “queda superada la confusión que surge de la interpretación aislada de los artículos impugnados”.

 

Coordinadas, consultas del IEPC y legislativa sobre elección de candidatos indígenas y afros

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para definir las reglas de postulación de sus candidaturas, es vinculante a la que realiza el Congreso del estado para reformar la Ley Electoral que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En asuntos generales de la sesión pública de ayer, el consejero electoral Edmar León García, informó que las actividades de la consulta del IEPC comenzaron el fin de semana pasado con una visita para la mitad de los 49 municipios que serán consultados. Destacó del proceso, el diálogo con el Congreso local, en específico con la Junta de Coordinación Política, cuyos integrantes están “ocupados y preocupados” por atender la consulta de la representación indígena con los más altos estándares internacionales.
León García precisó que para el IEPC es la primera etapa de su consulta, sin embargo para el Congreso del estado será la segunda etapa de su proceso, porque ya tiene trabajo realizado en esta materia.
“La idea es que tanto el Congreso como el Instituto tomen determinaciones en el ámbito de sus propias competencias, es lo que les estamos diciendo a las comunidades que estamos visitando como IEPC, con personal del Congreso”.
En consulta por separado, León García precisó que hace alrededor de un mes, el IEPC firmó un convenio histórico por el alcance que tiene para Guerrero y el país, para que el Instituto y el Congreso realicen de manera conjunta la consulta, y después cada cual tomará las determinadas en el ámbito de sus competencias.
Es decir, el Congreso tomará los resultados para atender la acción de inconstitucionalidad 136/2020; y el IEPC para definir las reglas de postulación y registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos.
Aclaró que, en la consulta que realizó el Congreso local en 2022, sobre derechos y cultura indígena y de la Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública, el IEPC sólo fue parte de un comité técnico de apoyo. Esta vez, son los organizadores.

El PRI anuncia queja contra Fernández Noroña

En esta misma sesión, el representante del PRI, Manuel Alberto Saavedra Chávez, informó en asuntos generales, que presentará una queja en el IEPC contra el diputado federal del PT y aspirante a la presidencia, Gerardo Fernández Noroña, que en una acto público en Tlapa el pasado domingo insultó al alcalde del PRI, Gilberto Solano Arreaga.
Aclaró que el morenista no sólo denostó la figura del presidente de municipal, con distintos calificativos, sino a todos los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, porque el edil fue votado a partir de las acciones afirmativas que aplicó este organismo local para postular candidaturas indígenas y afrodescendientes.
Adelantó que van a exigir una disculpa pública sobre todo para los pueblos originarios y afrodescendientes de Guerrero porque “no hay razón para que venga a insultar a Guerrero.
También recordó que el PRI solicitó hace unos días al IEPC la certificación de las pintas de propaganda política #Es Claudia, en apoyo a la aspiración presidencial de la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que aparecieron en Chilpancingo. Ahora pedirá formalmente el retiro de la publicidad política, para que el organismo electoral haga la solicitud formal al ayuntamiento capitalino.
Además, pidió que la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC apresure las diligencias sobre la denuncia que presentó la diputada local Gabriela Bernal Reséndiz, contra el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, por actos que configuran violencia política en razón de género.
L consejera presidenta, Fabiola Matildes Gama respondió que en dicho proceso se está realizando conforme a la Ley.
El IEPC realizó ayer dos sesiones, una ordinaria y otra extraordinaria. En la primera dio cuenta del cumplimiento en la entrega de los informes financieros de nueve organizaciones políticas que solicitaron constituirse como partidos políticos, aunque sólo ocho lograron se acreditación.
Asimismo, informó de la entrega de un millón 17 mil 330 pesos al al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG), correspondiente a descuentos por multas del mes de marzo a los partidos PT, PRD y PVEM.
En la segunda sesión, aprobó la ampliación del plazo al 15 de mayo, para el registro de la ciudadanía como observadores del proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Guerrero.
Así como el periodo de capacitación de observadores el 27, 28 de abril y 2, 11 y 12 de mayo a través de un videotutorial, a fin de que el Consejo General resuelva la aprobación de las y los observadores, a más tardar el día 18 de mayo de 2023.
Recordó que el registro virtual de la convocatoria dirigida a universidades, colegios, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y organizaciones indígenas, Afromexicanas, líderes de opinión, y comunicadores, está en la página oficial y redes sociales del IEPC Guerrero.
También aprobaron las convocatorias y el calendario para las reuniones informativas y consultivas de la Consulta, para acreditar la respectiva autoadscripción calificada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, Candidaturas Comunes y Candidaturas Independientes, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.
Estas reuniones se programaron el 28 de abril, 4, 5, 6, 7, 13 y 14 de mayo. Los diálogos consultivos el 20 y 21 de mayo, “a fin de garantizar la efectividad de la participación de los pueblos y comunidades indígenas en el diseño de las normas que permitirán la postulación y registro, a través de partidos políticos y candidaturas independientes, de personas con autoadscripción a dichos pueblos y comunidades, y que, justamente se implementó una fase previa que permitió llevar información precisa de los tiempos y la materia de la consulta”, precisaron.

Amplía el Congreso hasta el 3 de febrero el registro de observadores para consultas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso aprobó ampliar hasta el 3 de febrero el plazo de registro de observadores para los procesos de consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y organizaciones que las representan en las materias electoral, educación indígena, educación inclusiva y Ley de Consulta que originalmente estaba programada para agosto del año pasado.
De acuerdo con un comunicado, el acuerdo fue tomado por Yoloczin Domínguez Serna, Héctor Apreza Patrón, Raymundo García Gutiérrez, Manuel Quiñonez Cortés, Leticia Mosso Hernández y Ana Lenis Reséndiz Javier, presidenta, secretario y vocales “con miras a cumplir con las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas a las acciones de inconstitucionalidad 136/2020 y 299/2020, así como con la Recomendación General 27/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
En el comunicado se informa que el plazo se aprobó “en virtud de que estos procesos se encuentran en vía de cumplimiento, además de que la transparencia es un principio fundamental para el ejercicio del derecho a la consulta, lo cual el Estado está obligado a garantizar bajo los más altos estándares internacionales”.
Y que es “un imperativo asegurar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la participación en los asuntos que conciernen a sus intereses, así como el derecho a la consulta de las personas con discapacidad sobre medidas legislativas y políticas públicas que aseguren la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de sus derechos, en igualdad de condiciones con los demás.
Los registros se podrán realizar de lunes a viernes, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.