Toman trabajadores el CAM de Iguala; protestan contra una resolución de la SEG

Alejandro Guerrero

Iguala

Académicos y administrativos del Centro de Actualización del Magisterio (CAM) de esta ciudad, afines al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tomaron las instalaciones y se declararon en paro laboral indefinido en contra de una resolución que el área jurídica de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
La dependencia dictaminó a favor del también profesor de la escuela, Juan Fernando Bahena García, que es miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de quien sus compañeros piden su separación de la escuela, por presuntas irregularidades que ha cometido.
La mañana de este jueves, 35 de los 43 trabajadores del CAM, encabezados por su delegado sindical, Ricardo Adolfo Rebolledo Mendiola, ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron su paro indefinido, que deja sin clases a 400 alumnos.
Rebolledo Mendiola explicó que la inconformidad de los agremiados de la sección 14 del SNTE, es porque el área jurídica de la SEG emitió una resolución a favor del también académico Juan Fernando Bahena, al que presuntamente favoreció al pertenecer a la CETEG.
Declaró que Bahena García estuvo suspendido de sus actividades académicas, “pero las autoridades lo siguieron protegiendo, porque pertenece a la CETEG, y para que no les hicieran tanto escándalo los de la coordinadora le siguieron manteniendo sus privilegios. Le siguieron pagando, se le dieron las prestaciones que le correspondían y todos esos beneficios, como un personal que no es investigado”.
El representante sindical del CAM consideró que la resolución que emitió el área jurídica de la SEG se manejó de forma “anómala” y “no no favoreció en nada a la vida institucional del centro de trabajo”, por lo que piden que se haga una nueva investigación.
También denunció que el jurídico omitió, en su investigación contra Bahena García, las declaraciones de ocho trabajadores y esa información no aparece en el dictamen final.
La queja de los docentes es porque el académico, del que piden que sea separado de esta escuela, según las declaraciones de su representante sindical, es porque el docente Juan Bahena “cada vez que se hace un proceso de adjudicación de una plaza (dentro de la escuela) él recurre a la impugnación, porque no está de acuerdo con los procesos de corrimiento, y no cumple con la normatividad que se pide para participar en este proceso”.
Pidió la intervención del secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, y si es posible de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, advirtiendo que “hasta que se nos resuelva, vamos a retomar el camino académico”.
En una lona que colgaron en el acceso a la escuela, piden la destitución de Juan Fernando Bahena “por ser persona conflictiva, indeseable (y) no grata en el centro de trabajo”.
Asimismo, indican que su paro de labores indefinido es por problemas existentes y de investigaciones “irregulares”, relacionadas con procesos laborales. Citan el caso de la impugnación que Bahena García hizo el corrimiento del maestro Jorge Mazón Rebolledo, proceso que lleva dos años en trámite y que afecta a otros cinco trabajadores.

 

Revoca Trife resolución que sancionaba a líder de Morena por violencia política de género

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), revocó por unanimidad de votos la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE) en la que el órgano jurisdiccional local había sancionado al líder estatal de Morena Jacinto González Varona por Violencia Política de Género (VPG) contra la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz.
De acuerdo a lo aprobado en la sesión de la Sala Regional de la Ciudad de México, lo dicho por el también diputado morenista respecto a que el PRI utilizó la imagen de Gabriela Bernal en el proceso electoral de 2021, está amparada “por su derecho a la libertad de expresión” y se trató de una crítica a la estrategia electoral priista.
El 25 de agosto, el TEE por unanimidad aprobaron el acuerdo por el que sancionaron al presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González por VPG, presuntamente cometida contra la diputada Gabriela Bernal, con lo que se ordenó inscribirlo por un periodo de un año 4 meses al registro local de personas sancionadas por cometer esta infracción, una multa de 15 mil pesos, tomar cursos en materia de respeto de los derechos de las mujeres, y una disculpa pública.
Pero el dirigente morenista recurrió a la Sala Regional de la Ciudad de México para contravenir la determinación del TEE. Ayer finalmente se resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, el cual aún no es público y sólo se conoce lo leído en la sesión.
En la sesión se menciona que Jacinto González indicó que fue “incorrecto” que se considerara actualizada la conducta de Violencia Política de Género porque las manifestaciones por las que se le acusan “estaban amparadas por su derecho a la libertad de expresión y no se basan en elementos de género”.
En ese sentido, la Sala Regional argumenta su resolución señalando que esta se realiza “tras la revisión de la resolución del TEE que fue revisada “a la luz de la jurisprudencia 21/2018 de la Sala Superior de rubro de Violencia Política en Razón de Género”.
De acuerdo con lo leído por el secretario de acuerdos, los “elementos que actualizan el debate político, se considera que las manifestaciones denunciadas en las que hizo alusión a la belleza de una diputada local expresando “una imagen bonita”, “una cara bonita”, no es posible concluir que se hubiera empleado un rol o estereotipo de género”.
En la propuesta presentada al pleno y posteriormente aprobada “se detalla que el reconocimiento de la belleza de una persona como estrategia política para la postulación de una candidatura no es una cuestión que impacte de manera exclusiva a las mujeres, por lo que la referencia a la belleza de una mujer como elemento dentro de una estrategia electoral cuando no se hace cosificándole o restándole méritos propios, como sucedió en el caso pues se hizo alusión a otras cuestiones de su persona, no implica violencia simbólica ni está dirigida a ella en su calidad de mujer”.
Por lo que se señala que tras “la revisión integral” de las manifestaciones de la parte actora, es decir de González Varona, “es posible advertir que surgieron con el ánimo de crítica, como en el pasado proceso al Senado, un partido político definió sus candidaturas y desarrolló su campaña”.
En la lectura, el secretario de Acuerdos señaló que, si bien Jacinto González manifestó que Gabriela Bernal “tenía una imagen bonita y una cara bonita, dichas palabras no pueden analizarse de manera aislada fuera del contexto que se emitieron para evidenciar una estrategia de comunicación política en el que no fue el único atributo de la denunciante al que hizo alusión”.
Con ese contexto se propuso declarar fundado el agravio que presentó Jacinto González que planteó que las manifestaciones en referencia a Gabriela Bernal no constituyen Violencia Política en Razón de Género porque no se actualizaron los elementos tercero y cuarto de la jurisprudencia en referencia.
Se consideró que estas afirmaciones del también dirigente morenista “estuvieron amparadas por su derecho a la libertad de expresión y en consecuencia se propone revocar la resolución impugnada”.

 

Logran 10 maestros un amparo ante la SEG por irregularidades en cambios de centro de trabajo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo amparó a 10 maestros ante irregularidades cometidas por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Unidad Estatal del Sistema de Carrera de las Maestras y de los Maestros (Uesicamm), durante el proceso para la asignación de cambios de centros de trabajo.
El juzgado federal apercibió desde 2021 al entonces titular de la Contraloría Interna de la SEG, ahora Órgano Interno de Control, Ramón Apreza Patrón, para que en caso de no corregir las fallas, se le aplicarán sanciones económicas y administrativas, “por dilación y falta de cumplimiento” de una resolución emitida el 25 de noviembre de 2020 a favor de los quejosos.
Los maestros, informaron que a la fecha la resolución judicial sigue sin cumplirse, debido a que la SEG y la propia Uesicamm recurrieron a un recurso de revisión, pero el 25 de septiembre pasado el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, desechó el recurso.
De acuerdo con el expediente, en abril de 2020, la SEG convocó al personal estatal y federalizado con funciones de docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión en educación básica, a participar en un proceso de cambio de centro de trabajo.
Esta sería la primera vez que el proceso estaría fundamentado en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros, que garantiza los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia.
En el proceso participaron 40 trabajadores educativos, tanto de ámbito estatal como federal.
Sin embargo, sólo se ofrecieron dos espacios, lo que originó molestia en los participantes, y 10 de ellos presentaron una queja ante la entonces Contraloría Interna de la SEG, el 1 de septiembre de 2020.
Sin embargo, agregaron que el entonces contralor interno, Ramón Apreza, los convocó a un diálogo para buscar una solución a su inconformidad, “pero sólo se aprovechó para darle largas al asunto”.
En esa reunión, los maestros le presentaron ejemplos de movimientos que se realizaron fuera del proceso, de cambios en el subsistema de telesecundaria por los miembros de la Uesicamm, “exhibiendo la doble moral, la falta de ética, honradez y probidad”.
El 25 de noviembre de 2020, la Controlaría Interna emitió un acuerdo en el que les otorgó la razón a los inconformes, pero las autoridades de la Uesicamm hicieron caso omiso al acuerdo.
El 10 de marzo de 2021 presentaron un amparo indirecto, ante el Juzgado Primero de Distrito en contra de la SEG, del titular de la Uesicamm y de la Subsecretaria de Planeación Educativa de la SEG, en el que solicitaron la protección de sus garantías constitucionales.
El 10 de agosto de 2021, el juzgado federal resolvió el amparo 86/2021, mediante el cual “amparó y protegió” a los maestros Gilberto Navarrete Hernández, Cresencia Lorenzo López, Bernabé Benítez Felipe, Marquel García Rojas, Francisco Javier Rodríguez Zamudio, Armando Verdel Núñez, Pedro Castañeda Cornelio, Nancy Dalia Godínez González, Leticia Giles Hernández y Luis Delgado Baranda, que impugnaron “por dilatación y falta de cumplimiento” de la resolución del 25 de noviembre de 2020.
Sin embargo, las autoridades de la SEG promovieron un recurso de revisión a través del área jurídica, ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito y fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Décima Región con Residencia en Saltillo, Coahuila, pero el 25 de septiembre pasado desechó el recurso.
En esa resolución se requiere al contralor interno de la SEG, para que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación, “remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la ejecutoria”.
El tribunal requiere, además, corregir las fallas del proceso, pronunciarse respecto de la destitución de los servidores públicos que incumplieron y realizar todos los actos que resulten necesarios para que se cumpla la resolución del 24 de noviembre de 2020.
A principios de este año, Ramón Apreza renunció a su cargo en el Órgano de Control Interno y fue sustituido por Isabel Rosales Garduño, derivado de ello, los maestros anunciaron que promoverán un incidente de “aclaración de la autoridad que debe dar cumplimiento a la resolución”.
Además, advirtieron que si se acredita que Apreza Patrón incurrió en responsabilidad, al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la ley de amparo, exigirán que por igual se le aplique la sanción que se resolvió.

Desecha el TEE queja por presuntos agravios a derechos políticos electorales LGBTlQ+

Jacob Morales Antonio

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado declararon infundadas tres quejas de personas LGBTlQ+ por presuntos agravios cometidos por el Congreso contra sus derechos político electorales.
En la sesión de este martes por unanimidad de votos se declaró infundadae inoperante la queja del expediente TEE/JEC/048/2023 analizado por la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz y presentada por Jesús Manuel Vergara Encarna-ción contra el Congreso por la probable omisión, al no legislar en materia de derechos político electorales de la población LGBTIQ+.
En la resolución se precisó que el 8 de junio de 2023 se aprobó y con fecha 9 de junio entró en vigencia la reforma legal que prevé el acceso de personas de la población LGBTTTIQ+, a las candidaturas y cargos de representación popular.
En este mismo contexto fueron declarados infundados por unanimidad los agravios incluidos en los expedientes acumulados TEE / JEC / 041 / 2023 y TEE/JEC/042/2013, por las actoras, José Luis Abarca Cortez, quien se autoadscribe persona gay, mujer y afromexicana y Demetrio Patrocinio Aurelio, quien se autoadscribe transgénero, mujer e indígena, luego de la exposición del estudio realizado por la magistrada Elevyn Rodríguez Xinol.
Ambas controvierten el Decreto 471 emitido por el Congreso del Estado por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, relacionado con la observancia de mandatos legales y judiciales vinculados con acciones afirmativas en la materia, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el nueve de junio próximo pasado.
Lo anterior al considerar que los agravios “están dirigidos a cuestionar la forma y contenido de implementación de dicha acción afirmativa por el Congreso del Estado, y dicha competencia escapa al estudio y resolución de este Tribunal pleno, porque, se insiste, dicha reforma fue diseñada en ejercicio de la libertad configurativa con la que cuenta” el Legislativo de Guerrero.
Dice además que estas modificaciones cumplen el mandato establecido en la sentencia dictada por el TEE el 19 de marzo de 2021 en los expedientes TEE/JEC/020/2021 y TEE/JEC/020/2021, así como la resolución del 3 de abril de 2021, dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los expedientes: SCM-JDC-412 / 2021 y SCM-JRC21/2021 acumulado, respecto a las acciones afirmativas en su vertiente de cuotas, a favor de grupos en situación de desventaja como la comunidad LGBTlQ+.

Ratifican asamblea de Chilacachapa

En la sesión por unanimidad fue declarado infundado el juicio electoral presentado por Felipe Aceves Palleco, Victorino Gutiérrez Sim-brón y Francisco Javier Velázquez Estrada contra la supuesta omisión de convocar a las autoridades tradicionales y la ciudadanía de la comunidad de Chilacachapa a la asamblea municipal de Cuetzala del Progreso, celebrada el 19 de agosto, y así participar en la designación de la representación indígena ante el Consejo General y Distritales del IEPC.
Pero en el estudio del caso se demostró con copia certificada del acta de la asamblea comunitaria de 16 de agosto, que fue convocada por el comisario municipal  Rafael Valle Flores a quienes los actores reconocen como parte de las autoridades indígenas de su comunidad, asimismo, que los asistentes propusieron y seleccionaron a Mayra Moncerrat Ríos Rivera y Malinali Godínez Segura, lo que fue ratificado por por los magistrados. El estudio del caso fue por parte de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito.
En la sesión fue aprobado por unanimidad de el acuerdo plenario TEE/JEC/007/2020 y Acumulados que propuso la magistrada Rodrí-guez Xinol de la queja interpuesta por Sixto Cruz Ortega y otros, luego del cumplimiento de la sentencia del 3 de marzo de 2020 y el acuerdo plenario del 22 de agosto del 2023 por el Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, y el IEPC, ante solicitudes de cambio de modelo de elección, y en donde las asambleas realizadas se votó por no realizar la consulta solicitada.
Y fue desechado por unanimidad el recurso de apelación que puso la secretaria general del Partido Mo-vimiento Laborista Guerrero, Da-niela Inés Mendoza Escor-cia, TEE/RAP/015/2023 contra la resolución 021/SE/08-09-2023 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), al no encontrarse un interés jurídico, en el reclamo de la ilegalidad de resolución del Instituto que tuvo por cumplidos los requisitos y requerimientos formulados al partido político. El estudio del caso fue por parte de la magistrada Alma Delio Eugenio Alcaraz.
Por último se aprobó el laudo laboral donde se aprueba el convenio de terminación de la relación laboral con recibo de finiquito celebrado entre el IEPC, y el trabajador que se desempeñó como chofer de la Secretaría Ejecutiva, Víctor García Velázquez.

 

Se dice Sánchez Esquivel “sorprendido” por resolución de Morena de expulsarlo

Daniel Velázquez

El diputado local Alfredo Sánchez Esquivel se dijo “sorprendido” por la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena e informó que el caso ya está en la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Sánchez Esquivel fue denunciado por la subdirectora de Recursos Humanos del Congreso local, Arlen Siu Sarabia Peña, por violencia política en razón de género, porque el diputado dijo: “las mujeres no sabemos hacer nada, que sólo servimos para secretarias”. En su resolución del 13 de julio, la CNHJ de Morena validó el alegato de la quejosa y por esa razón sancionó al diputado con la expulsión del partido.
Luego de inconformarse con esa resolución, el pasado 20 de septiembre el Tribunal Electoral del Estado (TEE) en votación dividida, ordenó a la Comision revisar el caso. En la nueva determinación de la CNHJ del pasado 4 de octubre los comisionados recularon, y resolvieron que no hubo violencia política en razón de género contra Sarabia Peña, pero que sí hubo violación al Estatuto de Morena y por eso mantienen la sanción impuesta al diputado.
Consultado por teléfono, el diputado dijo: “si ellos dicen que no hay violencia política en razón de género en contra de la compañera Siu, ¿cómo pueden mantener la expulsión? Es la pregunta del millón.
“Tengo una sanción, por una falta que la propia Comisión dice que no cometí, que no la pueden acreditar”.
Informó que ya recurrió al Trife pues el día de los hechos que señala Sarabia Peña, 15 de agosto de 2021, fue domingo a las 7 de la noche, fecha en la que él no estuvo en el Congreso, “y lo demuestro con fotografías certificadas y documentales y no hubo descuentos a su salario”. Recordó que en ese entonces tenía acompañamiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes hacían reportes de con quién se reunía y dónde estaba y esos reportes entregó a la Comisión.
“Es un tema triste y penoso porque se construye a partir de señalamientos, de díceres, así es como han construido los argumentos, poniendo fechas que no corresponden, horas en las que no estuvimos”.
Consideró que la resolución de la CNHJ de Morena “es un gran paso” pues se acreditó que ni los comisionados pudieron sostener sus argumentos y también en el TEE uno de los magistrados advirtió que el caso es de índole laboral y no de violencia política porque lo que se alegaba era disminución de salarios.
Sostuvo que la acusación en su contra “es una persecución política de una confabulación de un conjunto de personas que armaron una historia y a medida que pasa el tiempo no se puede sostener”.
“Aquí el agraviado soy yo, porque no es otra cosa mas que una denuncia falsa para poderme perjudicar y así ha sido demostrado en tribunales”.
“A alguien le interesa, está muy motivado de que yo esté fuera de Morena, ese es el centro del tema”.
Dijo que es “contradictorio” que la Comisión haya refutado su propia resolución, y por eso ha acudido al Trife, para que los magistrados hagan un análisis profundo y exhaustivo del caso, “para que mis derechos políticos queden salvaguardados”.
A las mujeres que protestaron en su contra les preguntó si ahora que la CNHJ de Morena determinó que no hubo violencia política contra Sarabia Peña se van a reunir para ofrecerle disculpas, “o ya fui señalado, ¿y hasta ahí nomas?”.
Marco Antonio García Morales fue detenido el 18 de diciembre de 2019, cuando ocupaba el cargo de jefe de Gabinete en la administración del alcalde Dionicio Merced Pichardo García.
El imputado estuvo preso en la cárcel de Atlamajac hasta el 30 de septiembre de 2022, cuando se le cambió la medida cautelar de prisión preventiva a la de libertad bajo el argumento de enfermedad, además de una multa de 100 mil pesos y la orden de firmar cada semana.

Rechaza el TEE restablecer derechos en Morena de Alfredo Sánchez Esquivel

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, José Inés Betancourt, la presidenta Evelyn Rodríguez, Alma Delia Eugenio e Hilda Rosa Delgado durante la sesión Foto: Jessica Torres Barrera
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, José Inés Betancourt, la presidenta Evelyn Rodríguez, Alma Delia Eugenio e Hilda Rosa Delgado durante la sesión. Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Tras dos rondas de debate, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) rechazó por mayoría de votos el punto de acuerdo del magistrado J. Inés Betancourt Salgado, donde proponía restablecer la militancia en Morena del diputado Alfredo Sánchez Esquivel, cancelada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de ese partido.
Votaron a favor el ponente del proyecto y la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, y en contra la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, y la presidenta, Evelyn Rodríguez Xinol, quien tiene voto de calidad en caso de empate.
El caso fue retomado por la presidenta, que anunció que incluirá en el expediente los votos particulares que se expresaron en esta sesión, para presentar un nuevo proyecto de resolución, en un periodo no mayor de 24 horas.
El proyecto rechazado, indica que las dos partes, denunciante y acusado, impugnaron la resolución de la CNHJ. Sánchez Esquivel alegó, entre otros aspectos, la falta de competencia del órgano intrapartidario para resolver sobre presuntos hechos de Violencia Política en Razón de Género, que señaló Arlene Siu Sarabia Peña.
El proyecto, confirmaría la falta de competencia de la CNHJ para investigar y conocer presuntos actos de VPG relacionados con los derechos políticos y laborales de servidores públicos del poder legislativo; suficiente para anular la resolución del Proceso Especial Sancionador disciplinario.
En el disenso, Eugenio Alcaraz aclaró que en la resolución del 13 de julio de 2023, la CNHJ sólo estableció la transgresión a los documentos básicos de Morena, que acarreó la cancelación del registro de Sánchez Esquivel del padrón del partido. No se pronunció sobre la denuncia de Violencia política en razón de Género.
Estimó que el proyecto de discusión, pretendía que el tribunal sustituyera la jurisdicción partidaria, vulnerado el derecho de autodeterminación de Morena, alejado del criterio que ha manejado en varias ocasiones este pleno, especialmente en casos de VPG, que se remiten a los órganos partidistas.
Asimismo, indicó que el proyecto se basa en la presunta incompetencia para resolver casos de VPG, cuando la resolución impugnada no se pronuncia de este tipo de actos, sino por transgresión del estatuto.
La presidenta del TEE añadió que el proyecto es ambiguo, ya que por un lado reconoce que los actores de la demanda son militantes de Morena, y no analiza el marco jurídico del partido, donde es indiscutible que el partido sí puede estudiar la VPG, sea en el ámbito de sus funciones, en reuniones partidarias o abiertas.
La magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, compartió con sus compañeras que se debe sancionar la VPG, pero consideró que en este caso, no se estaba observando la queja de manera integral, y no hacerlo, los convertiría en un “tribunal omnipotente” para conocer toda la violencia política del ramo que fuere.
Explicó que la denunciante es la subdirectora de Recursos Humanos del Congreso del estado, que acusó al diputado Sánchez Esquivel, como su superior jerárquico, por lo tanto, el caso corresponde al ámbito administrativo y laboral.
Añadió que el Congreso tiene un Órgano de Control Interno que resuelve las controversias administrativas, y el tribunal federal electoral ya determinó que los asuntos de competencia de los partidos, son los derechos político electorales, no laborales.
Betancourt Salgado expresó extrañeza de los comentarios en contra de su proyecto, porque la pretensión de las partes de este juicio, es que se anule el dictamen de la CNHJ, para efectos de que se ordene una nueva resolución.
Explicó que la denunciante consideró que fue insuficiente la resolución que se le impuso al presunto agresor. El denunciado señaló vulneración al principio de legalidad, por insuficiente fundamentación y argumentación e indebida valoración de las pruebas.
El problema entre los actores, no se relaciona con actividades propias del partido, ni de naturaleza electoral, “escapa de los derechos de militancia partidista o de derechos electorales”.

 

El TEE sanciona a Jacinto por violencia política de género contra Gabriela Bernal

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE) sancionó al presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, por violencia política en razón de género cometida contra la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz.
Por ello, el tribunal ordenó inscribirlo por un periodo de un año cuatro meses en el registro local de personas sancionadas por cometer esta infracción, una multa de 15 mil pesos, tomar cursos en materia de respeto de los derechos de las mujeres y presentar una disculpa pública.
La tarde de este viernes, el TEE realizó una sesión de resolución, en la que las magistradas y el magistrado aprobaron por unanimidad el acuerdo por el que se acreditó la existencia de violencia política, en el caso denunciado por Gabriela Bernal.
La priista acusó al morenista de violencia política de género, después de que el diputado dijo, en una reunión con militantes mujeres de Morena, que Gabriela Bernal se prestó a ser utilizada en el proceso electoral de 2018 para impulsar al ahora senador Manuel Añorve Baños.
El secretario de acuerdos del TEE, Alejandro Paul Hernández Naranjo, leyó la propuesta que se puso a consideración del pleno, en la que se señaló que, tras el análisis del contexto y las consecuencias, “en el caso se actualizó un clima de violencia política hacia la denunciante y que eso impacta en el desempeño de sus funciones como legisladora”.
Se consideró también en este acuerdo, que González Varona “realizó expresiones denostativas, discriminatorias y de estereotipo” hacia Gabriela Bernal.
La propuesta presentada al pleno del TEE, y aprobada por unanimidad, incluye una serie de sanciones contra el dirigente morenista. Se trata de medidas de reparación integral del daño, “para restaurar los derechos que fueron vulnerados”.
Se ordenó a Jacinto González tomar cursos de capacitación en materia de violencia política en razón de género. El costo de éstos correrá a su cargo y deben realizarse en un plazo no mayor de dos meses.
También emitir una disculpa pública “en favor de la diputada” Gabriela Bernal, así como medidas de protección, que consisten sólo en “conminar al denunciado para que en lo subsecuente se abstenga de realizar actos u omisiones que generen violencia o discriminación”.
De igual modo, se determinó la inscripción de Jacinto González en el listado de personas sancionadas por violencia política en razón de género, por un año y cuatro meses.
Se impuso también a González Varona una multa económica de 150 Unidades de Medidas de Actualización, equivalente a 15 mil 561pesos.
El magistrado José Inés Betancourt Salgado se pronunció en este caso y dijo que de acuerdo con el análisis realizado, se determinó que “el tipo de violencia desplegada en contra de la denunciante fue simbólica y psicológica, con una intencionalidad dolosa, y se calificó la falta como grave ordinaria”.
Durante la sesión también se resolvió un recurso de apelación presentado por González Varona, quien apeló un acuerdo de protección a favor de Bernal Reséndiz, que consistió en medidas cautelares para la priista, el TEE acordó confirmar el acuerdo, por ser “correcta y ajustada a la legalidad” por lo que estas medidas continuarán.
El 29 de junio, el pleno del TEE emitió una resolución a favor de un recurso de apelación en contra de la decisión del IEPC, de declarar la improcedencia de la solicitud de registro como partido político local, presentada por la organización ciudadana denominada Guerrero Pobre AC.
Con lo que el TEE mandató al IEPC emitir una nueva resolución, lo cual cumplió el órgano electoral.

Ratificará el Trife el criterio del TEE sobre la elección, asegura el abogado de la UAG

Karina Contreras

El coordinador de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Felipe de Jesús González Mozo, confió en que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) sea en el mismo sentido que la dada por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) sobre las elecciones internas.
Argumentó que hay precedentes, donde la Sala Superior del Trife ha resuelto otros casos de otras universidades, que han impugnado sus elecciones de rector, como fue el caso de Veracruz, Puebla y Colima, donde “asumió la Sala Superior el mismo criterio que asumió el Tribunal Estatal Electoral de Guerrero, en el sentido de que las elecciones en las universidades, para elegir a sus autoridades internas, no son impugnables a través de los medios que establecen las leyes federales”.
Hay una autonomía institucional, constitucional, que no puede soslayarse, “la autonomía universitaria está también blindada constitucionalmente, por el artículo 3 y la propia Constitución le otorga una protección, un blindaje”. Añadió que toda controversia que surgan dentro de las universidades, se debe resolver por sus propios tribunales y ya hay un precedente.
Ejemplificó con que en 2017, la propia ex candidata Silvia Alemán promovió ese recurso y su caso lo llevó a los tribunales, donde lo rechazaron por improcedente. “Promovió el mismo juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos ante la Sala Superior y de igual manera se lo desecharon, con ese mismo argumento, y en este caso estamos plenamente seguros de que va suceder lo mismo, porque los tribunales no han cambiado, no han variado ese criterios, son las mismas leyes que regían en 2017 que rigen ahora. Difícilmente van a cambiar. Es el mismo camino recorrido, esto ya tiene un precedentes. A lo mejor el abogado Rubén Cayetano reconoce que hay un precedente, que este camino ya se había realizado”.
“Nosotros tenemos la plena seguridad de que el tribunal federal va sostener su criterio, que ya es conocido por todos”, dijo y agregó que la UAG cuenta con una sólida legislación para resolver controversias, sea electoral o no lo sea, pues se cuenta con instancias internas para hacer justicia. “La justicia universitaria está muy sólida, con los órganos que al interior están funcionando y con las leyes que nos rigen. Por lo tanto, cualquier situación que se considere violatoria o que atente contra un derecho, son nuestras propias instancias que deben determinar y, en el caso concreto la impugnación que se hizo, pues nuestro tribunal universitario determinó, analizó los agravios, ya les dio contestación, ya les dijo que no procedían las impugnaciones que presentaron, pero no lo quieren ver asi”.
Pero aun así, están en su derecho de irse a las instancias, pero “ahí se las declaran improcedentes por la misma situación”.
En declaraciones telefónicas, al funcionario universitario se le preguntó su opinión sobre la entrega del escrito, que hicieron integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG, ante el TEE, el recurso de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y respondió: “Bueno, están siguiendo la ruta legal, la ruta impugnativa que cabe. Después de que el tribunal electoral resuelve, cabe la posibilidad que sus resoluciones también sean revisadas por un tribunal federal”.
En este caso, la Sala Regional Superior del Trife y están ellos en su derecho, porque todas “las resoluciones de los tribunales son revisables”, pero ya es un camino recorrido hace algunos años por la misma ex candidata Silvia Alemán.
Señaló que el fondo del asunto “es que ya hay jurisprudencia definida, hay criterios muy bien estructurados en los tribunales, que las elecciones de las universidades públicas, dada su autonomía, no se equiparan a un proceso electoral constitucional, como el caso de los poderes del estado”.
El responsable jurídico de la UAG dijo que en este caso, no cabe el supuesto para ser impugnado a través de las leyes electorales locales o federales. Dijo que dentro de la universidad hay autoridades electorales, que ya revisaron todo el proceso electoral, lo validaron, “donde hubo un recurso de impugnación que fue atendido, se aplicó la justicia universitaria, pero dada la autonomía, esa justicia universitaria es la que queda al interior de la UAG. Entonces los tribunales, tanto locales como federales, no pueden revisar los actos de las universidades”.
Sobre la inelegibilidad del rector electo, Javier Saldaña Almazán, que es uno de los argumentos de los integrantes del movimiento, el responsable jurídico dijo que ese análisis no lo hicieron a través de un recurso interno, que la propia legislación universitaria establece, “debieron inconformarse ante la Comisión Electoral dentro del plazo de las 24 horas en que fue aprobado el registro. No agotaron ese medio de defensa interno y quisieron hacerlo hasta cuando se dio el resultado”.
Indicó que hay reglas para inconformarse, no cuando a ellos se les ocurra presentar una impugnación, sino que existe un plazo establecido.
Dijo que los inconformes hacen una mala interpretación de la ley, porque el primer rectorado de Javier Saldaña, éste se eligió con una ley que fue derogada. La ley actual le da posibilidades porque la aplicación de la ley no es retroactiva.

 

Se confirma que el sistema de justicia es caduco, dicen opositores a Saldaña

 

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes del Movimiento por la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) manifestaron que la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE), en la que desechó el juicio electoral contra la elección de rector en la institución, confirma que el sistema de justicia es caduco, decadente y corrupto.
Aseguraron que interpondrán un juicio electoral para la protección de los derechos políticos electorales de Silvia Alemán y Jorge Luis Urióstegui, ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), y señalaron que algunos de los magistrados del TEE son una cuota política de los senadores Manuel Añorve Baños y Félix Salgado Macedonio, que son amigos de Javier Saldaña Almazán.
Este jueves, en conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, en Chilpancingo, el abogado y ex diputado federal, Rubén Cayetano García, afirmó que la resolución dictada por el TEE, en la que desecharon el juicio electoral ciudadano promovido por Silvia Alemán y Jorge Luis Urióstegui, en contra de la resolución dictada por el Tribunal Universitario que valida la elección de rector en la UAG, confirma en el país y el estado hay un sistema de justicia caduco, decadente y corrupto, que mantiene la consigna política como instrumento de resolución.
Reprochó que el TEE se basó en precedentes legales y evadió analizar nuevas circunstancias acontecidas en la universidad, así como también en la realidad del país.
Aseguró que agotarán la última instancia legal prevista en las leyes, por ello, interpondrán un juicio electoral para la protección de los derechos políticos electorales ante la sala superior del Trife.
Manifestó que el cacicazgo, que se creía derrotado en 2018 y 2021, se reinventa en Morena y recobró mucha mayor fuerza, pues se quejó de que en los tres eventos políticos de la aspirante a candidata de ese partido a la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, este miércoles en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, se promovió en todo momento a Javier Saldaña, “para respaldarlo y legitimar políticamente”.
Sostuvo que la procuración e impartición de justicia en el país están podridos hasta el tuétano, porque las instancias encargadas de ella proceden y resuelven de acuerdo con intereses políticos y no apegados a derecho, menos para ser justicia al que la solicita.
Cayetano García sostuvo que la decisión de los magistrados del TEE también obedece a que “las dos últimas magistraturas se repartieron entre Morena y PRI”, es decir, entre los senadores Manuel Añorve y Félix Salgado.
“Ahora se confirma que esa cuota política, que integra el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, fue un amaño, un acuerdo entre Félix Salgado Macedonio y Manuel Añorve y por ese motivo, siendo amigos de los dos (de Javier Saldaña Almazán) se resuelve con influencias, ni siquiera con presión política. Ya es consigna, ‘usted no se preocupe, aquí nosotros vamos a resolver y los vamos a batear’ (su impugnación)”, comentó.
La demandante y ex aspirante a candidata para la Rectoría, Silvia Alemán, comentó que la universidad no ha tenido procesos electorales, porque en 2013, 2017 y 2023 Javier Saldaña no ha competido con nadie, al evitar que otros se postulen, “con una sola opción no se puede elegir, entonces eso es una agresión a la democracia, que se debe analizar”.
Por su parte, Jorge Luis Urióstegui consideró que la decisión del TEE es grave y una mala señal, porque indica que la UAG no es democrática si no luchan todos los universitarios por rescatarla.
Criticó que a los alumnos los llevan como borregos, regalándoles calificaciones, a eventos políticos externos a la universidad y lo único que les queda es la “lambisconería de estar detrás del dueño de la universidad, un cacique”.
Román Ibarra comentó que Javier Saldaña busca la protección y por eso acudió con la gobernadora, Evelyn Salgado, así como con Claudia Sheinbaum, pero argumentó que tarde que temprano su fuerza política caerá, como han perdido la Rectoría otras fuerzas políticas, como Acción Revolucionaria.

 

Es responsabilidad de los directores el registro de licenciaturas en las normales: Marcial

Brenda Escobar

Petatlán

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, aclaró que la responsabilidad de registrar las licenciaturas de las carreras en las escuelas normales es de los directores.
Rodríguez Saldaña dijo que ya se reunió con los estudiantes afectados por la falta de registro y clave de la licenciatura en Inclusión Educativa, egresados del Centro Regional de Educación Normal (CREN) en Iguala, “les dijimos que vamos a coadyuvar para resolverlo”.
Este lunes, entrevistado al término de la conferencia magistral de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 4T, impartida por el científico y astronauta, Rodolfo Neri Vela, llevada a cabo en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, en Petatlán, Rodríguez Saldaña opinó sobre el caso de la joven que perdió su plaza porque la carrera que estudió en el CREN no existe, el cual fue expuesto por la perjudicada a través de videos en la plataforma Tik Tok.
Marcial Rodríguez dijo que “la responsabilidad del registro de las licenciaturas de las carreras en las normales es de los directores. Yo ya me he reunido con ellos, con los estudiantes, y les dijimos que vamos a coadyuvar para resolver el tema. Si hubo alguna deficiencia de los directores, nosotros la vamos a suplir y a proteger a los estudiantes, para que no pierdan sus estudios”.
Agregó que “se están haciendo los trámites en la Dirección General de Profesiones, por parte de las autoridades educativas del estado, pero nosotros estamos muy al pendiente de los estudiantes, para que no pierdan sus estudios”.
A pregunta, el funcionario estatal aseveró que “a todos los vamos a apoyar, no vamos a dejar que nadie pierda su tiempo ni sus estudios por algún error administrativo, de algún director de alguna normal. Hay una muy buena relación con las autoridades federales y sabemos que los vamos a apoyar”.
Más adelante, Marcial Rodríguez aseguró que sí se están revisando las escuelas normales en Guerrero, “sí se está haciendo, en todas las normales se está haciendo revisión de los planes de estudio. De hecho, en este ciclo escolar ya hicieron con un nuevo mapa curricular, también vamos a pausar algunas licenciaturas, como en el caso de las telesecundarias, porque ya no hay plazas, y vamos a abrir unas nuevas que son en materia de indígenas, licenciaturas en habla en lengua indígena, que es donde nos hacen falta maestros para poder cubrirlas”, apuntó.