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Desecha el TEE queja por presuntos agravios a derechos políticos electorales LGBTlQ+

Jacob Morales Antonio

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado declararon infundadas tres quejas de personas LGBTlQ+ por presuntos agravios cometidos por el Congreso contra sus derechos político electorales.
En la sesión de este martes por unanimidad de votos se declaró infundadae inoperante la queja del expediente TEE/JEC/048/2023 analizado por la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz y presentada por Jesús Manuel Vergara Encarna-ción contra el Congreso por la probable omisión, al no legislar en materia de derechos político electorales de la población LGBTIQ+.
En la resolución se precisó que el 8 de junio de 2023 se aprobó y con fecha 9 de junio entró en vigencia la reforma legal que prevé el acceso de personas de la población LGBTTTIQ+, a las candidaturas y cargos de representación popular.
En este mismo contexto fueron declarados infundados por unanimidad los agravios incluidos en los expedientes acumulados TEE / JEC / 041 / 2023 y TEE/JEC/042/2013, por las actoras, José Luis Abarca Cortez, quien se autoadscribe persona gay, mujer y afromexicana y Demetrio Patrocinio Aurelio, quien se autoadscribe transgénero, mujer e indígena, luego de la exposición del estudio realizado por la magistrada Elevyn Rodríguez Xinol.
Ambas controvierten el Decreto 471 emitido por el Congreso del Estado por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, relacionado con la observancia de mandatos legales y judiciales vinculados con acciones afirmativas en la materia, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el nueve de junio próximo pasado.
Lo anterior al considerar que los agravios “están dirigidos a cuestionar la forma y contenido de implementación de dicha acción afirmativa por el Congreso del Estado, y dicha competencia escapa al estudio y resolución de este Tribunal pleno, porque, se insiste, dicha reforma fue diseñada en ejercicio de la libertad configurativa con la que cuenta” el Legislativo de Guerrero.
Dice además que estas modificaciones cumplen el mandato establecido en la sentencia dictada por el TEE el 19 de marzo de 2021 en los expedientes TEE/JEC/020/2021 y TEE/JEC/020/2021, así como la resolución del 3 de abril de 2021, dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los expedientes: SCM-JDC-412 / 2021 y SCM-JRC21/2021 acumulado, respecto a las acciones afirmativas en su vertiente de cuotas, a favor de grupos en situación de desventaja como la comunidad LGBTlQ+.

Ratifican asamblea de Chilacachapa

En la sesión por unanimidad fue declarado infundado el juicio electoral presentado por Felipe Aceves Palleco, Victorino Gutiérrez Sim-brón y Francisco Javier Velázquez Estrada contra la supuesta omisión de convocar a las autoridades tradicionales y la ciudadanía de la comunidad de Chilacachapa a la asamblea municipal de Cuetzala del Progreso, celebrada el 19 de agosto, y así participar en la designación de la representación indígena ante el Consejo General y Distritales del IEPC.
Pero en el estudio del caso se demostró con copia certificada del acta de la asamblea comunitaria de 16 de agosto, que fue convocada por el comisario municipal  Rafael Valle Flores a quienes los actores reconocen como parte de las autoridades indígenas de su comunidad, asimismo, que los asistentes propusieron y seleccionaron a Mayra Moncerrat Ríos Rivera y Malinali Godínez Segura, lo que fue ratificado por por los magistrados. El estudio del caso fue por parte de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito.
En la sesión fue aprobado por unanimidad de el acuerdo plenario TEE/JEC/007/2020 y Acumulados que propuso la magistrada Rodrí-guez Xinol de la queja interpuesta por Sixto Cruz Ortega y otros, luego del cumplimiento de la sentencia del 3 de marzo de 2020 y el acuerdo plenario del 22 de agosto del 2023 por el Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, y el IEPC, ante solicitudes de cambio de modelo de elección, y en donde las asambleas realizadas se votó por no realizar la consulta solicitada.
Y fue desechado por unanimidad el recurso de apelación que puso la secretaria general del Partido Mo-vimiento Laborista Guerrero, Da-niela Inés Mendoza Escor-cia, TEE/RAP/015/2023 contra la resolución 021/SE/08-09-2023 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), al no encontrarse un interés jurídico, en el reclamo de la ilegalidad de resolución del Instituto que tuvo por cumplidos los requisitos y requerimientos formulados al partido político. El estudio del caso fue por parte de la magistrada Alma Delio Eugenio Alcaraz.
Por último se aprobó el laudo laboral donde se aprueba el convenio de terminación de la relación laboral con recibo de finiquito celebrado entre el IEPC, y el trabajador que se desempeñó como chofer de la Secretaría Ejecutiva, Víctor García Velázquez.

 

No dejarse presionar por una distorsionada autonomía, piden al TEE opositores de Saldaña

Integrantes del Movimiento por la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG, en la conferencia de prensa con la ex diputada de Morena, María de Jesús Cisneros: la catedrática de la UAG Silvia Alemán, el abogado Rubén Cayetano y los maestros Román Ibarra y Jorge Luis Urióstegui Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero exhortó al Tribunal Electoral del Estado (TEE) a no dejarse presionar por intereses que distorsionen los conceptos para desechar la impugnación contra el nombramiento como rector electo de Javier Saldaña Almazán.
En conferencia de prensa, el abogado Rubén Cayetano García indicó que el 15 de junio se radicó el caso y se turnó a la ponencia de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, como Juicio Electoral Ciudadano 033/2023, por la anulación del proceso electoral que alteró la normalidad democrática de la institución educativa.
Explicó que la normalidad democrática debe ser inalterable y ésta se rompió, porque no hubo elección extraordinaria para culminar la gestión de 2021 a 2025 a través de un rector sustituto para el actual periodo. El nuevo periodo por el que fue electo Saldaña Almazán es de 2023 a 2027.
Proponen que se sancione que no hubo elecciones en 2021 y que se restablezca la periodicidad o normalidad democrática, para que, no habiendo elecciones en 2021, pueda haberlas en 2025, 2029, 2033 y así sucesivamente.
Cayetano García aclaró que la demanda expone un problema de legalidad, que no involucra el autogobierno, la educación, de investigación o presupuesto, por lo tanto, exhortaron a los magistrados “no dejarse presionar por intereses políticos aviesos, que distorsionan el concepto de autonomía para deshacer convenientemente (el juicio)”.
Asimismo, les piden a los magistrados que actúen “con absoluta y meridiana imparcialidad, porque el agravio que se sustenta en la ruptura de la periodicidad democrática en la universidad, particularmente lo que tiene que ver con la Ley Orgánica, probada en 2016 por el Congreso local”.
La ley orgánica que rige a la UAG establece que debe hacer elecciones extraordinarias si el rector electo se separara antes de los años de la gestión. Si se separa después de cumplidos dos años, el Consejo Universitario podría nombrar un rector en sustitución, para ir a elecciones ordinarias en el plazo de cuatro años.
El abogado señaló que, en referencia de la gestión universitaria, los sexenios de las gubernaturas sólo se modificaron en una ocasión para empatarse con los comicios federales, a partir de una reforma a la Constitución, no por decisión de grupos.
“Se trata de la salvaguarda de la legalidad, del estado de derecho, del marco constitucional del que emanan nuestras leyes, mismas que están obligados a hacer prevalecer, para evitar un grave retroceso y precedente antidemocrático en Guerrero”.
Advirtió que si el tribunal deja pasar esta irregularidad, sentará un grave precedente para que cualquier persona altere las fechas de las elecciones universitarias, sin consecuencias.
Los promoventes del juicio porque en el proceso electoral les negaron el registro de candidaturas, Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Train, respaldaron la representación de Cayetano García, como abogado y en su calidad de universitario honorario, al ser egresado de la institución educativa.
Alemán Mundo añadió que cualquier ciudadano puede pedir cuentas a la UAG, que recibe 3 mil 200 millones de pesos del presupuesto público. Además, que defender la legalidad no lesiona la autonomía, y que debido a esta exigencia, ha sufrido violencia política en razón de género.
Urióstegui Train denunció que grupos porriles están amenazando a los opositores que defienden la legalidad y un trabajador de la Facultad de Derecho, que no es consejero, lo agredió en la sesión Consejo Universitario, donde el grupo opositor fue a conocer la calificación de la elección.
Insistió en el uso político que el grupo hegemónico pretende dar al alumnado, como plataforma para ganar senadurías.