Desecha el TEE queja por presuntos agravios a derechos políticos electorales LGBTlQ+

Jacob Morales Antonio

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado declararon infundadas tres quejas de personas LGBTlQ+ por presuntos agravios cometidos por el Congreso contra sus derechos político electorales.
En la sesión de este martes por unanimidad de votos se declaró infundadae inoperante la queja del expediente TEE/JEC/048/2023 analizado por la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz y presentada por Jesús Manuel Vergara Encarna-ción contra el Congreso por la probable omisión, al no legislar en materia de derechos político electorales de la población LGBTIQ+.
En la resolución se precisó que el 8 de junio de 2023 se aprobó y con fecha 9 de junio entró en vigencia la reforma legal que prevé el acceso de personas de la población LGBTTTIQ+, a las candidaturas y cargos de representación popular.
En este mismo contexto fueron declarados infundados por unanimidad los agravios incluidos en los expedientes acumulados TEE / JEC / 041 / 2023 y TEE/JEC/042/2013, por las actoras, José Luis Abarca Cortez, quien se autoadscribe persona gay, mujer y afromexicana y Demetrio Patrocinio Aurelio, quien se autoadscribe transgénero, mujer e indígena, luego de la exposición del estudio realizado por la magistrada Elevyn Rodríguez Xinol.
Ambas controvierten el Decreto 471 emitido por el Congreso del Estado por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, relacionado con la observancia de mandatos legales y judiciales vinculados con acciones afirmativas en la materia, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el nueve de junio próximo pasado.
Lo anterior al considerar que los agravios “están dirigidos a cuestionar la forma y contenido de implementación de dicha acción afirmativa por el Congreso del Estado, y dicha competencia escapa al estudio y resolución de este Tribunal pleno, porque, se insiste, dicha reforma fue diseñada en ejercicio de la libertad configurativa con la que cuenta” el Legislativo de Guerrero.
Dice además que estas modificaciones cumplen el mandato establecido en la sentencia dictada por el TEE el 19 de marzo de 2021 en los expedientes TEE/JEC/020/2021 y TEE/JEC/020/2021, así como la resolución del 3 de abril de 2021, dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los expedientes: SCM-JDC-412 / 2021 y SCM-JRC21/2021 acumulado, respecto a las acciones afirmativas en su vertiente de cuotas, a favor de grupos en situación de desventaja como la comunidad LGBTlQ+.

Ratifican asamblea de Chilacachapa

En la sesión por unanimidad fue declarado infundado el juicio electoral presentado por Felipe Aceves Palleco, Victorino Gutiérrez Sim-brón y Francisco Javier Velázquez Estrada contra la supuesta omisión de convocar a las autoridades tradicionales y la ciudadanía de la comunidad de Chilacachapa a la asamblea municipal de Cuetzala del Progreso, celebrada el 19 de agosto, y así participar en la designación de la representación indígena ante el Consejo General y Distritales del IEPC.
Pero en el estudio del caso se demostró con copia certificada del acta de la asamblea comunitaria de 16 de agosto, que fue convocada por el comisario municipal  Rafael Valle Flores a quienes los actores reconocen como parte de las autoridades indígenas de su comunidad, asimismo, que los asistentes propusieron y seleccionaron a Mayra Moncerrat Ríos Rivera y Malinali Godínez Segura, lo que fue ratificado por por los magistrados. El estudio del caso fue por parte de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito.
En la sesión fue aprobado por unanimidad de el acuerdo plenario TEE/JEC/007/2020 y Acumulados que propuso la magistrada Rodrí-guez Xinol de la queja interpuesta por Sixto Cruz Ortega y otros, luego del cumplimiento de la sentencia del 3 de marzo de 2020 y el acuerdo plenario del 22 de agosto del 2023 por el Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, y el IEPC, ante solicitudes de cambio de modelo de elección, y en donde las asambleas realizadas se votó por no realizar la consulta solicitada.
Y fue desechado por unanimidad el recurso de apelación que puso la secretaria general del Partido Mo-vimiento Laborista Guerrero, Da-niela Inés Mendoza Escor-cia, TEE/RAP/015/2023 contra la resolución 021/SE/08-09-2023 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), al no encontrarse un interés jurídico, en el reclamo de la ilegalidad de resolución del Instituto que tuvo por cumplidos los requisitos y requerimientos formulados al partido político. El estudio del caso fue por parte de la magistrada Alma Delio Eugenio Alcaraz.
Por último se aprobó el laudo laboral donde se aprueba el convenio de terminación de la relación laboral con recibo de finiquito celebrado entre el IEPC, y el trabajador que se desempeñó como chofer de la Secretaría Ejecutiva, Víctor García Velázquez.

 

Resolver la impugnación de la elección de rector con apego a derecho, piden al TEE opositores de Saldaña

Integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG, durante la conferencia prensa que ofrecieron en el lobby del Tribunal Electoral del Estado luego de que se reunireron con la magistrada, Alma Delia Eugenio Alcaraz Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), exhortó al Tribunal Electoral del Estado (TEE) a resolver no sólo apegado a derecho, sino con justicia, el Juicio Electoral Ciudadano que presentaron ante ese organismo.
Una comisión de ese movimiento, encabezada por los abogados Rubén Cayetano García y Román Ibarra Flores; el ex rector Ramón Reyes Carreto, y los ex aspirantes a rector, Jorge Luis Urióstegui Traín y Silvia Alemán Mundo, quienes se reunieron con la magistrada del TEE, Alma Delia Eugenio Alcaraz.
Los universitarios le entregaron un documento en el que piden al organismo electoral que no se deje presionar, ni ceder “ante el chantaje e impedir que intereses políticos aviesos materialicen sus insanos procedimientos, adjudicándose un rectorado bajo la simulación de un proceso democrático, con candados no previstos en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, 178, para impedir la libre participación de aspirantes e imponer un candidato único”.
Después, en conferencia de prensa, denunciaron que “la mafia” que encabeza en la UAG el rector electo, Javier Saldaña Almazán, está ejerciendo distintas represalias en contra de los opositores.
El movimiento opositor presentó el recurso de inconformidad el 3 de junio, ante la Comisión Electoral de la UAG, pero resolvió en contra y el 10 de junio presentó el Juicio Electoral Ciudadano ante el TEE.
Los actos reclamados son la imposición de candados en la convocatoria para la elección de rector o normas que son menores a la ley electoral; el incumplimiento de la paridad de género; la inelegibilidad del ahora rector electo, así como la violación a la periodicidad de las elecciones, debido a que, argumentan, si hubo elecciones en 2017 debió haberlas en el 2021 y las siguientes en 2015.
Recomendaron en su escrito no deteriorar aún más el concepto de autonomía con el pretexto del “no injerencismo” y la concesión “de un manto de impunidad, solapando procedimientos arbitrarios y violatorios de disposiciones de orden público superiores a cualesquier norma interna hecha a modo, para mantener el control absoluto en nuestra Alma Mater”.
Pidieron “disipar la sospecha de que las dos últimas magistraturas fueron cuotas partidistas entre Morena y PRI, actuando con absoluta imparcialidad”.
Exhortaron a no sentar el peor precedente antidemocrático en Guerrero y a no salirse por la tangente, “evadiendo entrar al fondo del asunto, bajo falsos silogismos de falta de legitimidad por no ser candidatos, ya que en el presente asunto no estamos frente a un tema de autogobierno, educativo o académico, de investigación, o cultural interno, sino ante la flagrante violación de una ley (la 178), que en su artículo primero se señala que es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Universidad Autónoma de Guerrero, ley que, como todas las leyes, emana de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que este tribunal debe salvaguardar”.
Aclararon que no harán ninguna manifestación, marcha o mitin en el TEE, “porque no somos iguales, porque nos asiste la razón y porque guardamos la esperanza de que magistradas y magistrados reflexionarán sobre su papel histórico en este asunto y establecerán un criterio limpio, ajeno de intereses políticos del poder, para recuperar la democracia y la periodicidad en la Universidad Autónoma de Guerrero”.
El ex rector Reyes Carreto dijo que la posición de este grupo de universitarios va a continuar impugnando, a pesar de las amenazas de proceder legalmente en contra de varios universitarios y agregó que si no procede el Juicio Electoral en el TEE, van a continuar en otras instancias.
Silvia Alemán advirtió que van a defender los derechos políticos de las mujeres universitarias, porque no puede ser que en la máxima casa de estudios se estén pisoteando los derechos políticos de las mujeres universitarias, dijo en referencia a que le impidieron su participación en la elección.
Jesús Urióstegui declaró que de lo que se trata es de restaurar la universidad democrática, e hizo un llamado a los que se han enquistado en la institución a que la regresen al pueblo de Guerrero, “para que se trabaje en bien de los guerrerenses con proyectos y no hacerla un trampolín con fines políticos”.
El abogado Román Ibarra volvió a insistir en que con el aval de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el grupo que encabeza el rector electo Saldaña Almazán despilfarra más de mil millones de pesos del presupuesto de la universidad para sus fines políticos.

Aumento en “paridad numérica” incrementó violencia política hacia mujeres: magistrada

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Morelos, Martha Elena Mejía durante la conferencia magistral Violencia política en razón de género: retos y perspectivas, en el auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Durante la conferencia Violencia Política en razón de Género: Retos y perspectivas, la presidenta del Tribunal Electoral de Morelos, Martha Elena Mejía, afirmó que con la paridad “numérica” incrementaron los casos de violencia política en razón de género, porque entre otras razones se siguen dejando los espacios importantes de toma de decisiones a los hombres.
La conferencia fue organizada por el Tribunal Electoral del Estado (TEE) en el contexto del Día Internacional de la Mujer y la ponente fue Martha Elena Mejía, quien afirmó que las mujeres tendrán que seguir luchando para lograr la paridad en las instituciones y poderes, porque hasta la fecha no se ha logrado tenerlo en su totalidad, porque se ha conseguido sólo de manera numérica.
La ponente señaló que pareciera una generalidad en el país que las comisiones en el caso de los Congresos locales y secretarías de Estado en los gobiernos de las entidades son encabezadas por hombres, “y eso se repite a nivel micro, si se analiza la estructura de cualquier dependencia, o juzgados federales” los espacios “importantes se les dan a los hombres”.
Apuntó “hay un binomio paridad-violencia política, porque a mayor paridad y cumplimiento de la paridad va a haber más violencia, porque las mujeres están ocupando espacios que antes estaban destinados a los hombres y eso genera más resistencia y más violencia”.
Comentó que antes se limitaba a las mujeres para que no llegaran a los cargos, pero ahora que por ley pueden ocuparlos, se busca limitarlas en sus funciones.
Indicó que los tribunales electorales tienen que juzgar con perspectiva de género, ante los nuevos criterios que se ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) “la Sala Superior en sus criterios señala que se tiene que creer lo que dice la mujer en su denuncia, sobre todo si es violencia política en razón de género, lo primero que se tiene que atender es el contexto y ver el asunto con perspectiva de género, y con ello valorar si realmente se está cometiendo o no violencia política”.
La magistrada presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez Xinol, dijo en su mensaje de bienvenida señaló que el relego de las mujeres, ha provocado la falta de presencia en puestos en los que se toman las decisiones, y que eso genera precisamente políticas públicas que mantienen la costumbre de no tomar en cuenta los intereses de las mujeres.
“La violencia política en razón de género, se suma a este cúmulo de violencias que se presentan como una resistencia al cambio del paradigma, en el que las mujeres han dejado de participar únicamente en la vida privada, para intervenir activamente en el espacio público. La doctrina nos lleva a reflexionar que, es la condición de ser mujer, una de las principales causales de la violencia en razón de género”, dijo Rodríguez Xinol.
En la conferencia estuvieron las magistradas Hilda Rosa Delgado Brito, Alma Delia Eugenio Alcaraz, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Luz Fabiola Matildes Gama, así como las consejeras Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Vicenta Molina Revuelta, Dulce Merary Villalobos Tlatempa y el consejero Edmar León García.
También la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, y el fiscal Electoral del Estado, Miguel Alejandro Guizado Jaimes.

 

Acusa al hijo de una magistrada de tráfico de influencias en un juicio por violencia intrafamiliar

El juez de control y enjuiciamiento, Sergio Guzmán Chávez aplazó para el 13 de agosto la audiencia del juicio oral que estaba prevista este lunes para desahogar el caso de Carolina Flores Santana, quien acusa a su ex pareja, Erik Fierro Delgado, hijo de la actual magistrada y ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Ilda Rosa Delgado Brito, por lesiones y violencia intrafamiliar.
Además, la víctima acusa a su ex pareja de amenazas y tráfico de influencias para evitar que sea procesado en prisión.
Ayer, el imputado, su defensa y los representantes del Ministerio Público, quisieron de última hora que se desahogara la audiencia condicional para la suspensión del proceso, en la que propondrían el pago de la reparación del daño, pero la víctima rechazó la propuesta y junto con su abogado solicitó que se aplazara en lo que analizaban la propuesta.
En conferencia de prensa posterior, la víctima argumentó que los delitos cometidos en su contra son graves y que las lesiones dejaron secuelas en ella y su hijo. Declaró que ella no busca una reparación del daño o compensación económica, sino que se le haga justicia, y que el imputado tiene que ser castigado con pena corporal, es decir, con la privación de su libertad, porque además denunció que la tiene amenazada a ella y a su padre.
“Lamentablemente, se suspendió la audiencia porque el imputado está solicitando la suspensión condicional del proceso, con la cual no estoy de acuerdo, sobre todo por los delitos que nos provocó a mi menor hijo que tenía sólo tres años y a mí, que son violencia familiar y lesiones dolosas, y es lo que se le está imputando en este juicio”, declaró la mujer al salir de la sala de juicio oral.
Flores Santana promovió en 2016 una demanda penal en contra de su ex pareja por violencia intrafamiliar, luego de que el 2 de diciembre de ese año fue agredida, igual que su hijo, entonces de 3 años, por Fierro Delgado, quien era jefe de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC).
Entonces, Flores Santana denunció que su ex pareja golpeó con un fierro la cabeza de su hijo de 3 años, “a mí me pegó en la cabeza, el cuerpo, me fracturó la nariz, me rompió el tímpano del oído, a mi hijo lo sacó de la casa sin ropa, y yo sin zapatos, sólo tenía mi suéter, no me permitió entrar a la casa”.
Después, en diciembre de 2017, en conferencia de prensa, Carolina Flores añadió a su denuncia el agravante de tráfico de influencias, pues se quejó de que Fierro Delgado, con el apoyo de la entonces magistrada presidenta del TEE, Hilda Rosa Delgado Brito, estaba utilizando sus cargos públicos para evitar que prosperara la denuncia que presentó ante el Ministerio Público.
Antes del desarrollo de la audiencia de juicio prevista para las 11 de la mañana de ayer, el juez Guzmán Chávez consultó a las partes si estaban de acuerdo en que el juicio se realizara, toda vez que había la propuesta por parte del imputado y su defensa, de presentar en la audiencia un “plan de desarrollo” “para una salida alterna” (el planteamiento de la reparación del daño) y desconocía si estaban de acuerdo todas las partes.
El abogado, Alejandro Justo Cortés, y la víctima, Carolina Flores Santana manifestaron que hasta ese momento se habían enterado de que el imputado y su abogado habían platicado el caso con el Ministerio Público, pero que ellos desconocían la propuesta, por lo que pidieron que se suspendiera el juicio para analizarla. El juez citó a una nueva audiencia para las 11 de la mañana del 13 de agosto.
En conferencia de prensa al salir de la sala, Carolina Flores declaró que “no es fácil que con una pequeña reparación del daño él quiera salir libre de todo esto, porque hubo secuelas, sobre todo en mi persona, me fracturó la nariz, me rompió el tímpano del oído y a mi menor hijo le pegó con un fierro en la cabeza, igual que a mí”, insistió.
Contó que ese trato afectó sicológicamente a su hijo y a ella, aseguró que no escucha bien debido a que le reventó el tímpano.
Agregó que sigue viendo que hay mucho tráfico de influencias y teme por su vida y la de su hijo, “es algo con lo que hemos estalo luchando todo este tiempo, desde que levanté mi denuncia, el 2 de diciembre del 2016, y hasta apenas es que se presenta el imputado”.
Añadió que no se había presentado, apoyándose en el tráfico de influencias, por ser hijo de una magistrada, “él siempre me amenazó con eso, que yo nunca iba a lograr nada porque él tenía contactos y que iba a ser hasta lo imposible para que mi denuncia no procediera”.
Aseguró que antes de la audiencia de ayer debió presentarle la propuesta a ella, pero adelantó que no hay manera de que él pueda reparar el daño por las secuelas que dejó en ella y en su hijo.
“Yo no sabía nada, ni cuál es el plan, ni cuál es la propuesta, desconocía todo eso, por eso no estuve de acuerdo en que se llevara a cabo esta audiencia condicional de suspensión del proceso.
Insistió en que ella pide justicia, “que realmente se nos escuche a nosotros como víctimas, porque a veces, al parecer, los que cometen los delitos tienen más garantías que uno como víctima. En este caso el haber tenido secuelas por las lesiones yo, y si mi hijo tiene consecuencias después por el golpe en la cabeza, ¿quién va a repararle el daño?”.
Denunció, además, que al lado de Fierro Delgado sufrió todo tipo de violencia, “y tenía que aguantar y callar todo porque si no eran golpizas que me metía, por eso es difícil decir que se puede reparar el daño con simples medidas cautelares cuando él no las ha cumplido, porque a pesar de que me dictaron medidas cautelares fue a agredir y a hacer disturbios a la casa, entonces no hay manera de que nos brinden seguridad a mí y a mi hijo, ese es mi miedo”.
Destacó que, de acuerdo con el violentómetro de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer, solamente le faltaron dos niveles para llegar al nivel máximo de violencia, que la mutilara y que la matara, “de allí en fuera todos los demás los ejecutó en mi persona; lamentablemente, es cuando se da uno cuenta que la ley no respalda, a pesar de que el gobernador, Héctor Astudillo está diciendo que él está por la erradicación de la violencia y de la defensa de los derechos de la mujer y del menor”.
Denunció que el imputado también tiene amenazado a su padre y que teme que le haga daño, “ese es mi miedo latente”, dijo, y añadió que por eso pide la pena corporal, es decir, cárcel para su ex pareja.