Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), exhortó al Tribunal Electoral del Estado (TEE) a resolver no sólo apegado a derecho, sino con justicia, el Juicio Electoral Ciudadano que presentaron ante ese organismo.
Una comisión de ese movimiento, encabezada por los abogados Rubén Cayetano García y Román Ibarra Flores; el ex rector Ramón Reyes Carreto, y los ex aspirantes a rector, Jorge Luis Urióstegui Traín y Silvia Alemán Mundo, quienes se reunieron con la magistrada del TEE, Alma Delia Eugenio Alcaraz.
Los universitarios le entregaron un documento en el que piden al organismo electoral que no se deje presionar, ni ceder “ante el chantaje e impedir que intereses políticos aviesos materialicen sus insanos procedimientos, adjudicándose un rectorado bajo la simulación de un proceso democrático, con candados no previstos en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, 178, para impedir la libre participación de aspirantes e imponer un candidato único”.
Después, en conferencia de prensa, denunciaron que “la mafia” que encabeza en la UAG el rector electo, Javier Saldaña Almazán, está ejerciendo distintas represalias en contra de los opositores.
El movimiento opositor presentó el recurso de inconformidad el 3 de junio, ante la Comisión Electoral de la UAG, pero resolvió en contra y el 10 de junio presentó el Juicio Electoral Ciudadano ante el TEE.
Los actos reclamados son la imposición de candados en la convocatoria para la elección de rector o normas que son menores a la ley electoral; el incumplimiento de la paridad de género; la inelegibilidad del ahora rector electo, así como la violación a la periodicidad de las elecciones, debido a que, argumentan, si hubo elecciones en 2017 debió haberlas en el 2021 y las siguientes en 2015.
Recomendaron en su escrito no deteriorar aún más el concepto de autonomía con el pretexto del “no injerencismo” y la concesión “de un manto de impunidad, solapando procedimientos arbitrarios y violatorios de disposiciones de orden público superiores a cualesquier norma interna hecha a modo, para mantener el control absoluto en nuestra Alma Mater”.
Pidieron “disipar la sospecha de que las dos últimas magistraturas fueron cuotas partidistas entre Morena y PRI, actuando con absoluta imparcialidad”.
Exhortaron a no sentar el peor precedente antidemocrático en Guerrero y a no salirse por la tangente, “evadiendo entrar al fondo del asunto, bajo falsos silogismos de falta de legitimidad por no ser candidatos, ya que en el presente asunto no estamos frente a un tema de autogobierno, educativo o académico, de investigación, o cultural interno, sino ante la flagrante violación de una ley (la 178), que en su artículo primero se señala que es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Universidad Autónoma de Guerrero, ley que, como todas las leyes, emana de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que este tribunal debe salvaguardar”.
Aclararon que no harán ninguna manifestación, marcha o mitin en el TEE, “porque no somos iguales, porque nos asiste la razón y porque guardamos la esperanza de que magistradas y magistrados reflexionarán sobre su papel histórico en este asunto y establecerán un criterio limpio, ajeno de intereses políticos del poder, para recuperar la democracia y la periodicidad en la Universidad Autónoma de Guerrero”.
El ex rector Reyes Carreto dijo que la posición de este grupo de universitarios va a continuar impugnando, a pesar de las amenazas de proceder legalmente en contra de varios universitarios y agregó que si no procede el Juicio Electoral en el TEE, van a continuar en otras instancias.
Silvia Alemán advirtió que van a defender los derechos políticos de las mujeres universitarias, porque no puede ser que en la máxima casa de estudios se estén pisoteando los derechos políticos de las mujeres universitarias, dijo en referencia a que le impidieron su participación en la elección.
Jesús Urióstegui declaró que de lo que se trata es de restaurar la universidad democrática, e hizo un llamado a los que se han enquistado en la institución a que la regresen al pueblo de Guerrero, “para que se trabaje en bien de los guerrerenses con proyectos y no hacerla un trampolín con fines políticos”.
El abogado Román Ibarra volvió a insistir en que con el aval de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el grupo que encabeza el rector electo Saldaña Almazán despilfarra más de mil millones de pesos del presupuesto de la universidad para sus fines políticos.