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Por la vía legal se obligará la entrega del presupuesto para el IEPC: Eloy Salmerón

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Eloy Salmerón Díaz, confió en que el juicio que promovieron consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), obligue al gobierno estatal a entregar el presupuesto autorizado que adeuda al organismo desde 2023.
Sin embargo, denunció que las instituciones no tendrían que llegar a esta situación, “porque vivimos en un estado de derecho, de libertades y de obligaciones, cuando se es electo en un cargo de elección, como es la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Los funcionarios del gabinete saben que deben atender una norma”.
En consulta telefónica, indicó que, al no cumplir sus obligaciones, el gobierno estatal atenta contra los derechos de la ciudadanía y acota el órgano electoral, que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero aprobado en el Congreso local, sólo tendrá recursos para operar dos meses en 2024.
Confirmó que los partidos políticos en el estado todavía no reciben el pago de dos meses y medio de financiamiento público, correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Pero más allá de esa deuda, enfatizó que tampoco hay suficientes recursos para el organismo en 2024.
“El gobierno ahorca a los órganos electorales y atenta contra los partidos políticos”, recriminó.
Sobre el dinero que la administración estatal no ha entregado al IEPC, del financiamiento público de partidos políticos, advirtió que el estado no puede usarlo en otros asuntos. Condenó que los siga regateando, para evitar que lleguen a la institución, afectando directamente el proceso electoral.
“Sin duda, no hemos vivido un caso como éste. Ni siquiera en los tiempos del pasado, ni cuando las elecciones dependían de la Secretaría General de Gobierno en Guerrero, ni antes, o de la Secretaría de Gobernación. Ni en los tiempos de los gobiernos autoritarios del pasado se había regateado el presupuesto. Ocurre ahora, con un gobierno que se dice democrático”, criticó. Afirmó que el gobierno estatal merece sanciones, por no cumplir con su deber.
Sobre la aprobación en el Congreso del Estado de un presupuesto recortado para el IEPC este año, aclaró que hablará con la diputada del PAN, Ana Reséndiz Javier, este lunes o martes, que se normalicen las actividades.
Dijo que cuando tuvo la oportunidad de hablar con ella, le dijo que se estaba buscando la manera de que el IEPC contara con suficientes recursos para operar este año, pero a la fecha desconoce si hay otra propuesta para resolver el problema financiero del organismo frente a la organización del proceso electoral.

 

No hay notificación oficial sobre el amparo contra la elección, dice el rector de la UAG

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Alfredo Romero Olea, aseguró que la institución a su cargo no ha recibido alguna notificación sobre el amparo que solicitaron los ex aspirantes a la Rectoría y sostuvo que el proceso de elección se desarrolló conforme a las reglas y normas de la institución.
El rector fue consultado al finalizar la celebración de los 10 años de la UAG Virtual, en Chilpancingo, por el juicio de amparo indirecto, promovido por los ex aspirantes Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Traín, ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), el cual ya fue remitido a un tribunal colegiado de circuito.
Respondió que a la institución no le han notificado nada de manera oficial, “sabemos que hay una solicitud, pero no se ha resuelto nada que nosotros tengamos conocimiento”.
Romero Olea externó que está plenamente confiado que el proceso de elección a rector se desarrolló conforme a las reglas y normas institucionales, que no sea ha violentado nada.
Sostuvo que el proceso electoral para asumir la Rectoría, realizado el pasado mayo, sigue firme en su resultado, “todo está firme”.

Hay clases normales en el estado, informa

Además, el rector informó que en las escuelas preparatorias y de nivel superior, laboran de manera presencial a pesar de hechos de violencia en algunas regiones del estado, como es el caso de Tierra Caliente.
“He recibido el reporte por parte de los directivos de las preparatorias y escuelas superiores que tenemos, y están trabajando de manera normal”, enfatizó José Alfredo Romero.
Informó que tienen una estrategia interna de seguridad, que es el cuidado, porque estás situaciones de violencia no saben cuándo se puedan presentar, “hemos hablado con los directores, que estén alertas ante cualquier situación, para evitar el problema de quienes lo estén generando”.
En cuanto a las becas a las becas del Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (Conahcyt) informó que este martes, todos los rectores se reunirían con la directora María Elena Álvarez-Buylla Roces, “porque hay toda la voluntad para destrabar este problema”.
Dijo que la universidad espera que se les apoye con la totalidad, porque además es la nueva disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de becar a todos los estudiantes.
El rector manifestó que lo que pide al Conahcyt es que se respete lo que ya estaba establecido desde un principio, de que todos los programas que están evaluados por ellos sean apoyados con becas.
Además, informó que la UAG solicitó al Congreso del Estado 4 mil millones de pesos de presupuesto, el cual se requiere para cumplir con gastos universitarios, como crear nuevas carreras, programas, equipamiento que incluyen becas, maestrías y doctorados, así como el impulso a las nuevas tecnologías.

 

Regidores de Chilpancingo solicitan un juicio ante el TEE para recibir dos bonos

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

En la pasada sesión de Cabildo se informó que seis regidores del Ayuntamiento de Chilpancingo interpusieron un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), para exigir que el municipio les pague dos bonos: uno anual de 100 mil pesos y el otro de 20 mil mensuales.
En su intervención, en asuntos generales, la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martinéz, informó que hay un juicio electoral por parte de seis regidores que solicitan dos bonos, “nosotros no tenemos nada que esconder”.
Después la secretaria general del Ayuntamiento, Xóchitl Heredia Barrientos, informó que se le notificó por parte del TEE “una serie de bonos” que solicitan Iván Galíndez de Morena; del PRI Antonio Guzmán Ruiz, Guadalupe Aguilar e Inés Camarillo; Reynalda Pablo del PAN y María de los Ángeles Pastor del PRD.
Indicó que los ediles argumentan que esos bonos se los han estado dando a otros de sus compañeros.
Xóchitl Heredia indicó que ya dieron contestación y están en la espera de que la autoridad se pronuncie. “Hemos contestado de manera transparente y exhibido todas las cuentas públicas del Ayuntamiento, donde se comprueba que todo lo que ellos piden tampoco fue dado a ningún edil por indicaciones de usted (alcaldesa)”, precisó la funcionaria.
Detalló que probablemente regresando del periodo vacacional que tiene el TEE les darán contestación, mismas que también se le estarán comunicando al Cabildo.
En su participación, Guadalupe Aguilar indicó que pidieron un bono: “no tengo ningún empacho en decirlo, qué bueno que se ventile, porque yo ya me adelanté. Ese bono fue para solicitar una igualdad de condiciones y es no para quedarme con el dinero, no para hacerme rica, es para cubrir un sinfín de compromisos que tengo”.
La regidora justificó que vienen varios eventos: del Día del Niño, de la Madres, del Maestro, del Estudiante y las clausuras, con el que utilizarán el dinero que solicitaron.
Manifestó lo solicitaron como un derecho que les corresponde, “con ese bono extra puedo ayudar mucho más, tenía grandes planes porque me iba a traer a más gente para colaborar conmigo, pero ese bono se nos quitó como una manera de revancha”.
Recriminó que los quisieron exhibir como “corruptos o como que hicimos las cosas mal”.
La alcaldesa intervino e informó que fueron tres meses que se dio el bono de productividad a todos, “es la parte de la austeridad y así es como vamos a seguir, y si es necesario de ajustarnos más el cinturón por la situación de mejorar las condiciones de los trabajadores lo haremos”. Externó que serán las instituciones quienes den la sentencia.
De acuerdo con información del Ayuntamiento de Chilpancingo los regidores ganan al mes 30 mil 522 pesos. Y la compensación al salario mensual es de 49 mil 606 pesos.
Además en la información de indicó que la compensación extraordinaria es de 20 mil pesos y que el apoyo mensual para personal es de 10 mil pesos, por lo que en total reciben 110 mil pesos al mes.

 

Acusa al hijo de una magistrada de tráfico de influencias en un juicio por violencia intrafamiliar

El juez de control y enjuiciamiento, Sergio Guzmán Chávez aplazó para el 13 de agosto la audiencia del juicio oral que estaba prevista este lunes para desahogar el caso de Carolina Flores Santana, quien acusa a su ex pareja, Erik Fierro Delgado, hijo de la actual magistrada y ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Ilda Rosa Delgado Brito, por lesiones y violencia intrafamiliar.
Además, la víctima acusa a su ex pareja de amenazas y tráfico de influencias para evitar que sea procesado en prisión.
Ayer, el imputado, su defensa y los representantes del Ministerio Público, quisieron de última hora que se desahogara la audiencia condicional para la suspensión del proceso, en la que propondrían el pago de la reparación del daño, pero la víctima rechazó la propuesta y junto con su abogado solicitó que se aplazara en lo que analizaban la propuesta.
En conferencia de prensa posterior, la víctima argumentó que los delitos cometidos en su contra son graves y que las lesiones dejaron secuelas en ella y su hijo. Declaró que ella no busca una reparación del daño o compensación económica, sino que se le haga justicia, y que el imputado tiene que ser castigado con pena corporal, es decir, con la privación de su libertad, porque además denunció que la tiene amenazada a ella y a su padre.
“Lamentablemente, se suspendió la audiencia porque el imputado está solicitando la suspensión condicional del proceso, con la cual no estoy de acuerdo, sobre todo por los delitos que nos provocó a mi menor hijo que tenía sólo tres años y a mí, que son violencia familiar y lesiones dolosas, y es lo que se le está imputando en este juicio”, declaró la mujer al salir de la sala de juicio oral.
Flores Santana promovió en 2016 una demanda penal en contra de su ex pareja por violencia intrafamiliar, luego de que el 2 de diciembre de ese año fue agredida, igual que su hijo, entonces de 3 años, por Fierro Delgado, quien era jefe de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC).
Entonces, Flores Santana denunció que su ex pareja golpeó con un fierro la cabeza de su hijo de 3 años, “a mí me pegó en la cabeza, el cuerpo, me fracturó la nariz, me rompió el tímpano del oído, a mi hijo lo sacó de la casa sin ropa, y yo sin zapatos, sólo tenía mi suéter, no me permitió entrar a la casa”.
Después, en diciembre de 2017, en conferencia de prensa, Carolina Flores añadió a su denuncia el agravante de tráfico de influencias, pues se quejó de que Fierro Delgado, con el apoyo de la entonces magistrada presidenta del TEE, Hilda Rosa Delgado Brito, estaba utilizando sus cargos públicos para evitar que prosperara la denuncia que presentó ante el Ministerio Público.
Antes del desarrollo de la audiencia de juicio prevista para las 11 de la mañana de ayer, el juez Guzmán Chávez consultó a las partes si estaban de acuerdo en que el juicio se realizara, toda vez que había la propuesta por parte del imputado y su defensa, de presentar en la audiencia un “plan de desarrollo” “para una salida alterna” (el planteamiento de la reparación del daño) y desconocía si estaban de acuerdo todas las partes.
El abogado, Alejandro Justo Cortés, y la víctima, Carolina Flores Santana manifestaron que hasta ese momento se habían enterado de que el imputado y su abogado habían platicado el caso con el Ministerio Público, pero que ellos desconocían la propuesta, por lo que pidieron que se suspendiera el juicio para analizarla. El juez citó a una nueva audiencia para las 11 de la mañana del 13 de agosto.
En conferencia de prensa al salir de la sala, Carolina Flores declaró que “no es fácil que con una pequeña reparación del daño él quiera salir libre de todo esto, porque hubo secuelas, sobre todo en mi persona, me fracturó la nariz, me rompió el tímpano del oído y a mi menor hijo le pegó con un fierro en la cabeza, igual que a mí”, insistió.
Contó que ese trato afectó sicológicamente a su hijo y a ella, aseguró que no escucha bien debido a que le reventó el tímpano.
Agregó que sigue viendo que hay mucho tráfico de influencias y teme por su vida y la de su hijo, “es algo con lo que hemos estalo luchando todo este tiempo, desde que levanté mi denuncia, el 2 de diciembre del 2016, y hasta apenas es que se presenta el imputado”.
Añadió que no se había presentado, apoyándose en el tráfico de influencias, por ser hijo de una magistrada, “él siempre me amenazó con eso, que yo nunca iba a lograr nada porque él tenía contactos y que iba a ser hasta lo imposible para que mi denuncia no procediera”.
Aseguró que antes de la audiencia de ayer debió presentarle la propuesta a ella, pero adelantó que no hay manera de que él pueda reparar el daño por las secuelas que dejó en ella y en su hijo.
“Yo no sabía nada, ni cuál es el plan, ni cuál es la propuesta, desconocía todo eso, por eso no estuve de acuerdo en que se llevara a cabo esta audiencia condicional de suspensión del proceso.
Insistió en que ella pide justicia, “que realmente se nos escuche a nosotros como víctimas, porque a veces, al parecer, los que cometen los delitos tienen más garantías que uno como víctima. En este caso el haber tenido secuelas por las lesiones yo, y si mi hijo tiene consecuencias después por el golpe en la cabeza, ¿quién va a repararle el daño?”.
Denunció, además, que al lado de Fierro Delgado sufrió todo tipo de violencia, “y tenía que aguantar y callar todo porque si no eran golpizas que me metía, por eso es difícil decir que se puede reparar el daño con simples medidas cautelares cuando él no las ha cumplido, porque a pesar de que me dictaron medidas cautelares fue a agredir y a hacer disturbios a la casa, entonces no hay manera de que nos brinden seguridad a mí y a mi hijo, ese es mi miedo”.
Destacó que, de acuerdo con el violentómetro de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer, solamente le faltaron dos niveles para llegar al nivel máximo de violencia, que la mutilara y que la matara, “de allí en fuera todos los demás los ejecutó en mi persona; lamentablemente, es cuando se da uno cuenta que la ley no respalda, a pesar de que el gobernador, Héctor Astudillo está diciendo que él está por la erradicación de la violencia y de la defensa de los derechos de la mujer y del menor”.
Denunció que el imputado también tiene amenazado a su padre y que teme que le haga daño, “ese es mi miedo latente”, dijo, y añadió que por eso pide la pena corporal, es decir, cárcel para su ex pareja.

 

No vamos a aceptar un director externo, subrayan cetegistas de la primaria López Mateos en Acapulco

Karina Contreras

El secretario general de la zona 31 de Primarias de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), donde se encuentra ubicada la primaria Adolfo López Mateos y que tiene un conflicto por la dirección, José Alfredo Llorente Alcaraz, subrayó que no van aceptar un director externo, como lo anunció el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
Añadió que ellos han presentado a Marcos Jiménez Escobar para que sea el director, pues ya ha sido directivo efectivo en el turno vespertino, además de que tiene mucha aceptación entre los padres de familias.
Este jueves se reanudaron las clases en la escuela Adolfo López Mateos y el dirigente explicó que los padres de familia sabían que el miércoles no iba haber clases, porque había una reunión con las autoridades educativas.
Dijo que el martes se reunieron con los padres de familia de todos los grados, donde se les informó sobre el problema que hay y que al otro día tendrían una reunión con las autoridades, a quienes les iban a llevar la propuesta de director, por lo que se “les avisó a todos los padres de familia que no iba haber clases, la información se las llevaron y en mi grupo estuvo presente la señora Vianey Calderón, que es la presidenta del comité de padres de familia, a quienes les pedí el permiso”.
Precisó que ellos no cerraron la escuela, como lo declaró la presidenta del comité de padres de familia, porque sabían que iban a una reunión, pero en todo caso el maestro Juan Carreto, del grupo contrario, tiene llaves también del portón y la dirección y si hubiera querido entrar a laborar lo hubiera hecho, pero decidió malinformar.
Sobre las declaraciones del secretario, de que va llegar a la escuela un director externo, Llorente Alcáraz precisó: “Nosotros llevamos la propuesta de un maestro de aquí, nosotros en ningún momento pedimos director. Vemos la mano negra de Felipe de la Cruz, nosotros no sabemos cuáles son los acuerdos de la autoridad con éste, porque hasta el día de hoy sigue firmando la libreta de asistencia”.
Insistió en que no van aceptar una propuesta externa, porque “por lo regular las zonas democráticas nosotros elegimos al maestro que tiene la antigüedad y derecho para poder asumir la dirección”.
Indicó que decir que va venir será lo mismo, porque a la parte contraria nada le parece y “no sabemos qué intereses estén percibiendo. Aquí nadie está pidiendo un director externo”.
Hizo un llamado al secretario de Educación, para que respete la postura que ellos tienen, pues él sabe que se está trabajando y “hay dos partes que tienen que llegar a acuerdos, la petición que le hemos hechos es que nos podamos sentar para dialogar, para llegar a los acuerdos, y lo está violando al emitir un juicio a favor de una parte”.

Denuncian familiares parcialidad en el juicio del presunto asesino de la doctora Adela Rivas

El juez que lleva el caso del asesinato de la doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Adela Rivas Obé, Vicente Guerrero Campos desechó dos pruebas en contra del imputado EA, que demuestran su culpabilidad.
Ayer se llevó a cabo la audiencia de control judicial, en la que estuvieron presentes familiares de la doctora Rivas Obé y del imputado, así como los representantes legales de ambas partes; de acuerdo con el hijo de la víctima, Bolívar Darío Rojas Rivas, el juez mantiene su actitud parcial en beneficio del acusado que tramitó un amparo con el que consiguió alargar el proceso en su contra hasta marzo próximo.
La audiencia, que se llevó a cabo en el juzgado de Zihuatanejo, comenzó tarde porque el imputado no fue llevado al lugar a la hora debida, 10 de la mañana, a pesar de que la cárcel está cerca de las instalaciones; y concluyó alrededor de las 6 de la tarde.
Vía telefónica, Rojas Rivas dijo que “es muy evidente que el juez colabora con la defensa del imputado”, pues durante la audiencia el abogado del acusado lo interrumpía sin hacerse acreedor a la sanción correspondiente; en cambio, la asesora jurídica de la familia de Rivas Obé, por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sí fue reprimida.
Informó que las pruebas que sus representantes legales presentaron para demostrar la culpabilidad de EA, “el juez las echó para atrás con argumentos falaces de parte del abogado (del acusado), porque en ningún momento fundamentó lo que decía”. Aunque no precisó qué tipo de pruebas fueron las que se desecharon debido a la secrecía del caso, manifestó que, “si el juez hubiera sido recto e imparcial, las pruebas hubieran sido admitidas”.
Reiteró que se está buscando un juicio a modo para que EA salga en libertad. Añadió que está por resolverse un amparo que presentó la defensa del acusado, por ello la próxima audiencia podría llevarse a cabo los últimos días de febrero, o bien, los primeros de marzo.
Expresó que las audiencias suponen un agotamiento para familiares de la doctora Rivas Obé, que deben viajar desde Acapulco hasta Zihuatanejo, y aunque son resguardados por policías estatales en el trayecto, “nos estamos desgastando física y económicamente”, contrario a la familia del acusado EA, que vive en Zihuatanejo.
Consideró que “es muy grave” que en Guerrero, donde han ocurrido un número importante de feminicidios, lo suficiente como para llamar la atención del gobierno federal y que se emita alerta de género en cinco municipios, no se condene a un feminicida, “el juez está violando los derechos de nosotros como víctimas (al ser parcial), de la Constitución, y está violando su envergadura de impartidor de justicia”.
Señaló que el caso de Rivas Obé trascendió en los medios de comunicación, es importante en el estado, y debe resolverse al igual que todos los asesinatos en el estado. También dijo que la familia de la doctora no dejará de exigir justicia, y espera que pronto se cambie al juez del caso para evitar que continúe la línea parcial, pues a pesar de que EA lleva más de un año en prisión, aún no cumple la condena que le corresponde por el homicidio.
Por último, Bolívar Darío Rojas Rivas agradeció el apoyo que la familia ha recibido de distintos grupos y organizaciones sociales que se han unido a su reclamo de justicia.

Vincula un perito las armas de los detenidos con los casquillos de los ataques a la Urvan

 

Ayer en la continuación de la audiencia de juicio oral por homicidios y lesiones a dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, un maestro de Tixtla y a un chofer del transporte Público de Chilpancingo ocurridos la tarde del 4 de octubre de 2016, un perito de balística forense vinculó los casquillos percutidos en el asalto a la Urvan de la ruta Tixtla-Chilpancingo y en el ataque al conductor de la ruta Mercado-Jacarandas en la colonia Ampliación Revolución, con las armas decomisadas en su detención a los cuatro presuntos responsables.
También se presentaron familiares del normalista asesinado Jonathan Morales Hernández y del conductor de la Urvan de la ruta local, Marco Antonio Organista Lorenzo, para establecer la identidad de la víctima.
El primero, un joven de 22 años, deportista y estudiante, el segundo, un trabajador de 39 años que dejó una viuda, cuya representación legal integró al análisis del caso su acta de nacimiento. Cada prueba documental llevada al proceso del sistema penal acusatorio ha estado amparada por un testimonio.
Asimismo mediante un testimonio se entregaron al Tribunal colegiado dos dictámenes de un perito de balística forense emitido el 4 de octubre, cuando ocurrieron los ataques en la carretera vieja del libramiento a Tixtla, a la salida de Chilpancingo, seguida del ataque a la Urvan del servicio local en la colonia Ampliación Revolución, y otro a dos armas decomisadas en la detención de cinco presunto implicados en los hechos, el 8 de octubre.
En el primer análisis el perito indicó que recibió los indicios para el estudio de cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros que fueron accionados por una misma arma, además de 11 casquillos calibre 22LR, también fueron accionados por una misma arma, uno de calibre .380 y un casquillo calibre .25, que fueron accionados por un arma del mismo calibre. Se trata de las evidencias recolectadas en las dos escenas del crimen.
En el segundo estudio indicó que recibió para análisis dos pistolas semiautomáticas Smith&Wesson y otra calibre 22, con las que realizó disparos para contar con casquillos testigos y poder compararlos con los primeros.
Concluyó que los casquillos percutidos que analizó y dictaminó en el primer informe fueron percutidos por una de las armas que tuvo a la vista en el segundo estudio. Esta vinculación relaciona a los presuntos responsables con los ataques del 4 de octubre.
Hoy puede concluir el desahogo de pruebas que comenzó el jueves de la semana pasada, y que no puede extenderse más de diez días según la información que se expuso en la audiencia.

 

Ordena magistrado que un actuario confirme si la gravillera Kimbar excava en el río Papagayo

El magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Francisco Marco Hernández Báez, ordenó que un actuario corrobore si la gravillera Kimbar, propiedad de Humberto Marín Molina y ubicada en la comunidad de Parotillas, sigue extrayendo material pétreo del río Papagayo y terrenos aledaños.
Los demandantes, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), tendrán 20 días para presentar pruebas y testigos para avalar la petición de nulidad del certificado de derechos de posesión que fue otorgado al gravillero.
En la primera audiencia, que se realizó ayer luego de ser diferida por el magistrado, para la revisión de la demanda de impugnación al certificado de posesión del terreno que le fue entregado a Humberto Marín, interpuesta por integrantes del Cecop, el TUA solicitó a lo opositores que en un plazo de 10 días se presenten las personas que niegan haber participado en la asamblea en la que se aprobó la venta de los terrenos al empresario.
El magistrado expuso que se requiere de la presencia de quienes se nombran en la demanda para comprobar lo que el Cecop señala de que no son sus firmas las que aparecen en el acta de asamblea del 13 de octubre de 2001, y ratificar el contenido de la demanda para dar seguimiento a los efectos legales derivados de la misma.
El magistrado ordenó la visita de un actuario, el próximo lunes 30 de mayo, a los terrenos para que determine si se ha trabajado en los mismos, y ante el argumento del representante legal de Humberto Marín, Pedro Larumbe Morales, de que el gravillero no tiene acceso al lugar, Hernández Báez respondió que entonces no le afecta si dicta una medida cautelar para suspender cualquier trabajo.
El abogado de los opositores, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, expuso al magistado que mientras no haya una resolución a la demanda todo trabajo que haya en las tierras donde está la gravillera va en detrimento de los denunciantes.
En un principio solicitó que no se diera la fecha de la visita del actuario porque, dijo, esos días Marín Molina podría ordenar que se suspenda la extracción de grava y arena, pero el magistrado explicó que se pedirá al actuario que sea minucioso en su informe de actividades y quienes la realizan, porque lo que se buscará son vestigios de la extracción de material pétreo.
De ello, el representante legal de Humberto Marín, Pedro Larumbe Morales, expuso que la medida cautelar que pedían los opositores era innecesaria, que si se iban a buscar vestigios de que sí hay excavaciones no se podría probar nada porque la parte acusatoria podría estarlo haciendo.
El argumento molesto a los opositores, que insistieron: “sí se mete a trabajar, está esperando el momento en que nos encarcelen a todos, la petición de la medida cautelar es para evitar un acto de violencia porque hay indicios de explotación. Que vaya el actuario para que el Tribunal tenga certeza de la circunstancia”.
El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, aclaró: “no somos delincuentes, no somos mañosos, tramposos” a lo dicho por el abogado de Humberto Marín.
Pidió al magistrado que resuelva conforme a la ley, que se revise “minuciosamente” el lugar y resuelva con prontitud porque “ya no queremos violencia, exigimos que de manera legal y legítima haga justicia”.
El magistrado le respondió que la resolución depende de los opositores, que presenten las pruebas y se tendrá 20 días para resolver.
La próxima audiencia será el 16 de junio.
Proagro

Después de la audiencia, los 80 comuneros, que se trasladaron de sus comunidades, acudieron a las oficinas del Proagro, luego de que denunciaron que opositores fueron sacados de la lista de los beneficiarios.
Asimismo para tener respuesta a la petición que hicieron de que los campesinos acrediten que lo son y no se haga con una carta firmada por el comisariado Juan Flores Palma, a quien ellos desconocieron como autoridad comunal.
En las oficinas del Proagro, el coordinador de Planeación de Las Vigas, Iván Morales Solís, explicó que solicitaron a la delegación estatal que pida al TUA el juicio de nulidad contra el comisariado o el estado en el que va el proceso de nulidad.
Por su parte, la técnica encargada de las comunidades de los Bienes Comunales, Abigail Gatica Lozano, le pidió a los campesinos que no se dejen sorprender por Heriberto Contreras y Francisco Javier García, ex trabajadores del programa, y que han descubierto que aún visitan a los productores para obtener beneficios.