Etiqueta: Violencia intrafamiliar

El Registro Civil incumple con el taller prematrimonial: Consejo Interreligioso

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes del Consejo Interreligioso denunciaron que los oficiales del Registro Civil incurren en irresponsabilidad administrativa al incumplir con una reforma al Código Civil del 2013 que los obliga a incluir en los requisitos para los contrayentes de matrimonios un curso-taller prematrimonial.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo, Carlos Marx Barbosa Guzmán, y el consejero, el presbítero Baltasar Vega Ramos, argumentaron que si se cumpliera con este requisito disminuirían la violencia intrafamiliar, los divorcios y los suicidios que ocurren por la separación de parejas.
Barbosa Guzmán dijo que el taller prematrimonial “es un reclamo popular” y que el Consejo Interreligioso solamente es portavoz.
Explicó que el 27 de agosto del 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero que dentro de los requisitos para contraer matrimonio, los futuros contrayentes deben llevar una constancia que acredite su participación en un curso-taller de orientación prematrimonial.
Explicó que el ordenamiento legal está en el artículo 349, fracción octava, del Código Civil, pero que a casi 10 años que entró en vigor el Registro Civil no lo ha incluido en la lista de requisitos que deben llevar los contrayentes.
Barbosa Guzmán argumentó que la reforma al Código Civil se dio porque se estaban incrementando los casos de violencia intrafamiliar.
Informó que se realizaron varios estudios que dieron como resultado la necesidad de incluir como requisito es curso-taller prematrimonial.
De acuerdo al abogado Barbosa, el curso taller incluye la temática: Relación de pareja, el proyecto de vida en pareja, los efectos del matrimonio con relación a los cónyuges y sus descendientes, deberes y obligaciones, el régimen patrimonial, la patria potestad, la paternidad responsable y la responsabilidad financiera.
Además, la prevención de la violencia familiar y las causas y efectos del divorcio. Destacó que estos son aspectos que podrían ayudar a la relación de parejas.
“Ahorita nos llama poderosamente la atención que están celebrando que haya actas de matrimonio donde se están incluyendo cuestiones de género de reformas recientes pero esta reforma que ya va a cumplir 10 años no le hacen caso a pesar de los problemas que genera la falta de preparación para vivir en pareja, dijo.
Por ejemplo, argumentó que en el 2017, hubo 16 mil matrimonios y se registraron 3 mil 679 divorcios, en tanto que en el 2018 hubo 14 mil 465 matrimonios y los divorcios aumentaron a 4 mil 141, cifra que según él habría disminuido si las parejas hubieran participado en el curso-taller.
Por su parte el presbítero Vega Ramos, explicó que la familia sigue siendo la célula y la base de la sociedad y del matrimonio y que de la familia se derivan los aspectos culturales y educativos, el progreso, el bienestar, pero también de ahí se derivan las situaciones terribles como la violencia y las injusticias.
Por ello, explicó que el Consejo Interreligioso quiere incidir y coadyuvar para que los ciudadanos y las autoridades “y todos los que tenemos una responsabilidad social trabajemos para fortalecer y consolidar el matrimonio y la familia”.
Para eso, indicó que no hay otro medio ni otra forma que a través de la educación y la instrucción basada en los valores del matrimonio y la familia “que son valores comprobadamente efectivos, eficaces e imperecederos”.
El sacerdote exhortó a las autoridades a cumplir con el precepto legal “nos va a favorecer a todos si las instituciones cumplen con estos aspectos y todos viviremos mejor.
Barbosa Guzmán dijo que si los oficiales del Registro Civil están omitiendo lo que dice la ley están incurriendo en un acto de responsabilidad administrativa porque están desobedeciendo la ley.
Informó que el Consejo envió hace cinco años y el año pasado al Congreso local y a la Coordinación Estatal del Registro Civil para que se giren exhortos a los oficiales del Registro Civil de los municipios y les propusieron una guía con la temática para que de ahí se basen en la impartición del Curso-taller, “pero es la fecha que no hacen caso”.

 

Son el incremento de las desapariciones un nuevo fenómeno del feminicidio: AGCVIM

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

De enero a noviembre de este año, la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM) ha registrado 101 homicidios dolosos con presunción de feminicidio en 29 municipios del estado, una violencia que no ha disminuido sino que continúa, afirmó la directora y activista Marina Reyna Aguilar.
También, aseguró que la desaparición de los medios de comunicación en algunas zonas del estado dificulta el monitoreo de la violencia hacia la mujer.
Sostuvo que es grave el problema del suicidio, porque muchas veces el origen es la violencia familiar o de pareja, y llamó a las instituciones educativas a poner atención al problema del acoso y el abuso escolar.
Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue en el 2000 en una Asamblea General que se designó el 25 de noviembre para esta fecha, en el que se invitó a los gobiernos y las organizaciones a coordinar actividades para hacer conciencia de este problema y buscar soluciones.
La AGCVIM es una asociación civil sin fines de lucro constituida el 13 de noviembre de 2003 por mujeres y hombres, que busca contribuir en la disminución de los índices de violencia en mujeres y niñas de Guerrero.
La asociación es dirigida por la activista y defensora de derechos humanos, Marina Reyna Aguilar, quien además es peticionaria de la primera Alerta de Género por Violencia Feminicida para Guerrero, que se emitió en 2017 a ocho municipios del estado.
La AGCVIM tiene un Monitor de Violencia de Género y de Feminicidios de Guerrero, que es un sistema para generar información estadística sobre la violencia hacia la mujer, en sus diversas expresiones, y pretende crear conciencia en la población de esta problemática, que permita la construcción de políticas públicas de prevención y atención a las víctimas.
En Guerrero, según el Monitor de Violencia de Género y Feminicidios, de enero a noviembre de 2022 han contabilizado 101 muertes dolosas con presunción de feminicidio, concentrados principalmente en Acapulco con 29 casos; Chilpancingo con 15; Iguala con 11; Taxco con cinco; y Copanatoyac y Cuajinicuilapa con cuatro cada uno.
Según las cifras de la asociación el feminicidio en los últimos tres años ha disminuido en la entidad: en 2016 registraron 151 homicidios de mujeres con presunción de feminicidio; en 2017 se registraron 165; en 2018 se contabilizaron 235; en 2019 acumularon 194; en 2020 se reportaron 165; y en 2021 disminuyó a 138.

El monitoreo

Consultada ayer por teléfono, Marína Reyna dijo que han tenido dificultades para sostener su monitoreo, porque los medios de comunicación han dejado de circular y de ellos actualizaban sus estadísticas. Dijo que actualmente sus fuentes son El Sur y otros medios como El Sol de Chilpancingo, éste último que dejó de circular en físico, pero se mantiene en digital.
Expuso que las estadística podrían mostrar que la violencia disminuyó, y que incluso podría darse una lectura de que los programas gubernamentales están surtiendo efecto, pero afirmó que la violencia continúa y se sigue manifestando, “hay otros factores que inciden para vulnerar mayormente a las mujeres y a las niñas”.
Mencionó que no todos los casos de violencia son expuestos a los medios, y que si acuden a la Fiscalía General del Estado hay otros datos, “son más casos de homicidios dolosos contra mujeres, pero ellos no te dan información”.
Precisó que también hay casos de municipios donde no hay prensa o no llegan los corresponsales, pero la violencia sigue, aunado a un problema que se ha ido incrementado: las desapariciones.
Sostuvo que la desaparición es “la puerta del feminicidio”. Hay muchas mujeres que no aparecen, y esas niñas, adolescentes, que no son localizadas tampoco se les puede dar calidad de muertas, siguen teniendo la calidad de desaparecidas hasta encontrarlas con vida o muertas”.
De acuerdo con la plataforma del Monitor de Violencia de Género y Feminicidios en Guerrero, que también se basa en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de 2021 denunciaron 2 mil 70 mujeres haber sido víctimas de violencia familiar; menos de las 2 mil 980 registradas en 2020.
También, señala que el 2019 ha sido el año con más denuncias por violación simple en Guerrero, cuando contabilizó 242, y en los dos años siguientes ha disminuido, reportando 189 denuncias en 2020 y 164 en 2021.
Respecto al delito de violación equiparada en Guerrero ha ido en aumento en los últimos tres años, pues en 2019 se registraron 103 denuncias, y para 2020 y 2021 se mantuvo el registro de 143 cada año.
Según las estadísticas de la AGCVIM, el 2020 con el confinamiento por la pandemia de Covid-19 se dispararon las denuncias por acoso sexual en el estado, de registrar 36 casos en 2019, pasó a 114 en 2020, y para 2021 bajó nuevamente a 42.
El delito del abuso sexual también se disparó en 2020 en el estado, las denuncias de mujeres víctimas de este delito en 2019 fueron 287, y aumentaron a 342 en 2020, y en 2021 sumaron 200.

Abuso escolar y suicidios

Al respecto, Reyna Aguilar, expuso que está surgiendo problemas como el acoso y el abuso escolar, son problemas que se tienen que trabajar desde las instancias educativas, y cuando se convierte en un delito se tienen que denunciar ante las instancias correspondientes, además, “las instituciones deben aplicar sus procedimientos internos”.
Manifestó que es un problema que está surgiendo y cada instancia lo debe atender, “debemos poner atención y a trabajar sobre ello, porque hay que prevenir, para no tener que atender”.
Añadió que otro de los problemas graves es el suicidio, problema que la Secretaría de Salud ha focalizado, y que argumentó muchas veces el origen es la violencia familiar o de pareja, casi no se toca este problema en las noticias, “solamente se ve que se ahorcó, se suicidó y no se toma como feminicidio. Sin embargo, si se investiga se encontraría que las razones son por violencia, y que estas personas no encontraron otras salidas más que quitarse la vida”.
Añadió que estos casos de suicidio se archivan, pero detrás de las historias de las víctimas, se encontraría que son personas que vivían violencia extrema.
En Guerrero aún se mantienen las dos alertas de Violencia de Género por Violencia Feminicida, emitida en 2017 y que tiene 21 medidas para el gobierno; y por Agravio Comparado emitida en 2020, con 12 medidas, ambas por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim).
Al respecto, Marina Reyna Son manifestó que el gobierno estatal debe cumplir y que en diciembre deberá entregar un informe a la Conavim donde se evaluará las acciones que ha anunciado el gobierno de Evelyn Salgado Pineda,
Reprochó que en Guerrero se debió atender con emergencia las alertas pero no ha sido así, “en Guerrero y en el país las alertas han sido como si fueran programas ordinarios y no es así, tendrían que ser programas emergentes”.
Expresó que el grupo interinstitucional e interdisciplinario de la Alerta de Género que coordina la Conavim evaluará el informe del gobierno de estado para determinar si de verdad se cumplieron con algunas medidas.

 

Acusa al hijo de una magistrada de tráfico de influencias en un juicio por violencia intrafamiliar

El juez de control y enjuiciamiento, Sergio Guzmán Chávez aplazó para el 13 de agosto la audiencia del juicio oral que estaba prevista este lunes para desahogar el caso de Carolina Flores Santana, quien acusa a su ex pareja, Erik Fierro Delgado, hijo de la actual magistrada y ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Ilda Rosa Delgado Brito, por lesiones y violencia intrafamiliar.
Además, la víctima acusa a su ex pareja de amenazas y tráfico de influencias para evitar que sea procesado en prisión.
Ayer, el imputado, su defensa y los representantes del Ministerio Público, quisieron de última hora que se desahogara la audiencia condicional para la suspensión del proceso, en la que propondrían el pago de la reparación del daño, pero la víctima rechazó la propuesta y junto con su abogado solicitó que se aplazara en lo que analizaban la propuesta.
En conferencia de prensa posterior, la víctima argumentó que los delitos cometidos en su contra son graves y que las lesiones dejaron secuelas en ella y su hijo. Declaró que ella no busca una reparación del daño o compensación económica, sino que se le haga justicia, y que el imputado tiene que ser castigado con pena corporal, es decir, con la privación de su libertad, porque además denunció que la tiene amenazada a ella y a su padre.
“Lamentablemente, se suspendió la audiencia porque el imputado está solicitando la suspensión condicional del proceso, con la cual no estoy de acuerdo, sobre todo por los delitos que nos provocó a mi menor hijo que tenía sólo tres años y a mí, que son violencia familiar y lesiones dolosas, y es lo que se le está imputando en este juicio”, declaró la mujer al salir de la sala de juicio oral.
Flores Santana promovió en 2016 una demanda penal en contra de su ex pareja por violencia intrafamiliar, luego de que el 2 de diciembre de ese año fue agredida, igual que su hijo, entonces de 3 años, por Fierro Delgado, quien era jefe de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC).
Entonces, Flores Santana denunció que su ex pareja golpeó con un fierro la cabeza de su hijo de 3 años, “a mí me pegó en la cabeza, el cuerpo, me fracturó la nariz, me rompió el tímpano del oído, a mi hijo lo sacó de la casa sin ropa, y yo sin zapatos, sólo tenía mi suéter, no me permitió entrar a la casa”.
Después, en diciembre de 2017, en conferencia de prensa, Carolina Flores añadió a su denuncia el agravante de tráfico de influencias, pues se quejó de que Fierro Delgado, con el apoyo de la entonces magistrada presidenta del TEE, Hilda Rosa Delgado Brito, estaba utilizando sus cargos públicos para evitar que prosperara la denuncia que presentó ante el Ministerio Público.
Antes del desarrollo de la audiencia de juicio prevista para las 11 de la mañana de ayer, el juez Guzmán Chávez consultó a las partes si estaban de acuerdo en que el juicio se realizara, toda vez que había la propuesta por parte del imputado y su defensa, de presentar en la audiencia un “plan de desarrollo” “para una salida alterna” (el planteamiento de la reparación del daño) y desconocía si estaban de acuerdo todas las partes.
El abogado, Alejandro Justo Cortés, y la víctima, Carolina Flores Santana manifestaron que hasta ese momento se habían enterado de que el imputado y su abogado habían platicado el caso con el Ministerio Público, pero que ellos desconocían la propuesta, por lo que pidieron que se suspendiera el juicio para analizarla. El juez citó a una nueva audiencia para las 11 de la mañana del 13 de agosto.
En conferencia de prensa al salir de la sala, Carolina Flores declaró que “no es fácil que con una pequeña reparación del daño él quiera salir libre de todo esto, porque hubo secuelas, sobre todo en mi persona, me fracturó la nariz, me rompió el tímpano del oído y a mi menor hijo le pegó con un fierro en la cabeza, igual que a mí”, insistió.
Contó que ese trato afectó sicológicamente a su hijo y a ella, aseguró que no escucha bien debido a que le reventó el tímpano.
Agregó que sigue viendo que hay mucho tráfico de influencias y teme por su vida y la de su hijo, “es algo con lo que hemos estalo luchando todo este tiempo, desde que levanté mi denuncia, el 2 de diciembre del 2016, y hasta apenas es que se presenta el imputado”.
Añadió que no se había presentado, apoyándose en el tráfico de influencias, por ser hijo de una magistrada, “él siempre me amenazó con eso, que yo nunca iba a lograr nada porque él tenía contactos y que iba a ser hasta lo imposible para que mi denuncia no procediera”.
Aseguró que antes de la audiencia de ayer debió presentarle la propuesta a ella, pero adelantó que no hay manera de que él pueda reparar el daño por las secuelas que dejó en ella y en su hijo.
“Yo no sabía nada, ni cuál es el plan, ni cuál es la propuesta, desconocía todo eso, por eso no estuve de acuerdo en que se llevara a cabo esta audiencia condicional de suspensión del proceso.
Insistió en que ella pide justicia, “que realmente se nos escuche a nosotros como víctimas, porque a veces, al parecer, los que cometen los delitos tienen más garantías que uno como víctima. En este caso el haber tenido secuelas por las lesiones yo, y si mi hijo tiene consecuencias después por el golpe en la cabeza, ¿quién va a repararle el daño?”.
Denunció, además, que al lado de Fierro Delgado sufrió todo tipo de violencia, “y tenía que aguantar y callar todo porque si no eran golpizas que me metía, por eso es difícil decir que se puede reparar el daño con simples medidas cautelares cuando él no las ha cumplido, porque a pesar de que me dictaron medidas cautelares fue a agredir y a hacer disturbios a la casa, entonces no hay manera de que nos brinden seguridad a mí y a mi hijo, ese es mi miedo”.
Destacó que, de acuerdo con el violentómetro de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer, solamente le faltaron dos niveles para llegar al nivel máximo de violencia, que la mutilara y que la matara, “de allí en fuera todos los demás los ejecutó en mi persona; lamentablemente, es cuando se da uno cuenta que la ley no respalda, a pesar de que el gobernador, Héctor Astudillo está diciendo que él está por la erradicación de la violencia y de la defensa de los derechos de la mujer y del menor”.
Denunció que el imputado también tiene amenazado a su padre y que teme que le haga daño, “ese es mi miedo latente”, dijo, y añadió que por eso pide la pena corporal, es decir, cárcel para su ex pareja.

 

Denuncian favoritismo del MP en un caso de violencia intrafamiliar en Acapulco



Cristina Sierra Rosas

La señora Guadalupe Morales Mascada denunció el influyentismo en el Ministerio Público de su esposo Abel Menera Acevedo y las nulas garantías individuales de las mujeres abandonadas por parte de la Secretaría de la Mujer que descuida los casos de maltrato intrafamiliar.
Declaró que es víctima de maltrato por parte de Menera Acevedo, quien además le quitó a sus dos hijas menores
En visita en la redacción de El Sur y con golpes visibles en su cuerpo, la madre de familia llegó acompañada de sus parientes, quienes denunciaron recientes y anteriores agresiones de parte del cónyuge Abel Menera. Aunado al maltrato físico, Morales sufre porque no ha podido ver a sus hijas de nueve y tres años.“Los mismos maestros de la escuela donde asisten mis hijas me niegan el derecho de verlas”, aseguró.
Relató que la separación con Menera Acevedo se dio hace tres años, “pero era una relación cordial y nos dividíamos el tiempo para atender a nuestras hijas”. Fue, dijo, hasta hace dos meses “cuando sacó a las dos niñas de la casa y para evitar que yo las recuperara no las envió a la escuela y a la guardería por más de un mes”, enfatizó.
Ante tales circunstancias Morales Mascada acudió a la delegación de la Secretaría de la Mujer para presentar una denuncia, “pero el proceso es lento y a tres meses de haber denunciado a mi esposo aún no tengo respuesta”, se quejó.
Denunció públicamente que este miércoles llegó de su trabajo a su hogar, en la unidad habitacional El Coloso, y su esposo entró a tirar cosas y la agredió físicamente. Al momento de salir de casa, Menera Acevedo involucró en la violencia física a una de sus hijas que estaba presente, y al retirarse “dejó su vehículo fuera del departamento y ahí llevaba a mi hija de tres años, corrí a abrazarla y su papá arrancó el carro y me llevó arrastrando mientras jaloneabamos a la niña para quedarnos con ella”, explicó.
El influyentismo de Menera Acevedo se hizo patente cuando llamó al policía Jaime Valente Cruz, quien se la llevó detenida a los separos del Ministerio Público del Coloso a pesar de que ella le insistía que era la agredida. “Y él llegó al MP para acusarme”, añadió.
El policía Jaime Valente la hostigó y la acusó de estar drogada y “me dijo que con lo sucedido iba a perder a mis hijas”, anotó. Ya en los separos, Abel Menera levantó su denuncia de manera formal, hasta que después de dos horas llegaron familiares de Morales Mascada, quienes obligaron al MP para que también detuvieran al esposo porque supuestamente ambos habían protagonizado una riña y sólo una de las partes estaba detenida.
Guadalupe Morales denunció a su esposo de tener influencias con la titular de MP del Coloso, Luz Elena Hernández Vázquez y también con policías judiciales, pues explicó que no era la primera vez que recibía agresiones de su marido y al final resultaba la culpable.
Lamentó que para que ella pudiera salir libre fue obligada a otorgar el perdón y ahora no puede denunciar a su esposo por agresiones. “Ya se hizo de todo, y no nos hacen caso”, se quejó y explicó que hace dos meses entabló juicio civil para que le devuelvan a sus hijas.
En Acapulco no existen garantías para una mujer separada y las autoridades se han ensañado en mi caso, puntualizó y agregó que “él sabe que tiene perdido el juicio y por eso ahora me está agrediendo”.
Finalmente y por medio de El Sur hizo un llamado a las autoridades, en especial a la Secretaría de la Mujer para que la apoyen a recuperar a sus hijas y se aplique la ley contra la violencia intrafamiliar.
El mensaje para el procurador Eduardo Murueta es “ que ponga más atención porque los policías no realizan su trabajo y sólo utilizan el poder para beneficio de sus amigos”.

Atenderán PGR y el estado a víctimas de violencia intrafamiliar y drogadicción


Jorge Nava

El subprocrador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Mario Álvarez Ledesma, informó el jueves que en Guerrero son “gravísimos” los números de casos de víctimas de violencia intrafamiliar y de fármaco dependencia.
En reunión privada de este jueves en una oficina de la Casa de Atención a las Víctimas del Delitos de esa misma institución, ubicada en el fraccionamiento Marroquín, el funcionario federal dijo que trataron precisamente la visita al alcalde Félix Salgado, y al gobernador del estado, Zeferino Toerreblanca Galindo, para firmar un convenio de colaboración que les permita atender a la víctimas de esos problemas.
Al concluir la reunión, Álvarez Ledesma indicó que esos problemas sociales, en Guerrero, es “gravísimo”, en particular en Acapulco, dijo.
Señaló que después de esa firma –que no precisó la fecha– se inaugurará la casa con todos los servicios, porque mencionó que actualmente carece de algunos para la atención tanto de víctimas de delitos federales como del fuero común.
A preguntas de reporteros sobre las víctimas de secuestro, el funcionario observó que por ese delito sigue siendo un problema a nivel federal.
Planteó que hay un número considerable de personas que son atendidas por esa causa; abundó que la primer causa por la que atienden a una víctima por delitos federales, es por negligencia médica.

En 10 meses recibió el Ayuntamiento 200 casos de violencia intrafamiliar

 La secretaria de Desarrollo Social, Rossana Mora Patiño, informó que la Unidad de Prevención y Atención a víctimas de violencia intrafamiliar, de la Dirección de Asuntos de la Mujer y Grupos Vulnerables, ha recibido hasta el momento 200 casos de violencia intrafamiliar.

Afirmó que en los casos que han recibido no sólo asisten quienes son las víctimas sino los propios generadores de la violencia, donde inclusive, varios de ellos son mujeres.

Consultada después del desayuno de funcionarias del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer, Mora Patiño mencionó que en 10 meses de la unidad de prevención y atención a víctimas de violencia, han proporcionado asistencia médica, legal y sicóloga, no obstante, indicó que aún “falta mayor información” para que los afectados puedan acudir con ellos.

Dijo que la mujer ha pasado de ser sólo una receptora de violencia, a ser generadora “se convierte con sus hijos, los niños no pueden decir nada, pedir algo, ella repite el patrón, los humilla, los maltrata; nos parece que es un avance importante que las generadoras de violencia puedan acudir a pedir ayuda”.

Por su parte, la directora de Asuntos de la Mujer, Esmeralda Hernández precisó que de los 200 casos de violencia intrafamiliar, han apoyado a las mujeres a presentar ante un Ministerio Público 30 casos de violencia sexual.

Indicó que los casos que más se han presentado es la agresión a la mujer “las golpean, se da muy seguido las violaciones en la familia, con parientes cercanos, tíos, primos”.

Mientras que la presidenta de la comisión de Asuntos de la Mujer y Grupos Vulnerables, regidora María de Lourdes Ramírez Terán, informó que en este año cuatro personas han solicitado ayuda en la regiduría, y que han sido canalizados a las diversas instancias para su ayuda, como la agencia de Delitos Sexuales y a la Procuraduría del Menor del DIF. (Magdalena Cisneros).