Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la consulta sobre las reformas del Congreso local a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultu-ra de los Pueblos Indígenas, “es un golpe fuerte al sistema de justicia comunitario”, y en particular a la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), opi-nó el director del Centro de De-rechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera.
Entrevistado por teléfono, agregó que la resolución atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, es una burla más hacia ellos, y una mala señal porque significa un retroceso en las reivindicaciones de los pueblos originarios.
El lunes se conoció que la SCJN validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso local a la Ley 701 en mayo del año pasado. En ellas se eliminó el sistema de reeducación y se sustituyó a la Policía Comunitaria por una “policía indígena y afromexicana”, misma que se subordinará a las policías de los tres órdenes de gobierno.
Tlachinollan dio acompañamiento a la CRAC en su movimiento contra esa reforma, debido a que, argumentaron, no se consultó a los pueblos indígenas. Y ayer su director subrayó que la Corte “no reconoce sus formas de organización cimentadas en la libre determinación y, sobre todo, las formas de consultas que implementan las comunidades a través de sus asambleas”.
Barrera Hernández explicó que probablemente en los últimos meses el Congreso subsanó los procedimientos de la consulta y se hicieron cabildeos con algunos ministros para que les mostraran que en términos procedimentales cumplieron con los principios que ordenó la Corte y los que rigen la consulta.
Sin embargo, dijo que la realidad es que los pueblos fueron excluidos de esa supuesta consulta, sus autoridades no fueron tomadas en cuenta ni su práctica consuetudinaria que está marcada por las asambleas comunitarias.
“Fueron simplemente acciones mediáticas, de mera formalidad legaloide, nunca consultaron a fondo los pueblos”, subrayó.
En su opinión, fue una burla más, “y se sigue dando la espalda a los pueblos, ignorando su capacidad, su fuerza, su resistencia y su inteligencia para autogobernarse y construir un entramado jurídico basado en los derechos colectivos”.
El gobierno de Morena también desprecia al movimiento indígena
Barrera lamentó que, en Guerrero, en el mismo gobierno de Morena, no haya un compromiso con los pueblos indígenas, y por el contrario, exista “un desprecio hacia el movimiento de pueblos que luchan por su sobrevivencia, y que haya, también, una criminalización”.
Dijo que la Suprema Corte ahora se suma a esa política al no reconocer a los indígenas como actores políticos y al darle “credibilidad a un Poder Legislativo que nunca se ha identificado con las luchas indígenas”.
El director de Tlachinollan criticó que la SCJN legitimó la política racista de un Poder Legislativo que “más bien utiliza a las comunidades indígenas como clientelas cautivas, como masa informe que solo sirve para depositar el voto en las urnas”.
Abundó que lo que validó la SCJN es lo que quisieron imponer los diputados con una visión etnocéntrica de lo que es el derecho.
Desestimaron los ministros la cosmogonía indígena
Dijo que los ministros desestimaron lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas, “que hablan de otras formas de readaptación, como lo es la reeducación que es un proceso colectivo, en el que no se criminaliza al detenido, sino que se le reincorpora a la comunidad a través de procesos pedagógicos a nivel comunitario, a través del consejo de los ancianos y del servicio comunitario, de la participación en las tareas de la comunidad, a través de la convivencia que tienen con las autoridades”.
Lo que debería hacerse, dijo, es armonizar e incorporar la legislación indígena que se ha ido construyendo con mucho sufrimiento, con luchas a nivel latinoamericano, con los principios del derecho positivo y generar legislaciones plurales.
“Pero aquí, más bien, se está supeditando el derecho de los pueblos a un derecho positivo racista, que criminaliza, que discrimina a las comunidades indígenas que las tienen en el fango de la historia y han posteado sus derechos”.
Insistió que por eso su opinión es que hubo un retroceso, “porque en la vía de los hechos se sigue separando la sociedad mestiza de la sociedad indígena al tratarla como seres inferiores, como personas salvajes, como si sus costumbres fueran de la época primitiva”.
Barrera Hernández criticó que desde el Estado se sigue reforzando la idea “etnocéntrica y racista de que los indígenas son atrasados que necesitan integrarse a la sociedad nacional de manera forzada en términos de imponerles una cultura jurídica, basada en el individuo”.
Y cuestionó: “De qué sirve reconocer la diversidad cultural de México, si en los hechos se pisotean sus derechos, si en los hechos no se les reconoce, si no hay marcos jurídicos que los respeten, que los reconozcan, que los toleren, que armonicen sus derechos”.
En lo que respecta a la CRAC, el director de Tlachinollan anunció que va a seguir navegando a contra corriente, y va a tener que seguir fortaleciendo sus procesos autonómicos y de libre determinación, “no va a haber de otra”.
Recordó que en su momento ya elaboró una propuesta de ley que fue rechazada por la misma fracción parlamentaria tanto de la actual como de la anterior legislatura.
“Por el momento entendemos que fue un golpe fuerte al sistema de justicia comunitario y a la CRAC en concreto”.
En tanto que el vocero de la CRAC y coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que van a consultar con los pueblos y comunidades lo que resolvió la SCJN y que este jueves ofrecerán una conferencia de prensa las cinco casas de justicia para dar su opinión.
