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Prohíbe una jueza que Alejandro Encinas llame “torturador” a Tomás Zerón

 

Abel Barajas / Agencia Reforma

Cuernavaca, Morelos

Una juez federal prohibió a la Secretaría de Gobernación (Segob) y en particular al subsecretario Alejandro Encinas, señalar públicamente a Tomás Zerón de Lucio como “torturador” y creador de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.
María Isabel Bernal Hernández, juez séptima de distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, concedió una suspensión provisional al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que impide al funcionario hacer este tipo de manifestaciones por cualquier medio.
“Se concede la suspensión provisional a Tomás Zerón de Lucio, para el único efecto de que las autoridades responsables se abstengan de continuar realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales, mediante las que se afirme, sugiera o presente dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa”, resolvió Bernal.
“Su concesión no se advierte que se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción ll), y porque de no concederse la medida cautelar de referencia, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación”.
La medida protectora estará vigente por lo menos hasta el próximo 2 de octubre, fecha en que la impartidora de justicia resolverá la suspensión definitiva, la que, en caso de ser concedida, ampliará la prohibición por tiempo indefinido.
La juzgadora, sin embargo, en el mismo fallo rechazó eliminar de las páginas de internet oficiales y redes sociales como Facebook, X, Instagran y You Tube, toda publicación que lo presente a Zerón como culpable, “torturador” y creador de la “verdad histórica”.
Una de las publicaciones que continuará en internet es el comunicado de prensa 438/2023, con el título “Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia, creó la verdad histórica con base en la tortura y alteración de pruebas”, publicado en la página del gobierno de México, el 25 de agosto de este año, y que Zerón pidió cancelar porque viola su derecho a la presunción de inocencia.
La juez Bernal dijo que, por tratarse de un tema de fondo, la eliminación de contenidos deberá ser resuelta en la sentencia de amparo y no en la medida cautelar, razón por la que le negó la suspensión provisional sobre este aspecto.
“Además, de concederse la medida suspensión para los efectos referidos, equivaldría a resolver el fondo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, pues se estaría determinando la inconstitucionalidad de los actos reclamados, constituyendo a la parte quejosa en el derecho que persigue con la promoción del juicio de amparo, lo que no es materia de la medida cautelar”, expuso.
A solicitud de la Fiscalía General de la República, jueces federales han girado cinco órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, tres de ellas por delitos de servidores públicos y supuestos desvíos en contratos de la PGR, y dos relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Estas últimas, son por la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, operador del grupo criminal Guerreros Unidos, tras su detención en 2015; y por trasladar al río San Juan, sin abogado y sin orden ministerial, a Agustín García El Hereje, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.
Desde hace varios años, Tomás Zerón se encuentra en Israel, país que no tiene tratado de extradición con México.

Desecha un juez el amparo de Silvia Alemán por el rechazo a su registro como candidata en la UAG

Un integrante por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía, informó que un juez federal desechó el amparo que interpuso Silvia Alemán Mundo porque le fue negado su registro como aspirante a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), e indicó que interpondrán un recurso de queja.
En días pasados, los opositores al candidato único a la Rectoría de la UAG, Javier Saldaña Almazán, precisaron que los dos aspirantes, Silvia Alemán y Jorge Luis Urióstegui Train, impugnaron la negativa de sus registros.
Por teléfono, el abogado e integrante de Insurgencia Universitaria, Román Ibarra Flores, dijo que les llegó el acuerdo de “desechamiento del amparo” que interpuso Alemán Mundo.
Explicó que “en materia de elección de rector, en las universidades autónomas hay lagunas jurídicas en el sistema legal del país. Hay algunos jueces meticulosos, que revisan a fondo y conceden la suspensión provisional, para que se registren los candidatos sin ese requisito de los 25 avales consejeros, porque es anticonstitucional”.
El abogado informó que el juzgado primero desechó el amparo de Silvia Alemán, pero interpondrán un recurso de queja.
Además, dijo que los miembros por el Rescate de la Democracia esperan la respuesta que le dará el juez a Urióstegui Train, “el juzgado nos dará respuesta en estos días”. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Hoy vence el plazo para que se paguen salarios caídos a los 176 policías estatales despedidos

Policías estatales despedidos en mayo del año pasado informaron que el plazo que dio un juez federal para que se paguen los salarios caídos de los 176 agentes vence hoy, y en caso de no dar respuesta el gobierno estatal será multado.
Agregó que se notificó formalmente al secretario de Seguridad Pública estatal, el general brigadier Pedro Almazán Cervantes y al jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría, Constantino Leyva Romero.
En conferencia de prensa en las oficinas de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el policía despedido José Muñoz Franco explicó que esta es la segunda resolución en contra de Almazán Cervantes, como dieron a conocer el 28 de julio, y es parte del seguimiento del caso laboral de los uniformados.
Detalló que un juez federal emitió la notificación el jueves en contra de Almazán Cervantes y Leyva Romero, les dio un plazo de tres días que vencen hoy para responder a las peticiones de los afectados como el pago de los salarios caídos.
Dijo que de la resolución sólo solicitan el pago de salario, viáticos y del Día del Policía, hasta que el juez concluya el caso se determinará si regresarán o no a la corporación, “por eso pedimos al gobernador Héctor Astudillo Flores que si regresamos a la Policía Estatal que no haya represalias y no nos cambien de región, como lo hacen los altos mandos para vengarse, para que nos pase algo”.
Informó que en la movilización continúan 120 policías de los 176 y les adeudan más de 15 quincenas, que es un total de 400 mil pesos, “de las dos resoluciones que ha emitido el juez federal como continuidad en el proceso no hemos tenido respuesta del gobernador ni del secretario de seguridad”.
Responsabilizó a Astudillo Flores y a Almazán Cervantes de lo que les pueda pasar a los que continúan en la lucha para defender sus derechos laborales.
El 28 de julio en una nota se informó que un juzgado federal notificó al gobierno del estado y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal su obligación de pagar los salarios que debe a 176 policías despedidos el año pasado, y de no cumplir la Secretaría podría ser multada.
El 29 de mayo de 2017 unos 600 policías estatales de las regiones Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel, en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública estatal una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Se quejaron porque les cambiaron su jornada laboral de tres días de descanso por seis días de trabajo.

 

 

Protestan policías estatales despedidos en 2017 en los juzgados; piden sentencia a su favor

Policías estatales despedidos en mayo de 2017 informaron que, el 9 o 10 de mayo próximo un juzgado federal emitirá la sentencia sobre su demanda contra el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, por abuso de autoridad y despido injustificado, y para ordenar el pago de 23 quincenas que les adeudan.
A las 10:30 de la mañana, unos 30 uniformados llegaron a las oficinas de los juzgados federales, ubicadas cerca del museo interactivo La Avispa, y más tarde se movilizaron al Congreso local y a la Codehum, donde se manifestaron para informar sobre sus demandas.
Afuera de los juzgados, exhibieron una manta en la que se leía, “Apreciables autoridades federales y estatales se les sigue pidiendo mantener la postura adoptada en contra del abuso de autoridad en agravio de la ciudadanía más vulnerable, como lo manifestó nuestro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestro señor presidente”.
Sigue, “Señor gobernador, queremos la oportunidad de estudiar carreras técnicas pagadas por la SSP, criminología, criminalística, inglés, el nuevo sistema penal acusatorio, derecho internacional, más carreras que nos permitan ser mejores en nuestro trabajo, para hacer una policía a la altura para servir a la sociedad”.
En conferencia de prensa en el lugar, el policía estatal despedido, Jesús Muñoz Franco comentó que se reunieron con los agentes del Ministerio Público que llevan el caso, quienes les informaron que el proceso lleva un 90 por ciento de avance, y agregó que entre el 9 y 10 de mayo, el juez federal emitirá la resolución contra el secretario Almazán Cervantes.
Explicó que después de que se resuelva a favor de los agraviados, vendrán los beneficios a los policías, sí serán reincorporados, el pago de salarios y viáticos que desde el 31 de mayo no reciben, luego de ser despedidos de manera irregular.
Muñoz Franco comentó que 54 ex policías estatales aceptaron su liquidación, mientras que 120, “continuamos en la lucha para defender nuestros derechos y por lo que nos corresponde… Nosotros somos policías activos, nos separaron del servicio, tenemos que pelear hasta el último porque es nuestro derecho, nos dejaron vulnerables a nuestras familias, por eso estamos aquí, para darle seguimiento en nuestros caso”, declaró.
Después, los policías despedidos acudieron al Congreso local y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para solicitar apoyo a las autoridades para resolver el problema laboral en la SSP estatal.
El 29 de mayo de 2017, unos 600 policías estatales de las regiones Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango), pararon labores en el cuartel, en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública estatal, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Dos días después terminaron el paro, y el 31 de mayo la Secretaría informó en un boletín que había dado de baja definitiva de la corporación a 176 policías que incurrieron en una conducta violatoria de ley. (Luis Blancas / Chilpancingo).