El 6 de diciembre de 2016, Juana Ramírez Marcos fue declarada culpable del delito de lesiones agravadas contra la concubina de su ex esposo, pese a que presentó testimonios de que, cuando ocurrió la supuesta agresión ella estaba trabajando como jornalera en Sinaloa.
Por ello, su sentencia fue apelada el 14 de diciembre, “porque su caso no se juzgó con perspectiva de género ni cultural”, de acuerdo con las abogadas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que la acompañan, Neil Arias y Maribel González. La indígena nahua de 47 años y sus asesoras coinciden en que la decisión de su sentencia fue porque la secretaria de Acuerdos, Rosa María Rosas Torres, y la jueza, María Celia Fernández Suárez, la estigmatizaron como “peleonera” en la causa penal 113/2013-III.
A Juana Ramírez Marcos le dictaron un año y tres meses de prisión y un pago de 40 días de salario mínimo.
Juana dice que habló de su caso porque, “ya no tengo miedo y hay gente que me ayuda; eso que dicen no es verdad, al contrario, la concubina Natalia Reyes Méndez y mi ex esposo, Ambrosio Ramírez Martínez me despojaron de mi casa, me han golpeado, insultado y amenazado”, explicó.
Contó que la fecha en la que Natalia Reyes aseguró que fue golpeada, ella estaba trabajando en labores de limpieza en Sinaloa, y presentó como pruebas, credenciales, una hoja de nómina, el seguro social, y los testimonios de una trabajadora social y dos compañeras, pero la jueza no las tomó en cuenta y le dictó sentencia condenatoria para que sea recluida, ya que ella está enfrentando el proceso en libertad porque pago una fianza de 4 mil 700 pesos.
Dijo que, al enterarse de la sentencia la obligaron a quedarse en el municipio para enfrentar la pelea jurídica, “ya no pude salir a trabajar; pensaba regresar a Sinaloa en esta temporada y no me puedo ir. Yo voy porque aquí no hay trabajo, no hay dinero, sólo sembramos para comer”.
Agregó que ahora se le dificultará mantener a sus dos hijas, porque tampoco encuentra en Tlapa quien quiera que le laven su ropa o haga labores de limpieza, y sus ingresos importantes son como jornalera entre diciembre y abril.
Las acusaciones por lesiones agravadas fueron en 2013, cuando su matrimonio cambió, y luego fue violada por su ex marido, Ambrosio Ramírez, dentro de su casa. Ella denunció la agresión en 2015, ahora él está detenido, y “las autoridades no me creen que sea cierto, dicen que lo hice por mis problemas anteriores, y creo que por eso me quieren encerrar y culpar”, contó.
Agregó que cuando fue acusada en 2013 no supo qué hacer, en el juzgado no entendía todas las palabras en español porque no es su lengua materna, y no sabe leer ni escribir, pero pudo salir para enfrentar en libertad las acusaciones, sin pensar lo que vendría después, que ahora ella es la agraviada y su caso sería juzgado por la misma secretaria de Acuerdos y la jueza penal que se han caracterizado por juzgar los casos sin perspectiva de género ni pertenencia cultural.
“No sé en qué momento se volvió tan malo”
A Juana se le quebró la voz, y aunque intentó esconder sus lágrimas, éstas resbalaron por sus mejillas; dice que antes lloraba más porque le dolía recordar que se casó por la Iglesia con Ambrosio, y que vivió con él 27 años, cuando la quería, no la maltrataba como les ocurría a otras mujeres de su pueblo, y de repente, “se volvió muy malo”.
Narró, “como no pudimos tener hijos, adoptamos dos, una niña y un niño, y ahora los tenemos separados, yo tengo a la niña y el niño vive con él, pero no me habla, no me saluda, hasta me pide que mejor yo vaya a la cárcel y que regrese su papá, y eso me duele”.
Dijo que los malos tratos empezaron cuando Natalia Reyes de 26 años llegaba a la tienda de abarrotes que abrieron, ella no lo vio mal hasta que meses después Ambrosio le dijo que Natalia viviría con ellos, “no me fui, no me quise salir porque era mi casa, la que construí con mi trabajo de jornalera de muchos años, era para mis hijos”.
Dijo que Ambrosio dejó de darle dinero para mantener a sus hijos y, de un momento a otro, se fue con Natalia del pueblo, sin decirle nada, eso la alivió un poco porque ya no tenía que aguantar las groserías, pero tampoco tenía dinero para sus hijos, que siguen en la escuela.
La tienda ya no daba, la cerró y volvió a los campos de cultivo en Sinaloa, a seguir trabajando como jornalera como lo había hecho en otros años.
Ya habían pasado años desde que la relación había terminado entre ellos cuando supo que Ambrosio se había casado con Natalia, “ya no tenía nada que hacer ni esperar; allá me encontré a una persona que me quiere, que me dice que me va a esperar, así que tuve relaciones, y cuando volví al pueblo venía embarazada”, explicó.
Recordó que, al regresar se encontró a Natalia, quien le dijo que se iba a quedar en esa casa porque también había trabajado para construirla y que él había aceptado; no dijo nada sobre su estado, la dejó quedarse y hasta vieron la posibilidad de dividir la vivienda.
Sin embargo, Natalia no cedió en sus insultos ni agresiones, “aguante hasta que nació mi hija; un día fui a ver a mi mamá, y cuando volví, mi ropa, mis cositas estaban en la calle, les dije que no me podían hacer eso, porque habíamos trabajado para la casa y que era para nuestros hijos, pero no dijo nada, Ambrosio aceptó eso”, de quejó.
“Recogí mis cosas, entre gritos y burlas y me fui a la casa de mi mamá, donde sigo viviendo, lo considero injusto porque yo trabajé para esa casa”, insistió.
Luego vino la acusación de lesiones que llevó a que se liberara una orden de aprehensión para encarcelar a Juana Ramírez Marcos, pero pudo pagar la fianza para enfrentar desde hace tres años el proceso penal, lo que le ha significado gastos, porque tenía que acudir semanalmente a firmar al juzgado en Tlapa, y luego cada 15 días, pero sólo así puede cuidar a sus dos hijas.
No pudo ser violada porque era su esposo, dicen las autoridades
En 2015, ya enfrentando la acusación por lesiones y la pérdida de su matrimonio, su casa y su hijo, Juana fue violada por Ambrosio, adentro de su casa, cuando acudió a pedirle que le entregara el acta de nacimiento de su hija y la de ella que él tenía, lo único que recibió fueron gritos, y escobazos de Natalia.
Dijo que se negó a irse e insistió en que le dieran los documentos; Ambrosio le pidió a Natalia que fuera por policías. Cuando se quedaron solos, Ambrosio la sujetó de las manos y a empujones la metió a la casa, cerró la puerta, la golpeó y violó mientras le decía que él podía hacerle lo que quisiera porque era su esposa.
“Grité, le decía que se detuviera, no lo hizo”. Nadie llegó hasta que él abrió la puerta y pudo salir. “Mi hijo se dio cuenta, eso me dolió, más porque dijo que yo no debía volver”, recordó.
“Fue por eso que tomé la decisión de denunciarlo, porque me lastimó, me violó, pero no me creen las autoridades, y aunque ahora está en la cárcel, me manda llamar, y la última vez fue para pedirme que retire la denuncia para que lo dejen en libertad y (prometió) que ya no me iba a lastimar”, sin embargo, desde el penal de Atlamajac la hostiga llamándola y le envía recados de amenazas con sus familiares.
La última amenaza la recibió en los juzgados, de la hermana de Ambrosio, Simona Ramírez Hernández, quien la esperaba cuando acudió a firmar.
Aunque su ex esposo se encuentra recluido bajo la causa penal 37/2015-III, porque en la indagatoria hubo elementos para aprehenderlo, ella no está segura de que lo condenen, y hasta cree que lo dejarán en libertad porque sus familiares dicen, “tenemos dinero para pagar y comprar a los médicos o autoridades”, además de que él se jacta de que su tío es Victorino Martínez Rosendo, un abogado y ex regidor perredista en Tlapa.
A eso agrega que la jueza María Celia Fernández y la secretaria de Acuerdos, Rosa María Torres, le han dicho que no creen que haya sido violada, que ella lo permitió, que sí sintió cuando eyaculó su marido y que seguramente lo acusó para quitarle la casa, porque “eso es lo que peleabas”, haciendo referencia a la causa penal de 2013, cuando ella fue acusada de golpear a la concubina.
Contó que cuando acude a firmar, la secretaria se burla, “no vas a visitar a tu ex”, y que desconfía de las autoridades, que por un lado la encuentran culpable, y por otro pretenden hacerla ver como una mentirosa.
El peso de no tener hijos en su comunidad
A Juana le pesó durante años no embarazarse cuando se casó. En su comunidad le preguntaban con frecuencia cuándo tendría hijos, recuerda que Ambrosio sólo la miraba y no decía nada, pero también quería hijos.
Recordó que, en una ocasión en la Ciudad de México ambos se hicieron estudios para saber si tenían problemas; cuando les dieron los resultados, el doctor dijo que sólo hablaría con Ambrosio y luego con los dos.
Al salir de la consulta, Ambrosio le dijo que ella era infértil, y ella se quedó con el pesar de no poder darle familia, ese pesar hizo que olvidara otra parte de la conversación con el médico, quien les dijo que podían ser padres porque había tratamientos eficaces y sólo bastaba que fueran a ver a los militares y ahí les dieran espermas para inseminarla.
Juana, ahora se explica que Ambrosio le contó a su manera los resultados, porque “una noche estábamos acostados, el muy triste. De repente comentó, ‘no importa que no podamos tener hijos, podemos adoptar, pero no vas a tener uno de otra persona adentro”.
“Ahora creo que es él quien no puede tener hijos, después de que me dejó y me fui a Sinaloa encontré a una persona con la que me relacione y cuando me vine en julio llegué embarazada, él se sorprendió porque, según, yo no podía, creo que me mintió, fue más fácil culparme de no tener hijos que él aceptara que no podía, en el pueblo eso se ve mal”.
Juana es acompañada en su proceso legal por dos abogadas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias y Maribel González, quienes explican que el caso no fue revisado con perspectiva de género, que está influenciado por actitudes machistas, pues las acusaciones contra las mujeres prosperan y a los hombres les dictan libertad, según han documentado.
Dijeron que continúa una discriminación estructural contra las mujeres en las instituciones de procuración y administración de justicia porque no hay intérpretes, los funcionarios no están capacitados con perspectiva de género, faltan médicas legistas para las revisiones y el trato es revictimizante.
