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Denuncian amenazas locatarios desalojados del mercado Morelos en Coyuca de Benítez

Argenis Salmerón

Comerciantes del mercado Morelos, ubicado en el municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande denunciaron que ha sido amenazados de muerte para que desistan del predio que ocupaban en el centro, luego del desalojo hace 15 días por parte del gobierno morenista que encabeza Ossiel Pacheco Salas.
Acusaron que ya hubo represalias, porque asesinaron a balazos en su casa a la dirigente del mercado Morelos, Martha Barrera, hace tres semanas.
Dijeron que el 20 por ciento de comerciantes huyeron del lugar ante el temor de un crimen más por exigir justicia.
Los vendedores inconformes son los que no alcanzaron locales en el nuevo mercado hace seis años otorgados en la administración del ex alcalde Alberto de los Santos Díaz, que están instalados en la salida del municipio.
Por la disputa del predio hay un juicio vigente en la Suprema Corte de Justicia contra el alcalde de Morena, Pacheco Salas y su gabinete.
Según los comerciantes, el gobierno municipal pretende construir en el terrero un parque o una universidad e incluso se rumora que una tienda Chedraui.
Ayer se observó que los trabajadores del Ayuntamiento retiraron pedazos de techos, y los colocaron en un camión recolector de basura, y cerraron el predio con malla ciclónica para evitar que entren los comerciantes.
Los comerciantes que se instalaron afuera del predio en disputa, ofrecen pescados y mariscos, frutas y legumbres y abarrotes.
La vendedora de pescados, Alejandra Pérez Nava, se quejó que hace 15 días el gobierno municipal “nos engañó” porque argumentó que iban hacer “limpieza” del terreno.
Pero lo que hicieron fue derribar los puestos construidos de madera y lámina de cartón, “fue un desalojo con engaños”.
Aseguró que fueron más de 50 locales derribados por el gobierno de Ossiel Pacheco, pero “en un predio que está en juicio en la Suprema Corte de Justicia, no hay nada definitivo”, agregó.
Indicó que el 20 por ciento de los vendedores huyeron del mercado por temor, debido a que antes del desalojo mataron a su líder Martha Barrera y “hemos sido amenazados de muerte”.
La vendedora de abarrotes, Gabriela Valente Catalán confirmó que han sido amenazados de muerte los comerciantes, que están disputando el predio del mercado Morelos.
Sostuvo que mataron a su dirigente Martha Barrera por la disputa del terreno y por defender los derechos de los comerciantes, “ahora todos tienen miedo”.
Reiteró que el 20 por ciento de los comerciantes huyeron del lugar, luego del desalojo de hace 15 días que hizo el gobierno municipal con engaños, “nos dijeron que iban hacer limpieza, pero nos tumbaron las galeras”.
Reclamó que fueron excluidos en la repartición de locales del mercado nuevo y “ahora nos quieren quitar nuestra fuente de empleo”.
“Vamos a luchar hasta lo último, porque el terreno está litigio, hace falta la sentencia, y todavía hay esperanzas para nuestras familias”, dijo.

Se planta UPOEG en el Congreso local; exige nueva consulta sobre la Ley 701

Integrantes de la UPOEG protestaron afuera del Congreso local en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este miércoles, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), exigió en el Congreso del Estado respeto a los derechos de las comunidades originarias.
En un plantón afuera de las instalaciones del Congreso, el dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, denunció que los diputados incumplieron con su derecho a la consulta en la elaboración de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio pasado.
Después, se reunieron por separado con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, con quienes programaron reuniones posteriores.
Un contingente de la organización, de pueblos de Costa Chica, llegó al Congreso a las 10 y media de la mañana y se plantó afuera.
“Queremos ser consultados y que el Congreso local y el gobierno estatal retomen la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, pero con una consulta previa a los pueblos”, declaró Bruno Plácido.
Denunció que el Congreso local violó el derecho a la consulta y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al no consultar a los pueblos indígenas para las reformas a la Ley 701, que en junio pasado avaló la SCJN.
El dirigente de la UPOEG informó que los pueblos están exigiendo que se reponga la consulta, que se tome en cuenta a la gente de los pueblos y después se realice una nueva reforma a la ley.
El dirigente indígena informó que otro de los derechos que exigen es tener un gobierno propio, “es decir, el derecho que tenemos a la construcción de un gobierno electo mediante asambleas de los pueblos”.
Denunció que no se les respeta el derecho que tienen a la salud, a la educación y a los servicios públicos, “por eso hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, estamos exigiendo que se nos respeten todos nuestros derechos”.
El contingente también pidió una mesa de diálogo con el gobierno estatal, para revisar las solicitudes que tienen para obras en las comunidades y planear las de 2024.
Plácido Valerio dijo que hay muchas comunidades que no tienen agua potable, drenaje, energía eléctrica y hay lugares que no tienen maestros, médicos o medicamentos.
La intención, según, dijo Plácido Valerio, es “ayudar al gobierno mediante la organización de los pueblos, porque ya vimos que solo no puede”.
Añadió que el objetico de la UPOEG es evitar que haya más bloqueos, “queremos actuar de una manera diferente, para evitar el desgaste de la gente, pero también exigimos que el estado garantice y facilite el diálogo con los diputados, así como con los funcionarios, para encontrar una salida a todos los problemas y conflictos que tenemos”.
El dirigente de la UPOEG informó que en su reunión con la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, ella les prometió que se va a reunir con los diputados, para que les den una respuesta la semana próxima.
En un breve boletín de prensa, el Congreso local informó que Domínguez Serna recibió a integrantes dela UPOEG, “que se manifestaban de forma pacífica frente al recinto legislativo”, en demanda de obras en distintas comunidades, y pidieron ser incluidos en los procesos de consulta que realiza el Congreso, en relación con los derechos de los pueblos originarios.
Agregó que la diputada ofreció buscar una mesa de trabajo entre diputados e integrantes de la Jucopo, funcionarios estatales y representantes de esta organización, para analizar un proyecto de desarrollo comunitario, en beneficio de los pueblos indígenas de Guerrero.
Plácido Valerio informó que con el secretario de gobierno, Marcial Reynoso, acordaron armar una agenda de desarrollo comunitario, entre el gobierno y las comunidades, para atender sus peticiones de carreteas, agua potable, vivienda, falta de maestros y médicos.
Dijo que el funcionario se comprometió con instalar una mesa de trabajo permanente, para programar las obras del próximo año.
Explicó que esto fue a cambio de un “pacto de gobernabilidad y orden, que nosotros ya no andemos bloqueando carreteras”.
Informó que acordaron volverse a reunir la tercera semana de septiembre, porque antes van a revisar sus demandas y darles respuesta.

Hubo diálogo abierto: gobierno
estatal

Por la noche, mediante un boletín, el gobierno estatal calificó la reunión con la UPOEG como un “ejercicio de diálogo abierto, con la presencia de más de 350 integrantes, y que se realizó en el auditorio José Joaquín de Herrera, del Recinto Oficial del Poder Ejecutivo”.
Agregó que asistieron, el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, y la coordinadora de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Lilia Taquillo López.
“El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, sostuvo una asamblea con representantes e integrantes de la UPOEG, encabezados por Bruno Plácido Valerio”, refirió el boletín.
De acurdo con el comunicado, el secretario de Gobierno les dijo que “se continuará trabajando en pro del desarrollo de las regiones, para que se mantenga el orden, la seguridad y el respeto a los sistemas de organización que cuentan con la aprobación de los pobladores”.
Añadió que como parte de los acuerdos, se establecieron mesas de trabajo para coordinar la recepción de documentación y solicitudes de obras para 2024, y celebrar una próxima asamblea en septiembre, para su análisis y seguimiento.

Presenta queja la CRAC-PC ante la CNDH contra el aval de la Corte a la Ley 701

Daniel Velázquez

Los coordinadores y asesores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Las Juntas Caxitepec, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), acudieron a la Comisión Nacional Derechos Humanos (CNDH) para exponer su inconformidad por la resolución de la Corte sobre la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena y Afromexicana.
En declaraciones por teléfono, uno de los asesores de la CRAC, Uriel Leal Ramírez, informó que ayer tuvieron una reunión con el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada Correa, a quien le manifestaron su inconformidad en el fallo de la Corte sobre la ley 701, y a consultarle sobre la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues la legislación aprobada por la Corte es regresiva y no progresiva.
El 24 de mayo de 2022 el Congreso local aprobó la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena y Afromexicana, la cual fue impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero el 5 de junio los ministros avalaron la reforma y la declararon vigente.
En la reunión con la CNDH los representantes comunitarios también expusieron que la reforma avalada por la SCJN no cumplió con el artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, “no hubo una consulta, fue algo simulado”.
Agregó que en la reunión la CNDH ofreció revisar algunas cuestiones sobre el fallo de la Corte, específicamente sobre la publicación de la norma y en caso de que no proceda ese recurso se recurrirá a tribunales internacionales.
El asesor de la CRAC dijo que trabajan en dos vías, impugnar la norma y la otra que se haga una nueva reforma que permita a la CRAC-PC mantener el sistema de reeducación porque la reforma avalada por la SCJN solo reconoce a la CRAC-PC como “organismos auxiliares”. Recordó que el sistema de reeducación como forma de justicia que aplica la CRAC es resultado de una lucha que se ya se dio hace años y ya habían avanzado pero la nueva ley es regresiva, pues ya no les da ese derecho.
Agregó que de seguir la reforma vigente podrían promoverse amparos por los infractores para evitar someterse al sistema de justicia de la CRAC, “pero la CRAC ya tiene una posición: con o sin autorización de las autoridades jurisdiccionales y del propio Congreso se va a seguir adelante como se estaba trabajando anteriormente”.
Las opciones que proponen son reformar la Ley 701 para que se reconozca el sistema de reeducación como parte del sistema comunitario, o bien que se haga una nueva ley con una consulta verdadera, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
Indicó que volverán a reunirse con la CNDH para evaluar las posibilidades de impugnación ante tribunales internacionales. En tanto del gobierno del estado no han recibido una respuesta sobre si la consulta y la reforma son viables para antes del proceso electoral de 2024.
En la reunión con la CNDH estuvieron los coordinadores de las cuatro casas de justicia de la CRAC y el abogado Vidulfo Rosales Sierra.

Promoverá el TSJ que los casos de violencia feminicida se juzguen con perspectiva de género

Irinea Buendía Cortez madre de Mariana Lima víctima de feminicidio, en la conferencia en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia; la flanquean las magistradas Indalecia Pacheco y Norma Leticia Méndez y la acompañan las feministas Lourdes Juárez, Marina Reyna y Rosa María Gómez Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Norma Leticia Méndez Abarca, quien asistió ayer en representación del magistrado presidente Raymundo Casarrubias Vásquez a la conferencia Sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se realizó en el auditorio del TSJ, anunció que esta sentencia será distribuida en todos los distritos judiciales para que los casos de violencia feminicida se juzguen con perspectiva de género.
La conferencia que disertó Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima, asesinada en junio del 2010 en Chimalhuacán, Estado de México, por su esposo, el policía ministerial Julio César Hernández, se realizó en el auditorio del TSJ.
Asistieron las magistradas Norma Leticia Méndez, representante del magistrado Casarrubias Vázquez, e Indalecia Pacheco León, integrante de la Comisión de Gé-nero, así como la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar; la integrante de la Red Estatal de Mujeres Guerreren-ses por una Vida Libre de Violencia, Rosa María Gómez Saavedra, y la coordinadora de Obvio Guerrero, Lourdes Juárez Díaz.
La magistrada Méndez Abarca explicó que la Sentencia Mariana Lima Buendía, como un parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género de la SCJN, marca los pasos que los juzgadores deben de seguir en los casos de violencia de género contra mujeres y niñas.
Dijo que estos casos deben ser atendidos con debida diligencia para prevenir la más grave que es la violencia feminicida y que los parámetros de dicha sentencia estén acordes al marco normativo internacional.
“El reconocimiento de los derechos de las mujeres mandata la obligación del Estado para prevenir, atender y sancionar todas las violencias cometidas en razón de género, priorizando la protección de su libertad, seguridad y vida a través de políticas públicas que nos permitan fortalecer las instituciones para el acceso a la justicia”, dijo.
En función de ello, anunció que la Comisión de Igualdad de Género del TSJ, llevará esta sentencia a todos los distritos judiciales para que sea conocida.
“Esta sentencia sirve como un parámetro y un parteaguas en las investigaciones y averiguaciones previas a efecto de que las carpetas de investigación queden bien integradas”, dijo.

La sentencia Mariana Lima

La Sentencia Mariana Lima Buendía fue emitida el 25 de marzo del 2015 y constituye el primer pronunciamiento de la SCJN relacionado con feminicidio.
Irinea Buendía, madre de la víctima, cuyo nombre se impuso a la sentencia, realiza un recorrido por el país dando a conocer el contenido de la sentencia, y con Guerrero ha visitado siete estados.
Por la mañana, se reunió en privado con magistrados, jueces, proyectistas y personal administrativo del TSJ a quienes dio a conocer el contenido de la sentencia.
Después, en la conferencia explicó que el documento cuenta con todos los pasos que deben seguir los investigadores y jueces en los casos de violencia hacia las mujeres.
Argumentó que cuando no hay perspectiva de género se desconocen las razones y motivos que hay para acreditar un feminicidio.
“Qué bueno que ganamos la sentencia Mariana Lima Buendía porque con ello ganamos que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con perspectiva de género y debida diligencia, no solo en el caso de Mariana Lima Buendía sino de todas las muertes violentas de mujeres”, dijo.
Antes, había reseñado la historia de su hija asesinada por su esposo, la negligencia y las trabas por la negligencia de las autoridades judiciales que tuvo que pasar durante cinco años, antes de la sentencia.
“Por eso esta sentencia es histórica y viene a sentar precedentes no solamente en el Estado de México sino en toda la República”, dijo.
Añadió que, ahora, cada estado tiene la obligación de integrar a su Código de Procedimientos Penales lo que se tiene que hacer y que ganamos en la sentencia de la SCJN”.
Por ejemplo, agregó que con ella se ganó que se sancionará a los servidores públicos que intervienen en una carpeta de investigación, y son omisos, negligentes, que cometen falencias, que obstruyen la investigación y obstruyen la justicia.
“Ganamos, también, la reparación del daño” y que todas las autoridades de los tres niveles y principalmente los que están en las áreas de equidad de género deben conocer qué es la perspectiva de género”.
A su vez la magistrada Indalecia Pacheco, aseguró que el Poder Judicial “está haciendo todo su esfuerzo para que se juzgue con perspectiva de género utilizando no solo esa sentencia, sino la que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) donde se establecen los estándares tanto para investigar como para juzgar.
“Esa sentencia es importante porque de manera técnica da el lineamiento federal para que las agencias del Ministerio Público entiendan que están obligadas a hacer una investigación bajo la perspectiva de género porque ahora con el nuevo sistema penal acusatorio se deja mucho que desear porque se siguen arrastrando vicios enormemente malos”, reconoció la magistrada.

Aumenta la violencia digita

Activistas del Frente Amplio Feminista de Guerrero denunciaron que hay omisión en atender el problema de violencia digital en las escuelas de nivel medio superior y superior. El coordinador de comunicación de la organización, Enrique Solano López, indicó que el año pasado registraron 120 casos y en lo que va de este 2023 van 37.
En conferencia de prensa en el Zócalo de Acapulco, Solano López indicó que la violencia digital consiste en el uso de los teléfonos celulares como medios para agredir a mujeres. Precisó que se puede manifestar con el envío de mensajes con palabras ofensivas o invitaciones a tener relaciones sexuales o imágenes de penes hacia la víctima.
El Frente informó que como parte de sus actividades realiza un monitoreo sobre el uso de la tecnología y su impacto en la violencia de género, lo que les arrojó que hay un aumento en el problema.
Añadió que las redes sociales son útiles en diferentes sentidos, pero también son la causa de nuevos problemas como robo de identidad y hasta secuestro, siendo las víctimas mujeres adolescentes. “La preocupación es que se recrudezcan este tipo de situaciones ante la omisión de una estrategia adecuada oficial”.
De Mujeres por Guerrero, Guadalupe Medina pidió que la Secretaría de la Mujer dé acompañamiento a las víctimas de violencia y que no las deje solas, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que revise el protocolo violeta.
El Frente llamó al secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña, y a la secretaria de la Mujer Violeta Pino Girón, a que sus campañas no se queden solo en anuncios, lonas o fotografías.
También llamó a la Fiscalía General del Estado, al TSJ y a la Secretaría de Seguridad Pública a que atiendan este problema y den cuenta de las carpetas de investigación que tienen y que avances llevan. (Daniel Velázquez).

Protestan padres de los 43 en la Suprema Corte; exigen la creación de la comisión de la verdad

Madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos y alumnos de esa escuela protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir que se acate la orden de crear una comisión de la verda que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas.
Los manifestantes se reunieron de nueva cuenta para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes, y derribaron vallas de seguridad para instalarse en la entrada principal de la sede de la máxima instancia de impartición de justicia en el país.
A casi cuatro años de la desaparición forzada de los 43 normalistas y el asesinato de tres estudiantes y tres ciudadanos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, los familiares solicitaron ser recibidos por los ministros de la corte, quienes, como se anunció la semana pasada, estudian atraer los recursos relacionados con la sentencia del tribunal de Tamaulipas que ordenó crear una comisión de la verdad y la justicia, que investigaría de nuevo la desaparición de los normalistas.
Los padres y madres se reunieron el miércoles de la semana pasada media hora con el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, cuando protestaban en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Más tarde medios informaron que la posibilidad de recibirlos, ya en forma oficial, fue planteada por Aguilar Morales a sus colegas antes de la sesión pública del pleno.
El mitin de este lunes frente a la corte inició después de las 11 de la mañana y estuvieron los familiares y normalistas e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes gritaron consignas a favor de los maestros.
Mientras los familiares mostraban fotografías de los jóvenes desaparecidos y gritaban “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, representantes de los normalistas desaparecidos en Iguala exigían que una comisión fuera recibida por Aguilar Morales.
Poco después ante a la falta de respuesta un grupo de normalistas tiró las vallas alrededor de la corte. Padres y madres aprovecharon para colocarse sobre la escalera principal, donde mostraron carteles con las fotografías de sus hijos desaparecidos.
En junio el tribunal colegiado de Tamaulipas consideró que la investigación de la Procuradurúa General de la República (PGR) carecía de imparcialidad y ordenó crear una comisión de la verdad para investigar de nuevo el caso. La PGR rechazó la sentencia argumentando imposibilidad y actualmente busca que la corte falle en contra de la instauración de esa comisión.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos han manifestado su enojo ante el hecho de que la PGR intenta impedir la creación de un mecanismo que podría resolver el caso.

“Seguiremos en la lucha”

“Son 47 meses de dignidad y de coraje de parte, sobre todo, de las madres y normalistas de Ayotzinapa. Estamos aquí en la Suprema Corte para exigir que se instale la comisión de la verdad tal y como lo señaló el tribunal de Tamaulipas. Queremos verdad y justicia en este caso. Esperamos que los ministros den respuesta conforme a derecho y de manera autónoma, por el bien de las víctimas de la nación”, declaró a El Sur Felipe de la Cruz, vocero de los familiares.
“No descansaremos hasta que el caso sea resuelto, seguiremos en la lucha”, afirmó.
Finalmente fueron recibidos por Francisco Barradas Vista, asesor del ministro presidente y encargado de la atención a ciudadanos, pero los manifestantes demanadaban ser recibidos por los ministros.
Tras permanecer en la entrada principal más de una hora, padres y madres se retiraron sin haberse entrevistado con algún ministro.
“Los familiares estuvieron en la espera, pero no pasó nada. Los ministros no los recibieron”, lamentó De la Cruz.
–Falta un mes para que se cumplan cuatro años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, ¿qué decidirán si en estos días no hay respuesta de la corte?-, se le preguntó.
–Ya se acabó la jornada por los 47 meses, ya nos vamos a regresar a Guerrero. Si no hay respuesta a nuestras peticiones en estos días planearemos nuestra estrategia para el 26 de septiembre. Serán cuatro años, cuatro años de resistencia.

Celebran padres de los 43 que la SCJN analice la comisión de la verdad

En la semana de actividades por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y para exigir una investigación real del caso, este viernes se anunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el primer paso para resolver si es viable en términos jurídicos la integración de una comisión de la verdad, tal y como lo ordenó el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas.

Luego de una reunión el miércoles con el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales –quien se encontraba en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cuando las madres y padres protestaban–, éste instruyó turnar a los ministros la solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) de echar atrás la sentencia del tribunal, a fin de que se emita un pronunciamiento en una sesión privada próximamente.

Este anuncio se da al tiempo que se realiza en la capital del país la Jornada 47 de Acción Global por Ayotzinapa, y luego de que el jueves las madres y padres de los normalistas desaparecidos protestaron en la PGR para reclamar a los funcionarios que intentan impedir la comisión de la verdad, cuya creación fue ordenada el 31 de mayo.

Para este viernes estaba programado un mitin frente a la Suprema Corte, pero los padres lo suspendieron.

“No quisimos tener actividad en la calle. Decidimos hoy reunirnos en privado con nuestros abogados, valorar y buscar estrategias para el domingo 26 –día de la marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez–. El viernes la corte no sesiona, no le vimos mucho sentido, no está ninguno de los ministros quienes son los que queremos que nos escuchen”, explicó a El Sur vía telefónica, Felipe de la Cruz, vocero de los familiares. Adelantó que la actividad será el próximo lunes.

De la Cruz dijo también que no les ha llegado la notificación de que la Suprema Corte analizará la posibilidad de formar una comisión de la verdad. “Si ya lo decidieron y anunciaron, falta que nos digan a nosotros”, comentó.

–¿Qué opina de esta decisión?

–Esperamos que la resolución de la Suprema Corte sea conforme a derecho, y creemos que eso ayudaría mucho a México y a nosotros, aunque no nos han informado aún. Desconocemos totalmente cómo está la situación en ese sentido. Pero si la corte ya determinó que va a iniciar el análisis, qué bueno que se vaya dando este proceso, porque es urgente para nosotros la resolución sobre la comisión, de esa manera nosotros avanzaríamos.

Si la corte decide a favor de los familiares, remarcó De la Cruz, “a los padres y madres de familia les daría un remanso de tranquilidad, pues será la posibilidad de poder llegar al paradero de los jóvenes”.

“Lastiman las palabras de Peña Nieto”

El 22 de junio el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán en reemplazo del procurador, rechazó la orden del tribunal de Tamaulipas y presentó un “incidente de imposibilidad real, jurídica y material”.

El 4 de julio el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito determinó suspender por “tiempo indefinido” el cumplimiento de los amparos, que ordenaban crear una comisión de la verdad para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un principio se dijo que la sentencia del tribunal colegiado impugnada por la PGR daba un plazo de 10 días para integrar una comisión de la verdad, y que debía estar integrada por el Ministerio Público, los familiares de los 43 estudiantes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La decisión fue criticada y aplaudida por analistas, como informó El Sur. Los críticos dijeron que era inconstitucional la creación de la comisión y los defensores opinaron que debía hacerse pues sentaría un precedente en el país en defensa de los derechos humanos.

La tarde del viernes Felipe de la Cruz anunció que además del mitin del próximo lunes frente a la Suprema Corte, un grupo de normalistas se manifestará en Iguala.

–En un mes se cumplirán cuatro años de este caso.

–Lamentablemente, y no ha habido ningún tipo de respuesta. Definitivamente hoy los padres y madres de los 43 están llegando al hartazgo ante la insensibilidad del presidente Enrique Peña Nieto, respecto a lo que dijo hace unos días en la entrevista que le hicieron en Televisa, que la delincuencia organizada había terminado con los jóvenes en Cocula, tratando de fortalecer la ‘verdad histórica’, cuando sabemos que no existe. Son cositas que a nosotros nos llenan de rabia, de intolerancia, que él sigue insistiendo en algo que no es cierto y sigue pensando que al terminar su gobierno quedará eximido de culpa. Son crímenes que no tienen término y creemos que la justicia va a llegar.

–Insiste en su postura inicial.

–Lo dice abiertamente, en la red, en la televisión, y eso lastima, porque los padres de familia tienen conocimiento de que los jóvenes fueron separados en grupos y él insiste en que están muertos.

–¿Qué esperan del próximo gobierno?

–Como todo gobierno, que cumpla con su responsabilidad de respetar los derechos humanos y sobre todo a nosotros como víctimas, el derecho a saber la verdad y justicia. Por el momento no tenemos planeada una reunión con el presidente electo y su equipo. Aún no, pero creemos que más adelante podríamos buscar de alguna forma encontrarnos con Andrés Manuel López Obrador.

Suprema Corte, impedida para frenar Comisión de la Verdad por Ayotzinapa, responde a la PGR

El gobierno de Enrique Peña Nieto debe cumplir con la Comisión de la Verdad ordenada por la justicia federal y, sólo en caso de entrar en desacato, podrá intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) que el máximo tribunal del país carece de competencia para conocer las quejas que interpuso en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
La PGR argumentó imposibilidad “real, jurídica y material” para cumplir con el fallo que ordenó al Ejecutivo gestionar ante el Congreso presupuesto para el funcionamiento de la Comisión.
Los magistrados del Tribunal determinaron además que esa Comisión de la Verdad deberá estar integrada por familiares de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quienes da la prerrogativa de fijar las líneas de la nueva investigación.
La PGR se quejó ante la SCJN por considerar que el fallo invade la facultad constitucional del Ministerio Público de encabezar la investigación de los delitos.
El ministro presidente de la Corte respondió que la PGR y el propio presidente de la República deben fundamentar al Tribunal Colegiado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, si existe una imposibilidad jurídica para el cumplimiento del fallo. Les dio tres días para que le contesten. La decisión del presidente de la Corte se conoció este lunes 9.
En caso de que el Ejecutivo y la PGR incumplan con el fallo del Tribunal Colegiado, éste podría iniciar un juicio por inejecución y hacérselo saber a la Suprema Corte.
Sólo en esas condiciones el máximo tribunal del país podría intervenir si considera que debe atraer el caso y entonces analizar la constitucionalidad de la sentencia del Colegiado anunciada el 4 de junio pasado.

Ocho dependencias del gobierno federal presentaron recursos jurídicos contra la comisión de la verdad

El gobierno federal inició una ofensiva jurídica sin precedentes para eliminar las sentencias que ordenan crear una Comisión de la Verdad y ocho secretarías y órganos del gobierno presentaron el 6 de julio “recursos de revisión extraordinaria” con los que buscarían llevar a la Suprema Corte de Justicia los cuatro amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, que ordenó crear la Comisión de la Verdad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Los recursos fueron presentados por la PGR, las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Salud y Hacienda, la Policía Federal, el Órgano de Prevención y Readaptación Social, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todos ante el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, al que corresponde supervisar el cumplimiento de los amparos.
Sabino Pérez García, magistrado del tribunal unitario, pidió ayer a las dependencias anexar más copias de sus recursos, antes de acordar el trámite que les dará.
La Ley de Amparo no prevé un revisión “extraordinaria”, por lo que no está claro si Pérez García admitirá los recursos, y en su caso, si los enviará al mismo Tribunal Colegiado que concedió los amparos, o los canalizará a la Corte, que probablemente no los admitiría.
Pérez García ya analiza un incidente de imposibilidad de cumplimiento jurídico de los amparos, en lo que toca a la creación de la Comisión de la Verdad, que fue promovido por la PGR, y al cual se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En este incidente se alega que la Comisión de la Verdad va más allá de las facultades constitucionales del tribunal colegiado que concedió los amparos, y de los propios órganos que deben acatarlos, pues la investigación quedaría en manos de representantes de las víctimas y la CNDH, con el Ministerio Público como mero auxiliar.
El artículo 102 de la Constitución faculta exclusivamente a las procuradurías para investigar los delitos, y no otorga a la CNDH atribuciones para fincar cargos penales.
La sentencia que dicte Pérez García en este incidente podrá ser impugnada mediante recurso de inconformidad, que la Corte podría atraer.

Desecha Corte quejas

En paralelo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia desechó ayer cuatro recursos de queja presentados por la PGR y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Las quejas impugnan el primer requerimiento a las autoridades para cumplir los amparos, notificado por el magistrado Pérez García el 19 de junio.
El ministro presidente, Luis María Aguilar, ordenó enviar las quejas a Pérez García, para que decida si las suma a los incidentes de imposibilidad de cumplimiento ya en curso.
“Requiérase al tribunal unitario para que, en caso de ordenar la apertura del incidente de inejecución de sentencia correspondiente, lo haga del conocimiento de esta Suprema Corte para que se provea lo conducente, a efecto de que, en su caso, se solicite la facultad de atracción”, agregó Aguilar.
También advirtió que, en dicho incidente de inejecución, la Corte podría determinar si algunos fragmentos de las sentencias de amparo no fueron congruentes con los temas que se plantearon al tribunal colegiado, cuya función inicial únicamente era revisar autos de formal prisión contra integrantes de Guerreros Unidos que confesaron matar y quemar a los normalistas.
Se trata de los primeros acuerdos que dicta la Corte en relación con estos amparos. (Víctor Fuentes / Agencia Reforma / Ciudad de México).

Protestan padres de los 43 en la SCJN; exigen se acate el fallo para la comisión de la verdad

Los padres y madres de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, marcharon del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a un costado del Zócalo, en donde exigieron que el gobierno federal acate la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Tamaulipas, que ordenó una nueva investigación del caso y la creación de una Comisión de la Verdad.
Frente a la Corte pidieron a los ministros que “no les den la espalda”, pues debido a impugnaciones presentadas por autoridades federales contra la sentencia del colegiado que señaló irregularidades en las investigaciones, el caso podría ser analizado por el máximo tribunal.
Como parte de la 45 Acción Global por Ayotzinapa y México a 45 meses de los ataques en Iguala que resultaron en la desaparición de los 43 normalistas, de nueva cuenta los padres y madres exigieron la presentación con vida de sus hijos.
En la Suprema Corte exhortaron a las autoridades a ejecutar la decisión del Tribunal Colegiado de crear una comisión de la verdad en la que participarían la Procuraduría General de la República (PGR) y los familiares, asesorados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Unos 200 manifestantes desfilaron sobre Paseo de la Reforma este martes que se conmemoró el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, y los familiares recordaron que sus hijos fueron desaparecidos en circunstancia que aún no han sido aclaradas.
La intensa lluvia no impidió que padres, madres y acompañantes celebraran un mitin frente a la Suprema Corte, en donde solicitaron que se abra una investigación exhaustiva contra soldados del Ejército del 27 Batallón de Infantería, el análisis de la localización y contenido de los teléfonos celulares de los estudiantes y que en esa averiguación se tome en cuenta el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión.
Las madres y padres dijeron que confiaban en que los ministros no se dejarán “presionar ante las pretensiones de un gobierno corrupto” que “ha mentido por tres años y nueve meses”.
A unos días de las elecciones del próximo domingo, los familiares de los normalistas desaparecidos –que se graduarían como profesores en estos días– presentaron un pronunciamiento en el que se demanda a la próxima administración “impulsar y cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, para impulsar la Comisión de la Verdad y reponer las indagatorias por el caso a fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes”.
Destacaron la decisión de los tres magistrados de Tamaulipas, pues “se atrevieron a señalar las deficiencias e irregularidades de la investigación de la PGR. Los magistrados tuvieron el valor de señalar esos errores y ordenarle resarcir esa falta de justicia”.
“Tanto el gobierno federal como los miembros del Congreso interpusieron recursos contra el fallo. Pero la Corte analizará y debe mantener su imparcialidad e independencia y reconocer la legalidad de este fallo”, exponen.
Las madres dijeron que la CNDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentaron “en diversos informes y estudios las irregularidades en las indagatorias de la PGR”, y que “varios de los detenidos fueron torturados para construir la falsa versión llamada verdad histórica”. (Guillermo Rivera / Ciudad de México / El Sur).