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Recibe el presidente de la Corte a padres de los 43

Tras una protesta frente a la Judicatura Federal en la Ciudad de México, familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace casi cuatro años se reunieron con Luis María Aguilar. Le pedimos que los ministros “no actúen bajo consigna del gobierno federal actual” y validen el fallo de un tribunal federal que ordenó la formación de una Comisión de la Verdad para el caso, informa Melitón Ortega. Y otro padre, Mario González, señaló que el presidente Enrique Peña Nieto se irá con su “verdad construida a base de torturas” Foto: Agencia Reforma

Protestan padres de los 43 frente al Consejo de la Judicatura para exigir la Comisión de la Verdad

Se reúnen con el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, a quien le piden que él y sus colegas “no actúen bajo consigna del gobierno federal actual”, informa Melitón Ortega

Agencias Reforma y Proceso

Ciudad de México

Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestaron frente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para exigir la conformación de la Comisión para la Justicia y la Verdad.
Acompañados de alumnos de la Normal Raúl Isidro Burgos los familiares llegaron a las instalaciones ubicadas en Insurgentes Sur.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruzdijo que la sentencia de un Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordena crear la comisión y que fue impugnada por el gobierno federal con cientos de recursos, en uno de los cuales otro juez lo frenó.
“Venimos a exigirle al Consejo de la Judicatura que se le dé cumplimiento a la sentencia que dictan los jueces del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, en el sentido de que se reponga la investigación (del caso Ayotzinapa) y se conforme la Comisión de la Verdad”, dijo consultado en el lugar.
En el mitin que improvisaron, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, se refirió también a los comentarios que el Presidente Enrique Peña Nieto dio anoche en una entrevista televisiva en la que refrendó la llamada “verdad histórica”.
“Estamos aquí en la Judicatura pidiéndole a estos ministros que se pronuncien y ya le paren su boca a este mugre presidente, Enrique Peña Nieto, que a cada rato sale a abrir la boca para decir nuevamente estupideces”, expresó.
En tanto, Mario César González, padre del joven desaparecido César Manuel González, consideró que si el mandatario está convencido de que la verdad de los hechos es que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, que deje que se conforme la Comisión de la Verdad para que llegue a la misma conclusión.
“Las escuchas de Estados Unidos (de llamadas a miembros del crimen en Chicago) nunca dijeron que el último paradero fue el basurero de Cocula, dijeron que tenían 60 paquetes y que tan fácil era decir dónde estaban”, agregó.
A prácticamente cuatro años de los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los padres de los normalistas consideraron que con el cambio de gobierno federal el caso se puede destrabar.
En vísperas de que se cumplan 47 meses de la desaparición de los estudiantes, padres, madres y alumnos acudieron al CJF para exigir una audiencia, luego de no obtener respuesta a la solicitud que entregaron el 25 de julio.
En la jornada Ni perdón ni olvido, los familiares realizaron una protesta frente a las oficinas del CJF, aprovechando la presencia del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, quien de manera extraordinaria conversó con ellos por aproximadamente 30 minutos.
El representante de los padres, Melitón Ortega mencionó que en julio entregaron al CJF un documento en el que fijaban su posición frente a la embestida del gobierno de Peña Nieto, para revertir la sentencia garantista diseñada por el magistrado Mauricio Fernández de la Mora.
De acuerdo con un reportaje publicado en la edición de Proceso que circula esta semana, contra esa resolución histórica se han interpuesto alrededor de cien recursos judiciales presentados por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).
También participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Salud, Hacienda y Gobernación, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Cámara de Diputados.
Presuntos implicados en el caso, pertenecientes a la Semar, la Sedena y la PF, han alimentado ese centenar de recursos auspiciados por las mismas dependencias a las que pertenecen.
La estrategia judicial camina en tres bandas: ante el Tribunal Colegiado, el Tercer Tribunal Unitario responsable de vigilar la implementación de la sentencia y la SCJN. Todos coinciden en solicitar que no se revierta la sentencia y que el caso sea atraído por el máximo tribunal de justicia del país.
Ortega destacó que en la reunión con el ministro Aguilar Morales, 34 padres y madres, además de tres representantes de la Normal de Ayotzinapa, le plantearon que él y sus colegas “no actuaran bajo consigna del gobierno federal actual”, que “no está dispuesto a que se investigue” a funcionarios federales.
La estrategia del gobierno federal, abundó, revela una intención de no resolver el caso, porque “el día que se haga la investigación como debe de ser, el que saldrá raspado, con mucha responsabilidad, será el propio Enrique Peña Nieto, por eso se han dado a la tarea de interponer esos recursos”.
Durante su encuentro con integrantes del CJF, presidido por Aguilar Morales, los familiares de las víctimas insistieron que es indispensable que den muestras de que no reciben indicaciones del gobierno federal.
“Por eso decimos que queremos ver esa autonomía y esa independencia, así como transparencia de que no están trabajando bajo consigna de nadie”, puntualizó Ortega, luego de advertir que los padres y madres estarán pendientes del momento en que a la SCJN le toque revisar los recursos interpuestos por las dependencias federales y presuntos implicados.
Tras señalar que durante el encuentro se le solicitó al ministro presidente una reunión con el pleno de la SCJN, el vocero reiteró que el futuro de un caso tan relevante puede “marcar al país”.
“Nosotros decimos que en sus manos (de los ministros) está un hecho tan importante que, si ellos resuelven que se cumpla la sentencia, lógicamente sería un trabajo histórico para esta SCJN, de lo contrario habrá que hablar de una página negra, una página llena de irregularidades”, subrayó.
En nombre de los padres y madres de los desaparecidos, Melitón Ortega reconoció la disposición del ministro presidente de la SCJN de recibirlos, y dijo que además se comprometió a “ser vigilante de lo que resuelvan los magistrados de Tamaulipas”.

Peña Nieto se irá con su “verdad construida a base de torturas”, dice el padre de uno de los 43

Es falso que quiere que se resuelva el caso, su gobierno está impidiendo la Comisión de la Verdad ordenada por un tribunal federal, señala Mario González

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

Para el padre del normalista de Ayotzinapa desaparecido César González, Mario González, el presidente Enrique Peña Nieto se irá con su “verdad construida a base de tortura y de mentiras”, pero la justicia llegará y “lo alcanzará dónde esté”.
Este martes en la noche en el programa En Punto la periodista Denise Maerker presentó una entrevista a Peña Nieto, a 111 días de que deje el cargo, en donde habla del balance de su gobierno.
La entrevista duró poco más de 24 minutos, de los que dedicó uno con 26 segundos al tema de Ayotzinapa, y dijo, “más allá de dudas y cuestionamientos yo me quedo con la convicción de que muy lamentablemente el crimen organizado, que ha permeado muchas de las esferas de actuación de los gobiernos municipales, tuvieron que ver en esta… la desaparición y que hayan sido quemados en este basurero”.
Dijo que fue uno de los “eventos” que marcaron a su administración, por lo que aseguró que se queda con el dolor que tuvieron y que siguen teniendo los padres en estos años en demanda de justicia.
Subrayó que todos los elementos de investigación concluyen lo mismo, que los estudiantes normalistas desparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron quemados en el basurero de Cocula.
“Incluso información reciente conocida por los padres y por los que le están dando seguimiento a este caso saben de labores de inteligencia realizada por el gobierno norteamericano, donde detectan llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago que tenía vínculo con el grupo delincuencial en México, donde se confirma qué hicieron con los estudiantes, los quemaron en el basurero, entonces esto es lo que yo creo que sucedió”, enfatizó.
Insistió que si la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), tuvo fallas o errores “pues bueno, está abierta y creo que sigue en curso”.
Ayer, en respuesta, Mario González dijo que no entiende por qué da esas declaraciones si su gobierno interpuso más de 100 amparos, “está impidiendo que se lleve a cabo la comisión de investigación”.
Consultado vía telefónica puntualizó que Peña Nieto quiere concluir su mandato con sólo su verdad, la que construyó a “base de torturas y de mentira”.
“Desafortunadamente él sabe que no es verdad lo que dice, pero nosotros como padres seguiremos y respecto a su postura de sobre las autoridades locales insisto, por qué puso 100 amparos para que no sea investigado”.
Agregó que no ha cumplido con brindar la información clara sobre el caso, ni en dónde están sus hijos, por lo que durante cuatro años han estado en pie de lucha por acceder a la información del archivo de investigación, y nunca ha ayudado.
“Siempre él quiere imponer lo que le conviene para cerrar el caso, pero la justicia llegará y lo alcanzará hasta donde él esté”, agregó.

 

Protestan padres de los 43 frente al Consejo de la Judicatura para exigir la Comisión de la Verdad

 

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se cubren de la lluvia de ayer en la Ciudad de México, en donde protestaron para exigir la Comisión de la Verdad Foto: Agencia Reforma

Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestaron frente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para exigir la conformación de la Comisión para la Justicia y la Verdad.
Acompañados de alumnos de la Normal Raúl Isidro Burgos los familiares llegaron a las instalaciones ubicadas en Insurgentes Sur.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruzdijo que la sentencia de un Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordena crear la comisión y que fue impugnada por el gobierno federal con cientos de recursos, en uno de los cuales otro juez lo frenó.
“Venimos a exigirle al Consejo de la Judicatura que se le dé cumplimiento a la sentencia que dictan los jueces del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, en el sentido de que se reponga la investigación (del caso Ayotzinapa) y se conforme la Comisión de la Verdad”, dijo consultado en el lugar.
En el mitin que improvisaron, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, se refirió también a los comentarios que el Presidente Enrique Peña Nieto dio anoche en una entrevista televisiva en la que refrendó la llamada “verdad histórica”.
“Estamos aquí en la Judicatura pidiéndole a estos ministros que se pronuncien y ya le paren su boca a este mugre presidente, Enrique Peña Nieto, que a cada rato sale a abrir la boca para decir nuevamente estupideces”, expresó.
En tanto, Mario César González, padre del joven desaparecido César Manuel González, consideró que si el mandatario está convencido de que la verdad de los hechos es que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, que deje que se conforme la Comisión de la Verdad para que llegue a la misma conclusión.
“Las escuchas de Estados Unidos (de llamadas a miembros del crimen en Chicago) nunca dijeron que el último paradero fue el basurero de Cocula, dijeron que tenían 60 paquetes y que tan fácil era decir dónde estaban”, agregó.
A prácticamente cuatro años de los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los padres de los normalistas consideraron que con el cambio de gobierno federal el caso se puede destrabar.
En vísperas de que se cumplan 47 meses de la desaparición de los estudiantes, padres, madres y alumnos acudieron al CJF para exigir una audiencia, luego de no obtener respuesta a la solicitud que entregaron el 25 de julio.
En la jornada Ni perdón ni olvido, los familiares realizaron una protesta frente a las oficinas del CJF, aprovechando la presencia del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, quien de manera extraordinaria conversó con ellos por aproximadamente 30 minutos.
El representante de los padres, Melitón Ortega mencionó que en julio entregaron al CJF un documento en el que fijaban su posición frente a la embestida del gobierno de Peña Nieto, para revertir la sentencia garantista diseñada por el magistrado Mauricio Fernández de la Mora.
De acuerdo con un reportaje publicado en la edición de Proceso que circula esta semana, contra esa resolución histórica se han interpuesto alrededor de cien recursos judiciales presentados por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).
También participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Salud, Hacienda y Gobernación, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Cámara de Diputados.
Presuntos implicados en el caso, pertenecientes a la Semar, la Sedena y la PF, han alimentado ese centenar de recursos auspiciados por las mismas dependencias a las que pertenecen.
La estrategia judicial camina en tres bandas: ante el Tribunal Colegiado, el Tercer Tribunal Unitario responsable de vigilar la implementación de la sentencia y la SCJN. Todos coinciden en solicitar que no se revierta la sentencia y que el caso sea atraído por el máximo tribunal de justicia del país.
Ortega destacó que en la reunión con el ministro Aguilar Morales, 34 padres y madres, además de tres representantes de la Normal de Ayotzinapa, le plantearon que él y sus colegas “no actuaran bajo consigna del gobierno federal actual”, que “no está dispuesto a que se investigue” a funcionarios federales.
La estrategia del gobierno federal, abundó, revela una intención de no resolver el caso, porque “el día que se haga la investigación como debe de ser, el que saldrá raspado, con mucha responsabilidad, será el propio Enrique Peña Nieto, por eso se han dado a la tarea de interponer esos recursos”.
Durante su encuentro con integrantes del CJF, presidido por Aguilar Morales, los familiares de las víctimas insistieron que es indispensable que den muestras de que no reciben indicaciones del gobierno federal.
“Por eso decimos que queremos ver esa autonomía y esa independencia, así como transparencia de que no están trabajando bajo consigna de nadie”, puntualizó Ortega, luego de advertir que los padres y madres estarán pendientes del momento en que a la SCJN le toque revisar los recursos interpuestos por las dependencias federales y presuntos implicados.
Tras señalar que durante el encuentro se le solicitó al ministro presidente una reunión con el pleno de la SCJN, el vocero reiteró que el futuro de un caso tan relevante puede “marcar al país”.
“Nosotros decimos que en sus manos (de los ministros) está un hecho tan importante que, si ellos resuelven que se cumpla la sentencia, lógicamente sería un trabajo histórico para esta SCJN, de lo contrario habrá que hablar de una página negra, una página llena de irregularidades”, subrayó.
En nombre de los padres y madres de los desaparecidos, Melitón Ortega reconoció la disposición del ministro presidente de la SCJN de recibirlos, y dijo que además se comprometió a “ser vigilante de lo que resuelvan los magistrados de Tamaulipas”.

 

Suprema Corte, impedida para frenar Comisión de la Verdad por Ayotzinapa, responde a la PGR

El gobierno de Enrique Peña Nieto debe cumplir con la Comisión de la Verdad ordenada por la justicia federal y, sólo en caso de entrar en desacato, podrá intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) que el máximo tribunal del país carece de competencia para conocer las quejas que interpuso en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
La PGR argumentó imposibilidad “real, jurídica y material” para cumplir con el fallo que ordenó al Ejecutivo gestionar ante el Congreso presupuesto para el funcionamiento de la Comisión.
Los magistrados del Tribunal determinaron además que esa Comisión de la Verdad deberá estar integrada por familiares de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quienes da la prerrogativa de fijar las líneas de la nueva investigación.
La PGR se quejó ante la SCJN por considerar que el fallo invade la facultad constitucional del Ministerio Público de encabezar la investigación de los delitos.
El ministro presidente de la Corte respondió que la PGR y el propio presidente de la República deben fundamentar al Tribunal Colegiado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, si existe una imposibilidad jurídica para el cumplimiento del fallo. Les dio tres días para que le contesten. La decisión del presidente de la Corte se conoció este lunes 9.
En caso de que el Ejecutivo y la PGR incumplan con el fallo del Tribunal Colegiado, éste podría iniciar un juicio por inejecución y hacérselo saber a la Suprema Corte.
Sólo en esas condiciones el máximo tribunal del país podría intervenir si considera que debe atraer el caso y entonces analizar la constitucionalidad de la sentencia del Colegiado anunciada el 4 de junio pasado.

Ocho dependencias del gobierno federal presentaron recursos jurídicos contra la comisión de la verdad

El gobierno federal inició una ofensiva jurídica sin precedentes para eliminar las sentencias que ordenan crear una Comisión de la Verdad y ocho secretarías y órganos del gobierno presentaron el 6 de julio “recursos de revisión extraordinaria” con los que buscarían llevar a la Suprema Corte de Justicia los cuatro amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, que ordenó crear la Comisión de la Verdad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Los recursos fueron presentados por la PGR, las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Salud y Hacienda, la Policía Federal, el Órgano de Prevención y Readaptación Social, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todos ante el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, al que corresponde supervisar el cumplimiento de los amparos.
Sabino Pérez García, magistrado del tribunal unitario, pidió ayer a las dependencias anexar más copias de sus recursos, antes de acordar el trámite que les dará.
La Ley de Amparo no prevé un revisión “extraordinaria”, por lo que no está claro si Pérez García admitirá los recursos, y en su caso, si los enviará al mismo Tribunal Colegiado que concedió los amparos, o los canalizará a la Corte, que probablemente no los admitiría.
Pérez García ya analiza un incidente de imposibilidad de cumplimiento jurídico de los amparos, en lo que toca a la creación de la Comisión de la Verdad, que fue promovido por la PGR, y al cual se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En este incidente se alega que la Comisión de la Verdad va más allá de las facultades constitucionales del tribunal colegiado que concedió los amparos, y de los propios órganos que deben acatarlos, pues la investigación quedaría en manos de representantes de las víctimas y la CNDH, con el Ministerio Público como mero auxiliar.
El artículo 102 de la Constitución faculta exclusivamente a las procuradurías para investigar los delitos, y no otorga a la CNDH atribuciones para fincar cargos penales.
La sentencia que dicte Pérez García en este incidente podrá ser impugnada mediante recurso de inconformidad, que la Corte podría atraer.

Desecha Corte quejas

En paralelo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia desechó ayer cuatro recursos de queja presentados por la PGR y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Las quejas impugnan el primer requerimiento a las autoridades para cumplir los amparos, notificado por el magistrado Pérez García el 19 de junio.
El ministro presidente, Luis María Aguilar, ordenó enviar las quejas a Pérez García, para que decida si las suma a los incidentes de imposibilidad de cumplimiento ya en curso.
“Requiérase al tribunal unitario para que, en caso de ordenar la apertura del incidente de inejecución de sentencia correspondiente, lo haga del conocimiento de esta Suprema Corte para que se provea lo conducente, a efecto de que, en su caso, se solicite la facultad de atracción”, agregó Aguilar.
También advirtió que, en dicho incidente de inejecución, la Corte podría determinar si algunos fragmentos de las sentencias de amparo no fueron congruentes con los temas que se plantearon al tribunal colegiado, cuya función inicial únicamente era revisar autos de formal prisión contra integrantes de Guerreros Unidos que confesaron matar y quemar a los normalistas.
Se trata de los primeros acuerdos que dicta la Corte en relación con estos amparos. (Víctor Fuentes / Agencia Reforma / Ciudad de México).